El Gobierno de San Juan proyecta transformar 24,5 kilómetros de la Ruta Nacional 20, entre calle Gorriti y el Acceso a Caucete, con dos calzadas separadas, colectoras, intercambiadores, nuevos puentes y mejoras para peatones y transporte público. La obra tendrá un plazo estimado de 36 meses y será financiada mediante el Bono San Juan bajo legislación de Nueva York.

El corredor de la Ruta Nacional 20 entre San Juan y Caucete será transformado en una autopista de 24,5 kilómetros, con doble calzada, cruces a distinto nivel, colectoras y un nuevo puente sobre el río San Juan. El gobernador Marcelo Orrego anunció el proyecto junto a los ministros de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, y de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

La obra se extenderá desde calle Gorriti hasta el Acceso a Caucete y tendrá un plazo previsto de 36 meses. Según explicó Orrego, el financiamiento se realizará mediante el Bono San Juan emitido bajo legislación de Nueva York, una herramienta que permitirá afrontar una de las intervenciones viales de mayor alcance previstas para la conexión con los departamentos del Este.

La nueva configuración contará con dos calzadas físicamente separadas, de 7,30 metros de ancho cada una y dos carriles por sentido, además de banquinas y un separador central. El proyecto incorpora colectoras laterales destinadas al tránsito vecinal y al acceso a propiedades, mientras la circulación principal quedará diferenciada de los movimientos urbanos.

Uno de los cambios fundamentales se centrará en los nudos viales de mayor congestión. La traza de la Ruta 20 se elevará mediante la construcción de nuevos puentes en puntos estratégicos, como el Acceso Este, el ingreso al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y el empalme con la RP 182 hacia 9 de Julio. Adicionalmente, cada intersección contará con un diseño específico dotado de ramas y rotondas para optimizar la fluidez y distribución del tráfico.

También se construirán pasos superiores en Patricia Sanjuanina (RP 193) y calle San Isidro (RP 230). En esos lugares, la autopista mantendrá la circulación continua mientras las vías transversales conservarán su recorrido a nivel, sin conexiones directas con las calzadas principales.

En calle La Plata (RP 246) se levantará otro puente, de aproximadamente 35 metros, acompañado por dos rotondas inferiores. El extremo oeste, en calle Gorriti, quedará articulado con una intersección a nivel, mientras que el acceso a Santa Lucía, próximo a la estación de servicio YPF, mantendrá la continuidad transversal sin ingreso directo a la autopista.

La obra tendrá además una intervención de gran escala sobre el río San Juan. Está previsto construir un nuevo puente de aproximadamente 206 metros de longitud, distribuido en ocho vanos, que permitirá completar la doble calzada. La estructura incorporará una vereda peatonal lateral y convivirá con el puente existente, que continuará operativo.

En el extremo este, el Acceso a Caucete se reestructurará con una rotonda partida para mantener los cuatro carriles y organizar el tránsito de entrada, salida y giro a la ciudad.

El proyecto también contempla la movilidad cotidiana de quienes viven y trabajan a ambos lados de la ruta. Las colectoras permitirán sostener los recorridos del sistema Red Tulum, con paradas vinculadas a cruces peatonales, iluminación y espacios de detención diferenciados.

En Caucete y 9 de Julio se prevén, además, veredas y bicisendas donde las condiciones físicas y de seguridad lo permitan.

La infraestructura peatonal incluirá pasos inferiores en sectores próximos a la Escuela Procesa Sarmiento de Lenoir, la Escuela Dr. Luis Agote y la Capilla Santa Rosa de Lima. A esto se sumarán nuevas defensas, barreras de hormigón donde sean necesarias, señalización vertical y demarcación horizontal.

La intervención abarcará también obras hidráulicas para adecuar cunetas, alcantarillas y canales de riego, además de trabajos destinados a compatibilizar las redes de servicios y los accesos existentes. La iluminación alcanzará tanto las calzadas principales como las colectoras.

Para San Juan, la transformación de la RN20 supone intervenir uno de los corredores que concentra simultáneamente tránsito regional, transporte de cargas, circulación urbana y acceso al aeropuerto. La separación de ambos flujos y la eliminación de cruces directos sobre la calzada principal buscan reducir interferencias y mejorar los tiempos de desplazamiento.

El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas en el Presupuesto. Ordenó al Ejecutivo cumplir de inmediato con la norma y volvió a fijar un plazo de cinco días para acatar las medidas cautelares vigentes.

La Justicia volvió a fallar contra el Gobierno nacional en la disputa por el financiamiento de las universidades públicas. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró este martes la inconstitucionalidad del tramo del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La resolución hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades, junto con la causa iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cormick ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de inmediato la ley y dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para hacerla efectiva.

El punto cuestionado se encuentra en el propio decreto de promulgación. El Gobierno había establecido que la Ley 27.795 quedaba sujeta a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629, una condición que en los hechos supeditaba su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto. Esa fórmula quedó ahora invalidada judicialmente.

Para Cormick, el mecanismo utilizado por el Ejecutivo no supera un control mínimo de razonabilidad. El magistrado sostuvo que, después de que el Congreso insistiera con la ley mediante las mayorías agravadas previstas por la Constitución tras el veto presidencial, el Poder Ejecutivo no podía introducir por decreto una nueva instancia que demorara su aplicación.

