El secretario general del sindicato de estaciones de servicio de San Juan, Víctor Menéndez, analizó el reciente acuerdo salarial del sector, la persistente pérdida del poder adquisitivo y el debate por la reforma laboral. Alertó sobre el impacto en las provincias, defendió los derechos adquiridos y reclamó una salida basada en producción y empleo.

En un momento económico marcado por la desaceleración del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y un clima de creciente tensión laboral, el sector de estaciones de servicio en San Juan logró cerrar un acuerdo salarial que, aunque insuficiente frente a la realidad inflacionaria, busca evitar un mayor deterioro de los ingresos de los trabajadores. Así lo expresó Víctor Menéndez, secretario general del gremio y dirigente de la CGT regional, al analizar el cierre de la paritaria y el contexto que atraviesa el mundo del trabajo.

El acuerdo contempla un bono extraordinario de 80 mil pesos en diciembre, junto con incrementos del 4% en enero y otro 4% en febrero, con carácter remunerativo, lo que permitirá cerrar la paritaria 2025. “Sabemos que no es el salario que realmente debería ganar un trabajador, pero lo importante es no quedar totalmente desfasados”, señaló Menéndez, al tiempo que remarcó que la discusión salarial se reabrirá en abril.

Más allá de los números, el dirigente gremial fue categórico al describir la situación social. “La inflación que informa el Gobierno no se condice con lo que pasa en la calle. Los aumentos se sienten en el supermercado, en la carnicería, en la panadería”, afirmó, y reconoció que las negociaciones paritarias se desarrollan en un marco adverso, donde el objetivo central es no seguir perdiendo frente al costo de vida.

En este contexto, Menéndez advirtió que los salarios vienen quedando por debajo de la inflación desde hace varios meses, una tendencia que erosiona de manera sostenida el poder de compra. “Estamos navegando aguas turbulentas, tratando de cubrir lo esencial, pero siempre con la incertidumbre de no saber hasta cuándo se puede sostener esta situación”, graficó.

El análisis del dirigente se amplió hacia el debate de fondo que atraviesa la agenda nacional: la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Desde su rol en la CGT, Menéndez expresó una postura crítica y trazó una línea clara. “Se puede discutir una reforma que contemple a trabajadores y empresarios, especialmente a las pymes, pero no una que implique una quita masiva de derechos adquiridos”, subrayó.

Según explicó, los cambios propuestos afectan especialmente a quienes tienen antigüedad y estabilidad laboral, y trasladan el costo del ajuste al eslabón más débil. “En este país, el hilo siempre se corta por lo más delgado, y otra vez quieren que sea el trabajador”, advirtió.

Además, puso el foco en el impacto fiscal y político en las provincias, alertando que una reforma laboral como la planteada desde Nación podría significar una fuerte caída en los recursos coparticipables. “Menos impuestos para los grandes grupos económicos es menos dinero para las provincias, menos obra pública y menos capacidad de respuesta del Estado”, sostuvo, y llamó a los gobernadores y legisladores a analizar con responsabilidad cada voto.

Menéndez también se refirió a las tensiones internas dentro del movimiento obrero, donde algunos sectores reclaman medidas más confrontativas frente al Gobierno. Sin desconocer esas posiciones, valoró la instancia de diálogo que impulsa la conducción de la CGT, aunque dejó en claro que el límite es el perjuicio a los trabajadores.

El dirigente fue aún más duro al describir el modelo económico actual, al que responsabilizó por el cierre de empresas, la caída de la producción y el avance de la informalidad laboral. “Hoy la informalidad ya le gana al empleo en blanco. Es un dato alarmante”, señaló, y cuestionó los discursos oficiales que minimizan la pobreza y el deterioro social.

Planes sociales: cifras récord y un mercado laboral en retirada

Uno de los ejes centrales de la advertencia sindical estuvo puesto en la expansión de los planes sociales, un fenómeno que el sindicalista describió como el reflejo más claro del retroceso del empleo genuino. Según datos oficiales y estimaciones coincidentes, más de seis millones de personas reciben actualmente planes sociales o transferencias directas del Estado, una cifra que duplica largamente los niveles registrados hace poco más de una década.

Como referencia histórica, Menéndez recordó que a comienzos de la década de 2010 el número de beneficiarios rondaba los doscientos setenta mil planes, mientras que hoy el universo de asistencia estatal se ubica entre seis y siete millones de personas, según el tipo de programa considerado. “Nos dicen que baja la pobreza, pero cada vez hay más argentinos dependiendo de una ayuda del gobierno. Eso no es inclusión social, es fracaso del sistema productivo”, sostuvo.

Desde la mirada sindical, el diagnóstico es contundente: sin producción no hay empleo, y sin empleo no hay salida social. El gremialista cuestionó un modelo que prioriza el ajuste fiscal y la contención estadística de la pobreza, pero descuida la generación de trabajo registrado.

“Cuando cae la producción, lo primero que se pierde es el empleo. Después aparecen los planes para contener el conflicto social, pero sin resolver el problema de fondo”, señaló. Para el dirigente, el asistencialismo masivo no solo es económicamente inviable a largo plazo, sino que también debilita la cultura del trabajo y la cohesión social.

La advertencia del gremio de estaciones de servicio trasciende la paritaria y expone una crisis estructural del mercado laboral argentino. El acuerdo salarial aparece como un alivio mínimo en un escenario donde los ingresos pierden frente a la inflación, el empleo formal retrocede y más de seis millones de personas dependen de planes sociales para subsistir.

