Impulsado por APOPS junto a la CGT, el Foro Federal «Pensar la Argentina Previsional» reúne a trabajadores, universidades, especialistas, sindicatos y organizaciones sociales para construir propuestas sobre el futuro del sistema jubilatorio frente a los cambios demográficos, tecnológicos y laborales que redefinirán la seguridad social en las próximas décadas.

El debate sobre el futuro del sistema previsional argentino comenzó a salir de los ámbitos técnicos y gubernamentales para incorporar una mirada más amplia y federal. Con ese propósito, la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) puso en marcha el Foro Federal «Pensar la Argentina Previsional», una iniciativa que convoca a trabajadores de ANSES, especialistas, universidades, organizaciones sociales, representantes sindicales y referentes institucionales con el objetivo de elaborar una agenda de propuestas para modernizar la seguridad social y proyectarla hacia los próximos treinta años.

La propuesta parte de una premisa que atraviesa toda la discusión: las transformaciones demográficas, el envejecimiento de la población, la expansión del empleo informal, la irrupción de nuevas modalidades laborales y el impacto de la innovación tecnológica obligan a revisar el funcionamiento del sistema previsional desde una perspectiva de largo plazo. Para los organizadores, limitar el debate a la actualización de haberes, la edad jubilatoria o el equilibrio fiscal implica dejar de lado desafíos estructurales que condicionarán la sustentabilidad del régimen en las próximas décadas.

El recorrido ya comenzó con encuentros en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, continuó en el municipio bonaerense de San Martín y tuvo una nueva escala en la ciudad cordobesa de Villa María, en una jornada organizada junto a UTEDYC. La próxima convocatoria tendrá lugar en el histórico Salón Felipe Vallese de la CGT, donde se buscará ampliar la participación de organizaciones gremiales, académicas y sociales de todo el país.

La central obrera respalda la iniciativa al considerar que el diseño del sistema previsional no puede quedar circunscripto a especialistas o decisiones exclusivamente gubernamentales. La intención es construir consensos desde el territorio, incorporando la experiencia de quienes administran diariamente la seguridad social, estudian su evolución o representan a los trabajadores y jubilados.

El secretario general de APOPS, Fabián Montaño, sostuvo que el propósito del foro es intervenir antes de que cualquier reforma previsional quede definida. Según planteó, el objetivo consiste en que quienes sostienen el sistema participen activamente en la elaboración de las propuestas y no sean meros destinatarios de decisiones ya adoptadas.

El dirigente también cuestionó que, durante años, el debate previsional haya quedado reducido casi exclusivamente a variables fiscales. A su entender, la seguridad social representa uno de los principales instrumentos de cohesión de un Estado moderno y constituye un compromiso colectivo destinado a garantizar protección frente a la vejez, la discapacidad y otras contingencias sociales. Desde esa perspectiva, defendió la necesidad de preservar sus principios fundacionales mientras se actualizan las herramientas para responder a una realidad laboral y demográfica profundamente distinta a la que dio origen al sistema vigente.

Cada encuentro incorpora aportes de especialistas en derecho previsional, economistas, académicos, funcionarios locales, representantes sindicales y trabajadores de ANSES. La diversidad de miradas apunta a construir diagnósticos compartidos sobre cuestiones que ya condicionan el presente del sistema: la baja densidad de aportes provocada por la informalidad, la mayor expectativa de vida, la digitalización de la administración pública, la aparición de nuevas formas de empleo y la necesidad de ampliar la cobertura sin comprometer la sustentabilidad financiera.

APOPS adelantó que las conclusiones del recorrido no quedarán circunscriptas al ámbito gremial. La intención es consolidar un documento que pueda alimentar la discusión legislativa, académica e institucional sobre una eventual reforma previsional, aportando una visión construida desde las distintas realidades regionales del país.

Con nuevas universidades, sindicatos y organizaciones incorporándose a cada convocatoria, el Foro Federal busca consolidarse como un espacio permanente de reflexión sobre uno de los desafíos más relevantes de la Argentina: construir un sistema previsional capaz de garantizar derechos, responder a los cambios del mercado laboral y sostener su viabilidad financiera en las próximas décadas.

Tras la resolución del Gobierno nacional que otorgó prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión destinada al proyecto Vicuña, ASIJEMIN sostuvo que la inversión debe ser afrontada por las empresas mineras y no mediante regalías futuras, recursos públicos o mayores costos para los usuarios. También reclamó mayor participación de San Juan en las decisiones sobre una infraestructura considerada estratégica.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) manifestó su rechazo a que la construcción de la infraestructura eléctrica destinada a abastecer al proyecto minero Vicuña sea financiada con regalías mineras futuras o recursos del Estado. El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno nacional ratificara, a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), la prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión prevista para el emprendimiento, una obra cuya inversión ronda los 800 millones de dólares.

