La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió un incremento del 1,3% que se aplicará en diciembre, completando la suba pactada en noviembre. Además, las trabajadoras que superen las 16 horas semanales cobrarán un bono no remunerativo de $14.000 durante noviembre, diciembre e enero. La medida beneficia a un sector altamente feminizado y con elevados niveles de informalidad.

La recomposición se suma al 1,4% ya otorgado este mes y conforma un aumento total del 2,7% para noviembre, decisión que llega tras un período sin variaciones desde septiembre, cuando culminó la ronda previa de aumentos.

El acuerdo se alcanzó en el marco del organismo tripartito —integrado por representantes sindicales, empleadores y autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo— encargado de definir periódicamente los haberes del sector. En esta oportunidad, la actualización impactará en más de 1,3 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país, quienes arrastran una pérdida constante de poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente.

A la suba porcentual se suma un bono no remunerativo de $14.000 mensuales, que será abonado durante noviembre, diciembre y enero. El plus alcanza a quienes cumplen más de 16 horas semanales, con el objetivo de compensar el atraso acumulado luego de meses sin revisiones.

Este mecanismo ya había sido utilizado en el trimestre previo, cuando la paritaria definió un incremento del 6,5% entre julio y septiembre distribuido en distintas etapas. Ahora, el nuevo cierre paritario vuelve a introducir una corrección que intenta evitar un deterioro mayor en uno de los sectores más vulnerados del mercado laboral.

Escalas salariales proyectadas para diciembre

Tras la aplicación del aumento del 1,4% en noviembre, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) difundió los valores vigentes, que permiten estimar los montos finales cuando se incorpore el 1,3% restante en diciembre:

Supervisores/as

Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 por mes

Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 por mes

Tareas específicas (como cocina o funciones especializadas)

Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 mensuales

Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 mensuales

Caseros

$3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensuales

Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 mensuales

Tareas generales

Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 mensuales

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensuales

Antigüedad, zona desfavorable y aguinaldo

Continúa vigente el adicional por antigüedad del 1% del sueldo mensual por cada año trabajado, implementado desde septiembre de 2021. Además, quienes realizan tareas en zonas desfavorables —como las provincias patagónicas y el Partido de Patagones— perciben un 30% adicional sobre el salario mínimo establecido para su categoría.

Respecto del Sueldo Anual Complementario (SAC), el pago se realiza en junio y diciembre, tomando como referencia el 50% del mejor salario del semestre. En los casos en que la relación laboral no alcance los seis meses, el cálculo se efectúa de forma proporcional.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Fatpren denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una política “sistemática y planificada” de ataques a periodistas, que incluye represión en manifestaciones, detenciones arbitrarias, demandas judiciales y hostigamiento digital. Expusieron además el vaciamiento de los medios públicos y organismos de control.

Las organizaciones acusaron al Ejecutivo nacional de llevar adelante “una política de ataque sistemático y planificado” contra periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de prensa, vulnerando derechos consagrados por tratados internacionales. La presentación unifica denuncias previas realizadas por ARGRA, FOPEA, el CELS, Amnistía Internacional Argentina y otras entidades vinculadas a la libertad de prensa y los derechos humanos.

Un patrón de represión y hostigamiento

En la audiencia, Francisco Rabini —secretario adjunto del Sipreba y tesorero de Fatpren— describió un panorama crítico. Señaló que la administración libertaria busca “impedir que periodistas y trabajadores de prensa hagan su trabajo: cubrir hechos noticiosos, informar, preguntar”.

Rabini enumeró una serie de hechos que, según las entidades, configuran un patrón de represión sistemática en protestas y manifestaciones. El caso más grave fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió lesiones irreversibles tras recibir en la cabeza un proyectil de gas mientras cubría una marcha de jubilados en la Plaza del Congreso.

A estos episodios se suma el hostigamiento digital, que incluye ataques coordinados en redes sociales contra comunicadores críticos del Gobierno, alimentados —según los denunciantes— por discursos oficiales de deslegitimación del oficio periodístico.

El dirigente, trabajador del diario Clarín, afirmó que este escenario constituye un “ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información”, con efectos que alcanzan incluso la estabilidad laboral de quienes integran el sector.

Más de cien heridos, detenciones y causas judiciales

El secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi, sostuvo que más de cien periodistas y trabajadores de prensa fueron heridos o detenidos durante protestas a lo largo del último año. También mencionó los casos de los fotógrafos Leandro Cruzado, Tomás Cuesta y Javier Iglesias, que resultaron heridos en distintas coberturas.

Las organizaciones subrayaron además el uso de acciones judiciales como mecanismo de presión: funcionarios del Gobierno denunciaron por calumnias e injurias —al menos en ocho oportunidades— a comunicadores de distintos perfiles editoriales, entre ellos Carlos Pagni, Viviana Canosa, Jorge Rial, Julia Mengolini, Nancy Pazos y Darío Villarruel.

En ese contexto, Rabini advirtió que la situación de la prensa en Argentina representa una “amenaza directa a los derechos humanos fundamentales”.

Vaciamiento y debilitamiento institucional

La denuncia ante la CIDH no se limita a las agresiones físicas o digitales. Sipreba y Fatpren señalaron un “esquema de vaciamiento informativo” que incluye:

la reducción del rol de los medios públicos,

el intento de cierre de la Agencia Télam,

la intervención prolongada del Enacom,

la paralización de los fondos FOMECA,

y el vaciamiento de la Defensoría del Público.

