La UTA San Juan elevará un pedido formal a la cámara empresaria para que los colectivos de la Red Tulum dejen de circular mientras se dispute la final entre Argentina y España. La iniciativa surgió luego de los graves incidentes registrados tras la clasificación del seleccionado nacional y ahora deberá ser evaluada por ATAP y la Secretaría de Tránsito y Transporte.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan impulsará una solicitud para que el servicio de colectivos de la Red Tulum sea suspendido de manera preventiva durante la final del Mundial que disputarán Argentina y España el próximo domingo. La iniciativa responde a los episodios de violencia y descontrol registrados tras la victoria del seleccionado argentino frente a Inglaterra, cuando numerosas unidades quedaron rodeadas por una multitud que puso en riesgo la integridad de choferes y pasajeros.

El planteo será presentado ante la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), entidad que representa a las empresas prestatarias del servicio urbano. La propuesta contempla que los colectivos interrumpan su circulación desde el inicio del encuentro, previsto para las 16, y retomen los recorridos aproximadamente una hora después del pitazo final, cuando disminuya la concentración de personas en las calles.

No obstante, la presentación del gremio no implica la aplicación automática de la medida. La decisión final dependerá del análisis que realicen tanto ATAP como la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan, organismos que deberán ponderar el equilibrio entre la prestación de un servicio público esencial y la necesidad de resguardar la seguridad de trabajadores y usuarios.

La nota formal, que aún se encuentra en elaboración, será remitida antes del viernes para permitir que las autoridades dispongan del tiempo suficiente para evaluar alternativas operativas y definir el esquema de funcionamiento del transporte durante la jornada deportiva.

Desde la conducción sindical explicaron que el objetivo es evitar que se repitan los desbordes observados tras la semifinal, cuando decenas de personas viajaron colgadas de las ventanillas, sobre los estribos e incluso en los techos de las unidades, exponiéndose a accidentes de extrema gravedad y dificultando la conducción de los vehículos en distintos puntos de la capital sanjuanina.

El episodio más grave afectó a un conductor de la empresa Mayo, quien fue atacado mientras cumplía su recorrido. Según denunciaron desde el gremio, varios individuos ingresaron por la ventanilla de la cabina, lo agredieron físicamente y le sustrajeron sus pertenencias, un hecho que incrementó la preocupación por las condiciones en las que debieron desempeñar sus tareas los trabajadores del transporte.

Los festejos también generaron una fuerte demanda sobre el operativo de seguridad desplegado en el microcentro. De acuerdo con datos oficiales, unas 30.000 personas se concentraron en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo para celebrar el pase a la final. Como saldo de la jornada, la Policía demoró a 24 personas por distintos hechos vinculados con disturbios, consumo de alcohol en la vía pública, intentos de robo y conducción bajo los efectos del alcohol.

La eventual suspensión del servicio durante acontecimientos deportivos de alta convocatoria constituye una medida excepcional, ya que el transporte público es considerado un servicio esencial para garantizar la movilidad urbana. Sin embargo, los antecedentes de incidentes registrados en celebraciones masivas llevaron al sindicato a priorizar la prevención frente al riesgo de nuevos episodios de violencia.

En las próximas horas, las autoridades provinciales definirán si hacen lugar al planteo de la UTA o mantienen el cronograma habitual de la Red Tulum. La resolución no solo impactará en miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte público, sino que también marcará el criterio con el que San Juan afrontará futuros eventos multitudinarios en los que la seguridad vial y la protección de trabajadores vuelven a ocupar el centro del debate.

La Secretaría de Estado de Seguridad diseña una profunda modernización del sistema provincial de vigilancia. La iniciativa contempla integrar cámaras de particulares al Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM), desplegar centros de operaciones móviles equipados con drones y fortalecer el programa Prisma para descentralizar el monitoreo y reducir los tiempos de respuesta policial. El proyecto también incluye cambios en el sistema penitenciario y una reorganización de los recursos humanos de la fuerza.

La seguridad pública atraviesa un proceso de transformación en San Juan. Con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y un esquema de vigilancia distribuida, el Gobierno provincial busca ampliar la capacidad preventiva, optimizar la respuesta ante emergencias y fortalecer la articulación entre el Estado y actores privados.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad, apunta a consolidar una red integrada de monitoreo mediante la conexión voluntaria de cámaras pertenecientes a barrios privados, comercios, empresas y parques industriales con el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM). El objetivo es ampliar la cobertura territorial sin necesidad de multiplicar la infraestructura pública, aprovechando equipamiento ya instalado en distintos puntos de la provincia.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, explicó que el acceso a esos dispositivos estará sujeto al consentimiento expreso de sus propietarios y que la autorización podrá otorgarse de manera remota cuando una investigación o un hecho delictivo lo justifique. De esa manera, el sistema preservará la propiedad de las imágenes y permitirá la intervención estatal únicamente ante requerimientos concretos de las autoridades.

En el caso de los parques industriales, la propuesta prevé una integración más permanente de las cámaras exteriores, con conexión directa al sistema provincial de vigilancia. La finalidad es reforzar la protección de los establecimientos productivos y de las zonas residenciales próximas, incorporando esos registros al monitoreo preventivo que realiza la Policía de San Juan.

