Mientras la CGT y las dos CTA expresan su rechazo, el Gobierno de Javier Milei acelera el debate por la reforma laboral, que se discutirá tras la renovación legislativa del 10 de diciembre. El proyecto, que busca “modernizar las normas de trabajo”, ya divide aguas entre los gobernadores, incluidos varios del peronismo. Con el sindicalismo en franca minoría parlamentaria, el Ejecutivo se encamina a un debate con correlación de fuerzas favorable.

La discusión sobre la flexibilización laboral avanza por distintos frentes: el Consejo de Mayo, las legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación, donde el oficialismo presentará formalmente su proyecto una vez renovadas las bancas legislativas. La iniciativa, que promete ser uno de los ejes centrales del programa económico del gobierno de Javier Milei, ya despertó reacciones encontradas tanto en el sindicalismo como entre los mandatarios provinciales.

Desde las principales organizaciones gremiales —la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma)— la postura fue inmediata: rechazo total a cualquier intento de ampliar la jornada laboral o flexibilizar derechos adquiridos. Pero el debate se trasladó a las provincias, donde la posición de los gobernadores será determinante, tanto en términos políticos como en el comportamiento de sus bloques en el Congreso.

Desde la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof salió a marcar diferencias con dureza. Su ministro de Trabajo, Walter Correa, calificó el proyecto de Milei como “fuera de época” y remarcó que “lo que hoy se discute en el mundo es la reducción de la jornada laboral, no su ampliación a 12 o 13 horas diarias”. La postura bonaerense busca marcar un límite político y simbólico frente al avance de un modelo que considera regresivo en materia de derechos laborales.

Sin embargo, el rechazo no es unánime dentro del peronismo. Dos gobernadores de esa extracción, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), salieron públicamente a respaldar la necesidad de una actualización normativa.

Jaldo, que ya acompañó con votos legislativos varias iniciativas del oficialismo, sostuvo que “las normas laborales deben modernizarse porque la tecnología avanzó y la realidad productiva cambió”. Aclaró que “no se trata de quitar derechos, sino de adaptarlos a los tiempos actuales” y que los “derechos adquiridos no se tocan”, una línea discursiva que busca equilibrar pragmatismo político y resguardo simbólico del legado justicialista.

En sintonía, Jalil planteó que una reforma podría ser “una herramienta para promover la inversión y el empleo”, sumándose a un grupo de mandatarios que ven en el debate una oportunidad para atraer capital y reactivar economías provinciales golpeadas.

El respaldo también se extiende a gobernadores de otras fuerzas políticas. El radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe) valoró el “cambio de actitud del Gobierno tras las elecciones” y se comprometió a trabajar “en unidad para sacar el país adelante”, siempre que las reformas “sirvan para impulsar la producción y formalizar el empleo”.

Su correligionario cordobés, Martín Llaryora, reclamó que el nuevo clima de diálogo “incluya a los gobernadores, la industria y las instituciones representativas del trabajo y la producción”, advirtiendo sobre los riesgos de un debate cerrado entre tecnócratas y despachos nacionales.

Entre los apoyos previsibles también figuran el sanjuanino Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), el entrerriano Rogelio Frigerio (PRO) y el salteño Gustavo Sáenz (Identidad Salteña), quienes manifestaron su disposición a acompañar los proyectos del Ejecutivo en nombre de la gobernabilidad y la competitividad regional.

El mapa político que se configura anticipa un Congreso favorable al oficialismo, especialmente tras la renovación legislativa del 10 de diciembre, que dejará a las fuerzas opositoras tradicionales con menor representación sindical. En la nueva composición, el bloque gremial se reduce a figuras como Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (docentes), Vanesa Siley (judiciales) y el ingreso de Hugo Moyano (h.), abogado del sindicato de Camioneros. La izquierda, en tanto, perdió una banca, acentuando el desequilibrio.

La reforma laboral que promueve el Gobierno de Milei abre un debate que excede el plano técnico y toca el núcleo del modelo de relaciones laborales argentino. Mientras el sindicalismo resiste y los gobernadores miden costos y beneficios, el oficialismo aprovecha su nuevo peso parlamentario y un contexto económico adverso para instalar la idea de “modernización” como sinónimo de competitividad.

