El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, avanzará desde abril con la eliminación del programa Volver al Trabajo, que otorgaba $78.000 mensuales a unos 900 mil beneficiarios. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, reemplaza la asistencia económica por un sistema de vouchers de capacitación en un escenario de deterioro del mercado laboral.

En una decisión que redefine el esquema de políticas sociales, el Gobierno nacional avanzará con la eliminación del programa Volver al Trabajo, una de las principales herramientas de transferencia de ingresos destinadas a sectores con dificultades de inserción laboral. La medida impactará sobre cerca de 900 mil personas que percibían una prestación mensual de $78.000 y que, desde abril, dejarán de recibir ese ingreso para acceder —de manera optativa— a un sistema de capacitación laboral mediante vouchers.

El cambio marca el cierre definitivo de la estructura heredada del programa Potenciar Trabajo y consolida un giro conceptual en la política social: el abandono de la asistencia directa en favor de esquemas orientados exclusivamente a la formación. Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo modelo busca promover la empleabilidad y reducir la dependencia de los planes sociales.

La transición ya comenzó a materializarse. Beneficiarios del programa han recibido notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les informa la finalización del beneficio y la posibilidad de inscribirse en el nuevo sistema de capacitaciones.

Volver al Trabajo había sido concebido como una instancia intermedia entre la asistencia social y el empleo formal. Combinaba una prestación económica con la obligación de realizar cursos, actualizar datos laborales y participar en actividades destinadas a mejorar la inserción en el mercado de trabajo. Sin embargo, el nuevo esquema elimina el componente monetario y deja en pie únicamente la formación.

El universo de beneficiarios se reconfigura: mientras los actuales titulares de Volver al Trabajo perderán la asistencia, alrededor de 300 mil personas continuarán dentro del Programa de Acompañamiento Social, destinado a sectores con mayores barreras estructurales para acceder al empleo y que no serán alcanzados por la medida.

La decisión se inscribe en una estrategia más amplia de ajuste del gasto social y redefinición del rol del Estado. El Gobierno plantea que la capacitación es una herramienta más eficaz para la inserción laboral que la asistencia directa. Sin embargo, el contexto económico introduce interrogantes de peso: la caída de la actividad, la pérdida de puestos de trabajo y la precarización del empleo configuran un mercado laboral con escasa capacidad de absorción.

En ese escenario, especialistas advierten que la eliminación de la transferencia de ingresos podría profundizar situaciones de vulnerabilidad en el corto plazo, especialmente entre quienes aún no logran insertarse en el circuito formal. La eficacia del nuevo sistema dependerá, en gran medida, de la calidad de las capacitaciones, su articulación con la demanda real del mercado y la existencia de oportunidades laborales concretas.

Además, la voluntariedad del esquema abre otro interrogante: sin incentivo económico, el nivel de adhesión a los programas de formación podría verse limitado, debilitando el alcance de la política pública.

El fin del programa Volver al Trabajo representa un cambio estructural en la política social argentina. La apuesta oficial por la capacitación como único instrumento de inclusión laboral redefine el vínculo entre el Estado y los sectores más vulnerables. No obstante, en un clima económico adverso, el desafío central será evitar que la transición deje a cientos de miles de personas sin ingresos ni oportunidades reales de inserción, profundizando así las tensiones sociales que la medida busca, en teoría, resolver.

El Gobierno nacional se encamina a ejecutar una de las transformaciones más drásticas en la estructura laboral del Estado: el cierre total de las delegaciones territoriales de la Secretaría de Trabajo. La medida, que sería oficializada en las próximas horas, implicará la desvinculación de alrededor de 1.600 empleados y la virtual eliminación de la presencia federal del organismo.

Dependiente del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo cumple un rol clave en la intermediación entre trabajadores y empleadores. Sus agencias distribuidas en todas las provincias funcionan como ventanillas de atención para trámites laborales, asesoramiento legal, homologación de acuerdos, inspecciones y acompañamiento a sindicatos, cooperativas y empresas. La decisión de suprimir esta red territorial marca un giro de fondo en el modelo de gestión laboral.

El rediseño responde a la estrategia oficial de reducir el tamaño del Estado y centralizar funciones. Sin embargo, especialistas advierten que la desaparición de estas oficinas podría generar un vacío operativo en regiones alejadas de los grandes centros urbanos, donde la presencialidad resulta determinante para el acceso a derechos laborales.

En este contexto, el sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había declarado el estado de “alerta máxima” ante los rumores de despidos que finalmente se confirmarían. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, denunció un “vaciamiento estructural” del organismo y alertó sobre el impacto social de la medida, tanto en los trabajadores despedidos como en la población que depende de estos servicios.

Las críticas también apuntan al titular de la cartera laboral, Julio Cordero, a quien los gremios señalan como uno de los impulsores del plan de desarticulación. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la reestructuración busca eliminar superposiciones administrativas y avanzar hacia un esquema más eficiente y digitalizado.