Para Víctor Menéndez, el problema no es la asistencia en sí, sino su transformación en política permanente ante la ausencia de un proyecto productivo. La salida, sostiene, no está en multiplicar subsidios ni en ajustar salarios, sino en reconstruir un modelo basado en producción, empleo registrado y salarios que permitan vivir con dignidad. Sin ese cambio de rumbo, la Argentina corre el riesgo de consolidar un esquema de pobreza administrada, sin trabajo ni futuro.

El conflicto laboral que enfrenta a la empresa de seguridad privada Hunter Security con 130 trabajadores despedidos ingresará la próxima semana en una instancia determinante. El martes 3 de febrero, la Subsecretaría de Trabajo de San Juan volverá a convocar a las partes en el marco de una conciliación obligatoria que ya suma varias audiencias sin avances sustanciales.

Desde la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) sostienen que la empresa continúa sin presentar la documentación necesaria que acredite el pago efectivo de las indemnizaciones correspondientes. Según el gremio, esta será la cuarta audiencia consecutiva en la que Hunter Security llega sin respuestas concretas, prolongando la incertidumbre de los trabajadores afectados.

El origen del conflicto se remonta a la licitación del servicio de seguridad del Hospital Guillermo Rawson, donde Hunter perdió la prestación frente a una nueva firma adjudicataria. Como consecuencia directa de ese cambio contractual, los 130 empleados que cumplían funciones en el centro de salud fueron desvinculados.

Uno de los puntos centrales de la disputa gira en torno al encuadre legal de los despidos. De acuerdo con UPSRA, la empresa notificó las cesantías invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago de indemnizaciones reducidas en situaciones de crisis económica o fuerza mayor. Sin embargo, el sindicato rechaza de plano esa argumentación y denuncia que no existen pruebas que justifiquen la aplicación de ese artículo.

En este sentido, el gremio exige que se aplique el artículo 245, que establece el pago de la indemnización completa, conforme a lo previsto por la legislación laboral y el convenio colectivo del sector. Además, advierte sobre un escenario de precarización salarial previa y señala que el conflicto podría escalar si no hay una respuesta concreta en la próxima audiencia.

En menos de tres meses, Casa Montes, Bodegas Bianchi y Norton quedaron expuestas por graves dificultades financieras, con cheques rechazados por miles de millones de pesos y un concurso preventivo en marcha. El deterioro del consumo interno acelera un escenario crítico para una industria clave de las economías regionales.

La industria vitivinícola argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. A la caída sostenida del consumo interno, el encarecimiento de costos y la menor rotación en góndola se suma ahora un dato que preocupa al sector: en apenas 90 días, tres bodegas de fuerte peso histórico y simbólico quedaron involucradas en severos problemas financieros.

Los números confirman un contexto adverso. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo de vino en el mercado interno registró en noviembre de 2025 una caída interanual del 12,5%, con un desplome aún más marcado en el formato tradicional de botella, que retrocedió 16,3%. En el acumulado anual, el volumen comercializado bajó 3,7%, reflejando un cambio de hábitos y una mayor cautela del consumidor, especialmente en los segmentos de mayor valor agregado.

El caso más reciente que encendió las alarmas es el de Casa Montes, bodega radicada en el Valle de Tulum, San Juan. De acuerdo con registros del Banco Central de la República Argentina, la empresa acumuló entre mayo de 2025 y el 19 de enero de 2026 un total de 286 cheques rechazados por $471.421.066,23, de los cuales logró cancelar apenas el 34,62%. La firma, reconocida por etiquetas como Alzamora, Baltazar y Ampakama, tuvo además un fuerte reordenamiento patrimonial en 2024, cuando la familia Montes decidió vender el Diario de Cuyo al grupo propietario del diario Los Andes.

Otro episodio que generó inquietud en el sector es el de Bodegas Bianchi. Según la Central de Deudores del BCRA, la compañía registró 101 cheques rechazados por $1.230.071.690,56, con el último rechazo informado el 22 de enero de 2026. Los inconvenientes comenzaron a fines de diciembre y se intensificaron en las semanas posteriores, pese a que hasta ese momento la bodega mantenía una calificación de bajo riesgo en el sistema financiero. Desde la empresa reconocieron el escenario complejo y aseguraron que se encuentran en un proceso de regularización, de negociaciones abiertas con proveedores y actores clave de la cadena productiva para sostener la operatoria.

El cuadro más delicado es el de Norton, una de las bodegas más reconocidas de Mendoza, que en diciembre obtuvo la aprobación judicial para iniciar su concurso preventivo. La firma busca reestructurar una deuda cercana a los 30 millones de dólares y enfrenta una situación financiera crítica: acumula 314 cheques rechazados por más de $4.031 millones, con apenas el 7% cancelado, y figura en situación 4 dentro del sistema financiero.

En un comunicado oficial, la empresa sostuvo que el objetivo del proceso judicial es preservar los puestos de trabajo y garantizar la continuidad operativa, en una situación que definió como altamente desafiante tanto para el mercado local como para el internacional.

Los casos de Casa Montes, Bianchi y Norton funcionan como una señal de alerta para toda la cadena vitivinícola. Más allá de las particularidades de cada empresa, los problemas financieros revelan el impacto profundo de un mercado interno deprimido, con consumo en retroceso y márgenes cada vez más ajustados. En una industria estratégica para las economías regionales, la crisis ya no es una proyección: es una realidad que empieza a reflejarse en los balances y amenaza con redefinir el mapa del vino argentino si no aparecen señales de recuperación en el corto plazo.