La Confederación General del Trabajo confirmó una movilización nacional para el próximo 18 de diciembre, con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en las provincias. Desde San Juan, el secretario general Eduardo Cabello cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, denunció un deterioro acelerado del empleo y repudió el ataque a la sede del Sindicato del Vidrio.

Desde San Juan, el secretario general de la CGT provincial, Eduardo Cabello, confirmó la adhesión a la convocatoria y subrayó que la protesta busca visibilizar un malestar que atraviesa por igual a trabajadores de la Capital y del interior. “La idea es que se haga en todo el país. Buenos Aires es el lugar donde hay que mostrar la fuerza, pero en las provincias los trabajadores sufren las mismas consecuencias”, afirmó.

En el plano local, Cabello precisó que la CGT San Juan resolvió movilizarse ese mismo día a las 18 horas, en coordinación con otras centrales sindicales como la CTA y la MTA. “Esto nos atraviesa a todos. No es un problema exclusivo de la CGT, es un problema de todos los trabajadores”, remarcó, anticipando una acción conjunta y un documento consensuado.

El dirigente sindical también se refirió al ataque vandálico contra la sede del Sindicato del Vidrio, un episodio que sacudió al mundo gremial y generó un inmediato repudio. “Son cosas que hacía mucho tiempo no se veían. Esperamos que no sea parte de lo que se empieza a gestar a partir de ciertas políticas nacionales y que no se convierta en una costumbre”, expresó. Si bien aclaró que no hubo víctimas, advirtió sobre un clima de creciente tensión social.

El centro del reclamo sindical apunta directamente al contenido de la reforma laboral. Cabello fue categórico al cuestionar el discurso oficial: “Mienten cuando dicen que esta ley va a traer más trabajo. Lo único que va a generar es más crisis y profundizar los problemas”. En ese sentido, describió un escenario de cierres de empresas, caída de pymes y pérdida constante del poder adquisitivo, en un contexto donde la inflación sigue erosionando los salarios y las paritarias no logran recomponer lo perdido.

“La informalidad no va a disminuir porque no hay dónde absorber a esos trabajadores. Día a día cierran empresas, y así es imposible hablar de generación de empleo genuino”, sostuvo. Según el dirigente, el impacto no solo se siente en el sector privado, sino también en las provincias, que enfrentan la paralización de la obra pública y la falta de recursos nacionales.

En medio del debate legislativo, Cabello valoró las recientes declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien advirtió que la reforma laboral podría quedar frenada durante años por la vía judicial. “Quieren borrar de un plumazo lo que establece la Constitución y los pactos internacionales. Lo que proponen es inviable”, afirmó, y recordó que el sindicalismo se ampara en la legalidad y el marco constitucional para resistir los cambios.

La CGT, además, mantiene contactos permanentes con legisladores nacionales y autoridades provinciales. Según detalló Cabello, intendentes y representantes sanjuaninos ya participaron de reuniones y seguirán articulando acciones políticas. “Cada gobernador que siga apoyando este modelo también tendrá que pagar el costo político. Las provincias están siendo severamente castigadas”, advirtió.

La movilización del próximo jueves18 de diciembre se perfila como un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical. Más allá de la protesta puntual, la CGT busca enviar un mensaje político claro: la reforma laboral no solo enfrenta resistencia en las calles, sino también cuestionamientos legales, sociales y económicos de fondo.

En un momento de creciente conflictividad, caída del empleo y tensiones federales, el sindicalismo se prepara para endurecer su estrategia y advertir que la defensa de los derechos laborales no será negociable. El desafío, admiten puertas adentro, será sostener la unidad y estar a la altura de un escenario que promete escalar en los próximos meses.

El Ejecutivo provincial estudia trasladar los asuetos tradicionales del 24 y 31 de diciembre al 26 de diciembre y 2 de enero. La medida apunta a organizar dos fines de semana largos y aún no fue definida oficialmente.

El Gobierno de San Juan analiza por estas horas una posible modificación en el calendario de asuetos de fin de año para los trabajadores de la administración pública provincial. La iniciativa contempla trasladar los asuetos tradicionalmente otorgados los días 24 y 31 de diciembre a fechas posteriores, con el objetivo de conformar dos fines de semana largos consecutivos durante las Fiestas.

Históricamente, en la provincia los empleados estatales cuentan con asueto los días previos a Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, en esta oportunidad, las autoridades evalúan mover el descanso del martes 24 de diciembre al jueves 26, y el del martes 31 de diciembre al jueves 2 de enero.

La posibilidad fue confirmada por el gobernador sanjuanino durante una rueda de prensa brindada este lunes en el departamento 25 de Mayo.

Desde ese lugar, el mandatario explicó que la decisión aún se encuentra en etapa de evaluación y que está atada, en parte, a lo resuelto recientemente por el Gobierno nacional en relación con los asuetos. “Estamos trabajando en eso porque recién lo ha emitido el Gobierno de la Nación, de que va a ser el día miércoles. Así que estamos evaluando”, señaló.

