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También se anunció el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de $16.000 en dos cuotas.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIOD y ARA) acordó ayer un incremento salarial en tres tramos para los obreros y empleados desmontadores de algodón que elevará el salario inicial por encima de los $70.000.

De este modo, el salario de un obrero de jornada normal (200 horas mensuales aproximadamente) entre salario básico y adicionales alcanzará los $66.043 desde el 1° de abril próximo, a $68.915 en junio y a $71.786 en septiembre.

Al mismo tiempo, la entidad logró el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de $16.000 en dos cuotas iguales y consecutivas para los meses de noviembre y diciembre de este año.

Desde la organización sindical afirmaron que “la asignación extraordinaria será percibida por todos los trabajadores que hayan realizado tareas durante al menos 90 días en la campaña y quienes hayan trabajado menos días percibirán una suma proporcional”.

“En concepto de revisión del acuerdo salarial de 2020 también acordamos un aumento que lleva el salario inicial conformado a $53.684,10 en el mes de enero de 2021 y a $ 57.429,50 en el mes de febrero de 2021”, detallaron.

Cabe recordar que las negociaciones con los empresarios del sector llegaron a buen puerto tras una huelga nacional desmontadora llevada adelante por cientos de trabajadores del sector en rechazo a la pretensión de la patronal de reducir salarios en términos reales.

Al respecto, el secretario general de la Federación, Daniel Yofra, aseguró que “ante la intransigencia con la que estas empresas estiraban artificialmente la negociación paritaria, indiferentes al deterioro de los ingresos de la familia desmotadora, se le opuso la firmeza, la solidaridad y la conciencia de clase”.

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El Vea de República del Líbano cerrará a fines de noviembre: qué pasará con sus 12 empleados

El supermercado Vea de República del Líbano y Alvear, en Rawson, cerrará definitivamente a fines de noviembre. La fecha, inicialmente prevista para octubre, fue postergada por la empresa debido a tareas pendientes para desmantelar el establecimiento, según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC).

La sucursal continuará atendiendo al público durante algunas semanas más, mientras se retiran las instalaciones y los equipos necesarios para entregar el inmueble. Entre los trabajos pendientes figuran el desmontaje de las cajas registradoras, los sistemas de refrigeración y los equipos de aire acondicionado.

La extensión del funcionamiento también prolonga el plazo para definir la situación de los 12 trabajadores que se desempeñan en el local. Algunos ya acordaron su desvinculación, mientras que otros todavía evalúan las alternativas ofrecidas por la compañía, entre ellas la posibilidad de incorporarse a otras sucursales de la cadena.

Desde el SEC siguen las conversaciones para conocer el destino de cada empleado. Las resoluciones dependerán de los acuerdos individuales y no necesariamente serán iguales para toda la plantilla.

Un segundo cierre en Rawson

La decisión se suma al antecedente del supermercado Vea que funcionaba sobre boulevard Sarmiento, en Villa Krause, y que dejó de operar a fines del año pasado. En aquella oportunidad, los 16 empleados resolvieron su situación mediante distintas modalidades: indemnizaciones, retiros voluntarios y traslados a otros establecimientos de la firma.

El cierre de la sucursal había sido comunicado a los trabajadores en septiembre. Desde entonces, las conversaciones entre la empresa y el sindicato se concentraron en acordar las condiciones de salida o continuidad laboral.

Con el nuevo cronograma, el establecimiento tendrá un mes adicional de funcionamiento antes de bajar definitivamente sus persianas. La principal incógnita ya no es la fecha del cierre, sino cuántos de los trabajadores podrán continuar en la cadena y bajo qué condiciones se resolverán las desvinculaciones.

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Juma cierra una de sus cuatro sucursales y ofrece rebajas hasta el 31 de octubre

La tienda de regalos Juma cerrará a fin de octubre su sucursal de la Peatonal de San Juan, ubicada en Rivadavia 222 Este, y ofrece una liquidación con 50% de descuento en todos sus productos. La medida afecta a uno de los cuatro locales de la firma, que continuará con sus otros establecimientos en funcionamiento.

