El paro nacional de 24 horas convocado por los gremios universitarios registró un 90% de adhesión en San Juan, según informó ADICUS. La medida alcanzó a las facultades de la UNSJ y a los colegios preuniversitarios, en reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La jornada de protesta fue convocada por las organizaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, en medio de un conflicto que combina el reclamo por la recuperación de los salarios con la exigencia de que el Gobierno nacional cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

En San Juan, la elevada adhesión comunicada por ADICUS reflejó el respaldo de los trabajadores universitarios a la medida de fuerza nacional. La interrupción de las actividades académicas se extendió durante 24 horas y coincidió con el comienzo del segundo cuatrimestre, lo que volvió a colocar el financiamiento de la educación superior en el centro de la discusión.

Salarios y pérdida del poder adquisitivo

El reclamo salarial constituye uno de los principales motivos de la protesta. Los gremios universitarios sostienen que los incrementos otorgados durante el último período no lograron compensar el deterioro acumulado de los ingresos frente a la inflación.

Las organizaciones sindicales cuestionaron particularmente el aumento del 21,3% percibido durante julio, al considerar que resultó insuficiente para recomponer el poder adquisitivo perdido. Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales habían advertido, además, que la diferencia entre los salarios actuales y la evolución de los precios supera el 28%.

La discusión no se limita a la actualización de los haberes. Los sindicatos también reclaman que se instrumenten las disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario y que se actualicen los recursos destinados a becas y hospitales universitarios.

Desde la perspectiva gremial, la insuficiencia presupuestaria repercute directamente sobre el funcionamiento de las universidades nacionales y condiciona el desarrollo de las tareas de enseñanza, investigación y extensión.

Un conflicto que volvió a las aulas

La protesta se produjo en un momento especialmente sensible para las universidades, con el inicio del segundo cuatrimestre y sin un acuerdo que permita cerrar la disputa salarial.

Para los gremios, la convocatoria a la huelga constituye una nueva instancia de presión frente a la falta de respuestas a sus demandas. La elevada adhesión registrada en San Juan, según ADICUS, mostró que el reclamo excedió a una unidad académica puntual y alcanzó a las distintas estructuras educativas dependientes de la UNSJ.

La acción también expuso nuevamente la distancia entre las organizaciones sindicales y el Gobierno nacional respecto del financiamiento de las universidades públicas.

La respuesta del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, rechazó los argumentos sindicales y cuestionó la legitimidad de la medida de fuerza. Desde el Gobierno sostuvieron que las transferencias correspondientes a las universidades se encuentran al día de acuerdo con los compromisos asumidos y rechazaron que exista un incumplimiento de sus obligaciones.

Además, el Ejecutivo convocó a una reunión paritaria para el 1 de septiembre, fecha que los gremios deberán evaluar mientras mantienen abierto el reclamo por una recomposición salarial.

El paro de este miércoles dejó así una señal concreta en San Juan: con un 90% de adhesión informado por ADICUS, la discusión universitaria volvió a interrumpir las clases y mostró que la pugna salarial y presupuestaria permanece sin una resolución definitiva.

La continuidad de las demandas estará condicionada por las respuestas en la mesa paritaria y la asignación de los fondos universitarios. Al mismo tiempo, la comunidad académica mantiene un litigio que trasciende los sueldos y repercute en las actividades cotidianas de la educación superior.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan dio un paso decisivo hacia la libre elección de obra social para su personal. Luego de una sesión extraordinaria de más de cinco horas, el cuerpo aprobó por unanimidad un acuerdo que establece plazos, mecanismos y responsables para avanzar en el traspaso entre DAMSU y OSFATUN. La medida establece que los traspasos de aportes podrán concretarse desde el 1 de enero de 2027.

La resolución fue adoptada este lunes 10 de agosto, a partir del emplazamiento dispuesto por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien había requerido a la UNSJ que se pronunciara sobre el cambio de obra social dentro de un plazo de diez días hábiles.

La discusión reunió en el Salón Principal del Edificio Central a consejeros, docentes, nodocentes, estudiantes y jubilados. Durante la sesión se expusieron posiciones contrapuestas. Mientras algunos consejeros advirtieron que la libre afiliación podía provocar una fragmentación del sistema y afectar criterios de solidaridad y equidad, otros defendieron el derecho de los trabajadores a elegir la cobertura médica y reclamaron el cumplimiento de la normativa vigente.

También participaron representantes de las entidades involucradas. El presidente de DAMSU, Alfredo Russo, planteó la necesidad de elaborar una propuesta técnica que contemple la solidaridad, la sustentabilidad y la equidad, sin generar un perjuicio para la obra social universitaria.

Desde APUNSJ, su secretario general, Daniel Durán, recordó que el reclamo de los nodocentes se remonta a 2014, cuando comenzó a funcionar OSFATUN como alternativa. Aclaró además que la demanda no está dirigida contra DAMSU, sino contra la falta de mecanismos que permitan ejercer la libre elección.

Tras el debate, el Consejo Superior pasó a un cuarto intermedio. Durante aproximadamente una hora, representantes de DAMSU, APUNSJ y del propio cuerpo universitario trabajaron sobre una propuesta común que finalmente fue sometida a votación.

El entendimiento dispone que el rector deberá reunir y remitir, dentro de diez días hábiles administrativos, la documentación e informes requeridos por la Procuración del Tesoro de la Nación y el Ministerio de Salud, en relación con un dictamen de 2018 y con la Resolución 40/17-CS.

