La tradicional fábrica de ollas Essen despidió al 10% de sus trabajadores y comenzó a sustituir casi la mitad de su producción por productos terminados provenientes de China. En un contexto de consumo retraído y creciente ingreso de importaciones, la UOM denuncia un proceso de achicamiento que podría profundizarse en los próximos meses y alerta por nuevos riesgos en otras metalúrgicas de la región.

La crisis golpeó de lleno a Essen, una de las marcas más reconocidas del país en la producción de ollas y utensilios de aluminio. La planta ubicada en Venado Tuerto, Santa Fe, despidió a 30 trabajadores —cerca del 10% de su plantilla total—, mientras avanza en un proceso de sustitución de producción nacional por importaciones provenientes de China, que ya representarían alrededor del 45% de sus ventas.

El ajuste, según denuncian los trabajadores, se siente en el día a día. “El achique viene de una baja de producción que los trabajadores lo ven en sus puestos”, señaló Oscar Infante, secretario general de la UOM San Fe. Sectores clave de la fábrica, que antes funcionaban a ritmo pleno, hoy operan con maquinaria detenida o con turnos reducidos.

La empresa habla de “reestructuración”, pero crece el temor a más despidos

Desde la empresa, la reducción de personal se presenta como parte de un proceso de “reestructuración”, aunque entre los trabajadores crece la preocupación: si la importación de productos terminados gana terreno, la producción local podría volverse marginal y dejar a más empleados en riesgo.

“Estamos aprovechando la crisis para hacer achiques”, admitió Infante al describir la lógica que, según la UOM, está guiando la estrategia empresaria. No obstante, los directivos habrían prometido en una reunión reciente que no habrá nuevos despidos en lo que resta del año, un compromiso que los trabajadores ven con cautela ante la caída sostenida de la demanda.

La apertura importadora y un mercado interno debilitado

El caso de Essen refleja un fenómeno más amplio que atraviesa a la industria metalúrgica: la combinación de recesión, menor consumo y una apertura importadora creciente está dejando en jaque a decenas de fábricas que dependen del mercado interno.

La sustitución de producción local por importaciones se volvió una salida rápida para empresas que enfrentan costos crecientes y ventas en retroceso. En la práctica, esta dinámica no solo achica planteles, sino que debilita el entramado productivo regional, donde cada puesto perdido afecta a proveedores, trabajadores tercerizados y comercios asociados.

Corven también en alerta: posibles 40 despidos

La situación en Venado Tuerto no se limita a Essen. La UOM también advierte sobre un posible recorte en la fábrica Corven, donde podrían cesar a unos 40 trabajadores si se confirma la reducción de líneas de producción.

El sindicato denuncia que “la crisis industrial en la región se está profundizando” y teme que, si no se adoptan medidas para frenar el ingreso indiscriminado de importaciones, más empresas recurran a recortes similares.

La experiencia del Consejo de Mayo llega a su fin envuelta en tensiones, desconfianzas y un marcado desequilibrio institucional. Lo que el Gobierno había presentado como un espacio para articular consensos entre los actores centrales del sistema productivo —gobernadores, cámaras empresariales e industria— se disolvió antes de consolidarse como mesa tripartita. Las reiteradas filtraciones de los borradores sobre la reforma económica y laboral precipitaron la decisión presidencial: Javier Milei ordenó clausurar de manera definitiva el Consejo.

Según reveló el periodista David Cayol, la Casa Rosada había intentado blindar las discusiones mediante acuerdos de confidencialidad, exigencia resistida por una mayoría de los mandatarios provinciales. El Ejecutivo había logrado cierta adhesión en sectores del empresariado, pero los gobernadores rechazaron firmar cualquier compromiso que limitará su margen político. Las tensiones internas se tornaron inocultables y, para Milei, las filtraciones representaron una traición que justificó el cierre del ámbito.

Sin embargo, las causas de fondo exceden el enojo presidencial. La arquitectura jurídica de las reformas —incluida la laboral— no se diseñó en oficinas del Gobierno, sino en estudios privados vinculados directamente al empresario Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA. La última versión de la Ley Bases ingresada al Congreso fue elaborada desde la terminal informática de uno de los abogados del propio industrial, un hecho que expone el peso decisivo del sector empresarial en la confección normativa.

