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La nueva fórmula permitirá que las jubilaciones suban 8,07% en marzo, según adelantaron desde ANSES. La cifra supera en 0,89 puntos lo que los jubilados hubieran recibido si se mantenía la fórmula anterior

Los jubilados van a recibir un aumento de más del 8% en marzo, de acuerdo a lo que indica la flamante ley de movilidad. Este incremento será casi un punto superior al que los adultos mayores hubieran recibido si se mantenía la norma de Cambiemos.

La nueva fórmula permitirá que las jubilaciones suban 8,07% en marzo, pudo confirmar el portal El Destape de fuentes de ANSES. Este incremento será el mayor otorgado desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández.
La cifra no garantiza que el alza le gane a la inflación, más cuando los precios aumentaron 4% en enero y se estima que febrero cerrará en torno al 3,3%. De concretarse ese escenario, el Gobierno evalúa aplicar algún adicional, que puede tomar la forma de bono, para evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo.

No obstante, desde el Ministerio de Economía estiman que este año las jubilaciones le van a ganar a la inflación, ya que la recaudación consiguió un crecimiento sostenido, al igual que el empleo, las fuentes de donde se nutre la movilidad.

Este 8,07%, no obstante, supera en 0,89 puntos lo que hubieran recibido si se mantenía la fórmula

macrista. En ese caso, habrían visto un incremento de tan sólo el 7,18%.

En rigor de la verdad, la ley que sancionó el Congreso el 30 de diciembre calca la ecuación creada por el kirchnerismo, que pondera en un 50% la recaudación de ANSES y en otro 50% la mejora salarial. Su diferencia radica en que la vigente aplica incrementos trimestrales en lugar de semestrales, lo que juega a favor de los jubilados.

En 2017, Mauricio Macri impuso una nueva, calificada como “recorte jubilatorio”. Consistía en una fórmula que subió los haberes basada en un 70% por la inflación pasada y en un 30% por la evolución de los sueldos formales.

Las jubilaciones, mejor que las paritarias

La pandemia golpeó a toda la economía y redujo fuertemente los ingresos del Estado. Aún así, en 2020 las jubilaciones acumularon un 35,5% de aumento. Se consolidaron de esta forma como el segundo incremento más importante en comparación con las distintas paritarias sectoriales. Los trabajadores azucareros consiguieron 38%, los únicos por encima.

En un contexto de crisis internacional en términos sanitarios, económicos y políticos, la economía mundial se contraerá un 4,4%, y la latinoamericana caerá un 8,1%, según proyecciones del FMI. Ante el estallido de la crisis los trabajadores del sector privado sufrieron el deterioro de sus ingresos en todos los países y, en aquellos con menos derechos laborales adquiridos, la pérdida de sus empleos debido a la flexibilización de sus condiciones laborales.

Las empresas también se vieron altamente perjudicadas en todo el mundo. En algunos casos, las políticas de protección del empleo debieron aplicarse en forma de transferencias directas a empresas con el fin de evitar cierres y pérdidas de puestos de trabajo, como el ATP que llevó adelante el Gobierno nacional.

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La UNSJ y CAPRIMSA acuerdan capacitación para ampliar el empleo minero en San Juan

La Universidad Nacional de San Juan y la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros acordaron avanzar en capacitaciones vinculadas con las necesidades de las empresas. La propuesta apunta a mejorar la inserción laboral de estudiantes y profesionales, desarrollar oficios especializados y ampliar la participación de proveedores sanjuaninos en la cadena de valor minera.

El entendimiento fue abordado durante una mesa de diálogo que reunió a autoridades universitarias, representantes de CAPRIMSA y referentes de la Federación Universitaria de San Juan. La discusión estuvo centrada en la formación de recursos humanos, el acceso de los jóvenes al empleo y las competencias técnicas que requerirá el crecimiento de la minería.