El juez consideró, además, que esa decisión funcionó en los hechos como una forma de veto no contemplada por la Constitución. También rechazó que el control judicial sobre decisiones con impacto presupuestario constituya una intromisión excepcional: señaló que forma parte de las atribuciones propias de los tribunales cuando están en juego derechos y obligaciones establecidos por una ley vigente.

La sentencia también puso bajo análisis el argumento fiscal utilizado para justificar la demora. Según la resolución, el impacto estimado de la ley durante 2025 representaba aproximadamente 0,23% del PBI nominal proyectado, de acuerdo con información de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El magistrado recordó, además, que los Presupuestos de 2024 y 2025 no fueron aprobados y que durante esos ejercicios se prorrogaron partidas del Presupuesto 2023.

El nuevo pronunciamiento se suma a una cadena de decisiones judiciales que comenzó a fines de 2025. En diciembre, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar que dejó inaplicable la condición introducida por el Decreto 759/2025. La Cámara Contencioso Administrativa Federal mantuvo posteriormente esa protección y la Corte Suprema dejó firme la cautelar en junio.

A esa secuencia se agregó en septiembre una nueva intimación de Cormick al Estado nacional para que cumpliera en cinco días con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes y a las becas universitarias. El tribunal advirtió entonces que podía aplicar multas por cada día de demora.

Los gremios universitarios recibieron el fallo como un respaldo a sus reclamos y ratificaron la movilización nacional convocada para el jueves 15 de octubre. La quinta Marcha Federal Universitaria reunirá a sindicatos docentes y nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias en reclamo del cumplimiento de la Ley 27.795, la recomposición salarial y un mayor financiamiento para las casas de estudios.

La resolución coloca nuevamente al Poder Ejecutivo ante la obligación de ejecutar una ley sancionada por el Congreso y, al mismo tiempo, mantiene abierta la confrontación por los recursos que deberán incorporarse al sistema universitario. Con la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso y una nueva movilización ya convocada, el financiamiento de las universidades vuelve a quedar en el centro de una pulseada que ahora suma un pronunciamiento judicial sobre la validez constitucional del mecanismo utilizado por el Gobierno para postergar su aplicación.

La inflación habría vuelto a acelerarse en septiembre, después del descenso registrado en agosto. Las principales consultoras privadas ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en torno al 2%, por encima del 1,7% informado para el mes anterior, en un movimiento explicado principalmente por aumentos en verduras y carne.

Las estimaciones se conocen antes de la publicación de nuevos indicadores oficiales y privados que permitirán precisar la evolución de los precios. El dato marca, de confirmarse, un freno a la desaceleración que había predominado durante buena parte del primer semestre y que tuvo una interrupción en julio, cuando el IPC había alcanzado el 2,1%.

Entre las mediciones privadas, Libertad y Progreso proyectó una inflación mensual del 2% y señaló que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 3,2%, convirtiéndose en el principal impulsor del resultado general.

La medición de C&T Asesores Económicos fue algo inferior, con una estimación de 1,9%. Según su relevamiento, alimentos y bebidas tuvieron en septiembre el mayor incremento desde mayo, con una suba cercana al 2%. Dentro de esa categoría, las verduras aumentaron 11%, mientras que la carne avanzó 2,1%.

El comportamiento de los productos básicos también fue registrado por LCG. La consultora detectó un incremento del 1,7% en alimentos durante la última semana de septiembre, mientras que el acumulado de las últimas cuatro semanas llegó al 2,7%. Por su peso dentro de la canasta de consumo, esos movimientos tienen una incidencia relevante sobre el índice general.

Analytica, en tanto, relevó una suba semanal del 0,8% en alimentos y bebidas durante los últimos días del mes y calculó un aumento del 2,8% en cuatro semanas. Con esos datos, también estimó una inflación general del orden del 2% para septiembre.

Eco Go coincidió con esa proyección. La consultora calculó un avance del 2% y señaló que componentes de comportamiento estacional tuvieron una incidencia importante en la aceleración, lo que llevaría al índice general a ubicarse aproximadamente 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto.

El movimiento de septiembre adquiere relevancia porque modifica la trayectoria observada en los meses anteriores. Después de una sucesión de registros descendentes, julio había mostrado un repunte al 2,1% y agosto volvió a marcar una baja, con 1,7%, el menor registro en 14 meses según la información difundida entonces.

La presión de los alimentos introduce además un componente especialmente sensible sobre los hogares, dado que se trata de uno de los rubros con mayor incidencia en el gasto cotidiano. Las subas concentradas en productos de consumo frecuente pueden tener un impacto más inmediato sobre el presupuesto familiar aun cuando el índice general mantenga variaciones moderadas.

Las estimaciones privadas deberán ser contrastadas con el IPC oficial de septiembre, que permitirá determinar la magnitud definitiva del repunte y la evolución de los distintos componentes. El dato será además una referencia para las próximas mediciones de expectativas y para las decisiones de empresas y trabajadores en materia de precios, salarios y consumo.

Si las proyecciones se confirman, septiembre habrá interrumpido nuevamente la trayectoria descendente de la inflación mensual. El regreso a valores cercanos al 2%, con los alimentos entre los principales impulsores, mostraría que la desaceleración de los precios continúa siendo irregular y todavía expuesta a movimientos fuertes dentro de la canasta básica.