Tras la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno de Javier Milei, gremios universitarios, científicos y estatales alertaron sobre un ajuste sin precedentes que, aseguran, pone en riesgo el desarrollo productivo, el sistema educativo y la investigación nacional.

La aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 en el Senado de la Nación encendió una fuerte reacción en amplios sectores gremiales y sindicales, que cuestionaron duramente el rumbo fiscal elegido por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto fue sancionado este viernes con 46 votos a favor, una abstención y 25 en contra, en una votación que marcó un hecho político relevante: el peronismo de la Cámara alta se mostró dividido por primera vez desde la asunción del nuevo oficialismo.

Los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) acompañaron al Gobierno en la votación en general, lo que desató críticas de organizaciones sindicales y del arco opositor, que los señalaron por convalidar un esquema presupuestario considerado regresivo.

El Presidente celebró el resultado como “un hecho histórico”, al destacar que no existen antecedentes de un presupuesto con equilibrio fiscal aprobado por un espacio no peronista con una mayoría tan amplia. El texto aprobado prevé gastos totales por 148 billones de pesos, un superávit primario del 1,2% del PBI y un superávit financiero del 0,3%. Además, proyecta para 2026 una inflación del 10,1% y un crecimiento económico del 5%.

Sin embargo, detrás de esos números macroeconómicos, los gremios advierten un fuerte retroceso en áreas estratégicas. El Presupuesto elimina el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que fijaba un piso mínimo del 6% del PBI para el sector, mantiene congelado el bono para jubilados y reduce un 28,9% la ayuda alimentaria destinada a comedores comunitarios.

El artículo 30 y la alarma en el sistema educativo y científico

Uno de los puntos más cuestionados es el Artículo 30, que suprime los pisos de financiamiento para educación, ciencia y tecnología. Para los sindicatos, esta modificación habilita un ajuste discrecional que pone en riesgo no solo el próximo ciclo lectivo, sino también la continuidad de proyectos de investigación y desarrollo productivo.

Desde CTERA, CONADU Histórica y organismos como el INTA coincidieron en que la medida sienta las bases para una virtual desarticulación del sistema científico-tecnológico nacional. “El objetivo es la extinción de la educación, la ciencia y la tecnología en todos sus niveles”, advirtieron en comunicados conjuntos.

La Confederación de Trabajadores de la Educación denunció además la inconstitucionalidad de la eliminación de los pisos de inversión. En la misma línea, Antonio Rosselló, economista y dirigente de CONADU Histórica, recordó que el 60% de la producción científica del país se realiza en universidades nacionales que hoy carecen de fondos suficientes. “Está en riesgo el comienzo del ciclo lectivo. Con salarios de 250 mil pesos no se puede vivir. Ni siquiera Martínez de Hoz hizo esto”, afirmó.

El mapa del ajuste: cifras que preocupan

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) detallaron el alcance del recorte en distintas áreas del Estado. Según el gremio, la Función Ciencia, Tecnología e Innovación sufre una caída del 48,8%; el CONICET, del 39%; la Agencia Nacional de Discapacidad, del 27%; Educación y Cultura, del 47,3%; y las asignaciones familiares, un 87,5%.

También se registran fuertes recortes en la Comisión Nacional de Energía Atómica (-53%), el INTA (-45%), el INTI (-49%), el desarrollo de la educación superior (-33,8%) y la gestión de becas estudiantiles, que prácticamente desaparecen con una reducción del 76,6%.

ATE subrayó además que la única partida con crecimiento real es la correspondiente a la ex SIDE, que aumenta un 19%. “Algún día tendrán que explicar a dónde va a parar y qué hacen con tanta plata”, señalaron desde el sindicato.

Una advertencia sobre el futuro

El titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Carlos Schmid, sintetizó el rechazo gremial con una definición contundente: “Se acaba de sancionar el atraso de la Argentina. Hoy la riqueza está en el conocimiento, y por eso se disputan el liderazgo global China y Estados Unidos. Lamentablemente, hemos decidido ser ignorantes”.

Mientras el Gobierno reivindica el equilibrio fiscal como pilar de su programa económico, los gremios advierten que el costo del ajuste recae sobre las bases mismas del desarrollo nacional y anticipan un año de conflicto creciente en defensa de la educación, la ciencia y el trabajo.

Lejos de tratarse de una etapa transitoria, el programa de privatizaciones que impulsa el presidente Javier Milei se proyecta más allá de 2026 y alcanza a empresas consideradas estratégicas. La necesidad de reforzar reservas y reducir el gasto público se impone como eje central del modelo libertario, aun a costa de resignar herramientas clave de soberanía económica y control estatal.

