La Federación de Docentes de las Universidades señaló que la medida iniciada durante el jueves tuvo una adhesión casi total y continuará este viernes. El gremio reclama la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial y mayores recursos para las casas de altos estudios.

La medida incluye cese de tareas, clases públicas, movilizaciones y acciones de visibilización en distintas instituciones. Según FEDUN, el reclamo se produce después de más de 300 días desde la entrada en vigencia de la ley, sin que se hayan concretado sus disposiciones centrales.

El secretario general de la federación, Daniel Ricci, sostuvo que la adhesión demuestra la magnitud de la demanda dentro de la comunidad universitaria y advirtió que el incumplimiento de la normativa profundiza el deterioro de los ingresos, las becas y los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.

Uno de los principales reclamos está vinculado con el poder adquisitivo. Un informe elaborado por FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación, Ciencia y Tecnología (CIICTI) estima que los salarios universitarios acumulan una pérdida real del 23,8% desde noviembre de 2023. Para recuperar el nivel de compra de entonces, según ese estudio, sería necesario un incremento del 31,2%.

La federación también solicita financiamiento para becas, funcionamiento universitario, ciencia y tecnología. Para sus autoridades, la discusión excede la actualización de haberes y alcanza las condiciones necesarias para sostener la enseñanza, la investigación y la permanencia de los estudiantes.

El paro concluirá este viernes con nuevas acciones en las universidades nacionales. Desde FEDUN ratificaron la continuidad de sus demandas hasta recibir una contestación del Ejecutivo, señalando que la plena vigencia del marco legal actual se mantiene como el eje central del conflicto.

Prestadores y profesionales denuncian que la cadena de pagos permanece interrumpida y que algunos servicios adeudan prestaciones desde mayo. Ante la falta de respuestas, anunciaron la suspensión de tratamientos y una movilización para el lunes 31 de agosto, mientras Diputados postergó hasta septiembre el debate sobre la emergencia del sistema.

La falta de pagos a los prestadores generó una crisis y dejó sin recursos a los centros de atención a personas con discapacidad. Algunos trabajadores aseguran que todavía no cobraron servicios correspondientes a mayo y junio.

La demora se habría producido en el circuito que vincula a las obras sociales, la Superintendencia de Servicios de Salud y ARCA, aunque los prestadores aseguran desconocer en qué punto quedó frenada la transferencia de recursos.

El mecanismo comienza cuando los profesionales facturan sus servicios a las obras sociales. Luego, las prestaciones son presentadas ante la Superintendencia, que interviene en la liquidación de los fondos destinados a discapacidad. La interrupción en alguno de esos pasos terminó paralizando los pagos a quienes brindan directamente los tratamientos.

Ante la falta de respuestas, organizaciones de profesionales anunciaron que desde el lunes 31 de agosto suspenderán tratamientos y realizarán movilizaciones. El reclamo alcanza a terapistas, psicólogos, fonoaudiólogos y otros trabajadores vinculados con la atención de personas con discapacidad.

Un aumento que no alcanza

El conflicto se profundizó pese a que el Gobierno oficializó el martes un incremento del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

La Resolución 2775/2026, firmada por el secretario Alejandro Alberto Vilches, estableció la actualización correspondiente a agosto en función de la variación del IPC registrada en julio.
Para los prestadores, sin embargo, el aumento pierde efecto frente a la falta de transferencia de los fondos. “Por un lado, te dan un aumento y por otro, no te lo pagan”, cuestionó una profesional consultada sobre la situación.

Desde la Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba (Capredis) señalaron que la demora podría estar relacionada con una menor recaudación de ARCA, vinculada a la caída del empleo formal. La entidad advirtió que, si la interrupción persiste, podría quedar comprometida la continuidad de las prestaciones para miles de personas.

Diputados postergó el debate

La crisis también llegó al Congreso. La oposición intentó incorporar el tratamiento de la emergencia en discapacidad durante la sesión del miércoles, pero no consiguió la mayoría necesaria. La propuesta obtuvo 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones.

La Libertad Avanza y el PRO rechazaron el pedido, mientras que la UCR y el MID se abstuvieron. Sin embargo, los bloques opositores sostuvieron que cuentan con los votos necesarios para avanzar posteriormente mediante una sesión especial. El tratamiento quedó previsto para el 9 de septiembre a las 12.

Mientras tanto, el reclamo se extiende por distintas provincias. En Mar del Plata hubo una convocatoria bajo la consigna “Trabajamos, cumplimos, no cobramos”, mientras que en Córdoba los prestadores declararon el estado de alerta.

La suspensión anunciada para el lunes suma presión sobre el Gobierno y vuelve a colocar el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad en el centro de la discusión, con profesionales que reclaman cobrar por servicios ya brindados y garantías para sostener la atención.

El Gobierno nacional homologó el acuerdo de la Rama 21 siderúrgica firmado por la UOM y las empresas el 13 de agosto. El entendimiento contempla una mejora del 12%, sumas extraordinarias de hasta $1,6 millones y la incorporación de los porcentajes al salario básico desde enero de 2027.

La Secretaría de Trabajo de la Nación, encabezada por Julio Cordero, homologó el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las empresas siderúrgicas correspondientes a la Rama 21 del Convenio Colectivo 260/75.

El entendimiento había sido alcanzado el 13 de agosto, por lo que la aprobación administrativa llegó apenas 13 días después. La rapidez del trámite contrasta con una negociación que permaneció abierta durante aproximadamente dos años sin alcanzar un acuerdo definitivo.

El convenio establece un incremento total del 12%, instrumentado mediante sumas no remunerativas. El primer 6% se aplicará durante agosto, septiembre y octubre, mientras que el segundo 6%, no acumulativo, regirá durante noviembre y diciembre.

Los porcentajes acordados pasarán a integrar los salarios básicos de convenio desde el 1° de enero de 2027, conforme a las condiciones fijadas en el entendimiento.

Bono extraordinario

La negociación también contempla una compensación extraordinaria para los trabajadores. Los empleados propios de las compañías siderúrgicas recibirán una suma de $1.600.000, mientras que para quienes pertenecen a empresas contratistas se estableció un monto equivalente al 80%, de $1.280.000.

El pacto fue alcanzado por la comisión paritaria de la UOM designada por el interventor judicial del sindicato, Alberto Biglieri, junto con representantes de las compañías del rubro.

El cierre de una negociación extensa

La resolución puso fin a una prolongada disputa salarial que había atravesado distintas instancias de negociación. El proceso se reactivó con la conformación de una mesa de delegados paritarios, en medio de la intervención judicial del gremio y el desplazamiento de Abel Furlán.

La decisión de la autoridad laboral formaliza así un acuerdo largamente esperado por los trabajadores siderúrgicos y establece el esquema de ingresos que regirá hasta comienzos de 2027.