El Observatorio del Salario de la Junta Interna de ATE en el INDEC estimó que un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos necesitó $2.558.677 durante julio para cubrir consumos mínimos. El informe advierte que el poder adquisitivo del salario testigo perdió alrededor del 30% desde diciembre de 2023 y reclama una recomposición urgente.

El cálculo surge de una canasta que destinó $876.365 a alimentos y otros $1.682.312 a bienes y servicios básicos. El relevamiento fue presentado este miércoles 26 de agosto y vinculó el deterioro de los ingresos con la evolución de los precios, la caída del consumo y el creciente endeudamiento de los hogares.

Raúl Llaneza, secretario general de la Junta Interna de ATE en el INDEC, sostuvo que los resultados muestran que el ajuste continúa trasladándose sobre las familias. Según el dirigente, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades esenciales, los hogares recurren al crédito para completar sus gastos mensuales.

El dato salarial se conoce después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrara una variación del 2,1% en julio, frente al 1,9% de junio. La inflación acumulada durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó el 19,3%, mientras que la comparación interanual llegó al 33,8%.

El Observatorio tomó como referencia un salario correspondiente al SINEP Nivel D, Grado 0 para medir la evolución del poder adquisitivo. De acuerdo con sus cálculos, ese ingreso perdió aproximadamente 30% de su capacidad de compra desde diciembre de 2023.

Para recuperar el poder adquisitivo que tenía en noviembre de 2023, el salario utilizado como referencia debería recibir, según el informe, una recomposición inmediata del 42%.

La pérdida se vuelve todavía más pronunciada al ampliar el período de comparación. El estudio señala que un salario de $10.191 correspondiente a diciembre de 2015 debería ubicarse actualmente en torno a $1.782.225 para conservar su capacidad de compra. Sin embargo, el ingreso de referencia alcanza apenas $756.396, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo calculada en 57,3%.

Endeudamiento y salarios insuficientes

El informe cuestionó además la interpretación oficial que atribuye el endeudamiento de las familias a decisiones individuales desvinculadas del nivel de ingresos. Para ATE, la expansión del crédito entre los hogares responde en buena medida a la necesidad de cubrir gastos cotidianos que los salarios ya no logran afrontar.

“Cuando el salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas, las familias recurren al crédito para llegar a fin de mes”, afirmó Llaneza.

El diagnóstico incorpora así tres variables que, según el Observatorio, evolucionan de manera simultánea: inflación, pérdida salarial y mayor utilización del crédito para financiar el consumo corriente.

El documento también examinó las condiciones laborales dentro del Estado nacional y puso el foco en la precarización de los vínculos contractuales. El relevamiento señaló una informalidad laboral del 44,2% y cuestionó la falta de concursos periódicos y la continuidad de modalidades de contratación que, según ATE, afectan la estabilidad y las condiciones de ingreso al empleo público.

Entre los puntos abordados también aparece la situación de los monotributistas comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo y el reclamo para preservar las condiciones laborales establecidas en esa normativa.

Reclamo por el INDEC y una nueva paritaria

El Observatorio reclamó, además, preservar la independencia técnica del INDEC frente a los gobiernos de turno y avanzar con una actualización metodológica del IPC. La organización sindical considera que la credibilidad de las estadísticas oficiales requiere autonomía institucional y criterios técnicos sostenidos en el tiempo.

En materia laboral, ATE reclama la reapertura de la paritaria estatal, una recomposición salarial urgente y el pago de un bono de emergencia. También plantea la necesidad de implementar mecanismos de crédito accesible y con tasas más bajas para reducir el peso financiero que enfrentan los hogares endeudados.

El reporte vuelve a colocar el poder adquisitivo en el centro de la discusión salarial. Mientras la inflación continúa acumulando variaciones mensuales y una familia tipo requiere ingresos superiores a los $2,5 millones para cubrir sus consumos mínimos, los salarios utilizados como referencia por el Observatorio permanecen por debajo de los niveles necesarios para recuperar el poder de compra perdido en los últimos años.

La organización sindical cuestionó no haber sido convocada a una reunión con autoridades de Santa Cruz y reclamó respuestas por el Bono de Producción y las denuncias de persecución sindical en empresas contratistas. Su secretario general, Marcelo Mena Muñoz, pidió que el diálogo incluya a todas las entidades con representación efectiva en los yacimientos.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) reclamó su incorporación a las instancias de diálogo que el Gobierno de Santa Cruz mantiene con representantes de los trabajadores mineros y cuestionó no haber sido convocada a una reciente reunión con autoridades provinciales encabezadas por el gobernador Claudio Vidal.

El gremio sostuvo que su participación resulta necesaria por la representación que ejerce sobre trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos de la minería, tanto de empresas operadoras como de firmas contratistas. En ese sentido, planteó que las decisiones gubernamentales vinculadas con empleo, condiciones laborales y relaciones gremiales deben contemplar a todas las organizaciones con personería y presencia efectiva en los yacimientos.

El reclamo fue formulado por el secretario general de ASIJEMIN y titular de la Delegación Regional Sur, Marcelo Mena Muñoz, quien advirtió que la ausencia del sindicato en la reunión impidió llevar ante las autoridades una serie de cuestiones que continúan pendientes de resolución.

Entre ellas, la entidad ubicó la definición del Bono de Producción, una demanda que mantiene abierta con trabajadores de la minería, y los reclamos vinculados con presuntas situaciones de persecución sindical en empresas contratistas. Según ASIJEMIN, ambos asuntos continúan sin respuestas concretas para los trabajadores involucrados.

