El comercio de San Juan atravesó en 2025 uno de los escenarios más desafiantes de los últimos años. La caída sostenida del consumo, el avance del comercio electrónico, el aumento de las compras en el exterior y el fuerte incremento de los costos operativos golpearon la rentabilidad de pymes y comercios tradicionales.

El año que acaba de finalizar dejó un balance complejo para el sector comercial de la provincia. Desde mayo y hasta el cierre de diciembre, el consumo mostró una retracción sostenida que impactó de lleno en las ventas minoristas, profundizando las dificultades de un entramado comercial mayoritariamente compuesto por pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en noviembre la demanda total registró una caída interanual del 3,5%, mientras que en diciembre el descenso alcanzó el 5,2%. Si bien el último mes del año evidenció una leve recuperación mensual impulsada por las fiestas y el pago del aguinaldo, no fue suficiente para revertir una tendencia contractiva que marcó gran parte del calendario comercial.

Desempeños desiguales por rubro

El comportamiento del consumo fue heterogéneo según los sectores. Rubros como perfumería, calzado, marroquinería e indumentaria lograron sostener leves incrementos, en muchos casos asociados a promociones, financiamiento y estrategias comerciales agresivas. En contrapartida, actividades como librerías, electrónica y juguetería registraron retrocesos significativos, afectados por la caída del poder adquisitivo y la competencia de plataformas digitales e importaciones.

Esta disparidad reflejó un cambio en las prioridades de consumo de los hogares, cada vez más orientadas a gastos esenciales o compras planificadas, en detrimento del consumo discrecional.

El avance del comercio electrónico y las compras externas

Uno de los fenómenos más relevantes de 2025 fue la consolidación del comercio electrónico. Ocho de cada diez argentinos utilizan actualmente esta modalidad, que ya representa cerca del 18% de las ventas minoristas. El crecimiento fue impulsado por el uso intensivo de dispositivos móviles, la mejora en los sistemas de entrega, la integración entre canales físicos y digitales y la expansión de los medios de pago electrónicos.

En este sentido, las compras en el exterior mostraron un salto exponencial. Durante 2025 se incrementaron un 452% respecto de 2024, superando los 900 millones de dólares anuales. La ampliación del límite para envíos puerta a puerta y la exención de derechos para compras inferiores a 400 dólares favorecieron esta dinámica, que se tradujo en una presión adicional sobre la oferta local y en una competencia directa para los comercios tradicionales.

Costos en alza y rentabilidad en jaque

A la caída del consumo y a los cambios en los hábitos de compra se sumó un fuerte incremento de los costos operativos. En 2025, la electricidad aumentó un 44%, el gas un 53% y los combustibles más del 40%, en un contexto en el que la inflación anual cerró en torno al 31,5%.

Uno de los factores más críticos fue el encarecimiento de los alquileres comerciales. En promedio, los valores subieron hasta un 80% a lo largo de 2025, luego de haber acumulado incrementos cercanos al 280% en el segundo semestre de 2024. Este escenario deterioró sensiblemente la rentabilidad de los comercios, especialmente de aquellos ubicados en zonas céntricas o de alto tránsito.

Respuestas institucionales y dinámicas territoriales

Frente a este panorama, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan impulsó convenios, capacitaciones y acciones de acompañamiento destinadas a fortalecer al sector. En la misma línea, el gobierno provincial facilitó líneas de crédito orientadas a sostener la actividad y preservar el empleo.

En el plano territorial, se observaron movimientos relevantes. El departamento Rawson avanzó en la ampliación de sus zonas comerciales, mientras que se prevé que Capital impulse ordenamientos urbanos y comerciales destinados a mejorar la experiencia de compra y la competitividad del comercio local.

Perspectivas para 2026

De cara a 2026, el comercio sanjuanino enfrenta un escenario todavía desafiante, aunque con expectativas puestas en sectores estratégicos como la minería y la industria, que podrían generar efectos multiplicadores sobre el consumo y la actividad económica en general.

Desde la Cámara de Comercio destacaron el compromiso del sector y subrayaron la importancia de acompañar al comercio provincial como herramienta clave para sostener el empleo, dinamizar la economía local y amortiguar los impactos de un contexto nacional e internacional todavía incierto.

La actividad metalúrgica cerró 2025 con los peores indicadores desde la pandemia, según alertó Martín Solazzo, titular de la UOM en San Juan. Con plantas trabajando por debajo del 50% de su capacidad, despidos en aumento y una reforma laboral en puerta, el sindicalismo advierte por un retroceso histórico en derechos y prepara medidas de fuerza.

La industria metalúrgica argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Así lo describió Martín Solazzo, representante los trabajadores metalúrgicos en la provincia, quien advirtió que el sector cerró 2025 con niveles de actividad similares a los registrados durante la pandemia, una señal contundente del deterioro productivo que atraviesa la industria nacional.

