Las autoridades provinciales anticipan que el Río San Juan superará ampliamente su promedio histórico de casi 2.000 hectómetros cúbicos. La abundante nieve acumulada en alta cordillera permitiría recuperar las reservas de Caracoles, Punta Negra y Ullum, aunque el pronóstico definitivo se conocerá recién en octubre.

El secretario de Recursos Hídricos, David Devia, evitó anticipar una cifra definitiva hasta completar las mediciones en la cordillera, pero adelantó que el comportamiento del río estará muy por encima de los registros habituales. El promedio histórico ronda los 2.000 hectómetros cúbicos, una referencia que, según el funcionario, será ampliamente superada durante el próximo ciclo.

La mejora en los aportes permitiría recuperar el almacenamiento de Caracoles, Punta Negra y Ullum, después de las restricciones que marcaron los últimos años. Con las reservas fortalecidas, la provincia podría contar con mayor margen para administrar los desembalses y sostener un escurrimiento más continuo por el cauce del Río San Juan.

La principal explicación está en la extraordinaria acumulación de nieve registrada durante el invierno en la alta cordillera. Las mediciones preliminares muestran espesores superiores a tres metros de nieve consolidada en determinados puntos, una magnitud muy distante de los registros de apenas 40 o 50 centímetros que se observaron durante los períodos más críticos de la sequía.

La cantidad acumulada también obligó a modificar la logística de los relevamientos. Personal de la Dirección de Hidráulica de San Juan y de la Dirección General de Irrigación de Mendoza coordinaron criterios de medición y equipamiento para afrontar las condiciones en altura.

Devia explicó que los trabajadores deben desplazarse con nieve hasta la cintura y utilizar barrenos capaces de atravesar grandes espesores para determinar con precisión la cantidad y las características del manto. Por esa razón fue necesario incorporar equipamiento específico, entre ellos raquetas adecuadas para desplazarse sobre la superficie nevada.

La evaluación conjunta entre ambas provincias apunta a obtener mediciones comparables y mejorar la precisión del pronóstico de derrame. La tarea, sin embargo, está condicionada por las condiciones meteorológicas y por la necesidad de utilizar aeronaves habilitadas para operar en altura dentro de ventanas de vuelo seguras.

Ese factor podría demorar la presentación del pronóstico oficial. La estimación definitiva del volumen que aportará el deshielo está prevista para mediados de octubre, mientras los técnicos mantienen abierta la posibilidad de que nuevas nevadas tardías modifiquen los registros actuales.

El cambio resulta especialmente relevante para una provincia cuya producción agrícola, el abastecimiento poblacional y buena parte de su matriz económica dependen de la disponibilidad de agua. Si las proyecciones se confirman, el próximo ciclo permitiría recuperar reservas estratégicas y disponer de un margen de administración mucho mayor al de las temporadas marcadas por la sequía.

La confirmación final dependerá de las mediciones de nieve y de la evolución del deshielo, pero el dato preliminar ya marca una diferencia sustancial: por primera vez en varios años, San Juan se prepara para administrar abundancia hídrica en lugar de concentrar sus esfuerzos en administrar la escasez.

La Mesa Sindical cuestionó el 1,7% de inflación informado por el Indec para agosto y sostuvo que los gastos esenciales evolucionan por encima del promedio. Reclamó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, una emergencia laboral y una moratoria para las deudas de las familias.

Los gremios volvieron a confrontar con el Gobierno de Javier Milei por la distancia que, según exponen, existe entre la inflación oficial y el costo efectivo que enfrentan los hogares argentinos. Tras conocerse el índice de precios de agosto, que registró una suba mensual del 1,7% y llevó el acumulado de 2026 al 21,3%, el colectivo sindical sostuvo que ese promedio no refleja la evolución de los gastos indispensables.

La crítica se concentra especialmente en los rubros que tienen mayor incidencia sobre los ingresos familiares. De acuerdo con el informe del Indec, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,8% durante agosto, mientras que Educación avanzó 2,5%. En el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires, el incremento llegó al 3,9%.

