El empleo asalariado registrado privado cayó 0,2% en julio y acumuló varios meses consecutivos de retroceso. Desde comienzos de año se perdieron 134.034 puestos, con fuertes bajas en la industria, el comercio y la construcción. Aunque los salarios reales mejoraron en agosto, la recuperación sigue siendo dispar.

El empleo privado registrado volvió a retroceder en julio y prolongó una racha negativa que ya suma 14 meses consecutivos. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante ese mes se perdieron 12.716 puestos de trabajo, una baja mensual del 0,2%. Desde comienzos de 2026, la destrucción neta de empleos alcanzó los 134.034 puestos, equivalente a una contracción del 2,2%.

La caída tuvo especial incidencia en la construcción, la industria manufacturera y el comercio, tres ramas con peso significativo en la ocupación formal. En julio, la construcción redujo sus plantillas un 0,6%; la intermediación financiera, un 0,4%; y la industria, el comercio, el transporte y los hoteles y restaurantes registraron retrocesos del 0,3% cada uno.

La comparación interanual confirma el deterioro. La intermediación financiera acumuló una baja del 4,8%, la industria manufacturera retrocedió un 4,4% y el comercio perdió un 3,4% de sus puestos. En total, ocho ramas redujeron su dotación de personal durante julio, mientras tres mostraron avances y otras tres no registraron variaciones.

El retroceso también se extendió a las provincias: 21 de las 24 jurisdicciones tuvieron menos trabajadores privados registrados que un año antes. Las mayores caídas correspondieron a Tierra del Fuego (-12,6%), Misiones (-6%), Corrientes (-5,6%), Formosa (-5,2%) y Santa Cruz (-4,9%). En contraste, Neuquén creció un 6,4%, Río Negro un 4,8% y San Juan un 0,5%, entre las jurisdicciones con resultados positivos.

La evolución salarial mostró una señal favorable, aunque insuficiente para revertir las pérdidas acumuladas. En agosto, la remuneración media real del empleo privado registrado aumentó un 1,3% mensual, en términos desestacionalizados, mientras que los salarios correspondientes a los principales convenios colectivos avanzaron un 0,9%.

Sin embargo, las trayectorias desde noviembre de 2023 mantienen diferencias importantes. El salario promedio del empleo privado registrado se ubicó un 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el promedio de las remuneraciones negociadas en los principales convenios colectivos permaneció un 6,9% por debajo.

Las brechas entre gremios también son pronunciadas. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, los salarios reales de entidades deportivas crecieron un 15% y los del sector gráfico, un 13,2%. En el extremo opuesto, los trabajadores textiles acumularon una pérdida del 32% de su poder adquisitivo y los de comercio, del 18%. Transporte de pasajeros y encargados de edificios registraron retrocesos del 13% y el 12,1%, respectivamente.

En términos nominales, la remuneración bruta promedio de julio alcanzó los $2.256.861, con una suba interanual del 29,3%. La mediana salarial fue de $1.689.227, un 28,2% superior a la de julio de 2025. Estas cifras, sin embargo, no reflejan por sí solas la evolución del poder de compra, que depende de la comparación con la inflación.

La contracción laboral coincide, además, con una reducción del número de empresas con personal. Durante el primer trimestre de 2026 cerraron más firmas de las que abrieron, con una disminución neta superior a las 4.000 compañías, equivalente al 0,7%. Pese a ello, la pérdida asociada de empleo fue de poco más de 800 puestos, una cifra inferior a la registrada en el tercer y cuarto trimestre de 2025, cuando una reducción empresarial similar estuvo vinculada con la eliminación de unos 9.400 empleos.

La diferencia, según la Secretaría de Trabajo, respondió al tamaño de las empresas involucradas: las nuevas firmas incorporaron más trabajadores, mientras que las que cesaron sus operaciones tenían plantillas más reducidas.

La Secretaría de Trabajo comenzó a notificar a sindicatos y cámaras empresarias para adecuar 446 acuerdos a la Ley de Modernización Laboral 27.802. La revisión alcanza cláusulas sindicales y reglas de negociación, mientras los cuestionamientos judiciales y las limitaciones operativas del organismo añaden incertidumbre al proceso.

El Gobierno nacional puso en marcha la revisión de 446 convenios colectivos de trabajo, una de las medidas de mayor alcance de la reforma laboral. Las primeras notificaciones enviadas por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo convocan a sindicatos y cámaras empresarias a discutir la adecuación de sus acuerdos a la Ley de Modernización Laboral 27.802 y al decreto 407/2026.

La iniciativa había sido anticipada por el Ministerio de Capital Humano el 11 de junio. Ahora, con las convocatorias formales, comienza una etapa de negociación que puede modificar reglas históricas de las relaciones laborales, desde la vigencia de determinadas cláusulas hasta la estructura de los acuerdos salariales.

Uno de los puntos más sensibles es el tratamiento de las cláusulas obligacionales, entre ellas las cuotas solidarias que financian a organizaciones sindicales. La reforma modifica el régimen de ultraactividad, que permite mantener vigentes determinadas disposiciones de un convenio una vez vencido. En cambio, las cláusulas normativas —como salarios básicos, jornadas y licencias— tienen un tratamiento diferenciado durante la transición prevista por la ley.

La nueva legislación también promueve la negociación colectiva por empresa frente a los acuerdos por actividad y habilita mecanismos de remuneración vinculados con la productividad. Para los gremios, la revisión abre una discusión sobre la capacidad de negociación conjunta, el financiamiento sindical y la preservación de derechos laborales adquiridos.

La CGT convocó al movimiento obrero a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre, en una nueva jornada de reclamo por el financiamiento de las universidades públicas, la recomposición de los salarios docentes y nodocentes y la actualización de las becas estudiantiles.

El llamado fue difundido por la central obrera durante la movilización en defensa de la industria nacional. La decisión amplía el respaldo sindical a una protesta que busca reunir a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, familias y organizaciones sociales en todo el país.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) celebró la convocatoria con un mensaje centrado en la unidad de los trabajadores frente al ajuste. En la misma línea, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que conduce Walter Merkis, llamó a volver a llenar las calles en defensa de la educación pública, la soberanía y la democracia.

“Sin salarios dignos, no hay universidades públicas. Sin universidades públicas, no hay futuro”, señalaron desde FATUN al respaldar la movilización.

La convocatoria se produce mientras continúa la controversia judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. El juez federal Martín Cormick intimó al Estado nacional a cumplir la medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios docentes y nodocentes y de las becas estudiantiles. Tras la apelación del Gobierno, la Justicia concedió un nuevo plazo de cinco días, bajo apercibimiento de imponer sanciones económicas por incumplimiento.

Los gremios universitarios sostienen que la falta de aplicación de la norma prolonga el deterioro salarial y presupuestario. Por eso, la marcha combinará el reclamo por recursos para las instituciones con la exigencia de recuperar ingresos y garantizar condiciones adecuadas para la enseñanza.

La jornada coincidirá, además, con una sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados a las 14, con un temario que incluye el rechazo del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.