Según explicó el dirigente sindical a Mundo Laboral SJ, las empresas metalúrgicas trabajan hoy muy por debajo del 50% de su capacidad instalada, un umbral que históricamente marca escenarios de fuerte contracción. “Son valores que sólo habíamos visto en el momento más duro del COVID”, señaló, al tiempo que apuntó directamente contra la política económica del gobierno de Javier Milei.

Para Solazzo, el problema no es coyuntural sino estructural: la apertura irrestricta de importaciones, el freno a la obra pública y la ausencia de una política industrial activa conforman un combo que golpea de lleno a la producción nacional. “Desde el comienzo de este gobierno advertimos que la política económica no favorece al sector industrial. En la metalurgia somos atacados directamente”, sostuvo.

Empresas al límite y despidos en ascenso

El impacto de este modelo ya se traduce en pérdidas concretas de empleo. A nivel nacional, la UOM contabiliza casi 6.000 despidos en la industria metalúrgica, una cifra que enciende alarmas en todo el país. En San Juan, si bien la actividad minera funciona como un amortiguador parcial, la situación también comienza a deteriorarse.

“En los últimos tres meses de 2025 tuvimos cierres de talleres y bajas en algunas empresas”, explicó Solazzo. Desde la seccional, indicó, el sindicato intenta colaborar incluso en aspectos que exceden su rol tradicional, como gestiones laborales, licitaciones o articulaciones con el Estado, con un objetivo claro: evitar la pérdida de puestos de trabajo y que más familias queden en la calle.

La preocupación se profundiza ante un fenómeno que empieza a repetirse: empresas que abandonan la producción local para convertirse en simples importadoras. “No estamos exentos de que esto nos pase en San Juan. Hoy todavía no nos golpea de lleno, pero ya está ocurriendo en otros rubros”, advirtió.

El efecto importador y un ejemplo testigo

Solazzo puso como ejemplo el caso de una empresa radicada en Campana, vinculada al ensamblaje de motos KTM. “Antes importaban partes, ensamblaban acá y vendían al mercado interno. Hoy compran la moto totalmente armada. Dejaron 100 trabajadores en la calle”, relató. La ecuación, explicó, es clara: la rentabilidad empresarial mejora, pero a costa del empleo. “Ganan más plata, pero dejan 100 familias sin sustento. Eso es alarmante”, sostuvo. En ausencia de políticas de protección y desarrollo industrial, remarcó, la industria nacional no puede competir con economías como China o Europa, altamente subsidiadas y con escalas productivas muy superiores.

Reforma laboral: tensión, unidad sindical y advertencias

Simultáneamente al deterioro productivo, el sector sindical se prepara para otro frente de conflicto: el inminente debate de la reforma laboral en el Congreso. A menos de un mes de su tratamiento, el referente de la UOM en San juan advirtió que el escenario se vuelve cada vez más tenso.

“El problema es que se divide al movimiento obrero entre sectores duros, dialoguistas o negociables. Lo ideal sería discutir todos juntos y decidir en unidad”, señaló. Sin embargo, reconoció que los tiempos políticos obligan a actuar con rapidez.

El dirigente defendió el uso de herramientas históricas del sindicalismo —movilizaciones, paros y medidas de fuerza— y alertó sobre las consecuencias irreversibles que podría traer la aprobación de la ley. “Cuando una reforma de este tipo se inserta, después es prácticamente imposible sacarla”, afirmó. Como antecedente, citó el caso de Chile tras las reformas laborales de la dictadura de Pinochet: “Hasta el día de hoy no pudieron recuperar los derechos perdidos”.

“Modernización” o precarización

Solazzo fue especialmente crítico con el discurso oficial que presenta la reforma como una modernización del sistema laboral. “Es una gran mentira, un disfraz. Lo que se propone es precarización laboral, no va a beneficiar a ningún trabajador”, aseguró.

En ese contexto, cuestionó también el rol de algunos gobernadores y denunció presiones del Ejecutivo nacional para garantizar votos en el Congreso. “No entendemos qué hacen los gobernadores metidos en esta discusión. Es un debate laboral entre sindicatos, CGT y Gobierno”, afirmó, y advirtió que ninguna obra pública justifica perder fábricas y empleo local.

Movilización federal en puerta

Frente a este escenario, la UOM se alineará con las definiciones del secretariado nacional y de la CGT. Según adelantó Solazzo, se evalúan movilizaciones en todo el país el día que la reforma se trate en el Parlamento, con acciones federales en cada provincia.
“La disconformidad tiene que mostrarse en todo el país, no sólo en Buenos Aires. Cada trabajador tiene que salir a la calle para defender derechos que costaron años conseguir”, sostuvo.