Para los sindicatos, la diferencia resulta todavía más significativa cuando se observa la evolución de los alimentos y de los bienes y servicios que componen las canastas utilizadas para medir la pobreza y la indigencia. La Mesa Sindical sostuvo que la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 2,6%, por encima del IPC general.

“Hay una Argentina real y una inventada por el Gobierno”, planteó la organización en un documento difundido después de conocerse la medición oficial. En esa línea, calificó de “insostenible” la lectura de una inflación en descenso cuando los hogares deben afrontar incrementos superiores en bienes y servicios esenciales.

El planteo gremial también incorporó el problema del endeudamiento. La Mesa Sindical afirmó que alrededor de seis millones de argentinos tienen dificultades para cumplir regularmente con sus deudas, en muchos casos vinculadas con gastos básicos como alimentación, medicamentos, útiles escolares o alquileres.

A ese cuadro sumó el deterioro del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo. Los gremialistas sostuvieron que los salarios continúan rezagados frente al costo de vida y denunciaron que los despidos persisten, mientras crece la morosidad entre quienes deben afrontar gastos comunes de vivienda.

En particular, señalaron que cerca del 30% de los diez millones de personas que pagan expensas en el país tienen dificultades para cumplir con esos compromisos. Para la organización, el fenómeno dejó de estar concentrado en determinadas regiones y se extendió de manera generalizada.

Con ese diagnóstico, la Mesa Sindical solicitó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, junto con la declaración de una emergencia laboral destinada a contener los despidos. También propuso una moratoria para las deudas familiares, como mecanismo para aliviar a los hogares que acumularon obligaciones durante los últimos meses.

La federación que representa al personal nodocente rechazó la propuesta oficial de un aumento del 3% para octubre y ratificó nuevas acciones junto al Frente Sindical Universitario. Habrá una jornada nacional el 15 de septiembre, una concentración frente al Palacio Pizzurno el 17 y una nueva Marcha Federal Universitaria durante la primera semana de octubre.

El conflicto salarial de las universidades nacionales sumará nuevas jornadas de protesta. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) ratificó el cronograma de medidas acordado con el Frente Sindical Universitario y anticipó una escalada de movilizaciones ante la falta de acuerdo con el Gobierno.

La decisión fue adoptada después del rechazo a la última propuesta oficial, que contempló un incremento salarial del 3% para octubre. Para la organización que representa a los trabajadores nodocentes, ese porcentaje resulta insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos y no responde al reclamo de recomposición salarial.

El reclamo gremial también incorpora la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada para garantizar recursos destinados al funcionamiento de las instituciones de educación superior. Las organizaciones universitarias sostienen que la discusión presupuestaria no puede quedar separada de la actualización de los salarios, las becas y los fondos necesarios para sostener las universidades públicas.

La primera fecha del nuevo cronograma será el 15 de septiembre, cuando se desarrollará la jornada nacional denominada “La universidad en la calle”, con actividades en espacios públicos de todo el país destinadas a visibilizar las demandas de docentes y nodocentes.

Dos días después, el 17 de septiembre, las organizaciones concentrarán sus reclamos frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación. La movilización coincidirá con las mesas paritarias convocadas para docentes y nodocentes, por lo que el encuentro será una instancia relevante para medir si el Gobierno modifica su propuesta salarial.

La protesta tendrá continuidad durante la primera semana de octubre, con la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria. Las organizaciones que integran el frente sindical buscarán volver a reunir a trabajadores, estudiantes y autoridades universitarias para reclamar una recomposición de los ingresos y mayores recursos para el sistema público de educación superior.

El nuevo calendario se suma al paro nacional del 8 de septiembre, que afectó las tareas académicas, administrativas y de servicios en las universidades. La medida expresó un reclamo que excede la discusión salarial e incluye el financiamiento institucional y la actualización de las becas estudiantiles.

FATUN, sostiene que la negociación colectiva requiere una propuesta que permita recuperar capacidad adquisitiva y una discusión con el Poder Ejecutivo que contemple la evolución real del costo de vida. El gremio también reclama el cumplimiento de las disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario.

La federación integra el Frente Sindical Universitario junto con FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, FAGDUT y CTERA, una articulación que permitió unificar las principales medidas de fuerza de la comunidad universitaria.