Desde la representación estudiantil, Gonzalo Leyes planteó la necesidad de generar herramientas que permitan reducir las dificultades que enfrentan los jóvenes para incorporarse al mercado laboral. La propuesta contempla, al mismo tiempo, acompañar las trayectorias universitarias para evitar que la necesidad de conseguir un empleo termine obstaculizando la finalización de las carreras.

Para CAPRIMSA, el desafío también pasa por mejorar la capacidad de respuesta de las empresas locales. Su presidente, Fernando Godoy, admitió que todavía existe una estructura insuficientemente integrada para absorber de manera eficiente a los profesionales y estudiantes que se forman en la provincia.

El representante gremial instó a priorizar sectores clave como la metalmecánica, junto con la certificación y formación de personal técnico, para responder a las exigencias operativas del sector minero.

“Tenemos que ver cómo articulamos todo lo que se puede trabajar en metalmecánica, certificaciones de operadores y soldadores en este ecosistema minero”, sostuvo Godoy.

Formación y proveedores locales

La iniciativa busca que la vinculación entre la universidad y las empresas no quede limitada a acuerdos institucionales, sino que se traduzca en capacitaciones y oportunidades laborales concretas. Para ello, las partes comenzaron a identificar necesidades de formación que puedan ser atendidas mediante herramientas académicas y técnicas disponibles en la provincia.

Godoy remarcó que las propuestas deben transformarse en hechos concretos. «Si cumplimos con el 60 % de las metas, seré el primero en festejar», aseguró sobre el respaldo de la cámara a las iniciativas viables

La apuesta tiene además una dimensión productiva: fortalecer el denominado compre local y ampliar la participación de empresas sanjuaninas en una cadena minera que demanda bienes, servicios y personal especializado.

La articulación entre CAPRIMSA y la UNSJ abre así una agenda que combina formación, inserción laboral y desarrollo de proveedores. El gran objetivo de San Juan es traducir la bonanza minera en capacidades locales reales, impulsando a estudiantes, profesionales y empresas hacia las demandas del futuro.

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La morosidad de los hogares volvió a subir y crece el reclamo por los argentinos endeudados

La morosidad de los hogares pasó del 12,77% al 12,94% en julio, según datos de la Central de Deudores del Banco Central analizados por la consultora 1816. Casi seis millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días. Mientras el oficialismo relativiza el fenómeno y rechaza una intervención estatal, la Iglesia reclamó medidas frente a las deudas que considera abusivas.

El incremento puede parecer acotado en términos porcentuales, pero adquiere otra dimensión cuando se lo proyecta sobre la cantidad de personas alcanzadas. Se estima que casi seis millones de argentinos acumulan atrasos superiores a 90 días dentro de un universo de 20,8 millones de deudores. En octubre de 2024, la morosidad general se ubicaba en torno al 2,5%.

La evolución tampoco fue uniforme entre los distintos actores del sistema financiero. Mientras la mora empresarial avanzó del 3,50% al 3,61%, las deudas de los hogares aumentaron en 23 de las 30 principales entidades relevadas. La mayor fragilidad aparece en las billeteras virtuales y entidades financieras no tradicionales, donde el índice trepó al 33,69%.

El dato adquiere especial relevancia porque se conoce mientras el Congreso debate iniciativas destinadas a brindar algún tipo de alivio a quienes acumularon compromisos financieros. La oposición logró reunir 133 diputados para impulsar el tratamiento de proyectos vinculados con los hogares endeudados, aunque el oficialismo busca postergar la discusión.

El Gobierno relativiza la morosidad

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, minimizó el alcance del fenómeno y sostuvo que existe “un poco de mora” asociado al incremento de las tasas de interés. Según su evaluación, el volumen de deuda representa una magnitud “insignificante” en relación con el Producto Bruto Interno, debido a que buena parte de los compromisos corresponde a montos reducidos.

Menem también afirmó que la morosidad “ya empezó a bajar”, una apreciación que no coincide con el último registro disponible, que muestra un nuevo incremento durante julio. El titular de Diputados insistió además en que el Estado no debería intervenir para resolver las obligaciones contraídas entre particulares.

