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El ministerio de Trabajo dispuso la prorroga del mandato hasta el 31 de agosto próximo

El secretariado nacional de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA)- que encabeza Héctor Laplace- informó sobre la disposición del Ministerio de Trabajo de la Nación por el cual se extiende hasta el 31 de agosto próximo los mandatos de las autoridades sindicales. A tal fin, la AOMA difundió los alcances de las disposiciones establecidas por la autoridad competente para disponer la extensión de los mandatos de las actuales autoridades en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19.

En los considerandos de la norma se estableció que en el marco de la ampliación de la declaración de emergencia pública en materia sanitaria, el Ministerio de Trabajo “ha dictado sucesivas normas para resolver la problemática institucional de las organizaciones sindicales reguladas por la Ley Nº 23.551, procurando evitar mayores contagios y que se asuman conductas que podrían poner en peligro la salud de las personas, decisión justificada en el marco de la emergencia sanitaria y el contexto general de incertidumbre que tal situación produce para los órganos de representación sindical y la conformación de la voluntad colectiva”.

En este sentido, agregó que “la vigencia de la emergencia sanitaria y el desconocimiento sobre el momento en que la evolución de la pandemia permita dar por finalizada la emergencia referida, genera situaciones de incertidumbre que resultan contraproducentes a los fines del ejercicio de las representaciones correspondientes al ámbito de las asociaciones sindicales» y que «la referida emergencia sanitaria conlleva la posibilidad de un rebrote del virus COVID-19, como ya acontece en distintas regiones del mundo”.

Cabe resaltar que AOMA con anterioridad a la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, había convocada a los congresos Ordinario y Extraordinario para abril de 2020, En el primero se analizaría las cuestiones inherentes a los balances institucionales, en cambio la otra convocatoria todo lo referido a las elecciones que determinarían las autoridades para el período 2020-2024, ambas reuniones no se realizaron y se ajustaron a las normativas emanadas desde el Ministerio de Trabajo que regula a las entidades sindicales.

Ante esta situación, la cartera laboral dispuso recientemente prorrogar el plazo establecido por la Resolución 1199/20 “hasta el 31 de Agosto de 2021″ y también amplió “la prórroga del plazo establecido en el artículo 2° de la Resolución citada por el plazo de 180 días, a partir del 31 de agosto de 2021”.

La norma exceptúa de la prórroga de mandatos a “aquellas asociaciones sindicales, federaciones y confederaciones que hubieran culminado su proceso eleccionario de renovación de autoridades con anterioridad al 16 de marzo de 2020”.

Asimismo, se estableció que “los actos institucionales emanados de los órganos directivos de las asociaciones sindicales, necesarios para el normal cumplimiento de la vida sindical, podrán materializarse de manera virtual, por cualquiera de las plataformas utilizables a tal efecto, debiendo los intervinientes suscribir los registros correspondientes una vez finalizada la situación de emergencia”.

Por último, AOMA, difundió que la misma Resolución instruye a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales a “analizar y autorizar a petición de las entidades sindicales, la realización de las asambleas, congresos o actos que fueren factibles llevar a cabo, y a coordinar las acciones necesarias a fin de determinar los requisitos y cronogramas que reúnan las mejores condiciones sanitarias y de seguridad, en el marco de la pandemia de COVID-19 prestando especial atención a las razones de salud pública que motivan la presente, la situación de cada jurisdicción y el mantenimiento de la regularidad institucional, administrativa y contable de las entidades” termina señalando la decisión del gobierno.

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Marcelo Mena: “La única forma de equilibrar la relación laboral es con sindicatos fuertes”

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular nacional de ASIJEMIN y referente de la Mesa sindical, Marcelo Mena, cuestionó duramente el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno, denunció una medición irreal de la inflación y confirmó la participación activa de más de 70 gremios en la movilización del 18 de diciembre convocada por la CGT y las CTA.

Mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de gestión, una porción creciente de la sociedad observa con preocupación un escenario marcado por el aumento del desempleo, la precarización laboral y la pérdida sostenida del poder adquisitivo. En ese contexto, el proyecto de reforma laboral se convirtió en el eje de un nuevo conflicto político y social que ya tiene fecha de expresión en las calles.

Marcelo Mena, titular nacional del sindicato de Jerárquicos mineros e integrante de la Mesa Sindical, confirmó que el movimiento obrero organizado se movilizará masivamente el próximo 18 de diciembre, en consonancia con la convocatoria de la CGT y las CTA. “La gran mayoría de los sindicatos industriales y de mayor capacidad de convocatoria van a estar presentes. Desde la mesa sindical somos más de 70 organizaciones y vamos a marchar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en cada provincia del país”, sostuvo.