Pero más allá de los discursos, el desafío político será definir si esa modernización implica una actualización equilibrada de derechos o una reconfiguración estructural del trabajo que modifique la relación histórica entre el capital y el movimiento obrero.

El secretario general de SATSAID San Juan, Mario Quinteros, confirmó la recomposición salarial que cierra el año paritario en el sector audiovisual y cuestionó los lineamientos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Con mirada crítica y argumentación firme, el dirigente advirtió que la fragmentación de las negociaciones “solo busca debilitar las instituciones gremiales y profundizar la desigualdad entre trabajadores”.

El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) concluyó la negociación salarial correspondiente al último tramo del año. El acuerdo, alcanzado con las empresas del sector de video y conectividad, implica una recomposición destinada a mitigar el impacto de la inflación acumulada y cerrar el ciclo paritario con un leve margen positivo.

“Estamos cerrando el año con un incremento que busca equilibrar la pérdida inflacionaria. No se trata de una mejora real, pero sí de un alivio en un contexto económico adverso”, explicó Quinteros, en diálogo con Mundo Laboral SJ. El dirigente detalló que el entendimiento incluye sumas no remunerativas que corrigen desfasajes salariales y colocan al sector “casi dos puntos por encima de la inflación”.

La recomposición coincide con el inicio del proceso electoral interno del sindicato, previsto para los días 26 y 27 de noviembre. “Ya se cerró la presentación de listas y solo se oficializó la nuestra, que conducirá el gremio hasta 2030. Asumiremos en marzo, normalizando los plazos que se habían alterado por la pandemia”, señaló Quinteros, destacando la continuidad institucional del SATSAID como un valor en sí mismo.

La reforma laboral en debate: un punto de quiebre

El dirigente también analizó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, que promueve la negociación por empresa, la revisión de los convenios colectivos y la flexibilización de ciertas normas laborales. Con tono crítico, Quinteros advirtió que la iniciativa “no busca modernizar las relaciones de trabajo, sino desarticular el poder colectivo de los sindicatos”.

“Negociar por treinta mil trabajadores no es lo mismo que hacerlo por trescientos. Lo que se pretende es dividir, debilitar y precarizar. Hablan de dinamismo salarial, pero en realidad apuntan a romper la solidaridad entre los trabajadores”, enfatizó.

Para el secretario general de SATSAID, el esquema propuesto desconoce el principio básico de igualdad laboral. “Un camarógrafo, un sonidista o un técnico audiovisual deben percibir el mismo salario por igual tarea, sin importar la provincia. Eso no es un privilegio gremial, es justicia social”, sostuvo, recordando que los acuerdos nacionales del gremio garantizan condiciones uniformes en todo el país.

En su análisis, Quinteros admitió que los convenios colectivos requieren actualización, pero aclaró que ello debe hacerse sin resignar derechos. “Hay cláusulas obsoletas, tareas que desaparecieron con los años, y eso se corrige en diálogo con las empresas. Lo que no se puede aceptar es una reforma que utilice esa excusa para reducir garantías laborales”, señaló.

El trasfondo económico y el riesgo de un modelo desigual

El sindicalista fue más allá y enmarcó el debate en una discusión estructural sobre el rumbo económico del país. A su entender, la ofensiva contra los derechos laborales se vincula con la concentración de la riqueza y la falta de redistribución.

“Nos quieren llevar a un modelo donde la gente trabaja sin derechos, como en China o la India. Pero Argentina no es eso: es un país con recursos, con historia y con un pueblo que aprendió a defender sus conquistas”, expresó.

Con ironía, criticó la idea de ampliar la jornada laboral sin compensación:

“Si quieren trabajadores de doce horas y sin feriados, abramos los libros de las empresas y repartamos las ganancias. No seamos socios solo de las pérdidas”.

El sindicalista advirtió, además, que detrás del discurso de la competitividad “se esconde una transferencia de costos hacia los trabajadores”. Según dijo, mientras el Gobierno habla de austeridad, “la rentabilidad de algunos grupos empresariales crece sin reinvertirse, y el ajuste siempre recae sobre el asalariado”.