Además, se creó una Comisión Técnica Mixta ad hoc integrada por dos representantes de DAMSU, dos de APUNSJ y tres del Consejo Superior. El órgano deberá quedar constituido antes del 18 de agosto y tendrá como principal tarea elaborar un procedimiento operativo que permita concretar la libre afiliación, tanto para quienes decidan pasar de DAMSU a OSFATUN como para quienes posteriormente opten por regresar.

La propuesta deberá ser elevada al Consejo Superior antes del 1 de diciembre de 2026. El acuerdo establece, además, que la UNSJ garantizará el traspaso de los aportes a partir del 1 de enero de 2027.

Si para el 1 de diciembre la Procuración del Tesoro o el Ministerio de Salud no hubieran emitido los dictámenes o reglamentaciones requeridos, el Consejo Superior deberá reunirse en sesión extraordinaria antes del 15 de diciembre para tratar la propuesta elaborada por la comisión.

El cuerpo también designó a sus representantes titulares: Jaime Barcelona, Marita Benavente y Mario Ocampo. Como suplentes fueron elegidos Emilio Furlán, Marisol Vedia y Gonzalo Leyes.

Tras la aprobación, Barcelona destacó que el principal resultado fue encontrar una salida institucional al conflicto y desplazar la discusión de una eventual disputa entre DAMSU y OSFATUN. “Nos pusimos a pensar en las y los trabajadores y en su posibilidad de elegir entre estas dos obras sociales”, señaló.

El consejero también diferenció las características de ambas entidades y remarcó que OSFATUN puede incorporar a docentes además de nodocentes, mientras que eventuales modificaciones estatutarias de DAMSU que permitan recibir afiliados provenientes de otras obras sociales no dependen del Consejo Superior.

La decisión adoptada no implica todavía la puesta en marcha inmediata de los traspasos. El próximo paso será la conformación de la comisión técnica y la elaboración del procedimiento que deberá regular las condiciones de salida y reingreso. Con los plazos fijados, la Universidad busca transformar el reclamo por la libre elección en un mecanismo institucional aplicable desde comienzos de 2027.

Luego de algunos años abocada a la normalización de la mayor parte de sus 80 regionales, la CGT encara la renovación de sus cúpulas provinciales. Con San Juan votando el 25 de agosto, y Chaco junto a La Pampa en pleno proceso de definición, la interna gremial ya se conecta directamente con la construcción política hacia el escenario electoral de 2027.

La CGT comienza a jugar una nueva partida en las provincias. Después de cinco años de normalizaciones y unificaciones en buena parte de sus más de 80 regionales, durante 2026 empiezan a vencer los mandatos de cuatro años de las conducciones que surgieron de aquel proceso. La central obrera deberá ahora resolver quiénes continuarán al frente de esas estructuras y quiénes intentarán disputar el poder construido desde 2021.

La renovación llega en un momento distinto al de la etapa anterior. La tarea ya no consiste principalmente en reconstruir conducciones fragmentadas o resolver la existencia de autoridades paralelas, sino en definir liderazgos para los próximos cuatro años. Dicha deliberación se produce simultáneamente con el endurecimiento de la postura de la CGT frente al oficialismo y el inicio del armado electoral para 2027.

También cambió el interlocutor de la conducción nacional. La Secretaría del Interior, que tuvo a su cargo buena parte de las normalizaciones, ya no está conducida por Abel Furlán, de la UOM. Ahora es Héctor Daer quien participa de las negociaciones con las estructuras provinciales.

Las regionales tienen una importancia que excede la representación gremial. En numerosas provincias funcionan como espacios de articulación del movimiento obrero y conservan vínculos históricos con el peronismo. Sus autoridades pueden incidir en la construcción territorial, la definición de candidaturas y la representación sindical dentro de las futuras alianzas electorales.

Por eso, las elecciones que comenzarán a multiplicarse durante este año pueden transformarse en una primera medición de fuerzas hacia 2027. La disputa no se limitará a quién ocupará una secretaría general: también estará en juego qué sindicatos tendrán mayor capacidad de representación y qué dirigentes llegarán con mejores condiciones para intervenir en la discusión política.

San Juan, una elección que concentra la disputa

San Juan aparece entre los primeros casos donde esa pulseada adquiere especial relevancia. La CGT Regional San Juan elegirá autoridades el 25 de agosto, en un plenario convocado por la conducción nacional y reservado a las organizaciones confederadas que tengan jurisdicción en la provincia.

El actual titular , Eduardo Cabello, diputado provincial y dirigente de la UOCRA, buscará renovar su mandato con el respaldo de numerosos sindicatos. El reglamento establece que cada organización habilitada tendrá un representante. Si existe una única nómina, podrá ser consagrada por aclamación; si se presentan dos o más listas, la definición será mediante voto secreto y ganará la que obtenga mayoría simple.

La renovación, sin embargo, ya generó movimientos dentro del sindicalismo provincial. Una Intersindical integrada por organizaciones como ASIJEMIN, UOM, SATSAID, ATE, La Bancaria y SIDUNSJ, entre otras, comenzó a reclamar mayor protagonismo y abrió una discusión sobre la conducción de la central.

Los cortocircuitos políticos comenzaron a repercutir en el peronismo de San Juan. Por un lado, el exmandatario provincial Sergio Uñac hizo un llamado a resguardar la cohesión sindical; por el otro, los sectores distanciados de la dirigencia tradicional impulsaron el regreso de las 62 Organizaciones Peronistas como eje de representación gremial y política.

La elección del 25 de agosto tendrá, por lo tanto, una lectura que irá más allá de la composición de la próxima conducción. El resultado permitirá medir la relación de fuerzas entre los gremios, determinará quién tendrá capacidad de interlocución con la CGT nacional y puede influir en el lugar que ocupará el movimiento obrero dentro del armado peronista provincial de cara a 2027.