El máximo tribunal rechazó el recurso del Poder Ejecutivo y mantuvo vigente la cautelar que exige aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fortalece la posición de docentes, no docentes y estudiantes, mientras profundiza el revés judicial sobre la estrategia oficial para frenar la norma aprobada por el Congreso.

La controversia entre el Estado y las casas de estudio sumó un nuevo capítulo con alto voltaje institucional. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a ejecutar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que ratifica la obligación de actualizar las remuneraciones de docentes y trabajadores no docentes, además de recomponer las becas destinadas a estudiantes de todo el país.

El pronunciamiento representa un nuevo revés para la estrategia judicial del Poder Ejecutivo frente a una norma que el Congreso sancionó con una mayoría agravada tras revertir el veto presidencial. Al desestimar el recurso extraordinario presentado por la administración nacional, el máximo tribunal entendió que la resolución cuestionada carecía del carácter de sentencia definitiva requerido para habilitar su revisión, por lo que la cautelar continúa plenamente vigente mientras avanza el debate sobre el fondo del expediente.

La polémica abarca aspectos que van más allá de lo económico. El caso pone a prueba el margen de maniobra del Ejecutivo frente a una ley ratificada por el Parlamento y consolida, al menos de manera provisoria, la posición de las universidades nacionales que reclamaban el cumplimiento efectivo de una norma cuya aplicación había quedado condicionada por el decreto 759/2025.

La demanda fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con distintas casas de altos estudios, luego de que el Gobierno supeditara la ejecución de la ley a la identificación de nuevas fuentes de financiamiento. Tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal coincidieron en que existían fundamentos suficientes para ordenar su cumplimiento inmediato, criterio que ahora quedó respaldado por la Corte Suprema.

En sus resoluciones previas, la Cámara había advertido que la falta de actualización salarial podía comprometer el funcionamiento del sistema universitario y afectar el ejercicio efectivo del derecho a enseñar y aprender. Los magistrados también señalaron que el ahorro fiscal derivado de incumplir la ley resultaba marginal frente al presupuesto nacional, argumento que debilitó la justificación económica presentada por el Ejecutivo.

Respaldo institucional al reclamo gremial

La decisión fue recibida como un espaldarazo por las organizaciones sindicales del sector universitario, que desde hace meses sostienen que la pérdida del poder adquisitivo deterioró gravemente las condiciones laborales y académicas.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que «al Gobierno nacional ya no le quedan excusas» para incumplir la legislación vigente y remarcó que la resolución judicial constituye también el resultado de la movilización sostenida por docentes, trabajadores no docentes y estudiantes en defensa de la universidad pública.

La dirigente afirmó además que el conflicto permanecerá abierto hasta que el Ejecutivo materialice plenamente las obligaciones establecidas por la ley, al considerar que el pronunciamiento del máximo tribunal consolida jurídicamente un reclamo que ya contaba con amplio respaldo político y social.

Una resolución que reconfigura la negociación

El fallo llega en un momento de relativa distensión luego del entendimiento alcanzado entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones sindicales, acuerdo que contempla una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades, mayores partidas para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Ese consenso reduce parcialmente el efecto económico inmediato de la cautelar, aunque no modifica el significado político de la decisión judicial. La Corte reafirma que una ley sancionada y ratificada por el Congreso conserva plena eficacia mientras no sea declarada inconstitucional, limitando así el margen del Ejecutivo para diferir su aplicación mediante decisiones administrativas.

La cautelar no comprende la totalidad de la Ley de Financiamiento Universitario, ya que quedaron fuera de esta instancia aspectos vinculados con la recomposición integral del presupuesto universitario correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. No obstante, el pronunciamiento fortalece la posición procesal de las universidades y de las organizaciones gremiales de cara a la resolución definitiva del litigio.

La gestión del Gobernador Marcelo Orrego continúa acercando herramientas que fortalecen los distintos sectores de la matriz productiva diversa de San Juan. En este caso, se trata de créditos para actividades agrícolas.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, anunció la disponibilidad de nuevas líneas de créditos para acompañar al sector agrícola.

