El secretario general del Sindicato de Químicos, Mario García, aseguró que la planta Electrometalúrgica Andina ubicada en el departamento Chimbas, conserva infraestructura productiva operativa y que la inversión necesaria para reactivar al menos uno de sus hornos sería relativamente baja. Además, planteó que la fábrica podría convertirse en un actor estratégico para la industria de energías renovables en San Juan mediante la producción de silicio metálico para paneles solares.

Según explicó el dirigente , buena parte de la infraestructura industrial permanece en condiciones de funcionamiento, lo que permitiría iniciar un proceso de reactivación con una inversión relativamente acotada.

“La EMA no está muerta”, afirmó García, al tiempo que destacó que uno de los equipos centrales del complejo industrial todavía podría ponerse en marcha. El horno 2, que es el que fabrica carburo, está operativo. Lo que hay que hacer es comprar la materia prima y hacerlo funcionar”, detalló.

Un diagnóstico técnico que apunta a una inversión moderada

De acuerdo con el análisis realizado por el gremio junto al ingeniero Ariel Elizondo, el estado general de la planta permitiría iniciar un proceso gradual de recuperación productiva.
“El relevamiento fue minucioso y deja en claro que para iniciar las tareas la inversión no es demasiado grande”, sostuvo el gremialista.

Sin embargo, el principal obstáculo que enfrenta actualmente la empresa no está vinculado a la infraestructura sino a su situación financiera. Las deudas acumuladas, especialmente en el sistema energético, constituyen hoy uno de los puntos críticos para avanzar hacia una eventual reactivación.

El rol del Gobierno provincial en la negociación energética

Según explicó García, la intervención del gobierno provicnial, permitió avanzar en una alternativa destinada a ordenar las obligaciones de la firma con el mercado eléctrico mayorista. Ese esquema podría convertirse en una pieza clave para recomponer la viabilidad económica de la compañía, dado que el consumo energético representa uno de los factores más determinantes dentro del esquema de costos de este tipo de industrias electrointensivas.

Una planta preservada a la espera de definiciones

Mientras continúan las negociaciones para definir el futuro de la empresa, el predio industrial permanece bajo resguardo y con tareas básicas de mantenimiento. Actualmente un grupo de seguridad custodia las instalaciones, mientras un reducido equipo de trabajadores se encarga de preservar la infraestructura y evitar el deterioro de los equipos.

Para el gremio, esta situación demuestra que la planta todavía mantiene condiciones materiales que permitirían retomar la actividad si se resuelven los aspectos financieros pendientes.

Una posible reconversión hacia la energía solar

Más allá de la producción tradicional de carburo, desde el sindicato plantean una mirada estratégica que vincula el futuro de la EMA con el desarrollo de energías renovables.

Según el sindicalista, la planta cuenta con condiciones técnicas para producir silicio metálico, un insumo fundamental para la fabricación de paneles solares. Ese material constituye uno de los componentes centrales de la industria fotovoltaica y su producción local podría fortalecer la cadena de valor energética en la provincia.

Integrar minería, industria y energías renovables

Para el representante de los trbajadores químicos, la eventual reconversión de la planta permitiría aprovechar una infraestructura industrial ya instalada y, al mismo tiempo, potenciar un modelo productivo más integrado. Incluso sostuvo que la inversión necesaria para poner en marcha este esquema sería baja si se compara con los montos que hoy movilizan otros sectores productivos de la provincia.

“Con el 3% de lo que actualmente se invierte en proyectos mineros, la EMA podría ponerse en funcionamiento para abastecer a la fábrica de paneles solares y producirlos de principio a fin”, afirmó.

El destino de Electrometalúrgica Andina continúa sujeto a definiciones empresariales y financieras que permitan resolver los pasivos acumulados y garantizar condiciones operativas sostenibles.

Sin embargo, desde el sector sindical sostienen que la planta aún conserva potencial productivo y que su reactivación podría recuperar empleo industrial, revitalizar una infraestructura histórica y aportar valor a la estrategia de desarrollo energético de San Juan.

En ese marco, la discusión sobre la EMA vuelve a plantear un interrogante de fondo para la política industrial provincial: si una planta emblemática puede transformarse en pieza clave de la transición energética o si quedará definitivamente como un vestigio del pasado productivo sanjuanino.

El ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, aseguró que el paro de 48 horas anunciado por el Sindicato Médico para el 18 y 19 de marzo no fue presentado ante la autoridad laboral. El funcionario defendió la política salarial del Gobierno y afirmó que los aumentos otorgados al sector sanitario superaron los índices de inflación.

El anuncio de un paro médico en San Juan abrió una nueva controversia entre el gremio que representa a los profesionales de la salud y el Gobierno provincial. La medida, difundida a través de redes sociales por el Sindicato Médico de San Juan, prevé una huelga de 48 horas para los días 18 y 19 de marzo en reclamo de mejoras salariales.

Sin embargo, desde la Provincia señalaron que la medida de fuerza no fue formalizada ante la Subsecretaría de Trabajo de San Juan, instancia administrativa necesaria para su validación legal.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, manifestó que el anuncio generó sorpresa dentro del Gobierno, especialmente porque las negociaciones con el gremio continúan abiertas.
“Publicaron el llamamiento a paro, pero no está presentado formalmente. Nos llamó la atención porque el viernes estaba programada una reunión entre el sindicato y Hacienda. Esa reunión pasó a cuarto intermedio para retomarse esta semana”, explicó el funcionario.

En ese sentido, sostuvo que el conflicto debería resolverse en el marco del diálogo institucional. “Estamos convencidos de que en una mesa de diálogo se solucionan las cosas.

Por supuesto, tienen derecho a reclamar, pero tanto los sindicatos como el ministerio tenemos la obligación y responsabilidad institucional de llevar tranquilidad a la gente”, afirmó.

Preocupación por la atención sanitaria

El titular de la cartera también hizo referencia a la inquietud que puede generar el anuncio de una medida de fuerza entre los pacientes que dependen del sistema público de salud.

Según expresó, muchas personas podrían sentirse angustiadas ante la posibilidad de que se suspendan turnos médicos, estudios o intervenciones programadas. “Muchos deben estar preocupados porque quizá tienen turno para una cirugía o algún estudio. Por eso buscamos llevar tranquilidad. No podemos estar improvisando”, señaló.

El debate por los salarios

Uno de los puntos centrales de la disputa radica en la situación salarial del sector médico. Mientras desde el sindicato se denuncian ingresos congelados y deterioro del poder adquisitivo, el Gobierno provincial sostiene que los incrementos otorgados superaron la inflación.

De acuerdo con los datos expuestos por Dobladez, durante 2024 la inflación fue del 113%, mientras que el aumento salarial para el personal de salud alcanzó el 124%. En tanto, para 2025 el incremento llegó al 44,5%, frente a una inflación anual del 31%.
“No hay congelamiento. Hemos superado la inflación”, insistió el ministro.

A pesar de las diferencias públicas entre el Gobierno y el sindicato, las negociaciones continúan en marcha y se espera que en los próximos días haya nuevas reuniones para intentar acercar posiciones.

El futuro del paro anunciado dependerá, en gran medida, de si la medida de fuerza es formalmente presentada y de la evolución de las conversaciones entre el gremio médico y las autoridades del Ministerio de Salud de San Juan.

En un escenario de tirantez ascendente en el sector público provincial, la resolución del conflicto será clave para evitar que la disputa salarial impacte en la prestación de un servicio esencial como la salud.

En el marco de un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, dirigentas sindicales de distintos sectores cuestionaron la reciente reforma laboral y advirtieron que su implementación profundizará las desigualdades estructurales que ya enfrentan las mujeres en el mercado de trabajo. Denuncian precarización, brechas salariales persistentes y una legislación que —afirman— ignora la perspectiva de género.

El mundo del trabajo en la Argentina exhibe brechas históricas que, lejos de reducirse, amenazan con ampliarse en el actual contexto económico. En medio de cierres de empresas, despidos y retracción del empleo formal, las trabajadoras aparecen entre los sectores más expuestos a las consecuencias del ajuste.