La decisión de la administración nacional dejó sin efecto los planteos formulados por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que había expresado reparos sobre la asignación prioritaria de la capacidad de transporte eléctrico. Para ASIJEMIN, la resolución implica ceder durante los próximos 25 años el uso preferencial de una infraestructura estratégica a una compañía privada, reduciendo la participación de la provincia en la definición de un recurso considerado clave para su desarrollo productivo.

No obstante, el sindicato aclaró que no se opone a la ejecución de la obra. Por el contrario, consideró que resulta indispensable para acompañar el crecimiento de los grandes proyectos mineros previstos en San Juan. Su principal objeción radica en el esquema de financiamiento y en la necesidad de que la inversión sea absorbida por las empresas beneficiarias, sin comprometer regalías futuras, fondos públicos ni trasladar costos adicionales a los usuarios del sistema eléctrico.

La organización también reclamó que la construcción incorpore una fuerte participación de empresas sanjuaninas, proveedores locales, trabajadores de la provincia e industria nacional. A su entender, una iniciativa de esta magnitud debe transformarse en una herramienta para fortalecer la licencia social de la minería mediante la generación de empleo, el desarrollo de las pymes y la creación de valor agregado en las comunidades donde se desarrollan los emprendimientos.

En ese sentido, ASIJEMIN objetó los modelos de contratación con predominio de operadores externos y sostuvo que la infraestructura energética vinculada a la minería debe convertirse en un factor de crecimiento para toda la economía provincial y no limitarse a satisfacer las necesidades operativas de los proyectos extractivos.

Como alternativa, el gremio propuso conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del Estado nacional y provincial, las empresas mineras, los sindicatos, las comunidades y los sectores productivos. El objetivo sería consensuar un esquema de ejecución que contemple tanto las demandas energéticas de los futuros desarrollos mineros como los beneficios permanentes para las localidades involucradas.

El secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, afirmó que el crecimiento de la infraestructura energética asociada a la minería debe traducirse en mejoras concretas para la población. En esa línea, sostuvo que las inversiones deben generar más empleo, fortalecer los servicios públicos y acompañar el desarrollo económico y social de San Juan, consolidando un modelo en el que la expansión minera también impulse beneficios duraderos para la provincia.

La Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) presentarán una batería de medidas gremiales que incluirá un paro nacional y acciones en todo el país. Reclaman la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema educativo.

Los gremios docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciarán el próximo 3 de agosto un conjunto de medidas de fuerza que se extenderá durante todo el mes, en respuesta a la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y el desfinanciamiento que, según denuncian, afecta al sistema educativo argentino.

La presentación se realizará a las 14 en la sede de la CGT, ubicada en Azopardo 802, con la participación de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Secretaría de Políticas Educativas de la central obrera, encabezada por Sergio Romero, y miembros del Consejo Directivo Nacional.

Las organizaciones adelantaron que el cronograma incluirá un paro nacional docente y distintas acciones de visibilización en establecimientos educativos de todo el país. El objetivo, señalaron, es exponer la crítica realidad que atraviesa la educación pública y reclamar respuestas concretas del Gobierno nacional frente a la pérdida salarial y la falta de negociación colectiva.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ausencia de convocatorias por parte de las secretarías de Educación y de Trabajo de la Nación para reactivar la Paritaria Nacional Docente. Desde la CEA, conducida por Fabián Felman, recordaron que el último encuentro se realizó en abril y sostuvieron que el salario docente permanece congelado en 500.000 pesos desde febrero de 2025, una cifra que consideran completamente desactualizada frente al incremento sostenido del costo de vida.

Durante la última reunión del Consejo Directivo de la CEA, los dirigentes analizaron la evolución del conflicto y resolvieron coordinar una respuesta conjunta con los restantes sindicatos docentes de la CGT. Felman confirmó que la decisión busca fortalecer una postura común para exigir la reapertura de las negociaciones salariales y una mayor inversión destinada a sostener el funcionamiento del sistema educativo.

El conflicto también suma otros actores sindicales. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, alineada con la CTA, convocó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el inicio de agosto estará marcado por una fuerte convergencia de reclamos impulsados por las principales organizaciones docentes del país. La coincidencia de las medidas anticipa un comienzo de mes con alto impacto en el dictado de clases y vuelve a colocar la política educativa y salarial en el centro de la agenda gremial nacional.