La organización sindical cuestionó no haber sido convocada a una reunión con autoridades de Santa Cruz y reclamó respuestas por el Bono de Producción y las denuncias de persecución sindical en empresas contratistas. Su secretario general, Marcelo Mena Muñoz, pidió que el diálogo incluya a todas las entidades con representación efectiva en los yacimientos.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) reclamó su incorporación a las instancias de diálogo que el Gobierno de Santa Cruz mantiene con representantes de los trabajadores mineros y cuestionó no haber sido convocada a una reciente reunión con autoridades provinciales encabezadas por el gobernador Claudio Vidal.

El gremio sostuvo que su participación resulta necesaria por la representación que ejerce sobre trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos de la minería, tanto de empresas operadoras como de firmas contratistas. En ese sentido, planteó que las decisiones gubernamentales vinculadas con empleo, condiciones laborales y relaciones gremiales deben contemplar a todas las organizaciones con personería y presencia efectiva en los yacimientos.

El reclamo fue formulado por el secretario general de ASIJEMIN y titular de la Delegación Regional Sur, Marcelo Mena Muñoz, quien advirtió que la ausencia del sindicato en la reunión impidió llevar ante las autoridades una serie de cuestiones que continúan pendientes de resolución.

Entre ellas, la entidad ubicó la definición del Bono de Producción, una demanda que mantiene abierta con trabajadores de la minería, y los reclamos vinculados con presuntas situaciones de persecución sindical en empresas contratistas. Según ASIJEMIN, ambos asuntos continúan sin respuestas concretas para los trabajadores involucrados.

El sindicato remarcó que corresponde al Gobierno provincial intervenir dentro de sus competencias para encauzar los conflictos laborales y brindar definiciones que permitan evitar la prolongación de reclamos sin resolución. Por ese motivo, consideró que la reunión mantenida con representantes gubernamentales constituyó una oportunidad que podría haber sido aprovechada para abordar los planteos pendientes.

ASIJEMIN cuenta con Personería Gremial N° 1904 y tiene homologado el Convenio Colectivo de Trabajo N° 789/21. Desde esa posición institucional, la organización reivindicó su representación sobre trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos y reclamó que esa legitimidad sea contemplada en las conversaciones oficiales relacionadas con la minería santacruceña.

Mena Muñoz sostuvo que la participación gremial no debe limitarse a las discusiones salariales, sino extenderse a las cuestiones vinculadas con seguridad, condiciones de trabajo, desarrollo profesional y estabilidad laboral. Para el dirigente, incorporar a las entidades con representación efectiva permite que las decisiones contemplen la diversidad de funciones y realidades existentes dentro de los emprendimientos mineros.

La asociación anticipó que continuará realizando gestiones ante las autoridades provinciales y los organismos competentes para obtener respuestas sobre las problemáticas pendientes. La organización también insistió en la necesidad de consolidar un diálogo social que incluya a todas las representaciones gremiales reconocidas dentro de los yacimientos.

El planteo de ASIJEMIN vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las discusiones laborales vinculadas con la minería santacruceña incorporen a las distintas organizaciones que representan a los trabajadores. Para el gremio jerárquico, la participación gremialconstituye una condición necesaria para avanzar hacia definiciones concretas sobre derechos laborales y conflictos todavía abiertos.

Las estaciones de servicio comercializaron 1,36 millones de metros cúbicos durante julio, un 6,4% menos que en el mismo mes de 2025. En los primeros siete meses del año, el mercado acumuló una baja del 2,1% y quedó casi 10% por debajo del volumen registrado en 2023.

La venta de combustibles volvió a caer en julio y profundizó una tendencia que atraviesa buena parte de 2026. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación difundidos por Surtidores, las estaciones de servicio comercializaron 1.368.722 metros cúbicos durante el séptimo mes del año, frente a los 1.462.232 metros cúbicos del mismo período de 2025.

La diferencia fue de 93.510 metros cúbicos, equivalente a una contracción interanual del 6,4%. El resultado confirma, además, el sexto mes consecutivo con menor volumen vendido respecto del mismo período del año anterior.

La secuencia comenzó en febrero, cuando las ventas retrocedieron 1,67%. En marzo la disminución fue de 1,05%; en abril llegó al 2,38%; en mayo se ubicó en 0,20% y en junio alcanzó el 2,92%. Enero había mostrado apenas una variación positiva del 0,11%, insuficiente para modificar la tendencia posterior.

El acumulado de los primeros siete meses también refleja un mercado más reducido. Entre enero y julio se comercializaron 9,58 millones de metros cúbicos, contra 9,79 millones en igual período de 2025. En términos absolutos, son alrededor de 204.000 metros cúbicos menos, con una caída del 2,1%.

La comparación con 2023 muestra una pérdida de volumen todavía mayor. Durante los primeros siete meses de aquel año se habían vendido aproximadamente 10,64 millones de metros cúbicos. Frente a ese registro, el nivel actual se encuentra cerca de un 10% por debajo, una diferencia que adquiere especial relevancia para una red de estaciones cuyos costos operativos y márgenes dependen directamente del volumen despachado.

El retroceso de julio alcanzó tanto a las naftas como al gasoil. El gasoil G2 disminuyó 7,04% interanual, mientras que el gasoil G3 cayó 1,89%. Entre las naftas, la Súper registró la mayor contracción, con un descenso del 7,8%, y la Premium retrocedió 6,4%.

