La Asociación de Viñateros Independientes alertó sobre un escenario crítico para la próxima vendimia. La ausencia de precios, el exceso de oferta y la falta de intervención estatal colocan al productor en una situación de extrema fragilidad, en un contexto de caída del consumo y dificultades para exportar.

La vitivinicultura sanjuanina atraviesa un momento de profunda incertidumbre a pocas semanas del inicio de la vendimia. Desde la Asociación de Viñateros Independientes, su presidente Juan José Ramos describió un panorama marcado por la ausencia total de precios de referencia, la concentración del mercado comprador y un sobrestock que condiciona toda la cadena productiva.

Según explicó, no existen hasta el momento valores definidos para la uva ni acuerdos formales con bodegas o mosteras, una situación que deja a miles de productores sin herramientas para planificar la cosecha. “Son pocas las empresas que compran y muchos los que ofrecemos, por lo que no tenemos poder de negociación”, afirmó.

Ramos vinculó esta situación con la política económica de libre mercado, que excluye al Estado de cualquier rol regulador en la fijación de precios. En ese marco, el productor queda expuesto a un esquema de fuerte asimetría, donde la oferta atomizada enfrenta a un número reducido de compradores con alta capacidad de concentración.

El dirigente fue categórico al definir el presente como “el peor año de la historia de la vitivinicultura”, y apuntó directamente contra decisiones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que, lejos de aliviar el escenario, habrían profundizado el problema. Entre ellas, mencionó la anticipación de la fecha de liberación de vinos, que incrementó el excedente disponible en el mercado.

“Cuando la liberación era en junio ya había sobrestock; al adelantarla a marzo, el excedente es aún mayor”, explicó, subrayando que el exceso de vino presiona a la baja los precios y condiciona toda la cadena.

La crisis, advirtió, no se limita a los viñateros. También alcanza a bodegas y mosteras, con casos de empresas de relevancia nacional que han entrado en cesación de pagos. En San Juan, el impacto es similar al del resto del país, aunque con algunos matices: la producción de uva de mesa y uva para pasa, que cuenta con valores diferenciados, actúa como un amortiguador parcial.

Sin embargo, el núcleo del problema persiste. En la provincia, solo una cuarta parte de la uva se destina a vino y cerca del 50% a mosto, un segmento que también enfrenta severas dificultades. “Las mosteras dicen que no pueden pagar más por el atraso cambiario y porque hay excedente de mosto del año pasado. Son pocas empresas y los precios que ofrecen no superan los de hace dos años”, señaló Ramos.

Impacto económico

En este contexto, muchos productores se verán obligados a entregar la uva sin precio definido, bajo distintas modalidades contractuales. Con un valor del mosto por debajo de los $300 por litro, el precio estimado de la uva ronda los $150, un nivel inferior incluso al de dos años atrás, pese al aumento generalizado de costos.

Respecto a las líneas de crédito impulsadas por el Gobierno, Ramos reconoció que cuentan con tasas subsidiadas, pero advirtió que resultan poco viables si el producto no recupera valor. “Aunque haya meses de gracia, los intereses empiezan a correr a los 30 días y después se hace muy complicado cumplir”, explicó.

El presidente de la Asociación de Viñateros Independientes resumió la coyuntura como un “combo difícil”: un dólar atrasado que limita la competitividad exportadora, un mercado interno deprimido por la pérdida del poder adquisitivo y un sistema de liberación de vinos que amplifica los excedentes.

“Aunque la cosecha no será abundante, el productor apenas va a cubrir los costos de cosecha y acarreo. Así es muy difícil sobrevivir, pagar impuestos y seguir trabajando”, concluyó Ramos, poniendo en evidencia una crisis que amenaza no solo la rentabilidad, sino la continuidad misma de la vitivinicultura en San Juan y en el país.

El gasto mensual en alimentos y bebidas para una familia tipo volvió a incrementarse en diciembre y mostró diferencias marcadas entre provincias. San Juan encabezó las subas, mientras que la Patagonia se consolidó como la región más cara del país. Sin embargo, el impacto real sobre los hogares no depende solo de los precios, sino también del nivel salarial.

Durante diciembre, completar el changuito del supermercado demandó cerca de $900.000 para un hogar tipo compuesto por dos adultos y dos menores. El dato surge del último informe Changuito Federal, elaborado por la consultora Analytica, que relevó el costo de una compra mensual estándar de alimentos y bebidas en los principales supermercados online del país.

El estudio registró un incremento promedio de entre 2,6% y 3,9% según la región, reflejando una dinámica inflacionaria que, si bien muestra cierta desaceleración a nivel nacional, continúa golpeando con distinta intensidad a las economías provinciales.

En ese contexto, San Juan se ubicó como la provincia con mayor aumento mensual, con una suba del 3,9%, seguida por Salta (3,7%), el interior de la provincia de Buenos Aires (3,5%) y Corrientes (3,3%). También se destacaron San Luis y Catamarca (3,1%), mientras que Jujuy y La Rioja mostraron incrementos del 3%. En el extremo opuesto, Formosa presentó la menor variación, con apenas 1,3%.

Para garantizar la comparación entre distritos, el relevamiento utilizó idénticas marcas y tamaños de envases, evitando distorsiones asociadas a cambios en la calidad o composición del consumo. El objetivo, según explican desde Analytica, es reflejar una compra típica de clase media bajo condiciones homogéneas.