En este sentido reconoció que su preferencia personal es avanzar con el cambio de fechas, ya que permitiría generar dos fines de semana largos, beneficiando la organización familiar y el descanso de muchos trabajadores sanjuaninos. No obstante, aclaró que la resolución definitiva todavía no está tomada.

“Lo tengo que corroborar ahora porque la verdad que ha sido reciente. Hay que ver si podemos reconsiderar eso o hacemos esas posibilidades que sea el viernes, en este caso, el asueto provincial”, agregó, dejando abierta la puerta a distintas alternativas.

Por el momento, no se emitió ningún decreto ni resolución formal, por lo que los asuetos continúan previstos, de manera provisoria, para las fechas tradicionales.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular nacional de ASIJEMIN y referente de la Mesa sindical, Marcelo Mena, cuestionó duramente el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno, denunció una medición irreal de la inflación y confirmó la participación activa de más de 70 gremios en la movilización del 18 de diciembre convocada por la CGT y las CTA.

Mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de gestión, una porción creciente de la sociedad observa con preocupación un escenario marcado por el aumento del desempleo, la precarización laboral y la pérdida sostenida del poder adquisitivo. En ese contexto, el proyecto de reforma laboral se convirtió en el eje de un nuevo conflicto político y social que ya tiene fecha de expresión en las calles.

Marcelo Mena, titular nacional del sindicato de Jerárquicos mineros e integrante de la Mesa Sindical, confirmó que el movimiento obrero organizado se movilizará masivamente el próximo 18 de diciembre, en consonancia con la convocatoria de la CGT y las CTA. “La gran mayoría de los sindicatos industriales y de mayor capacidad de convocatoria van a estar presentes. Desde la mesa sindical somos más de 70 organizaciones y vamos a marchar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en cada provincia del país”, sostuvo.

Mena explicó que, aunque muchos de los gremios que integran la Mesa Sindical tienen estructuras más pequeñas y menor incidencia nacional individual, el peso colectivo “cambia el panorama” y refuerza la capacidad de respuesta frente a un proyecto que, según advierte, amenaza la esencia del derecho del trabajo.

“El 18 se va a ver la manifestación en la calle, pero el trabajo empieza mucho antes. En fábricas, yacimientos y establecimientos se está organizando a los trabajadores para explicarles que el sindicato no es un obstáculo, sino la única herramienta real para equilibrar la relación con la patronal”, señaló. En ese sentido, cuestionó lo que definió como una “miopía ideológica” que busca deslegitimar al sindicalismo y fragmentar al movimiento obrero.

Lejos de negar errores históricos, Mena reconoció que “hubo dirigentes que se equivocaron”, pero advirtió que eso no puede ser argumento para desmantelar la organización colectiva. “La única forma de proteger derechos y sostener conquistas es con sindicatos fuertes y con buena salud institucional”, afirmó.

Respecto al contenido de la reforma laboral, el dirigente fue categórico: “Estas modificaciones no buscan modernizar, sino atomizar la fuerza de los trabajadores, debilitar la negociación colectiva y, en muchos casos, directamente anularla”. Para Mena, el objetivo de fondo es favorecer un esquema económico que concentra poder y reduce la capacidad de defensa del empleo.

El cuestionamiento también se extiende al plano económico. Desde la Mesa Sindical denuncian que la inflación que informa el INDEC no refleja el impacto real en la vida cotidiana. “Uno va a la estación de servicio, al comercio, a comer afuera o simplemente a hacer las compras diarias y se da cuenta de que el 2,5% no es real. Hay un acumulado mucho mayor”, afirmó. Si bien reconoció una desaceleración inflacionaria, sostuvo que “no está bajando como el Gobierno lo plantea”.

Mena fue aún más duro al evaluar el rumbo económico: “Este esquema fracasó. Nadie pide plata cuando le sobra, y si están pidiendo es porque no alcanza. Ajustar salarios y derechos no garantiza progreso”. En contraposición, defendió un modelo que combine orden fiscal con incentivos a la productividad, sin recortar derechos laborales. “Está demostrado en otros países que incluso reduciendo la jornada laboral se puede aumentar la productividad”, subrayó.

Incluso citó declaraciones de asesores cercanos al oficialismo que reconocen que la reforma no generará empleo. “Hasta ellos mismos admiten que no va a crear trabajo. Es difícil sostener una mentira tan grande sin tropezar”, lanzó.

Con un tono firme y sin eufemismos, Marcelo Mena sintetiza una postura que atraviesa a buena parte del sindicalismo argentino: la reforma laboral, tal como está planteada, no representa una modernización sino un retroceso estructural. Frente a un escenario de ajuste, inflación discutida y pérdida de derechos, el movimiento obrero apuesta a la unidad y a la movilización como herramientas centrales de resistencia. El 18 de diciembre aparece así no solo como una protesta, sino como una señal política clara de que el conflicto entre el Gobierno y los trabajadores está lejos de cerrarse.