En contraste, la representación sindical ocupó un asiento simbólico y acotado. Gerardo Martínez, enviado por la CGT, participó de las reuniones sin acceso real a los textos preliminares ni margen de incidencia en el contenido central de la reforma laboral. Aunque la Casa Rosada insiste en que el proyecto “no está escrito”, diversos borradores circulan hace semanas y sus lineamientos están prácticamente definidos. El virtual desplazamiento de las organizaciones de trabajadores de la discusión profundiza la crítica sindical: una reforma diseñada unilateralmente en clave empresarial.

Los gobernadores, mientras tanto, transitan su propio frente de conflicto: la disputa por los fondos de coparticipación. Esa tensión condiciona cualquier articulación futura con la Casa Rosada y plantea un escenario de imprevisibilidad política en la previa del debate legislativo. La disolución del Consejo plantea un interrogante crítico: ¿cómo reaccionarán las provincias en el Senado cuando deban posicionarse sobre una reforma que impacta directamente en las relaciones laborales y en la economía regional?

El borrador que analiza la CGT —aunque todavía sin confirmación oficial— incluye modificaciones sensibles: cambios en el régimen de indemnización, eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, desarticulación de mecanismos de actualización salarial, ampliación de la jornada laboral y otras reformas estructurales que la central obrera interpreta como un retroceso profundo en derechos adquiridos. La conducción sindical anticipó su rechazo y se prepara para un escenario de confrontación parlamentaria y callejera.

La última reunión del Consejo de Mayo pondrá fin a un experimento que nunca logró equilibrio ni representatividad plena. Con su cierre, el Gobierno enviará al Congreso un informe final que será transformado en proyecto de ley. A partir de entonces, el Parlamento se convertirá en el epicentro de un debate que ya divide al país: una reforma laboral impulsada desde el poder económico, resistida por el movimiento obrero y condicionada por la fragilidad política de los gobernadores.

El cierre anticipado del Consejo de Mayo desnuda una dinámica que tensiona la promesa de diálogo que el Gobierno intentó instalar. Mientras el empresariado influyó decisivamente en la redacción de las reformas, los sindicatos quedaron relegados y los gobernadores se movieron entre la desconfianza política y la disputa fiscal. Con el proyecto a punto de llegar al Congreso, el tablero se reconfigura: la reforma laboral dejará de ser una discusión reservada para convertirse en una pulseada abierta que pondrá a prueba alianzas, liderazgos y la capacidad real del oficialismo para articular mayorías. Lo que se define ahora no es solo un cambio normativo: es el modelo de relaciones laborales que regirá en la Argentina durante las próximas décadas.

En una entrevista con la UOM provincial, su titular Martín Solazzo lanzó un panorama crítico: la industria metalúrgica registra pérdidas sostenidas, y ya se estiman cerca de 22.000 puestos de trabajo menos a nivel nacional. Solazzo advierte que la combinación de desindustrialización, transferencia de producción al exterior y una reforma laboral que reduciría derechos amenaza con profundizar una crisis social y productiva que golpea con particular fuerza a las familias trabajadoras.

El diagnóstico que presenta la Unión Obrera Metalúrgica de San Juan, a través de su secretario general Martín Solazzo, no es un lamento aislado sino la concreción local de tendencias que, según el gremio, vienen consolidándose a escala nacional: caída sostenida de la producción industrial, reconfiguración de cadenas productivas hacia la exportación con escasa generación de empleo local y una pérdida de derechos laborales que lejos de “aliviar costos” para las empresas, terminaría por precarizar el trabajo y aumentar la desocupación.

Solazzo parte de datos recientes —entre ellos la caída de 6,4% de la industria entre octubre del año pasado y octubre de este año — para ilustrar una regresión que ubica la actividad en niveles comparables a la peor fase de la pandemia de 2020. Pero detrás de esa cifra hay historias concretas: empresas que optan por transformar sus plantas en centros de acopio o ensamblaje reducidísimo, despidos que, aun cuando no siempre aparezcan en los grandes titulares, suman sangrados permanentes en los padrones locales y una cadena de efectos que amplifica la vulnerabilidad familiar. En San Juan, el sindicato estima la pérdida de cerca de 180–200 empleos en el último año sólo en el metalúrgico; extrapolado al territorio nacional, el número de 22.000 puestos fuera del sistema constituye una amenaza económica y social de escala.