Más allá de las variaciones mensuales, el informe vuelve a confirmar una tendencia estructural: la Patagonia continúa siendo la región más cara del país. En diciembre, Santa Cruz encabezó el ranking con un costo total de $890.350, seguida por Chubut ($876.576), Río Negro ($863.809), Tierra del Fuego ($860.986) y Neuquén ($840.602).

Sin embargo, el estudio introduce una advertencia clave para el análisis económico: un changuito más barato no necesariamente implica un mayor poder adquisitivo. En el NEA, por ejemplo, el costo de la canasta representa el 29,1% del ingreso conjunto de dos salarios promedio, mientras que en la Patagonia —aun con precios más elevados— el esfuerzo relativo es significativamente menor, del 15,6%.

Esta aparente contradicción se explica por las fuertes diferencias salariales entre regiones. Las provincias del sur cuentan con ingresos promedio más altos, lo que amortigua el impacto del mayor costo de vida. Santa Cruz aparece como un caso emblemático: combina la canasta más cara del país con uno de los salarios privados registrados más elevados, solo superado por Neuquén.

El relevamiento de diciembre vuelve a poner en evidencia que el debate sobre el costo de vida no puede limitarse a la evolución de los precios. Las asimetrías regionales, tanto en el valor del changuito como en los niveles de ingreso, configuran realidades muy distintas para las familias argentinas.

Mientras algunas provincias enfrentan subas más moderadas pero con salarios rezagados, otras absorben precios más altos gracias a ingresos superiores. En ese delicado equilibrio entre precios, salarios y consumo cotidiano se juega, mes a mes, la verdadera dimensión del poder adquisitivo en la Argentina.

Mientras el Gobierno nacional avanza con su proyecto de reforma laboral y busca apoyos en las provincias, el sindicalismo despliega una estrategia federal para frenar una iniciativa que, según advierten, amenaza conquistas históricas, debilita la organización colectiva y profundiza la precarización del empleo.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei se convirtió en uno de los principales ejes de conflicto político y social del inicio del año. Lejos de un debate técnico, el proyecto abrió una pulseada de alcance federal en la que el Poder Ejecutivo busca sumar respaldo de los gobernadores, mientras el movimiento obrero organiza su propia contraofensiva territorial para bloquear su avance.

En ese marco, Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, expresó una postura categórica: la iniciativa oficial no representa una modernización del sistema laboral, sino “un retroceso estructural” que impacta de lleno sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales. “Ataca directamente a las conquistas laborales, al derecho colectivo y a las instituciones que defienden el trabajo”, sostuvo.

La lectura que predomina en amplios sectores del sindicalismo es que la reforma, tal como está planteada, no generará empleo genuino ni mayor productividad, sino que favorecerá a un núcleo reducido de capital concentrado. “No va a generar absolutamente nada positivo. Beneficia a un capital muy pequeño y debilita el entramado laboral”, advirtió Mena, en sintonía con la posición que atraviesa a gran parte de la CGT y de las organizaciones gremiales del país.

La respuesta sindical no se limita al plano discursivo. La Confederación General del Trabajo ya confirmó un paro nacional con movilización para el próximo 10 de febrero, una medida que cuenta con amplio consenso en la mesa sindical y que promete tener impacto en todo el territorio. “Estamos en sintonía. El movimiento obrero entiende que, si no defendemos nuestras conquistas y el derecho laboral, vamos a perder mucho más que una reforma”, remarcó el dirigente.

El conflicto se inscribe, además, en un contexto económico complejo. Aunque el Gobierno exhibe indicadores de inflación en descenso, persisten tensiones en rubros sensibles como transporte, energía y servicios, con un fuerte impacto sobre el poder adquisitivo. Según distintos estudios, una porción creciente de la población quedó excluida incluso de consumos básicos como el descanso o las vacaciones.

Desde el sector energético y minero, Mena aportó una mirada que combina realismo y advertencia. En el petróleo se registró una caída del empleo, mientras que la minería metalífera atraviesa una meseta sin crecimiento. “No hubo expansión. Estamos esperando inversiones que no terminan de llegar, en un escenario internacional cada vez más complejo”, explicó, aludiendo también a la volatilidad de los precios y a los condicionantes geopolíticos.

Lejos de encapsularse en su propia realidad sectorial, el dirigente subrayó la necesidad de una solidaridad activa dentro del movimiento obrero. “Tener estabilidad laboral no nos exime de ser solidarios con quienes no la tienen. Somos trabajadores y seres humanos que aspiran a un país con empleo y desarrollo”, afirmó.

La disputa por la reforma laboral excede largamente el contenido de un proyecto legislativo. Lo que está en juego, advierte el sindicalismo, es el modelo de relaciones laborales, el rol de las organizaciones colectivas y la capacidad del país para sostener un desarrollo con inclusión.

Frente a una ofensiva que prioriza la rentabilidad de pocos, el movimiento obrero apuesta a la movilización, al diálogo con las provincias y a la defensa integral de los derechos conquistados. El 10 de febrero asoma, así, como una fecha clave en una confrontación que definirá mucho más que una reforma: el rumbo del trabajo en la Argentina.