Un movimiento obrero en alerta

Pese a la dureza de su diagnóstico, Quinteros subrayó la voluntad del gremio de mantener canales de diálogo institucional. “Estamos dispuestos a discutir convenios, a revisar cláusulas y a adaptarnos a los nuevos tiempos, pero no vamos a convalidar una reforma que implique retroceder en derechos fundamentales”, remarcó.

En ese sentido, valoró la unidad de acción que se observa en la Confederación General del Trabajo (CGT) frente al proyecto oficial. “El sindicalismo argentino ha demostrado que, pese a las diferencias internas, hay un consenso básico: defender el trabajo digno, la negociación colectiva y la protección social”, sostuvo.

El cierre paritario del SATSAID y las palabras de Mario Quinteros condensan el pulso del sindicalismo argentino en un momento de alta incertidumbre política y económica. Consciente de los desafíos que impone la inflación y de los debates que se avecinan en el Congreso, el gremio audiovisual busca sostener el equilibrio entre la modernización del sector y la defensa irrestricta de los derechos laborales.

Quinteros lo resume con una frase que sintetiza la postura del movimiento obrero frente al nuevo escenario: “No nos oponemos al cambio, pero sí al retroceso. La justicia social no se discute: se defiende”.

Durante un encuentro con el presidente Javier Milei, el empresario Martín Varsavsky deslizó la posibilidad de adoptar un esquema laboral de hasta 13 horas diarias inspirado en Grecia. Aunque el propio empresario aclaró que se trata de una propuesta “negociable”, la reacción fue inmediata: sindicatos, académicos y opositores interpretaron la idea como un anticipo del rumbo flexibilizador que el Gobierno planea para el mercado de trabajo.

La cena entre Javier Milei y Martín Varsavsky, empresario argentino radicado en Madrid, derivó en una polémica que expuso con crudeza las tensiones del actual debate laboral. Varsavsky, cercano al oficialismo, mencionó como ejemplo de “modernización” el modelo griego, que permite jornadas laborales de hasta 13 horas diarias. Su comentario, aunque matizado luego como una sugerencia sujeta a discusión, encendió las alarmas entre gremios y sectores académicos, que ven en esa idea el núcleo de una reforma estructural regresiva.

La iniciativa se vincula con el paquete de “modernización laboral” que el presidente Milei anunció el pasado 11 de octubre en San Nicolás. Entre las medidas incluidas se destacan:

El reemplazo de las indemnizaciones por despido por un fondo de cese laboral individual.

La creación de un banco de horas, que permitiría compensar las horas extra con tiempo libre en lugar de pago adicional.

La habilitación de contratos en cualquier moneda, incluyendo el dólar.

La flexibilización del régimen de vacaciones, cuya asignación quedaría bajo decisión del empleador.

Desde el Gobierno argumentan que estas reformas apuntan a reducir la informalidad, que afecta a la mitad de los trabajadores, y a eliminar la llamada “industria del juicio laboral”. Sin embargo, especialistas en derecho del trabajo y organizaciones sindicales sostienen que la flexibilización no ha demostrado resolver esos problemas en otros países, mientras que sí deteriora las condiciones de vida de los asalariados.

En las redes sociales, la frase “13 horas de trabajo” se volvió rápidamente tendencia. Los usuarios expresaron su indignación con etiquetas como #EsclavismoModerno o #NoALaReformaLaboral, en una ola de críticas que unió a sectores diversos bajo una misma preocupación: la pérdida de derechos laborales conquistados durante décadas.

Para muchos analistas, la mención al “modelo griego” no es casual. Grecia fue uno de los países más afectados por las políticas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional, y su reciente ampliación de la jornada laboral generó una fuerte respuesta social. El paralelismo con la Argentina, donde el Gobierno busca reformar el sistema laboral bajo el argumento de “adaptarlo al mundo moderno”, resulta inevitable.

El futuro de esta reforma dependerá del debate parlamentario y de la negociación con los gremios, pero la reacción inicial anticipa una resistencia sindical y social significativa. Si el Ejecutivo decide avanzar en esa dirección, el país podría enfrentar una nueva etapa de conflictividad. Más allá de las aclaraciones de Varsavsky, la sola posibilidad de instalar una jornada de 13 horas revela el espíritu del proyecto: un modelo que privilegia la flexibilidad empresaria sobre la protección laboral y redefine el valor del trabajo en la Argentina contemporánea.