Esa posición coincide con el criterio expresado por el Gobierno de Javier Milei, que considera el endeudamiento familiar principalmente como una relación entre deudores y acreedores privados. Desde esa perspectiva, no se justificaría una política pública específica de asistencia o refinanciación.

La Iglesia reclama una respuesta

El rechazo a esa postura llegó esta vez desde la Iglesia Católica. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reclamó una intervención que permita establecer criterios frente al crecimiento de las obligaciones financieras de los hogares.

El titular de la CEA advirtió sobre la existencia de “deudas leoninas” y planteó la necesidad de discutir límites que contemplen la capacidad real de pago de cada persona. Entre otras alternativas, propuso revisar cuánto del salario puede comprometerse para afrontar créditos y otras obligaciones.

Colombo cuestionó además cualquier respuesta que reduzca el fenómeno a una cuestión exclusivamente privada. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial”, sostuvo, al reclamar que las autoridades no se desentiendan de quienes quedaron atrapados por compromisos que ya no pueden afrontar.

La discusión combina así dos datos que avanzan en direcciones diferentes: mientras los registros financieros muestran un nuevo deterioro de la capacidad de pago de los hogares, el Gobierno sostiene que no existe una magnitud suficiente para justificar una intervención pública.

Con casi seis millones de personas con atrasos superiores a 90 días y niveles de mora particularmente elevados en las entidades no tradicionales, el endeudamiento familiar se convirtió en uno de los asuntos que volverán al centro del debate legislativo y económico en los próximos meses.

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Departamentales

Más aulas y tecnología para los estudiantes de Difunta Correa

La Escuela República del Paraguay incorporó un aula para Nivel Inicial, dependencias administrativas, sanitarios y un playón deportivo, además de mejoras integrales en sus instalaciones. Durante la recorrida, el gobernador Marcelo Orrego también supervisó la construcción de un nuevo centro de salud y una dependencia de la Policía Rural.

Esta obra incluyó la construcción de un aula para Nivel Inicial, dependencias administrativas, sanitarios y un playón deportivo, además de la renovación de aulas y galerías y trabajos sobre cubiertas, instalaciones eléctricas y sanitarias, carpinterías, pisos, espacios exteriores y cierre perimetral.

La jornada también tuvo un componente tecnológico. Estudiantes de la institución recibieron computadoras destinadas a acompañar sus aprendizajes y ampliar el acceso a herramientas digitales. Orrego señaló que la incorporación de tecnología forma parte de una política que busca reducir las brechas educativas y anticipó que la provincia prevé avanzar con la entrega de 50.000 equipos para alumnos de escuelas secundarias.

“Hoy tener una computadora significa acceder al conocimiento, a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial”, sostuvo el gobernador, quien vinculó esa incorporación con la igualdad de oportunidades. También destacó los programas provinciales de alfabetización y Comprendo y Aprendo como parte de las políticas educativas que lleva adelante su administración.

La visita a Vallecito incluyó además una recorrida por otras obras públicas destinadas a ampliar la prestación de servicios para los habitantes del paraje. Entre ellas se encuentra el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Vallecito, que registra un avance del 25%.

El futuro establecimiento contará con consultorios, áreas de odontología y ginecología, enfermería, farmacia, guardia, dependencias administrativas y espacios para el personal. Su incorporación permitirá ampliar la atención sanitaria sin que los vecinos deban trasladarse fuera de la localidad para acceder a prestaciones básicas.

Otro de los proyectos supervisados fue la Unidad Operativa Rural N.º 1 Vallecito, también con un avance del 25%. La dependencia dispondrá de oficinas, guardia, dormitorios, cocina-comedor, sanitarios, estacionamiento y corrales, con el objetivo de reforzar la presencia y capacidad operativa de la Policía Rural.

De esta manera, los proyectos de educación, salud y seguridad forman parte de un plan integral para Vallecito y el paraje Difunta Correa, equilibrando las necesidades de la comunidad local con el constante flujo de turistas y peregrinos.

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