En este caso, se trata de herramientas financieras que contemplan la poda, la compra de agroquímicos y la adquisición de tractores.

En cuanto a la línea de créditos para poda, contempla un financiamiento de hasta $750.000 por hectárea, con un tope de hasta $30.000.000 por productor.

Además, incluye meses de gracia para que los beneficiarios comiencen a devolver el dinero una vez que mejoren sus condiciones de liquidez y perciban los pagos adeudados por la uva entregada.

A diferencia de otras líneas de créditos, en este caso el dinero se le entrega al productor, en lugar de al proveedor, como ocurre con otros créditos.

De esta manera, se apunta a evitar demoras en labores esenciales y brindar previsibilidad a un sector que atraviesa un escenario de fuerte presión económica.

En Punto Pyme también se habilitó una línea para capital de trabajo, que permite al sector agrícola acceder a la compra de agroquímicos.

Esta iniciativa ofrece hasta $30.000.000 por solicitante. De esta manera, se autorizará una porción en efectivo al tomador de hasta $10.000.000, con límite en 1 nómina salarial o 10 sueldos mínimo vital y móvil, el que sea mayor.

La devolución del dinero se realizará en 18 meses, con 3 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 60% de la tasa badlar anual, que hoy representa 13,2%.

Además, se anunció una línea de crédito para la compra de tractores. Esta línea contempla inversiones para adquirir ese tipo de bienes de capital y la cifra total máxima a prestar es de $150.000.000.

Para la devolución del dinero la Pyme tendrá 48 meses, con 6 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 60% de la tasa badlar que hoy equivale al 13,2% de interés anual.

Cabe recordar que Punto Pyme se encuentra en la esquina de Avenida Córdoba y Jujuy. Es un espacio que integra en un solo lugar las herramientas que brindan las cuatro agendas del gobierno provincial: Agencia Calidad San Juan, Fiduciaria San Juan, Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones y Agencia Garantía San Juan. Los sanjuaninos que deseen recibir asesoramiento para acceder a las líneas de créditos pueden acercarse por Punto Pyme de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.

En estos días el gobierno publicó el decreto 482/2026, que actualiza el régimen de inversiones mineras, volviendo a poner en el centro del debate el desarrollo de la industria minera en nuestro país. Desde ASIJEMIN vemos con preocupación el rumbo que el gobierno nacional quiere imponer en la actividad minera. El simple hecho de reducir impuestos y facilitar importaciones solamente beneficia a las grandes empresas internacionales y no garantiza el desarrollo local.

Si a esto le sumamos la posible aprobación del Súper RIGI, se genera un combo catastrófico para la industria nacional y la mano de obra local. Entendemos que el camino para desarrollar la industria minera, debe ser con impulso de las PyMES y las empresas nacionales, dónde puedan competir con las extranjeras, muy contrario a lo que hace el gobierno.

Un punto central debe ser contemplar la creación de puestos laborales que deben ser ocupados por los trabajadores argentinos, sumando un crecimiento del poder adquisitivo de los mismos. Para esto necesitamos que los salarios tengan una recomposición urgente y eliminar las cargas impositivas que recaen sobre el salario. No estamos de acuerdo con la política de reducir las cargas de ganancias a las grandes empresas y al mismo tiempo aumentar esas cargas a los trabajadores de la minería.

Estamos a favor del desarrollo de la actividad minera y consideramos necesario que se avance en este sentido, pero entendemos que debe ser una minería con más control estatal y con participación de las empresas locales. Dónde las comunidades vean reflejado un crecimiento sostenido y planificado. El rumbo que propone el gobierno con las últimas medidas es de extranjerización y flexibilización laboral, nosotros estamos en las antípodas de ese esquema.

Por una minería nacional y sustentable, con desarrollo soberano de nuestra patria, con sueldos dignos y con los trabajadores participando de las ganancias de la industria.

Marcelo Mena Muñoz
Secretario General
Comisión Directiva Nacional
Delegaciones Regionales Centro y Sur