La Confederación General del Trabajo confirmó un paro nacional con movilización para el martes 10 de febrero, en coincidencia con el debate de la reforma laboral en el Senado. La central sindical denuncia un retroceso en derechos adquiridos y cuestiona la falta de diálogo del Gobierno con las organizaciones gremiales. La medida de fuerza tendrá alcance federal y prevé movilizaciones en las principales ciudades del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde las columnas sindicales confluirán frente al Congreso.

El anuncio se produjo luego de la masiva movilización del pasado 18 de diciembre en Plaza de Mayo y marca una nueva escalada en el conflicto entre el Ejecutivo y el movimiento obrero organizado. Desde la central sindical advirtieron que la iniciativa oficial representa un avance sobre derechos laborales históricos y una profundización de la precarización del empleo.

“Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización en todo el país”, afirmó el secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, al ratificar la convocatoria. En la misma línea, el secretario general Jorge Sola sostuvo que el proyecto “constituye un ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores” y reclamó la apertura de instancias de negociación reales con los gremios.

La huelga impactará de lleno en sectores clave de la actividad económica y social. Se verán afectados el transporte público, la administración pública, los bancos, la recolección de residuos, la construcción y buena parte de la actividad industrial, entre otros rubros. La medida anticipa una jornada de fuerte conflictividad social y alto nivel de adhesión sindical.

A la vez, el Gobierno nacional confirmó el corrimiento del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta para el 10 de febrero, con el argumento de buscar mayores consensos parlamentarios antes de su votación. Sin embargo, desde la CGT aseguran que no existe voluntad política de diálogo con el sindicalismo.

“El Gobierno impide una reforma laboral consensuada porque rechaza sentarse a negociar con las organizaciones de los trabajadores”, denunció el cosecretario general de la central, Cristian Jerónimo, quien remarcó que el proyecto oficialista debilita los mecanismos de negociación colectiva y altera el equilibrio entre capital y trabajo.

Con una inflación que golpea el consumo cotidiano y un tope salarial fijado por el Gobierno, los sindicatos encaran las paritarias con un clima de creciente malestar. Reclaman negociaciones libres, advierten sobre la pérdida del poder adquisitivo y anticipan un año de fuerte conflictividad laboral.

Aunque los índices oficiales buscan mostrar una desaceleración de la inflación, en la vida cotidiana de los trabajadores el deterioro del poder adquisitivo sigue siendo evidente. Los precios continúan en alza y los salarios corren desde atrás, un escenario que marca el pulso de las negociaciones paritarias que comenzarán a intensificarse en las próximas semanas.

En ese contexto, los gremios llegarán a las mesas de negociación con un reclamo común: rechazar el techo salarial del 1% mensual que impulsa el Gobierno nacional y exigir paritarias sin condicionamientos. “Reclamamos que las paritarias sean libres y reflejen la situación económica real de cada sector”, sintetizó un dirigente de la CGT, al expresar el clima interno del sindicalismo.

Desde la central obrera cuestionan la distancia entre los datos oficiales y la realidad económica. “En enero de 2025 el dólar oficial estaba en 1.032 pesos y hoy ronda los 1.495. Esa suba del 44,9% en un año es la verdadera inflación del gobierno de Javier Milei”, señaló un referente sindical, que consideró que el ancla salarial se convirtió en una herramienta de ajuste sobre los ingresos del trabajo.

Además, los gremios denuncian que el margen de negociación se encuentra virtualmente intervenido. “Quien condiciona las paritarias no es la Secretaría de Trabajo, sino el Ministerio de Economía, que no homologa acuerdos por encima del 1%”, advirtieron desde la CGT. Esa situación obligó a los sindicatos a recurrir a mecanismos alternativos, como sumas fijas no remunerativas, bonos extraordinarios y esquemas mixtos para evitar una mayor licuación salarial.

Gremios con acuerdos vigentes y revisiones próximas

Algunos de los sindicatos más numerosos ya cuentan con acuerdos firmados con anterioridad. Camioneros, conducido por Hugo Moyano, activó una cláusula gatillo que permitió una recomposición del 4,7% en los salarios, junto con el pago de un bono total de 840.000 pesos en cuatro tramos, de los cuales ya se abonó la primera cuota. Para febrero está prevista una suba adicional del 1%.

En el caso de los Empleados de Comercio, el gremio que lidera Armando Cavalieri cerró un acuerdo vigente hasta marzo. El esquema contempla el pago de una suma no remunerativa de 100.000 pesos durante el primer trimestre, que se incorporará al salario básico en abril, cuando se retomen las negociaciones con las cámaras empresarias.

La Asociación Bancaria mantiene desde hace años un sistema de actualización mensual atado a la inflación informada por el INDEC. Actualmente, el salario básico del sector supera los 2 millones de pesos y tendrá una nueva actualización en los próximos días. Para marzo, el gremio que conduce Sergio Palazzo prevé una discusión de fondo con las entidades públicas y privadas para redefinir la estrategia salarial.

Conflictos abiertos y advertencias de huelga

Otros sectores ya muestran señales de mayor confrontación. La Federación Aceitera y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, lograron recientemente un salario básico de 2.344.000 pesos tras una serie de protestas que paralizaron la actividad. Su titular, Daniel Yofra, fue categórico: “Si no hay respuestas, vamos a recurrir a las huelgas, porque es nuestra herramienta”.

La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga se prepara para discutir salarios partiendo de un piso de 1.300.000 pesos, mientras que en el convenio de Mercado Libre los ingresos promedio superan los 2.200.000. Su secretario general, Daniel Vila, alertó que la preocupación central “no es sólo la paritaria, sino la fuerte caída de la producción y el impacto en la economía doméstica”.