Mena explicó que, aunque muchos de los gremios que integran la Mesa Sindical tienen estructuras más pequeñas y menor incidencia nacional individual, el peso colectivo “cambia el panorama” y refuerza la capacidad de respuesta frente a un proyecto que, según advierte, amenaza la esencia del derecho del trabajo.

“El 18 se va a ver la manifestación en la calle, pero el trabajo empieza mucho antes. En fábricas, yacimientos y establecimientos se está organizando a los trabajadores para explicarles que el sindicato no es un obstáculo, sino la única herramienta real para equilibrar la relación con la patronal”, señaló. En ese sentido, cuestionó lo que definió como una “miopía ideológica” que busca deslegitimar al sindicalismo y fragmentar al movimiento obrero.

Lejos de negar errores históricos, Mena reconoció que “hubo dirigentes que se equivocaron”, pero advirtió que eso no puede ser argumento para desmantelar la organización colectiva. “La única forma de proteger derechos y sostener conquistas es con sindicatos fuertes y con buena salud institucional”, afirmó.

Respecto al contenido de la reforma laboral, el dirigente fue categórico: “Estas modificaciones no buscan modernizar, sino atomizar la fuerza de los trabajadores, debilitar la negociación colectiva y, en muchos casos, directamente anularla”. Para Mena, el objetivo de fondo es favorecer un esquema económico que concentra poder y reduce la capacidad de defensa del empleo.

El cuestionamiento también se extiende al plano económico. Desde la Mesa Sindical denuncian que la inflación que informa el INDEC no refleja el impacto real en la vida cotidiana. “Uno va a la estación de servicio, al comercio, a comer afuera o simplemente a hacer las compras diarias y se da cuenta de que el 2,5% no es real. Hay un acumulado mucho mayor”, afirmó. Si bien reconoció una desaceleración inflacionaria, sostuvo que “no está bajando como el Gobierno lo plantea”.

Mena fue aún más duro al evaluar el rumbo económico: “Este esquema fracasó. Nadie pide plata cuando le sobra, y si están pidiendo es porque no alcanza. Ajustar salarios y derechos no garantiza progreso”. En contraposición, defendió un modelo que combine orden fiscal con incentivos a la productividad, sin recortar derechos laborales. “Está demostrado en otros países que incluso reduciendo la jornada laboral se puede aumentar la productividad”, subrayó.

Incluso citó declaraciones de asesores cercanos al oficialismo que reconocen que la reforma no generará empleo. “Hasta ellos mismos admiten que no va a crear trabajo. Es difícil sostener una mentira tan grande sin tropezar”, lanzó.

Con un tono firme y sin eufemismos, Marcelo Mena sintetiza una postura que atraviesa a buena parte del sindicalismo argentino: la reforma laboral, tal como está planteada, no representa una modernización sino un retroceso estructural. Frente a un escenario de ajuste, inflación discutida y pérdida de derechos, el movimiento obrero apuesta a la unidad y a la movilización como herramientas centrales de resistencia. El 18 de diciembre aparece así no solo como una protesta, sino como una señal política clara de que el conflicto entre el Gobierno y los trabajadores está lejos de cerrarse.

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Paros de controladores aéreos amenazan los vuelos nacionales durante las fiestas

ATEPSA anunció un paro progresivo a partir del 18 de diciembre en reclamo de mejoras salariales y por presuntos incumplimientos paritarios por parte de EANA. El conflicto podría escalar e impactar en vuelos nacionales e internacionales en pleno comienzo de la temporada alta.

La tranquilidad previa a las fiestas de fin de año quedó en suspenso tras el anuncio de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). El gremio adelantó un plan de lucha progresivo que comenzará el miércoles 18 de diciembre y que amenaza con interrumpir o demorar vuelos en todos los aeropuertos del país.

El detonante del conflicto está en los reclamos salariales y en lo que los trabajadores denuncian como incumplimientos paritarios por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). También señalan el desconocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, la “falta de diálogo” y la ausencia de respuestas a los planteos elevados en los últimos meses.

La medida se definió en una asamblea en la sede central de EANA, donde los controladores expresaron su “repudio a la falta de negociación” y ratificaron que retomarán un plan de acción iniciado el 3 de noviembre y que había quedado en suspenso por la conciliación obligatoria dictada en agosto.

Aumenta la tensión: paros progresivos y la posibilidad de escalar a vuelos internacionales

ATEPSA informó que el cese de actividades comenzará afectando a los vuelos nacionales, pero advirtió que, de persistir el conflicto, las medidas podrían extenderse a los vuelos internacionales, complicando uno de los períodos de mayor demanda de todo el año.

Aunque el gremio todavía no difundió el cronograma detallado, anticipó que durante los próximos días realizará asambleas nacionales para definir horarios, modalidades y alcances de cada instancia del plan de lucha. “Meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un convenio colectivo desconocido”, argumentaron desde el sindicato.

Desde la empresa, en cambio, aseguran que el acuerdo paritario sigue vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales, una postura que profundizó el malestar entre los controladores.