Los datos reflejan esa realidad con claridad. Los ingresos de los varones superan entre un 27,3 y un 29 por ciento a los de las mujeres, una diferencia que se amplía hasta el 40 por ciento en el empleo informal. Además, los sectores más feminizados continúan siendo los de menores salarios: el trabajo doméstico, por ejemplo, registra una participación femenina del 98,8 por ciento.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la tasa de actividad de las mujeres alcanza el 52,6 por ciento, mientras que la de los varones llega al 70,1 por ciento. También se registra una brecha en la desocupación —7,4 por ciento para mujeres frente al 5,9 por ciento en varones— y mayores niveles de informalidad femenina.

Este escenario, advierten las organizaciones sindicales, podría agravarse con la implementación de la nueva Ley de Modernización Laboral, reglamentada recientemente por el gobierno nacional.

El impacto en sectores altamente feminizados

Las consecuencias se sienten con especial intensidad en ámbitos donde la participación femenina es mayoritaria.

“Represento a un colectivo de trabajadores profesionales y técnicos donde el 80 por ciento somos mujeres. Las condiciones laborales, el pluriempleo, las tareas de cuidado y la caída del salario nos afectan especialmente”, señaló Norma Lezana, titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan.

En ese sentido, explicó que el deterioro salarial obliga a muchas trabajadoras a multiplicar sus empleos para sostener ingresos. Sin embargo, esa estrategia encuentra límites claros cuando se combina con las responsabilidades de cuidado que recaen mayoritariamente sobre las mujeres.

Una mirada similar expresó María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), quien describió una situación “acuciante” dentro del sector sanitario.

“En muchos casos los salarios están por debajo de la línea de pobreza y se suman la precarización laboral y múltiples formas de contratación inestable”, sostuvo.

Boriotti también remarcó el peso desigual de las tareas domésticas y de cuidado: aunque cada vez más varones participan de ellas, las estadísticas muestran que las mujeres continúan dedicando muchas más horas a estas actividades, generalmente sin remuneración.

A ese panorama se agregan —según denunció— recortes en programas vinculados a la salud sexual y reproductiva, como los destinados a la prevención del embarazo adolescente o las políticas que garantizan la interrupción voluntaria del embarazo.

Movilización y resistencia sindical

El rechazo a la reforma laboral será uno de los ejes centrales de las movilizaciones convocadas en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Las secretarías de género de la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la UTEP y la Corriente Clasista y Combativa convocaron a una jornada de protesta que incluirá una marcha desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo.

Las organizaciones sostienen que el país atraviesa “un escenario complejo de ajuste, precarización, cierre de fábricas y despidos” que, aseguran, profundiza la feminización de la pobreza.

Además, denuncian el desfinanciamiento de programas sociales y el retiro del Estado en áreas vinculadas a la protección de los derechos de mujeres y diversidades.

La voz de las trabajadoras

En el ámbito sanitario, las dirigentes advierten que el contexto actual también se expresa en conflictos laborales concretos.

Desde el Hospital Garrahan, Norma Lezana denunció presiones y sanciones contra trabajadores que participaron en protestas sindicales.

“Nos quieren estigmatizar porque reclaman que seamos silenciosas y obedientes. Pero las mujeres podemos ser científicas, médicas, representantes sindicales, militantes, madres y todo lo que queramos ser”, afirmó.

Para las organizaciones de mujeres trabajadoras, el momento exige fortalecer la unidad y la movilización social.

A más de un siglo de las primeras luchas por los derechos laborales de las mujeres, el debate sobre la igualdad en el mundo del trabajo sigue vigente. Las dirigentas sindicales coinciden en que la reforma laboral abre un nuevo capítulo de disputa, donde la perspectiva de género se vuelve un punto central.

En ese escenario, las trabajadoras advierten que la modernización del sistema laboral no puede construirse sobre bases que ignoren las desigualdades existentes. Por el contrario, sostienen que cualquier reforma debería orientarse a reducir las brechas, garantizar derechos y reconocer el valor social del trabajo de cuidado.

Mientras tanto, el movimiento sindical femenino anticipa que el reclamo seguirá en las calles.
“Seguiremos debatiendo, organizándonos y resistiendo”, resumió Boriotti. “Porque la igualdad en el trabajo no es sólo una consigna: es una deuda histórica que aún espera ser saldada”.