El cierre de las delegaciones no sólo implica una reducción del empleo público, sino que reconfigura el alcance territorial del Estado en materia laboral. En un país con marcadas desigualdades regionales, la desaparición de estas oficinas podría profundizar las brechas de acceso a la formalización, la resolución de conflictos y la fiscalización del cumplimiento de normas laborales.

Asimismo, el ajuste se inscribe en un ámbito más amplio de recortes en distintas áreas del Estado, lo que refuerza la lógica de un repliegue institucional que prioriza la reducción del gasto por sobre la presencia territorial.

La decisión de desmantelar la estructura federal de la Secretaría de Trabajo abre un escenario de alta conflictividad y plantea interrogantes sobre el futuro del sistema de protección laboral en la Argentina. Mientras el Gobierno avanza con su plan de ajuste, sindicatos y trabajadores anticipan un agravamiento de la situación en defensa de los puestos de trabajo y de un rol estatal que, sostienen, resulta irremplazable en la garantía de derechos.

El juez Herman Mendel hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y suspendió el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña. La resolución cuestiona aspectos formales y constitucionales de la reforma promovida por el gobierno de Javier Milei.

En un fallo que introduce un freno significativo a uno de los ejes de la reforma laboral, la Justicia Nacional del Trabajo resolvió suspender de manera provisoria el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La medida cautelar, dictada este martes por el juez de primera instancia Herman Mendel, responde a una presentación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

La resolución ordena la suspensión integral del denominado “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral” hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. En su fundamentación, el magistrado puso el foco en presuntas irregularidades en el proceso de aprobación de la medida, así como en la posible afectación de derechos constitucionales.

Uno de los ejes centrales del planteo sindical radica en la inclusión del traspaso judicial dentro de la reforma laboral tratada en sesiones extraordinarias del Congreso. Según la UEJN, esta decisión vulnera el artículo 99 inciso 9 de la Constitución Nacional, al considerar que la transferencia no formaba parte de los temas habilitados en la convocatoria y carecía del requisito de “grave interés” que justificaría su tratamiento.

En ese aspecto, Mendel también advirtió sobre la omisión de la intervención de la Comisión Bicameral prevista en la Ley 24.588 —conocida como “Ley Cafiero”—, un paso considerado obligatorio para cualquier proceso de coordinación entre la Nación y la Ciudad en materia judicial. Este punto refuerza la hipótesis de una posible extralimitación en las facultades del Poder Ejecutivo.

El fallo no sólo aborda cuestiones formales. También introduce una mirada sobre el impacto estructural del traspaso, al señalar el riesgo de afectación de derechos laborales y de funcionamiento del sistema judicial. La UEJN remarcó que el fuero laboral involucra a más de 1.500 agentes y gestiona alrededor de 730 mil expedientes en curso, lo que otorga a la medida una dimensión institucional significativa.

Desde el sindicato sostienen que la transferencia implica una “regresividad normativa”, al no garantizar condiciones básicas como la estabilidad laboral ni establecer mecanismos claros de traspaso del personal. Entre los puntos más sensibles, se menciona la eventual ampliación de la jornada laboral —de seis a siete horas diarias— y la ausencia de contemplación de ciertos sectores, como el personal de maestranza, dentro del esquema porteño.

Asimismo, el gremio cuestiona la delegación de facultades en el ámbito de la Ciudad, al considerar que el Jefe de Gabinete porteño podría avanzar sobre decisiones que exceden su competencia, como la supresión de órganos judiciales o el cierre de juzgados.

Tras la decisión judicial, el Estado nacional deberá presentar un informe circunstanciado en un plazo de tres días, lo que abre una nueva etapa en un conflicto que combina dimensiones jurídicas, laborales y políticas.

La cautelar dictada por Mendel no define el fondo de la cuestión, pero sí introduce un elemento de alto impacto en el tablero institucional. Por un lado, pone en discusión la validez del procedimiento utilizado para impulsar la reforma; por otro, reabre el debate histórico sobre la autonomía porteña y los límites de la transferencia de competencias desde la Nación.

En términos políticos, el fallo representa un revés para la estrategia del Gobierno, que buscaba avanzar en la reorganización del sistema laboral como parte de un paquete más amplio de reformas estructurales. En ese sentido, fortalece la posición de los gremios judiciales, que logran instalar el conflicto en el plano constitucional y no sólo sectorial.

La suspensión del traspaso del fuero laboral marca un punto de inflexión en la implementación de la reforma impulsada por el Ejecutivo. Más allá de su carácter provisorio, la decisión judicial expone las presiones entre los distintos niveles del Estado, la fragilidad de ciertos procedimientos legislativos y la resistencia de los actores sindicales frente a cambios estructurales. El desenlace definitivo, aún abierto, tendrá implicancias que exceden el ámbito judicial y alcanzan el corazón del modelo institucional argentino.