Una encuesta de Jorge Giacobbe registró un 58,9% de respuestas negativas sobre la evolución de la economía personal, cuatro puntos más que en la medición anterior. Además, el 47,8% considera equivocado el programa económico de Javier Milei.

La percepción de los argentinos sobre su economía personal volvió a deteriorarse en agosto. Según la última encuesta del consultor Jorge Giacobbe, el 58,9% de los consultados considera que su situación económica está empeorando, cuatro puntos más que el 54% registrado en la medición anterior, realizada entre fines de mayo y comienzos de julio.

El dato adquiere mayor relevancia al observar la intensidad de ese deterioro. El 48,9% afirmó que está sufriendo personalmente el retroceso, mientras que otro 9,5% reconoció que su economía empeora, aunque aseguró que todavía no tiene un impacto directo en su vida cotidiana.

En el extremo contrario, el 35,8% percibe una evolución favorable. Dentro de ese grupo, el 28,5% sostiene que la economía está mejorando y que ya siente ese cambio, mientras que el 7,3% considera que existe una mejora, aunque todavía no llegó a sus ingresos o condiciones de vida.

Un 5,3% definió el panorama como estancado. De esta manera, si se suman quienes perciben un deterioro con quienes no advierten avances, alrededor de dos tercios de los encuestados no identifica una mejora económica.

Críticas al programa de Milei

La valoración del programa económico también muestra un nivel elevado de disconformidad. El 47,8% considera que el rumbo adoptado por el Gobierno está equivocado y que el esfuerzo exigido a la sociedad carece de sentido.

Las respuestas restantes exhiben una sociedad dividida frente al ajuste. El 16,8% entiende que la reducción del gasto no es excesiva y que el país avanza en la dirección correcta. Otro 22,4% admite que hay que soportar el esfuerzo actual con la expectativa de una mejora futura.

A su vez, el 3,6% considera que el ajuste tiene sentido, aunque expresa dudas sobre cuánto puede resistir la población. Un 8,7% manifestó no comprender el programa económico y apenas un 0,7% se mostró indeciso.

Los resultados reflejan una brecha entre la evaluación que una parte de la población realiza sobre las políticas económicas y la percepción concreta de sus ingresos y condiciones de vida. Mientras el Gobierno sostiene su programa de estabilización y reducción del gasto, una mayoría de los consultados todavía no traduce ese proceso en una mejora concreta a nivel personal.

El secretario general de la CGT Regional San Juan, Eduardo Cabello, inició un nuevo mandato de cuatro años con una agenda marcada por la defensa de los trabajadores, la relación con la conducción nacional y la preparación de la provincia para el crecimiento de la minería. En Mundo Laboral San Juan, destacó la necesidad de capacitar mano de obra, generar oportunidades para las PyMEs y garantizar que los nuevos puestos de trabajo sean ocupados mayoritariamente por sanjuaninos.

Después de una elección respaldada y legitimada por la conducción de la CGT Nacional, el dirigente sindical planteó que la central obrera tendrá que mantener una participación activa frente a las decisiones del Gobierno nacional y, al mismo tiempo, prepararse para un San Juan que tendrá a la minería como uno de sus principales motores económicos.

“La idea es tener una participación importante en lo presente y en lo futuro”, señaló Cabello en diálogo con este medio.

En el corto plazo, explicó, la CGT Regional San Juan seguirá de cerca las decisiones que adopte la conducción nacional de la central obrera frente a las políticas del Gobierno de Javier Milei. Para Cabello, la defensa de los trabajadores requiere una posición coordinada y una presencia permanente frente a los cambios que atraviesan las relaciones laborales.

Pero el dirigente también mira más allá de la coyuntura. El desarrollo de los grandes proyectos mineros que avanzan en la provincia abre, a su entender, una discusión que no puede limitarse a la cantidad de empleos directos que generarán las compañías.