La hoja de ruta oficial contempla avanzar con la venta o concesión de firmas que históricamente cumplieron un rol estratégico para el funcionamiento del Estado y la economía. Entre las compañías ya incluidas en el esquema de desestatización figuran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

A ese conjunto se suman Fabricaciones Militares, la Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), la Casa de Moneda y la agencia nacional de noticias Télam, cuya continuidad como empresa estatal también aparece severamente comprometida. En todos los casos, la lógica oficial apunta a transferir al sector privado funciones que hasta ahora permanecían bajo control público.

La ofensiva privatizadora incluye además compañías de gran peso económico y social. Entre ellas se destacan Transener, responsable del sistema de transporte eléctrico de alta tensión; las represas hidroeléctricas, claves para la matriz energética nacional; y AySA, la empresa que provee agua potable y servicios cloacales al Área Metropolitana de Buenos Aires, uno de los conglomerados urbanos más grandes de América Latina.

El cambio societario como paso previo

Como parte de esta estrategia, el Gobierno completó el proceso de transformación de las Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA), un paso técnico pero determinante para facilitar futuras privatizaciones. La última conversión se formalizó esta semana con la inscripción en el Registro Público de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

La medida se apoya en el artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso que todas las empresas con participación estatal —sin importar su forma jurídica— se transformen en sociedades anónimas y queden sujetas a la Ley General de Sociedades N.º 19.550. El objetivo declarado es eliminar prerrogativas públicas y equiparar su funcionamiento al de cualquier firma privada, allanando el camino para su eventual venta.

Energía y transporte, en el centro del plan

La prioridad del Gobierno está puesta especialmente en los sectores de energía y transporte, considerados estratégicos tanto por su impacto fiscal como por su potencial atractivo para inversores privados. En ese marco, aparecen Corredores Viales, que administra unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales; Enarsa, la empresa estatal de energía; Intercargo, prestadora de servicios aeroportuarios que ya despertó el interés de capitales franceses; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía, eje central del comercio exterior argentino.

Detrás de esta avanzada se destaca el rol del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se convirtió en una pieza clave del engranaje libertario. Desde su cartera, impulsa una estrategia orientada a desarticular la infraestructura logística estatal y transferirla al sector privado, bajo la premisa de eficiencia, competencia y reducción del gasto público.

La continuidad del programa privatizador más allá de 2026 confirma que no se trata de una política coyuntural, sino de un cambio estructural en la concepción del Estado. Para el Gobierno de Javier Milei, la reducción del sector público y la obtención de recursos frescos prevalecen sobre cualquier consideración vinculada a la soberanía económica o al carácter estratégico de las empresas involucradas.

El debate de fondo, cada vez más visible, gira en torno a qué Estado quedará en pie tras este proceso y cuáles serán los costos sociales, productivos y políticos de una desestatización sin precedentes en las últimas décadas.

Con la oficialización de tres días no laborables con fines turísticos, el Ejecutivo busca impulsar el turismo interno y generar fines de semana extralargos en un año atravesado por la recesión y la caída del consumo.

El Gobierno nacional oficializó el calendario definitivo de feriados y días no laborables para 2026, incorporando tres “puentes turísticos” que darán lugar a fines de semana extralargos de cuatro días consecutivos. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Los días no laborables adicionales serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Según el Ejecutivo, el objetivo es fomentar el turismo interno, facilitar la planificación de actividades recreativas y dinamizar sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

Se trata de una herramienta ya utilizada en años anteriores, que apunta a compensar la estacionalidad del turismo y a generar movimiento económico en contextos de bajo consumo.

Diferencias entre sector público y privado

Los días no laborables con fines turísticos se suman a los feriados establecidos por la Ley N.º 27.399. En el sector privado, su otorgamiento queda a criterio del empleador, mientras que en la administración pública nacional suelen adoptarse como días de descanso efectivo.

Esta diferencia vuelve a poner en discusión la heterogeneidad de derechos según el sector de actividad, en un escenario laboral marcado por la precarización y la pérdida de poder adquisitivo.

Calendario completo de feriados y días no laborables 2026

Enero
Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).
Febrero
Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).
Marzo
Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).
Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.
Agosto
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable, sin modificación).
Octubre
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, sin cambios).
Noviembre
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del viernes 20 para generar fin de semana largo).
Diciembre
Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

Turismo como paliativo económico

La confirmación de los “puentes” turísticos llega en un contexto económico complejo, con caída del salario real y retracción del consumo. Si bien estas medidas generan alivio en economías regionales vinculadas al turismo, también exponen la dependencia de políticas de corto plazo para sostener sectores afectados por la recesión.

El calendario 2026 ofrece previsibilidad para trabajadores y empresas, pero deja abierta una discusión de fondo: hasta qué punto los fines de semana largos pueden compensar un escenario de pérdida de ingresos y deterioro del empleo.