Un conflicto que se agrava por el deterioro del diálogo

La reactivación de la protesta refleja la falta de avances en las negociaciones. El gremio acusa a EANA de incumplir un acuerdo firmado hace más de dos meses, mientras que la empresa sostiene su posición y niega irregularidades. La distancia entre ambas partes llevó a un nuevo foco de tensión que amenaza con expandirse durante la temporada alta.

“Instamos a EANA a dar respuestas. Sin diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, advirtió ATEPSA. Para este viernes está prevista una audiencia en la Secretaría de Trabajo que buscará acercar posiciones y evitar una paralización que podría afectar a miles de pasajeros.

Desde EANA afirmaron que “el paro aún no está confirmado”, aunque no mostraron señales de flexibilizar la postura que originó el conflicto. Así, la principal expectativa para desactivar las medidas parece quedar en manos de la Secretaría de Trabajo, que podría dictar una nueva conciliación obligatoria, como ya ocurrió en reclamos anteriores.

Sin embargo, incluso esa alternativa sólo patearía la disputa hacia enero, otro mes de alto movimiento turístico, sin resolver de fondo la discusión salarial ni las diferencias sobre el convenio colectivo.

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Qué cambios traería la reforma laboral de Milei sobre vacaciones, jornada de trabajo y el banco de horas

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma laboral que introduce cambios significativos en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). La iniciativa, tratada en sesiones extraordinarias desde el 11 de diciembre, se centra en tres ejes: vacaciones, compensación de horas y régimen de jornada. En todos los casos, la premisa es la misma: ampliar los márgenes de negociación entre empleadores y trabajadores, tanto de forma individual como colectiva.

Vacaciones: posibilidad de fraccionar y mayor negociación

La reforma sustituye el actual artículo 154 de la LCT e introduce modificaciones que buscan flexibilizar el uso y la organización de las vacaciones anuales.

El primer cambio es la habilitación de acuerdos entre empleado y empleador para tomar vacaciones fuera del período legal comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de abril. Aunque ese marco continúa vigente, ya no será obligatorio: ambas partes podrán modificarlo por acuerdo individual o colectivo.

El segundo punto central es la posibilidad de fraccionar las vacaciones, que podrán dividirse siempre que cada tramo no sea inferior a 7 días corridos. Esto representa un giro respecto del esquema tradicional, en el que el período de descanso solía tomarse mayormente de forma continua.

También se amplía el margen de la negociación colectiva para fijar otros sistemas de notificación del período vacacional, más allá de los 30 días que exige hoy la LCT. Y se establece una garantía mínima: todos los trabajadores deberán gozar de sus vacaciones al menos una vez cada tres años durante la temporada de verano.

Banco de horas y compensación: un nuevo régimen para las horas extra

Uno de los cambios más relevantes del proyecto es la incorporación del artículo 197 bis, que formaliza la posibilidad de crear un banco de horas. Este mecanismo, utilizado en sistemas laborales flexibles, permite compensar horas trabajadas de más en determinados días con descansos equivalentes en otros.

El proyecto permite que empleador y trabajador acuerden voluntariamente un sistema de compensación de horas extraordinarias, que también puede ser pactado con la representación sindical de la empresa. El acuerdo deberá formalizarse por escrito y respetar los descansos mínimos legales.

El texto menciona expresamente la habilitación de horas extras compensables, francos compensatorios y banco de horas, siempre bajo un método fehaciente de control que permita a las partes registrar con claridad las horas trabajadas y las horas acumuladas para su uso posterior.

Jornada laboral por promedio: una nueva lógica de organización del tiempo de trabajo

Otro punto clave es la modificación del artículo 198 de la LCT, que abre la posibilidad de establecer jornadas calculadas por promedio mediante acuerdos colectivos. Esto significa que el límite legal de la jornada podrá medirse de manera flexible, compensando períodos de mayor carga horaria con otros de menor intensidad.

El proyecto además establece que el banco de horas podrá utilizarse como instrumento para equilibrar días con jornadas más largas, respetando siempre los descansos mínimos: 12 horas entre jornada y jornada y 35 horas de descanso semanal.

En la práctica, este esquema permitiría adaptar la jornada a las necesidades de sectores con picos de actividad, creando una dinámica más variable que la establecida por la normativa actual.

El proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno impulsa un cambio profundo en la estructura de la Ley de Contrato de Trabajo: introduce flexibilidad en las vacaciones, habilita acuerdos individuales para organizar las horas extra mediante un banco de horas y permite que la jornada se calcule por promedio. Mientras el oficialismo sostiene que estas herramientas modernizan la regulación laboral, la discusión en el Congreso promete ser intensa: el impacto sobre la estabilidad, el descanso y la previsibilidad laboral será el centro del debate en las semanas por venir.

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