La modernización no se limitará al seguimiento mediante cámaras fijas. La Secretaría también proyecta incorporar cuatro Centros de Operaciones de Emergencia (COE) móviles, unidades especialmente equipadas para intervenir en operativos de gran magnitud, eventos masivos o contingencias extraordinarias. Cada vehículo dispondría de un centro de comando y dos drones de última generación para ampliar la capacidad de observación aérea y coordinar intervenciones en tiempo real.

Si bien Delgado reconoció que la prioridad presupuestaria continúa siendo la ampliación de la red de videovigilancia tradicional, sostuvo que estas plataformas móviles representan el siguiente paso en la evolución del sistema provincial, permitiendo trasladar capacidades tecnológicas hacia cualquier punto del territorio donde resulte necesario.

Uno de los pilares del nuevo esquema será el fortalecimiento del programa Prisma, concebido como un sistema integral de monitoreo activo que busca descentralizar las tareas que actualmente se concentran en el CISEM. La iniciativa transformará las casillas policiales en centros operativos desde los cuales cada efectivo podrá supervisar entre 15 y 20 cámaras correspondientes a su jurisdicción.

El modelo procura reducir significativamente los tiempos de reacción frente a hechos delictivos, ya que el personal asignado conocerá las particularidades del área bajo su responsabilidad y podrá coordinar de manera inmediata el desplazamiento de móviles policiales. La descentralización también aliviará la carga operativa del centro de monitoreo principal y permitirá una cobertura más eficiente de los distintos departamentos.

La incorporación de estas herramientas exige, además, importantes inversiones en infraestructura informática. Delgado recordó que las imágenes utilizadas como evidencia judicial deben cumplir estrictos protocolos de autenticidad e integridad digital, por lo que el sistema requiere software especializado que garantice la trazabilidad de cada registro y evite cualquier posibilidad de alteración durante su almacenamiento o transmisión.

Sindicatos que representan a trabajadores y profesionales del PAMI denunciaron que el organismo redujo drásticamente la cantidad de afiliados asignados a numerosos médicos de cabecera, una medida que califican como un mecanismo de «despidos encubiertos». Advierten que la decisión no solo compromete la continuidad laboral de los profesionales, sino que también profundiza las dificultades de acceso a la salud para millones de jubilados y pensionados.

La política sanitaria del PAMI volvió a quedar en el centro de la controversia tras las denuncias formuladas por los principales gremios del organismo, que aseguran que la conducción nacional impulsa un proceso de reducción de prestaciones mediante la disminución masiva de pacientes asignados a médicos de cabecera. Según sostienen, la decisión busca tornar económicamente inviable la continuidad de numerosos consultorios y provocar la renuncia de profesionales sin recurrir a despidos formales.

La denuncia es respaldada por la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), organizaciones que coinciden en advertir sobre un proceso de ajuste que, afirman, repercute directamente en la calidad de la atención brindada a los afiliados.

De acuerdo con los representantes gremiales, algunos médicos perdieron hasta el 90% de los jubilados que tenían asignados. Esa reducción implica una drástica caída de ingresos y vuelve insostenible el funcionamiento de muchos consultorios particulares que prestan servicios al instituto.

Carlos Mulqui, referente de la organización Médicos de Cabecera, sostuvo que la metodología constituye un mecanismo de «despido encubierto», ya que los profesionales conservan formalmente el vínculo con el organismo, pero quedan prácticamente sin pacientes para atender. Según explicó, esa situación reduce considerablemente la carga laboral y coloca a numerosos médicos ante la imposibilidad económica de continuar prestando servicios.

La experiencia relatada por el médico cordobés Atilio Rossi refleja, según los sindicatos, una realidad que comienza a repetirse en distintas provincias. El profesional explicó que de los aproximadamente 600 afiliados que atendía desde hacía varios años, el PAMI le retiró alrededor de 500, alterando la continuidad de tratamientos y obligando a cientos de jubilados a buscar un nuevo médico de cabecera.

Los gremios sostienen que las consecuencias exceden el ámbito laboral. La reasignación compulsiva de profesionales obliga a miles de afiliados a reiniciar vínculos médicos construidos durante años, repetir trámites administrativos y concurrir a las agencias del PAMI para conocer quién será su nuevo prestador. A juicio de los denunciantes, esta dinámica deteriora la relación médico-paciente, considerada uno de los pilares de la atención primaria de la salud.

Carlos Valenzuela, secretario general de UTI en la región Nordeste, advirtió que el sistema ya funciona con recursos insuficientes y cuestionó la reducción de prestaciones médicas y farmacológicas. A su entender, la combinación entre restricciones en el acceso a medicamentos, la escasez de profesionales y el aumento en los tiempos de espera comprometen severamente la salud de pacientes con patologías crónicas.»

Según las organizaciones sindicales, obtener una consulta con un especialista puede demandar hasta dos meses, mientras que la realización de estudios diagnósticos requiere otros dos meses adicionales. En consecuencia, un jubilado puede esperar hasta cinco meses para completar un diagnóstico, regresar al especialista e iniciar o modificar un tratamiento.

El deterioro del servicio se produce en un momento particularmente sensible para el sistema previsional y sanitario. El PAMI, creado en 1971, brinda cobertura médica a más de cinco millones de jubilados, pensionados y otros beneficiarios, constituyéndose en la mayor obra social de América Latina. Por esa magnitud, cualquier modificación en su esquema de prestaciones tiene un fuerte impacto sanitario, social y presupuestario.