La explicación que ofrece Solazzo conjuga factores coyunturales y estructurales. En la primera línea está la política económica reciente: tipos de cambio, costos logísticos, condiciones para la inversión y un régimen tributario que, según el dirigente, castiga la producción local más que incentiva la actividad. Paradójicamente, las empresas pueden aumentar rentabilidad a través de la exportación de bienes o de la deslocalización de etapas productivas; el resultado es una fábrica que factura pero contrata menos. “La rentabilidad de la empresa no cae, al contrario, crece —dice Solazzo—. Pero eso no se traduce en empleo.” En segundo lugar, la reforma laboral propuesta por el oficialismo aparece en la entrevista como un nuevo eje de preocupación: el sindicato la califica de “receta vieja” que busca reducir derechos (horas, vacaciones, garantías colectivas) en nombre de la competitividad, cuando la solución real para aliviar costos empresariales debería pasar por una revisión tributaria y por políticas públicas que protejan la producción nacional.

El dirigente distingue, además, entre lo que son reivindicaciones legítimas de modernización y la pérdida de derechos encubierta. Reconoce que existen aspectos “modernizables” vinculados a tecnología y procesos productivos, pero sostiene que cualquier cambio debe discutirse puertas adentro de cada convenio colectivo, con la participación plena de las organizaciones gremiales y sin imposiciones externas que individualicen la negociación y debiliten la protección colectiva. Esta postura subraya la tradicional lógica sindical: defender salarios, condiciones y estabilidad como pilares de la reproducción social y de la demanda interna.

En su relato se esboza otro elemento: la respuesta práctica del sindicato ante el cierre o el riesgo de cierre. Lejos de limitarse a la protesta, la UOM local afirma haberse involucrado en gestiones no tradicionales —interceder en licitaciones, asistir a empresas con asesoramiento para sostener la producción— porque entiende que la inacción significaría resignar fuentes laborales. Es una admisión de incapacidad estructural: el sindicato no puede sustituir políticas públicas; pero lo hace porque la urgencia social lo obliga.

El riesgo de escalada social aparece como una consecuencia plausible si no se revertieran tendencias: miles de familias sin ingreso y sin redes de contención, desempleo técnico que se profundiza y un mercado interno que se contrae. En este punto, Solazzo hace una lectura política exigente: respeta los resultados electorales que dieron lugar al actual gobierno pero rechaza la dirección de sus medidas, y reclama apertura y rectificación en materia económica y laboral para evitar un deterioro mayor.

La experiencia histórica, citada por el propio dirigente gremial, muestra que intentos de flexibilización laboral sin políticas compensatorias suelen terminar en mayor informalidad y desempleo: episodios de los años 90 y otras experiencias recientes dan argumentos a quienes sostienen una política de sostén industrial. El desafío hoy es complejo: Argentina necesita equilibrio entre costos empresariales competitivos, protección del empleo y estímulos a la inversión productiva dentro del país. Las herramientas disponibles —crédito productivo, reducción selectiva de cargas, incentivos a la exportación con condiciones de empleo local, regulaciones que promuevan encadenamientos productivos— requieren diseño y consenso social. Sin diálogo y sin medidas de corto plazo que amortigüen la pérdida de empleo, las advertencias sindicales adquieren carácter preventivo, no únicamente reivindicativo.

La entrevista con Martín Solazzo condensa la percepción de un sector que siente que la política económica actual está debilitando su capacidad de producir y sostener empleo. Entre cifras de caída de la actividad, pérdida de puestos y una reforma laboral potencialmente regresiva, el reclamo sindical es claro: cualquier cambio debe priorizar la protección de derechos, la negociación colectiva y políticas públicas que incentiven la producción en suelo argentino. La alternativa, advierten desde la UOM, es un proceso de desindustrialización que no sólo reduce la economía real sino que deja a miles de familias sin sustento —un coste social que, remarcan, el país no puede permitirse.