La Dirección Nacional de Vialidad vivió en los últimos días uno de los momentos más trascendentes de su historia reciente. Tras un año completo de movilizaciones, gestiones y resistencia sindical, el Senado de la Nación dejó sin efecto el decreto 461/2025 que disponía la disolución del organismo. Para los trabajadores, fue el cierre de una etapa marcada por la incertidumbre y la angustia, pero también el inicio de nuevos retos.

José Pérez, secretario adjunto de Vialidad Nacional en San Juan, en diálogo mantenido con Mundo Laboral SJ, recordó con emoción la jornada en la que más de mil empleados, provenientes de distintos puntos del país, marcharon desde la Casa Central hasta el Congreso. “Fueron lágrimas de desahogo, de alegría. Después de tanto tiempo de lucha, los senadores estuvieron a la altura y se logró dar por tierra con este decreto que amenazaba nuestra existencia”, expresó.

El dirigente destacó que esta victoria se construyó con trabajo coordinado en distintos frentes: presentaciones judiciales, reuniones con comisiones de obras públicas, contacto directo con legisladores y una campaña de visibilización para que la ciudadanía entendiera el papel fundamental de Vialidad en el mantenimiento y desarrollo de las rutas nacionales. “Muchos desconocían qué hace Vialidad, cómo se administran los fondos y la calidad de los profesionales que la integran. Logramos instalarlo en la agenda pública”, subrayó.

Sin embargo, Pérez advirtió que la lucha no termina aquí. Entre las prioridades inmediatas está revertir el desfinanciamiento que sufre el organismo y garantizar que los recursos provenientes del impuesto al combustible se destinen efectivamente a la red vial. También, encarar una recomposición salarial: “Desde octubre de 2024 no tenemos aumentos ni paritarias. Necesitamos recuperar lo perdido y contar con los medios para cumplir nuestras tareas”.

Actualmente, Vialidad Nacional cuenta con 5.200 trabajadores en todo el país, de los cuales 200 se desempeñan en San Juan, atendiendo 1.200 de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales. A pesar de las licitaciones recientes que cubren 11.000 kilómetros, aún quedan 30.000 bajo responsabilidad directa del organismo. “Para el gobierno sobran trabajadores; nosotros creemos lo contrario. Nos faltan manos para cubrir todo lo que hay que hacer”, afirmó Pérez, cuestionando los informes oficiales que justificaban recortes y despidos.

El sindicalista, que también vivió la crisis de 2001 cuando Vialidad pasó a ser un ente residual, destacó la fortaleza colectiva y la unidad de los empleados en ambas instancias. “Esto no es fácil, pero cuando se lucha en conjunto y se tienen metas claras, las victorias llegan. Queremos que la gente transite por rutas seguras y de calidad, porque amamos esta institución y sabemos que es clave para el desarrollo del país”.

Con el decreto anulado y un respaldo legislativo contundente —60 votos en el Senado—, la Dirección Nacional de Vialidad inicia una nueva etapa. El desafío ahora será transformar esta victoria política en mejoras concretas: más presupuesto, mejores salarios, mayor dotación de personal y, sobre todo, una red vial nacional que responda a las necesidades de todos los argentinos.

La negociación paritaria docente en San Juan no llegó a un acuerdo y pasó a un nuevo cuarto intermedio. Los gremios docentes, UDAP, UDA y AMET, no aceptaron los incrementos ofrecidos por el Gobierno provincial y decidieron seguir negociando elpróximo viernes 29 de agosto.

La reunión paritaria docente se llevó a cabodurante este marte en la sede del Ministerio de Educación de San Juan. La propuesta del Ejecutivo incluía incrementos vinculados a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un aumento del 15% en el concepto Nueva Conectividad San Juan en septiembre y mejoras en los cargos del nomenclador docente.

Sin embargo, los sindicatos consideran que la oferta no satisface sus reclamos, especialmente en cuanto a una mejora específica para agosto y septiembre. «La propuesta del Gobierno es insuficiente», declaró Daniel Quiroga, secretario general de AMET. «Necesitamos una mejora salarial que refleje la inflación y el aumento del costo de vida en la provincia».

Por su parte, Karina Navarro, secretaria general de UDA, destacó que «la negociación paritaria es un proceso complejo que requiere tiempo y esfuerzo». «Estamos dispuestos a seguir negociando para encontrar una solución que satisfaga las necesidades de los docentes y del sistema educativo en general», agregó.

El Gobierno provincial, por su parte, ratificó su compromiso de mantener la política salarial unificada para toda la administración pública provincial. «Estamos dispuestos a seguir negociando y a encontrar una solución que sea justa y equitativa para todos», declaró Roberto Gutiérrez, ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan.

La negociación se reanudará el próximo viernes 29 de agosto a las 14 horas. Mientras tanto, los docentes cobrarán con el aumento del IPC.

Edith Liquitay, referente de Adicus en San Juan, celebró la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, pero advirtió que el conflicto salarial y presupuestario en las universidades nacionales continúa abierto. En diálogo con Mundo Laboral SJ, la dirigente docente explicó que el logro fue fruto de la unidad entre gremios docentes, no docentes, investigadores y estudiantes, y que ahora el desafío es garantizar su implementación efectiva. En este contexto, la unidad era el único camino y ya está dando frutos”, subrayó.

La Ley de Financiamiento Universitario establece la obligación de asegurar recursos para salarios, becas estudiantiles, investigación, extensión universitaria y funcionamiento de las 57 universidades nacionales. Según Liquitay, esto evita que el financiamiento dependa exclusivamente de la voluntad política del gobierno de turno.

Salarios: una pérdida histórica del 40% en ocho meses

La sindicalista advirtió que, pese al avance legislativo, la situación salarial de los trabajadores universitarios es insostenible. “Con este gobierno nacional ya acumulamos una pérdida de más del 40% del poder adquisitivo. No hablamos de gestiones anteriores, solo de estos meses. Es una caída histórica”, remarcó.

Criticó además la “comunicación engañosa” del Ejecutivo, que anunció un aumento del 7,5% que, en la práctica, se traducirá en solo un 3,9% en el próximo cobro. “Es una maniobra para confundir a la opinión pública. Nuestros reclamos son legítimos y la realidad lo demuestra”, afirmó.

Plan de lucha: paros y una marcha federal

Liquitay confirmó que, más allá de la sanción de la ley, el frente gremial ratifica el plan de lucha con paros rotativos de 48 horas. Las medidas están previstas para este martes 26 y miércoles 27 de agosto y el 1 y 2 de septiembre, en demanda de una recomposición de salarios urgente.

En este sentido, expresó, se prepara una gran marcha federal para septiembre con participación de docentes, no docentes, investigadores y estudiantes. “Trabajamos en unidad para poner a todo el país en la calle en defensa de la universidad pública”.

La representante de ADICUS alertó sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vete la ley recientemente aprobada. “Entendemos que en este contexto político, y con un gobierno que ataca sistemáticamente a las universidades, es una posibilidad real. Pero si ocurre, la respuesta será contundente: una movilización masiva en defensa de la soberanía, la ciencia, la tecnología y la educación”, afirmó.

Edith Liquitay recordó que la universidad pública argentina es un pilar en la formación de profesionales, el desarrollo científico y la vinculación con la industria y la sociedad. “En este contexto de crisis, defenderla es defender el futuro del país”, finalizó.