“Tenemos que prepararnos para el San Juan que viene”, afirmó, al referirse al crecimiento de la minería y particularmente a las oportunidades vinculadas con el cobre.

Capacitar para que el empleo quede en San Juan

La capacitación de los trabajadores aparece como una de las principales prioridades que Cabello identifica para acompañar ese proceso. El dirigente sostuvo que las organizaciones sindicales y sociales ya comenzaron a trabajar en la formación de trabajadores para atender las nuevas demandas que generará la minería y toda la cadena de servicios que acompañará la expansión de los proyectos.

La mirada gremial no está puesta únicamente en los puestos directamente vinculados con una mina. Cabello enumeró una extensa cadena de actividades que puede generarse alrededor de los emprendimientos: construcción de caminos, campamentos, comedores, tareas de limpieza y distintos servicios necesarios para el funcionamiento de las operaciones.

“Van a haber caminos, construcción de campamentos, nuevos comedores, limpieza, un montón de cosas que se tienen que ir viendo”, explicó.

La apuesta sindical consiste en que esa demanda no sea cubierta mayoritariamente con trabajadores provenientes de otras provincias. El objetivo, sostuvo el gremialista, es que la mayor cantidad posible de puestos de trabajo y de mano de obra sea sanjuanina.

Ese desafío también alcanza a las pequeñas y medianas empresas locales. Para la CGT, el impacto de la expansión minera debería trascender a las grandes compañías y traducirse en oportunidades para proveedores, contratistas y emprendimientos de la provincia.

La CGT frente al Gobierno y la reforma laboral

El próximo período estará condicionado por las modificaciones en materia laboral impulsadas desde el Poder Ejecutivo y por un vínculo entre el sector gremial y el gobierno de Javier Milei que mantiene marcadas discrepancias.

Cabello ratificó que la CGT San Juan tendrá una posición activa, pero dejó una definición política y organizativa respecto del vínculo con la conducción nacional: la central provincial forma parte de la estructura de la CGT Nacional y, por lo tanto, debe respetar sus lineamientos. “Nosotros somos CGT Nacional”, enfatizó.

El dirigente rechazó así la idea de que la central sanjuanina pueda establecer una posición completamente independiente de las decisiones que adopte la conducción nacional.
Según explicó, la mayoría de las organizaciones sindicales están alcanzadas por leyes nacionales y convenios colectivos de alcance nacional, por lo que las decisiones adoptadas por la central obrera deben contemplar esa estructura.

“No hay una CGT provincial”, sostuvo Cabello, al marcar una diferencia con quienes plantean la necesidad de construir una posición sindical exclusivamente sanjuanina.

La definición no implica, aclaró, cerrar las puertas al diálogo interno. Por el contrario, su convocatoria es a sumar a los distintos sectores, pero dentro de una estrategia común. “Queremos tender la mano, queremos trabajar, queremos avanzar”, afirmó.

Unidad sindical por encima de las diferencias

El concepto de unidad es un pilar fundamental en el inicio de esta nueva gestión. Cabello admitió que conviven distintas posturas dentro del sector gremial y que cada organización sindical tiene derecho a fijar su propia postura en ciertos debates. No obstante, enfatizó que estas discrepancias no tienen por qué frenar la consolidación de un frente común.
“No hay otra”, respondió al ser consultado sobre la necesidad de mantener unido al movimiento sindical sanjuanino.

Para el dirigente, el objetivo de la CGT no debe estar relacionado con la disputa por espacios de poder, sino con las necesidades concretas de los trabajadores que representa.
“En algún momento nos tenemos que visualizar como trabajadores, como sindicatos”, planteó.

Desde esa perspectiva, la unidad debería construirse a partir de las necesidades que comparten las distintas organizaciones: empleo, salarios, condiciones laborales y protección de los derechos adquiridos.

Cabello destacó que una amplia cantidad de sindicatos confluyó en la lista que encabezó y manifestó su expectativa de que aquellos que no participaron inicialmente puedan incorporarse paulatinamente al trabajo de la central.