Sectores con conflicto latente

En el transporte, la UTA logró un básico de 1.682.000 pesos, pero arrastra tensiones por atrasos salariales y amenazas empresarias de pagar el aguinaldo en cuotas. El gremio reclama una nueva recomposición, mientras que las cámaras condicionan cualquier mejora a un aumento del boleto o una actualización de los subsidios.

La construcción también se encamina a una negociación compleja. La UOCRA y la UECARA reabrirán las paritarias tras haber actualizado salarios hasta enero. El reclamo incluirá una compensación por la pérdida del poder adquisitivo y una mejora salarial, en un sector golpeado por la paralización de la obra pública y la destrucción de puestos de trabajo.

En la industria automotriz, SMATA sostiene su esquema de negociación trimestral con actualización automática. Los salarios básicos oscilan entre 816.000 y 1.633.000 pesos según categoría, pero el gremio enfrenta un escenario adverso: caída de la producción nacional, mayor ingreso de autos importados y suspensiones en varias terminales.

Con salarios en retroceso, un techo paritario impuesto desde el Poder Ejecutivo y una inflación que sigue erosionando el ingreso real, los sindicatos anticipan una puja distributiva más intensa y no descartan medidas de fuerza si el Gobierno persiste en limitar las negociaciones. En ese marco, las paritarias vuelven a ocupar un lugar central en el debate económico y social, como termómetro del conflicto entre ajuste fiscal y derechos laborales.

La ejecución presupuestaria de 2025 confirma un recorte real cercano al 29% respecto de 2023. El ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei golpeó con fuerza a la salud, la seguridad social, la educación y la ciencia, mientras se sostienen partidas vinculadas a la deuda y crecen los fondos destinados a inteligencia.

Al cierre de 2025, la ejecución del presupuesto de la Administración Pública Nacional exhibe una contracción real cercana al 29% en comparación con 2023, consolidando uno de los ajustes fiscales más profundos de las últimas décadas. Así lo detalla un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que advierte sobre el impacto directo del recorte en áreas clave del Estado y sus consecuencias sociales, productivas y territoriales.

El informe señala que la reducción del gasto no fue homogénea, sino que se concentró en políticas públicas esenciales. Salud, educación, jubilaciones, ciencia y desarrollo social aparecen entre los sectores más castigados, en un contexto económico atravesado por el deterioro del poder adquisitivo, la caída del empleo y el aumento de la demanda social.

Prioridades presupuestarias bajo cuestionamiento

Mientras se aplicaron recortes profundos en partidas sensibles, algunos rubros registraron incrementos significativos. La ejecución de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, creció un 52% interanual, en contraste con la fuerte contracción del gasto social. A su vez, los Servicios de la Deuda Pública mantuvieron un peso relevante, concentrando cerca del 8% del gasto total, lo que refuerza el sesgo financiero del esquema presupuestario.

Incluso áreas tradicionalmente asociadas a la seguridad sufrieron desfinanciamiento. La Policía Federal registró una caída del 31% en su presupuesto, seguida por Gendarmería Nacional y Prefectura Naval (-29%), el Ejército (-18%), la Armada (-20%) y la Fuerza Aérea (-22%), lo que expone un ajuste transversal que también alcanza a las fuerzas federales y armadas.

Salud: programas desmantelados y organismos críticos en retroceso

En materia sanitaria, el ajuste resulta particularmente severo. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió una reducción del 72% de su presupuesto, mientras que los hospitales nacionales registraron caídas de entre el 20% y el 40%. Organismos estratégicos como el Instituto Malbrán y la ANMAT padecieron recortes superiores al 25%.

Además, el informe da cuenta de la eliminación directa de programas de atención sanitaria y prevención de enfermedades, debilitando la capacidad del sistema público de salud. Sólo el acceso a medicamentos y a tecnología médica mostró un crecimiento marginal, insuficiente para compensar el desfinanciamiento generalizado.

Seguridad social y desarrollo: el ajuste más crudo

El impacto también es profundo en el área de seguridad social y desarrollo humano. La ANSES registró una caída del 5%, mientras que organismos y programas orientados a los sectores más vulnerables fueron prácticamente desmantelados. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió un recorte del 73%, el INAES otro 73%, el Plan Nacional de Protección Social y Economía Social fue eliminado en su totalidad (-100%) y el apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia cayó un 90%.

A su vez, los programas de Comedores Comunitarios y Merenderos se redujeron en un 52%, afectando directamente a miles de familias que dependen de estas políticas para garantizar el acceso básico a la alimentación.

Ciencia, educación y obra pública: retroceso estructural

La ciencia y la educación pública figuran entre los sectores más perjudicados. El CONICET perdió un 32% de su presupuesto real, mientras que los programas de promoción científica sufrieron recortes superiores al 80%. En el ámbito educativo, iniciativas clave como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente fueron directamente eliminadas.

El ajuste se completa con una virtual paralización de la obra pública y del transporte, con caídas de hasta el 100% en los programas de infraestructura, y con un recorte casi total de las transferencias a provincias y municipios, profundizando las desigualdades territoriales y limitando la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales.

El balance presupuestario de 2025 refleja una contracción severa del rol del Estado en áreas estratégicas para el empleo, la inclusión y el desarrollo. El fuerte ajuste sobre políticas sociales, científicas y productivas, combinado con el sostenimiento del peso de la deuda y el refuerzo de partidas vinculadas a inteligencia, configura un escenario crítico para la sostenibilidad de derechos y políticas públicas básicas.