Estos factores, advirtieron, afectan “directamente la pluralidad informativa y la diversidad de voces”, pilares esenciales de cualquier sistema democrático.

Con el caso ya ingresado en la agenda de la CIDH, el Gobierno argentino enfrenta un nuevo frente internacional en materia de derechos humanos y libertades públicas. La denuncia coloca bajo escrutinio global la situación de la prensa en el país y abre la puerta a eventuales medidas y pronunciamientos del organismo. Para las organizaciones de trabajadores de prensa, el mensaje es claro: la degradación de la libertad de expresión se ha convertido en una problemática urgente que excede las fronteras nacionales y requiere una respuesta institucional y política a la altura de la gravedad expuesta.

Mientras la CGT y las dos CTA expresan su rechazo, el Gobierno de Javier Milei acelera el debate por la reforma laboral, que se discutirá tras la renovación legislativa del 10 de diciembre. El proyecto, que busca “modernizar las normas de trabajo”, ya divide aguas entre los gobernadores, incluidos varios del peronismo. Con el sindicalismo en franca minoría parlamentaria, el Ejecutivo se encamina a un debate con correlación de fuerzas favorable.

La discusión sobre la flexibilización laboral avanza por distintos frentes: el Consejo de Mayo, las legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación, donde el oficialismo presentará formalmente su proyecto una vez renovadas las bancas legislativas. La iniciativa, que promete ser uno de los ejes centrales del programa económico del gobierno de Javier Milei, ya despertó reacciones encontradas tanto en el sindicalismo como entre los mandatarios provinciales.

Desde las principales organizaciones gremiales —la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma)— la postura fue inmediata: rechazo total a cualquier intento de ampliar la jornada laboral o flexibilizar derechos adquiridos. Pero el debate se trasladó a las provincias, donde la posición de los gobernadores será determinante, tanto en términos políticos como en el comportamiento de sus bloques en el Congreso.

Desde la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof salió a marcar diferencias con dureza. Su ministro de Trabajo, Walter Correa, calificó el proyecto de Milei como “fuera de época” y remarcó que “lo que hoy se discute en el mundo es la reducción de la jornada laboral, no su ampliación a 12 o 13 horas diarias”. La postura bonaerense busca marcar un límite político y simbólico frente al avance de un modelo que considera regresivo en materia de derechos laborales.

Sin embargo, el rechazo no es unánime dentro del peronismo. Dos gobernadores de esa extracción, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), salieron públicamente a respaldar la necesidad de una actualización normativa.

Jaldo, que ya acompañó con votos legislativos varias iniciativas del oficialismo, sostuvo que “las normas laborales deben modernizarse porque la tecnología avanzó y la realidad productiva cambió”. Aclaró que “no se trata de quitar derechos, sino de adaptarlos a los tiempos actuales” y que los “derechos adquiridos no se tocan”, una línea discursiva que busca equilibrar pragmatismo político y resguardo simbólico del legado justicialista.

En sintonía, Jalil planteó que una reforma podría ser “una herramienta para promover la inversión y el empleo”, sumándose a un grupo de mandatarios que ven en el debate una oportunidad para atraer capital y reactivar economías provinciales golpeadas.

El respaldo también se extiende a gobernadores de otras fuerzas políticas. El radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe) valoró el “cambio de actitud del Gobierno tras las elecciones” y se comprometió a trabajar “en unidad para sacar el país adelante”, siempre que las reformas “sirvan para impulsar la producción y formalizar el empleo”.

Su correligionario cordobés, Martín Llaryora, reclamó que el nuevo clima de diálogo “incluya a los gobernadores, la industria y las instituciones representativas del trabajo y la producción”, advirtiendo sobre los riesgos de un debate cerrado entre tecnócratas y despachos nacionales.

Entre los apoyos previsibles también figuran el sanjuanino Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), el entrerriano Rogelio Frigerio (PRO) y el salteño Gustavo Sáenz (Identidad Salteña), quienes manifestaron su disposición a acompañar los proyectos del Ejecutivo en nombre de la gobernabilidad y la competitividad regional.

El mapa político que se configura anticipa un Congreso favorable al oficialismo, especialmente tras la renovación legislativa del 10 de diciembre, que dejará a las fuerzas opositoras tradicionales con menor representación sindical. En la nueva composición, el bloque gremial se reduce a figuras como Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (docentes), Vanesa Siley (judiciales) y el ingreso de Hugo Moyano (h.), abogado del sindicato de Camioneros. La izquierda, en tanto, perdió una banca, acentuando el desequilibrio.

La reforma laboral que promueve el Gobierno de Milei abre un debate que excede el plano técnico y toca el núcleo del modelo de relaciones laborales argentino. Mientras el sindicalismo resiste y los gobernadores miden costos y beneficios, el oficialismo aprovecha su nuevo peso parlamentario y un contexto económico adverso para instalar la idea de “modernización” como sinónimo de competitividad.

Pero más allá de los discursos, el desafío político será definir si esa modernización implica una actualización equilibrada de derechos o una reconfiguración estructural del trabajo que modifique la relación histórica entre el capital y el movimiento obrero.