Con el amplio respaldo obtenido en la última elección y un nuevo período de cuatro años por delante, Cabello deberá conducir a una central obrera frente a un reto por partida doble.
Por un lado, tendrá que responder a las transformaciones impulsadas a nivel nacional y sostener la defensa de los derechos laborales frente a las reformas promovidas por el Gobierno. Por otro, deberá acompañar los cambios que puede producir en San Juan la expansión de la minería, especialmente en torno al cobre.

Bajo esta perspectiva, las principales inquietudes manifestadas por el refernete gremial giran en torno a la formación profesional, el trabajo regional y la participación del sector pyme. Asimismo, Cabello enfatizó una postura que define su mandato reciente: el imperativo de construir consensos y unidad.

“Lo que nosotros representamos, en este caso, son los trabajadores”, resumió.
Con esa premisa, la CGT local inicia un nuevo período en el que la defensa del empleo deberá convivir con una provincia que se prepara para una transformación productiva de gran magnitud. El desafío será que ese crecimiento genere oportunidades concretas para los trabajadores y empresas locales y que el movimiento obrero pueda sostener una voz común frente a los cambios que ya comenzaron a modificar el mundo laboral.

El Gobierno provincial ingresó a la Legislatura un proyecto que adapta de manera transitoria las reglas procesales al nuevo régimen nacional, vigente desde el 5 de septiembre. Diputados lo debatirá en una sesión especial mientras avanza la elaboración de un Código Procesal Penal Juvenil definitivo.

La Cámara de Diputados de San Juan tratará el próximo lunes, en una sesión especial, el proyecto de ley enviado por el Gobierno provincial para regular transitoriamente la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

La iniciativa busca evitar un vacío procesal después de la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo régimen nacional. Como la provincia todavía no dispone de un Código Procesal Penal Juvenil propio, la propuesta establece las reglas que deberán utilizarse durante el período de transición.

El proyecto tendrá tratamiento directo en el recinto y contempla modificaciones a las normas procesales vigentes para determinar cómo deberán tramitarse las causas penales que involucren a adolescentes. La solución finalmente adoptada será legislativa, después de que la Corte de Justicia evaluara inicialmente la posibilidad de establecer las pautas mediante una acordada.

El asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, había explicado que una de las alternativas consistía precisamente en utilizar una acordada de la Corte con fuerza transitoria a través de una posterior intervención de la Legislatura. Sin embargo, el análisis jurídico derivó en la decisión de remitir formalmente la propuesta a Diputados.

Una solución provisoria

La norma que se discutirá el lunes no constituye el Código Procesal Penal Juvenil definitivo. Su finalidad es ordenar la transición entre las reglas provinciales actualmente vigentes y el nuevo régimen nacional.

Uno de los principales desafíos consiste en compatibilizar las disposiciones locales con un modelo de carácter acusatorio, que redefine las funciones de jueces, fiscales y defensores y establece nuevas pautas para la investigación y resolución de las causas.

La adecuación también demandará ajustes en la organización judicial y en la intervención de los distintos organismos vinculados con adolescentes. La legislación transitoria deberá establecer cómo funcionará el procedimiento hasta que San Juan complete una regulación específica.

El Código definitivo, todavía pendiente

La sanción de esta ley no cerrará la reforma. En este sentido, la provincia deberá elaborar un Código Procesal Penal Juvenil propio, con reglas permanentes para el funcionamiento del fuero.

Ese proceso deberá contemplar la estructura especializada necesaria para atender las causas de adolescentes, delimitar las competencias de los distintos operadores judiciales y definir la articulación con los organismos provinciales vinculados con niñez y reinserción.

La sesión especial del próximo lunes será, de ese modo, el primer paso legislativo para acompañar la implementación del nuevo régimen nacional y garantizar una transición ordenada hasta la aprobación de una normativa provincial definitiva.