La advertencia de la UOM sintetiza un clima que atraviesa a buena parte del entramado productivo y sindical argentino. Con una industria metalúrgica en retroceso, despidos en aumento, empresas al límite y una reforma laboral que amenaza con profundizar la precarización, el conflicto entre el Gobierno y el mundo del trabajo ingresa en una fase decisiva.

Lejos de tratarse de un debate técnico, lo que está en juego es el modelo de desarrollo, el rol de la industria nacional y el futuro de los derechos laborales. En ese cruce de tensiones, el sindicalismo se prepara para dar una batalla que considera crucial, consciente de que lo que se defina en las próximas semanas puede marcar el rumbo del trabajo en la Argentina por décadas.

La consolidación del llamado “trabajo del futuro”, acelerada tras la pandemia, convive con una concentración inédita de la riqueza y con reformas laborales que profundizan la precarización. Mientras una élite global acumula capital, extiende su expectativa de vida y se prepara para escenarios extremos, amplias mayorías enfrentan el riesgo de quedar fuera del sistema productivo y social.

El denominado trabajo del futuro dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad tangible, acelerada de manera decisiva por la pandemia de COVID-19. El confinamiento masivo impulsó el uso intensivo de la tecnología en los vínculos interpersonales, en los procesos productivos y en las relaciones laborales, modificando de forma estructural la organización del trabajo a escala global.

En la Argentina, como en buena parte del mundo, la discusión sobre la necesidad de actualizar convenios colectivos, revisar normativas laborales y adaptar los sistemas productivos y de servicios no es nueva. Sin embargo, lo que hoy aparece con mayor claridad es que ese debate se desarrolla en un contexto que tiende a usufructuar la coyuntura para ampliar desigualdades, erosionar derechos y consolidar formas de precarización que amenazan con expandir las poblaciones marginales y los mecanismos de explotación.

Lejos de promover un esquema virtuoso de incorporación de tecnología con mayor productividad y mejores condiciones de empleo, muchas de las reformas en discusión parecen apuntar a recrear vínculos laborales propios de otros siglos, más cercanos a la lógica de la servidumbre que a un sistema que fomente la formación profesional, los oficios calificados y la movilidad social ascendente.

La concentración extrema de la riqueza

Simultáneamente, el crecimiento de los llamados “superricos” se vuelve cada vez más visible y difícil de ignorar. La acumulación de capital en manos de una minoría ínfima continúa rompiendo récords históricos, ampliando la brecha entre una élite global y las grandes mayorías, independientemente de los debates morales sobre lo justo o injusto del fenómeno.

Algunos de estos multimillonarios promueven la idea de un ingreso mínimo social como herramienta de contención para quienes quedan fuera del mercado laboral formal. Esta propuesta, presentada como una solución humanitaria, también revela un trasfondo inquietante: la aceptación implícita de que una parte creciente de la población ya no será integrada al sistema productivo, sino apenas sostenida para garantizar su subsistencia.

Esa misma élite —que no supera el 1% de la población mundial, unos 8 millones de personas— aparece además vinculada a planes de construcción de búnkeres subterráneos autosuficientes, pensados como refugios ante eventuales colapsos sociales, ambientales o políticos. Una suerte de “plan B” frente a un escenario en el que la disputa por alimentos, agua potable y recursos básicos podría desatar conflictos de magnitud imprevisible.

Vida extendida para pocos, futuro incierto para mucho

La apuesta por nuevos territorios habitables, con Marte como emblema recurrente —impulsado incluso desde el poder político estadounidense y celebrado por figuras como Elon Musk—, aún no ofrece certezas reales. Mientras tanto, las inversiones más concretas de estos sectores se orientan al campo de la salud y la prolongación de la vida.

Avances médicos y terapias de alta complejidad prometen extender la expectativa de vida hasta los 90 o incluso 100 años, aunque el acceso a estos tratamientos quedaría reservado, una vez más, para un grupo extremadamente reducido. La posibilidad de vivir más y mejor se transforma así en un privilegio de clase, reforzando la segmentación social incluso en el plano biológico.

En este escenario, el desafío para las dirigencias políticas, sindicales y sociales que representan a los sectores de menores recursos —que hoy incluyen también a millones de trabajadores formales empobrecidos— es marcar un punto de inflexión frente a una tendencia que busca naturalizar la desigualdad como destino.

La justicia social y la igualdad de oportunidades parecen ser desplazadas deliberadamente de la agenda pública, mientras se delinean fronteras cada vez más nítidas entre ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta “cuarta” categoría. El riesgo no es solo económico, sino profundamente civilizatorio: la consolidación de un sistema que acepta la existencia de poblaciones de descarte como un daño colateral del progreso tecnológico y financiero.