La promoción comenzó el jueves 8 de octubre y se extenderá hasta el sábado 31, fecha prevista para el cierre del comercio. La liquidación coincide con las semanas previas al Día de la Madre, una de las fechas relevantes para las ventas de regalos.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio, su secretaria general, Mirna Moral, confirmó que los tres trabajadores que cumplen funciones en esa sucursal serían reubicados. De concretarse esa alternativa, el cierre no implicaría la pérdida de esos puestos laborales, aunque la continuidad dependerá de que se efectivicen los traslados anunciados.

La despedida de la Peatonal

La propietaria del emprendimiento comunicó la decisión a través de las redes sociales y recordó el significado que tuvo para el negocio instalarse en uno de los principales corredores comerciales de la capital sanjuanina.

“Fue un sueño posible estar en la Peatonal. Gracias a los clientes vivimos la experiencia de estar en el centro de la Peatonal. Hoy toca despedirnos”, expresó en su mensaje.

Con esta decisión, Juma dejará de atender en ese punto del microcentro, pero conservará sus otras tres sucursales, ubicadas en avenida Libertador 118 Este, avenida Libertador 165 Este y calle Laprida 184 Este.

La medida responde a la actual dinámica del sector minorista, si bien los motivos estratégicos detrás de la decisión no fueron revelados. Por el momento, el proceso de liquidación sella el retiro definitivo de este punto de venta clave en la Peatonal, aunque la compañía garantiza la continuidad de su red comercial en la ciudad de San juan.

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Protesta nacional: las dos CTA llaman a parar y movilizarse el 15 de octubre

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores llamaron a realizar un cese de actividades, abandono de tareas y movilización a la Plaza de los Dos Congresos. La jornada coincidirá con una sesión impulsada por bloques opositores y reunirá demandas por el financiamiento universitario, la discapacidad y la Ley de Tierras.

Las dos principales vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) convocaron a una jornada de protesta para el 15 de octubre, con cese de actividades, abandono de tareas y movilización frente al Congreso de la Nación. La iniciativa busca concentrar en una misma convocatoria reclamos sindicales, educativos y sociales, en coincidencia con una sesión de la Cámara de Diputados promovida por bloques de la oposición.

La convocatoria fue anunciada por los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Ambas organizaciones anticiparon su participación junto con docentes, estudiantes universitarios, jubilados, familiares de personas con discapacidad y agrupaciones que cuestionan distintas medidas del Gobierno nacional.

El objetivo, según expresaron, es acompañar desde la calle el debate parlamentario y fortalecer los reclamos de sectores que mantienen disputas abiertas con la administración de Javier Milei.

Universidades, discapacidad y Ley de Tierras

Uno de los principales reclamos estará vinculado con las universidades públicas, cuyos trabajadores mantienen medidas de fuerza para exigir una recomposición salarial y mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones. La convocatoria se produce mientras continúa la disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y los gremios sostienen la marcha federal prevista para esa misma fecha.

La agenda también incluirá las demandas de organizaciones vinculadas con la discapacidad, que reclaman la continuidad de las medidas de emergencia y recursos para garantizar las prestaciones. A esos planteos se sumará la oposición a la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023, una discusión que involucra cuestiones de soberanía y regulación de la propiedad rural.

Las CTA plantearon la jornada bajo las consignas de defensa de la educación, la soberanía y la democracia. La convocatoria constituye, además, una nueva acción conjunta de ambas centrales, que buscan articular sus reclamos con organizaciones sociales y espacios políticos opositores.

La coincidencia entre la movilización y la sesión legislativa apunta a trasladar las demandas al Congreso en un momento de discusión sobre financiamiento educativo, políticas de discapacidad y legislación sobre tierras. La magnitud de la convocatoria y el desarrollo del debate parlamentario serán factores centrales para medir el alcance político y sindical de la jornada.

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