La menor demanda empieza a traducirse en una preocupación adicional para los empresarios de estaciones de servicio: la rentabilidad. Con menos litros vendidos, los establecimientos enfrentan mayores dificultades para sostener márgenes y afrontar gastos operativos, una combinación que puede postergar inversiones en infraestructura, mantenimiento y modernización de los puntos de expendio.

La distribución por compañías mantiene a YPF al frente del mercado. La petrolera estatal comercializó 762.779 metros cúbicos durante julio, seguida por Shell, con 311.193; AXION energy, con 166.111, y Puma Energy, con 77.301 metros cúbicos.

El comportamiento del mercado muestra así que la contracción no responde únicamente a una marca o a un tipo particular de combustible. La reducción se extendió sobre los principales productos y alcanzó al conjunto de las grandes cadenas de comercialización.

El dato de julio agrega presión sobre un mercado que ya había perdido volumen durante el primer semestre. Si la tendencia se mantiene durante los próximos meses, las estaciones de servicio deberán afrontar una segunda mitad del año con menor demanda y mayores dificultades para sostener niveles de inversión, mientras el consumo de combustibles queda como otro indicador de la evolución del poder de compra y del gasto de hogares y empresas.

Los gremios docentes y nodocentes confirmaron una huelga nacional para este jueves 27 y viernes 28 de agosto. En San Juan, ADICUS y SiDUNSJ adherirán a la medida, que también cuenta con el respaldo de autoridades de la UNSJ, estudiantes y trabajadores. Reclaman la aplicación de la Ley 27.795, recomposición salarial, actualización de becas y mayores partidas para gastos de funcionamiento. La protesta alcanzará el dictado de clases en las facultades y los colegios preuniversitarios.

La huelga profundiza un conflicto que ya lleva más de 300 días y que tiene como reclamo principal la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento de las Universidades Nacionales. La norma, sancionada por el Congreso y posteriormente ratificada frente al veto presidencial, establece mecanismos de actualización para salarios, becas y partidas destinadas al funcionamiento de las instituciones.

El reclamo universitario también incorporó el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Justicia. Autoridades de la UNSJ, representantes de ADICUS, SiDUNSJ, UDAP y APUNSJ, junto con la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), habían advertido en una conferencia de prensa que el Gobierno nacional mantiene sin ejecutar disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario.

Entre los puntos exigidos figura la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero dispone la convocatoria a negociaciones salariales y la actualización de los ingresos de docentes y nodocentes de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor desde diciembre de 2023. El segundo establece mecanismos de recomposición para las becas estudiantiles.

Los gremios sostienen que los salarios acumulan un deterioro cercano al 40% al incorporar las últimas variaciones de precios y cuestionan, además, la ausencia de una negociación paritaria que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, afirmó que ya transcurrieron más de 10 meses sin aplicación de la ley y cuestionó que el Ejecutivo tampoco haya cumplido resoluciones judiciales vinculadas con el financiamiento.

El deterioro no se limita a las remuneraciones. Las universidades advierten sobre el aumento de los costos de servicios e insumos, que según las autoridades sanjuaninas llegó a incrementarse alrededor de un 600% sin una actualización equivalente de las partidas destinadas al funcionamiento. El problema alcanza también a los hospitales universitarios y a la continuidad de programas de investigación y formación.

La situación salarial genera, además, preocupación por la permanencia de profesionales especializados dentro del sistema público. Docentes con formación de posgrado y dedicación exclusiva enfrentan ingresos que, según estimaciones difundidas por autoridades universitarias, requieren recomposiciones superiores al 50% para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023.

A esto se suma la reducción denunciada en el universo de beneficiarios de becas estudiantiles. De acuerdo con los datos expuestos por representantes universitarios, la cantidad de beneficiarios habría descendido de aproximadamente 1,8 millones a 600.000 a nivel nacional, un recorte que las organizaciones vinculan directamente con el deterioro de las condiciones de permanencia y cursado.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, calificó de “inaudito” el incumplimiento de una norma sancionada por el Congreso y cuestionó que el Poder Ejecutivo no avance con las disposiciones reclamadas por la comunidad universitaria. Desde las organizaciones sindicales, en tanto, señalaron la gravedad institucional que atribuyen al incumplimiento de decisiones de la Corte Suprema.

La huelga fue ratificada por la FEDUN, CONADU y FATUN luego de una nueva instancia judicial de conciliación que no permitió destrabar el conflicto. El Frente Sindical Universitario resolvió avanzar con la medida junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), mientras las organizaciones preparan nuevas acciones de visibilización, movilizaciones y clases públicas.

En San Juan, el paro constituye el primer tramo de un esquema de protesta que las organizaciones universitarias anticipan como progresivo. La definición busca elevar la presión sobre el Gobierno nacional antes de la discusión presupuestaria de 2027 y reclamar una respuesta que permita recomponer los salarios y garantizar el funcionamiento de la UNSJ.

Con las aulas nuevamente vacías durante dos jornadas, la comunidad universitaria volverá a colocar el financiamiento de la educación superior entre las principales demandas sindicales y educativas. En San Juan, la adhesión de docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades refleja que el reclamo excede la discusión salarial y alcanza el sostenimiento cotidiano de la universidad pública.