El gobernador Marcelo Orrego suspendió la agenda oficial que cumplía en Londres y Estados Unidos y emprendió el regreso inmediato a San Juan tras conocerse la tragedia aérea ocurrida este miércoles 29 de julio en Valle Fértil, donde murieron los siete ocupantes de un helicóptero que participaba de una misión vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

La determinación fue adoptada apenas se confirmó la magnitud del siniestro, que provocó una profunda conmoción en la provincia al cobrar la vida de cuatro funcionarios de la estructura de Seguridad, además del piloto de la aeronave y dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Desde el Gobierno provincial informaron que el mandatario encabezará personalmente el acompañamiento a los familiares de las víctimas y a los equipos que compartían funciones con los fallecidos. También seguirá de cerca las actuaciones administrativas y judiciales que buscan establecer las causas del accidente.

Mientras se concreta su retorno, la delegación oficial que acompaña al gobernador continuará con la agenda prevista en el exterior. Según se indicó, las reuniones técnicas y los encuentros institucionales programados en el marco de la misión internacional seguirán desarrollándose bajo la representación del resto de la comitiva.

El accidente se produjo cuando el helicóptero se dirigía a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y cayó en una zona de difícil acceso del departamento Valle Fértil. Tras un amplio operativo de búsqueda y rescate, las autoridades confirmaron el fallecimiento de todos sus ocupantes.

La tragedia motivó además el decreto de tres días de duelo provincial, con banderas a media asta en los edificios públicos y la suspensión de los actos festivos oficiales. En paralelo, los organismos competentes avanzan con las pericias para determinar qué originó la caída de la aeronave, mientras la Provincia concentra sus esfuerzos en el acompañamiento a las familias y en el esclarecimiento de uno de los accidentes más dolorosos registrados en la historia reciente de la administración sanjuanina.

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un incremento del 1,89% en las asignaciones familiares a partir de agosto. La actualización alcanza a trabajadores registrados, jubilados, pensionados, monotributistas, beneficiarios de la AUH y de la Asignación por Embarazo, mientras que quienes superen un ingreso individual de $3.092.203 quedarán excluidos del beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un aumento del 1,89% en los montos, escalas y límites de ingresos de las asignaciones familiares que regirán desde agosto. La medida fue establecida mediante la Resolución 233/2026, publicada en el Boletín Oficial, en cumplimiento del mecanismo de movilidad mensual previsto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que ajusta las prestaciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

La actualización alcanza a las prestaciones contempladas en la Ley 24.714 y comprende a trabajadores en relación de dependencia del ámbito público y privado, titulares de la Prestación por Desempleo, beneficiarios del sistema de Riesgos del Trabajo, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), además de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

La resolución también confirma que el incremento se aplica sobre la totalidad de la escala general de asignaciones familiares, con excepción de las prestaciones por Nacimiento y Adopción, que poseen un mecanismo de actualización específico. En el caso de la Ayuda Escolar Anual, el organismo recordó que su movilidad se realiza una sola vez al año, coincidiendo con el período de pago.

Entre los aspectos ratificados figura la continuidad del criterio que garantiza a los trabajadores temporarios, permanentes discontinuos y al personal rural alcanzado por las Leyes 26.727 y 20.744 que el valor de las asignaciones por Hijo, Hijo con Discapacidad y Prenatal no sea inferior al monto equivalente de la Asignación Universal por Hijo.

Uno de los puntos centrales de la normativa es la actualización de los límites de ingresos que determinan el acceso al beneficio. ANSES estableció que, si cualquiera de los integrantes del grupo familiar registra una remuneración bruta superior a $3.092.203, el hogar quedará automáticamente excluido del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando el ingreso conjunto permanezca por debajo del tope máximo previsto para el grupo.

Ese criterio continúa siendo uno de los principales requisitos de elegibilidad del sistema, ya que el análisis no solo contempla el ingreso total del hogar, sino también la remuneración individual de cada integrante. De esa manera, un salario que supere el límite fijado por la resolución invalida el acceso a la prestación para todo el grupo familiar.

La disposición también establece que, cuando la aplicación de los coeficientes de actualización genere valores con decimales, el organismo realizará el redondeo al número entero inmediato superior para la determinación de los montos correspondientes.

Tras la resolución del Gobierno nacional que otorgó prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión destinada al proyecto Vicuña, ASIJEMIN sostuvo que la inversión debe ser afrontada por las empresas mineras y no mediante regalías futuras, recursos públicos o mayores costos para los usuarios. También reclamó mayor participación de San Juan en las decisiones sobre una infraestructura considerada estratégica.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) manifestó su rechazo a que la construcción de la infraestructura eléctrica destinada a abastecer al proyecto minero Vicuña sea financiada con regalías mineras futuras o recursos del Estado. El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno nacional ratificara, a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), la prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión prevista para el emprendimiento, una obra cuya inversión ronda los 800 millones de dólares.

La decisión de la administración nacional dejó sin efecto los planteos formulados por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que había expresado reparos sobre la asignación prioritaria de la capacidad de transporte eléctrico. Para ASIJEMIN, la resolución implica ceder durante los próximos 25 años el uso preferencial de una infraestructura estratégica a una compañía privada, reduciendo la participación de la provincia en la definición de un recurso considerado clave para su desarrollo productivo.

No obstante, el sindicato aclaró que no se opone a la ejecución de la obra. Por el contrario, consideró que resulta indispensable para acompañar el crecimiento de los grandes proyectos mineros previstos en San Juan. Su principal objeción radica en el esquema de financiamiento y en la necesidad de que la inversión sea absorbida por las empresas beneficiarias, sin comprometer regalías futuras, fondos públicos ni trasladar costos adicionales a los usuarios del sistema eléctrico.

La organización también reclamó que la construcción incorpore una fuerte participación de empresas sanjuaninas, proveedores locales, trabajadores de la provincia e industria nacional. A su entender, una iniciativa de esta magnitud debe transformarse en una herramienta para fortalecer la licencia social de la minería mediante la generación de empleo, el desarrollo de las pymes y la creación de valor agregado en las comunidades donde se desarrollan los emprendimientos.

En ese sentido, ASIJEMIN objetó los modelos de contratación con predominio de operadores externos y sostuvo que la infraestructura energética vinculada a la minería debe convertirse en un factor de crecimiento para toda la economía provincial y no limitarse a satisfacer las necesidades operativas de los proyectos extractivos.

Como alternativa, el gremio propuso conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del Estado nacional y provincial, las empresas mineras, los sindicatos, las comunidades y los sectores productivos. El objetivo sería consensuar un esquema de ejecución que contemple tanto las demandas energéticas de los futuros desarrollos mineros como los beneficios permanentes para las localidades involucradas.

El secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, afirmó que el crecimiento de la infraestructura energética asociada a la minería debe traducirse en mejoras concretas para la población. En esa línea, sostuvo que las inversiones deben generar más empleo, fortalecer los servicios públicos y acompañar el desarrollo económico y social de San Juan, consolidando un modelo en el que la expansión minera también impulse beneficios duraderos para la provincia.