El sindicato remarcó que corresponde al Gobierno provincial intervenir dentro de sus competencias para encauzar los conflictos laborales y brindar definiciones que permitan evitar la prolongación de reclamos sin resolución. Por ese motivo, consideró que la reunión mantenida con representantes gubernamentales constituyó una oportunidad que podría haber sido aprovechada para abordar los planteos pendientes.

ASIJEMIN cuenta con Personería Gremial N° 1904 y tiene homologado el Convenio Colectivo de Trabajo N° 789/21. Desde esa posición institucional, la organización reivindicó su representación sobre trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos y reclamó que esa legitimidad sea contemplada en las conversaciones oficiales relacionadas con la minería santacruceña.

Mena Muñoz sostuvo que la participación gremial no debe limitarse a las discusiones salariales, sino extenderse a las cuestiones vinculadas con seguridad, condiciones de trabajo, desarrollo profesional y estabilidad laboral. Para el dirigente, incorporar a las entidades con representación efectiva permite que las decisiones contemplen la diversidad de funciones y realidades existentes dentro de los emprendimientos mineros.

La asociación anticipó que continuará realizando gestiones ante las autoridades provinciales y los organismos competentes para obtener respuestas sobre las problemáticas pendientes. La organización también insistió en la necesidad de consolidar un diálogo social que incluya a todas las representaciones gremiales reconocidas dentro de los yacimientos.

El planteo de ASIJEMIN vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las discusiones laborales vinculadas con la minería santacruceña incorporen a las distintas organizaciones que representan a los trabajadores. Para el gremio jerárquico, la participación gremialconstituye una condición necesaria para avanzar hacia definiciones concretas sobre derechos laborales y conflictos todavía abiertos.

Los gremios docentes y nodocentes confirmaron una huelga nacional para este jueves 27 y viernes 28 de agosto. En San Juan, ADICUS y SiDUNSJ adherirán a la medida, que también cuenta con el respaldo de autoridades de la UNSJ, estudiantes y trabajadores. Reclaman la aplicación de la Ley 27.795, recomposición salarial, actualización de becas y mayores partidas para gastos de funcionamiento. La protesta alcanzará el dictado de clases en las facultades y los colegios preuniversitarios.

La huelga profundiza un conflicto que ya lleva más de 300 días y que tiene como reclamo principal la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento de las Universidades Nacionales. La norma, sancionada por el Congreso y posteriormente ratificada frente al veto presidencial, establece mecanismos de actualización para salarios, becas y partidas destinadas al funcionamiento de las instituciones.

El reclamo universitario también incorporó el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Justicia. Autoridades de la UNSJ, representantes de ADICUS, SiDUNSJ, UDAP y APUNSJ, junto con la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), habían advertido en una conferencia de prensa que el Gobierno nacional mantiene sin ejecutar disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario.

Entre los puntos exigidos figura la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero dispone la convocatoria a negociaciones salariales y la actualización de los ingresos de docentes y nodocentes de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor desde diciembre de 2023. El segundo establece mecanismos de recomposición para las becas estudiantiles.

Los gremios sostienen que los salarios acumulan un deterioro cercano al 40% al incorporar las últimas variaciones de precios y cuestionan, además, la ausencia de una negociación paritaria que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, afirmó que ya transcurrieron más de 10 meses sin aplicación de la ley y cuestionó que el Ejecutivo tampoco haya cumplido resoluciones judiciales vinculadas con el financiamiento.

El deterioro no se limita a las remuneraciones. Las universidades advierten sobre el aumento de los costos de servicios e insumos, que según las autoridades sanjuaninas llegó a incrementarse alrededor de un 600% sin una actualización equivalente de las partidas destinadas al funcionamiento. El problema alcanza también a los hospitales universitarios y a la continuidad de programas de investigación y formación.

La situación salarial genera, además, preocupación por la permanencia de profesionales especializados dentro del sistema público. Docentes con formación de posgrado y dedicación exclusiva enfrentan ingresos que, según estimaciones difundidas por autoridades universitarias, requieren recomposiciones superiores al 50% para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023.

A esto se suma la reducción denunciada en el universo de beneficiarios de becas estudiantiles. De acuerdo con los datos expuestos por representantes universitarios, la cantidad de beneficiarios habría descendido de aproximadamente 1,8 millones a 600.000 a nivel nacional, un recorte que las organizaciones vinculan directamente con el deterioro de las condiciones de permanencia y cursado.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, calificó de “inaudito” el incumplimiento de una norma sancionada por el Congreso y cuestionó que el Poder Ejecutivo no avance con las disposiciones reclamadas por la comunidad universitaria. Desde las organizaciones sindicales, en tanto, señalaron la gravedad institucional que atribuyen al incumplimiento de decisiones de la Corte Suprema.

La huelga fue ratificada por la FEDUN, CONADU y FATUN luego de una nueva instancia judicial de conciliación que no permitió destrabar el conflicto. El Frente Sindical Universitario resolvió avanzar con la medida junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), mientras las organizaciones preparan nuevas acciones de visibilización, movilizaciones y clases públicas.

En San Juan, el paro constituye el primer tramo de un esquema de protesta que las organizaciones universitarias anticipan como progresivo. La definición busca elevar la presión sobre el Gobierno nacional antes de la discusión presupuestaria de 2027 y reclamar una respuesta que permita recomponer los salarios y garantizar el funcionamiento de la UNSJ.

Con las aulas nuevamente vacías durante dos jornadas, la comunidad universitaria volverá a colocar el financiamiento de la educación superior entre las principales demandas sindicales y educativas. En San Juan, la adhesión de docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades refleja que el reclamo excede la discusión salarial y alcanza el sostenimiento cotidiano de la universidad pública.