La Coordinación de Género de ASIJEMIN recorrió yacimientos entre el 6 y el 14 de octubre, organizó talleres con trabajadoras y se reunió con responsables empresariales para discutir condiciones laborales y avanzar en la implementación del convenio de licencias por cuidados.

La mejora de las condiciones laborales de las mujeres mineras y la aplicación efectiva de sus derechos quedaron en el centro de una recorrida sindical por yacimientos de Santa Cruz, donde el sindicato de jerarquicos mineros promovió espacios de diálogo con trabajadoras y representantes de las empresas.

Las visitas se desarrollaron entre el 6 y el 14 de octubre y estuvieron encabezadas por la secretaria adjunta del gremio, Carla Costabile, junto con Julieta Baesa, secretaria general de la Comisión Interna de Cerro Negro, y Eliana Funes, politóloga y asesora sindical.

Durante las jornadas se organizaron talleres para relevar las principales necesidades de las trabajadoras en cada establecimiento y analizar el papel de la organización gremial en la defensa de sus condiciones de empleo. El objetivo fue recoger inquietudes concretas y trasladarlas a una agenda de trabajo sindical.

La delegación también mantuvo encuentros con las gerencias de Recursos Humanos, ante las cuales planteó la necesidad de establecer mesas de diálogo para abordar mejoras laborales y de vida. Uno de los puntos centrales fue la aplicación del convenio de licencias por cuidados suscripto entre ASIJEMIN y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), cuya implementación, según informó el sindicato, permanece frenada por el Gobierno nacional.

La solicitud enfatiza la importancia de consolidar los consensos alcanzados en garantías laborales efectivas, mediante mecanismos de consulta continua que aseguren la atención de las necesidades del sector.

Desde la organización agradecieron especialmente la recepción y el compromiso de los delegados de Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Minera Santa Cruz, además del acompañamiento de la Delegación Regional Sur.

La recorrida refuerza la presencia de ASIJEMIN y la representación de las mujeres en la minería. El próximo paso será concretar respuestas a sus necesidades, en particular sobre licencias de cuidado y ambiente laboral.

La transformación de la Ruta Nacional 40 Sur en autopista superó una instancia decisiva: la Cámara de Diputados de San Juan autorizó por unanimidad el crédito de hasta US$160 millones solicitado a la Corporación Andina de Fomento (CAF). La votación reunió 35 adhesiones y registró una sola ausencia, la del diputado Gabriel Sánchez Barón, quien no concurrió por razones de salud.

El resultado tuvo un componente político relevante: el bloque justicialista acompañó el financiamiento, aunque condicionó su respaldo a que el convenio completo regrese a la Legislatura para una nueva aprobación. Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del bloque, sostuvo que la obra es necesaria para la conectividad provincial y regional, especialmente por su incidencia en el transporte de cargas, la minería, el turismo y los vínculos comerciales con Chile.

Un préstamo a 15 años para dos tramos

El crédito financiará las secciones I y III del proyecto, que suman aproximadamente 48 kilómetros. El primer tramo se extiende desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas, en Sarmiento; el tercero comprende el recorrido desde Cochagual hasta la intersección de la Ruta 40 con calle 8, en Pocito.

La sección intermedia, de unos 26 kilómetros entre Tres Esquinas y Cochagual, quedará a cargo del Gobierno nacional. De esta manera, la ejecución de los tres tramos dependerá de dos fuentes de financiamiento: el préstamo internacional gestionado por la Provincia y los fondos comprometidos por la Nación.

El acuerdo con la CAF contempla un plazo de devolución de 15 años y un período de gracia de 66 meses para la amortización del capital. Los intereses se calcularán sobre la tasa SOFR a seis meses, más un adicional anual de 1,75 puntos porcentuales, y se abonarán semestralmente. Los desembolsos se realizarán conforme avance la obra y se certifiquen los trabajos ejecutados.

Durante la presentación previa al debate, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, explicó que, con una SOFR del 4,20%, el costo financiero estimado rondaría el 5,95% anual. La operación tendrá garantía del Estado nacional y contempla la posibilidad de afectar recursos de la coparticipación federal para respaldar las obligaciones.

El próximo paso: las licitaciones

Con la autorización legislativa, el Ejecutivo provincial podrá avanzar en los procedimientos administrativos para licitar las dos secciones financiadas por la CAF. La intención oficial es contratar los tres tramos por separado, pero ejecutar los trabajos en simultáneo, con un plazo estimado de 36 meses.

Durante la sesión también se modificó el artículo 8 del proyecto aprobado. El acompañamiento opositor permitió reunir un respaldo político amplio para el financiamiento, aunque el pedido justicialista de revisar nuevamente el convenio completo introduce una instancia adicional en su instrumentación.

La obra apunta a mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de circulación y fortalecer uno de los principales corredores de conexión entre San Juan y Mendoza. Su concreción, sin embargo, dependerá de que los procedimientos de contratación avancen y de que los fondos nacionales para el tramo central se materialicen en los plazos previstos.

La Lista 26 de Julio buscará disputar el próximo 3 de noviembre la conducción de la CTA de los Trabajadores en San Juan con una propuesta que combina renovación organizativa, autonomía sindical y reivindicaciones laborales. Encabezada por Carla Costabile, secretaria adjunta de ASIJEMIN, la lista incluye a representantes de una decena de gremios, agrupaciones y organizaciones sociales.

El espacio se presenta como una coalición multisectorial que procura ampliar la representación de la central, con participación de trabajadores de la minería, la industria, los servicios, la administración pública, la docencia, la seguridad social y la economía popular. Entre las organizaciones y espacios mencionados figuran SUTEPA, ASIJEMIN, AMMAR, Alternativa Docente, FETIA y referentes de ATE, además de agrupaciones territoriales vinculadas con trabajadores informales.

La propuesta plantea construir una central con mayor presencia cotidiana en los lugares de trabajo y los barrios, recuperar el vínculo con los afiliados y fortalecer la participación de las bases. “Buscamos un proyecto colectivo, al servicio de la unidad de todas las luchas de las y los trabajadores”, expresaron desde la lista, que también reivindica la independencia de los gobiernos nacional y provincial.

La agenda gremial incluye reclamos por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, más presupuesto para salud y educación, generación de empleo genuino y defensa del derecho de huelga y de protesta. En su pronunciamiento, la nómina cuestionó además la reforma laboral impulsada a nivel nacional y advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

Junto con esas definiciones, la agrupación reclamó que se publiquen los padrones electorales y los lugares de votación, para que los afiliados puedan verificar si están habilitados y organizar su participación en los comicios.

La fórmula se completa con María Alejandra Báez y Raúl Eduardo Carrizo como secretarios adjuntos. La propuesta de Consejo Ejecutivo incluye, entre otros, a Humberto Miguel Coria en el área gremial, Cristian Jurado en Comunicación, Mariano Chousal en Acción Política, Jorge Vargas en Seguridad Social, Eliana Funes en Derechos Humanos y Soraya Anabel Ramírez en Géneros. La nómina incorpora además representantes para las áreas de juventud, formación, discapacidad, ambiente, cultura y economía social, junto con doce vocales titulares.

Con las elecciones del 3 de noviembre como próximo objetivo, la Lista 26 de Julio buscará convertir esa diversidad gremial y social en una propuesta común para conducir la CTA sanjuanina. La disputa estará condicionado por dos factores determinantes: la verdadera dimensión de la democracia interna y el poder de la central para nuclear las protestas salariales, laborales y sociales en una coyuntura de fuerte rechazo a las políticas vigentes.