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El Gobierno nacional ratificó hoy a los gremios que las paritarias se negociarán «sin techo» al concretarse la primera de las reuniones impulsadas por la Casa Rosada

El encuentro se inició pasadas las 11 en el Museo del Bicentenario y, según señalaron fuentes del Ejecutivo, las palabras de bienvenida del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, incluyeron el compromiso de no poner techo en las negociaciones paritarias.

Los representantes sindicales arribaron pasadas las 10:30 de la mañana y, en declaraciones a la prensa acreditada, mostraron un discurso unificado que apuntaba a la «recuperación salarial» y a la contención de la inflación.

Héctor Daer, secretario general de la CGT y del sindicato de la Sanidad, fue tajante al señalar el origen de los aumentos: «la responsabilidad de los precios es de quienes forman los precios y fijan la cadena de labor».

En el mismo sentido se expresó Ricardo Peidro, dirigente de la CTA Autónoma, quién afirmó que «los que provocan la inflación son los formadores de precios».

En tanto, el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínezdijo esperar que se pueda cumplir con la pauta inflacionaria del 29% ya que esa distorsión económica es «un impuesto a la pobreza» y afirmó que cualquier medida en ese sentido «es muy positiva».

Con las convocatorias, el Gobierno se propone alcanzar un acuerdo que logre una recuperación del ingreso que impulse la reactivación económica, y buscan «poner en común una metodología de articulación con los distintos sectores económicos para la coordinación de políticas de precios y salarios, que sean consistentes con los objetivos de política macroeconómica», según fuentes oficiales

El esquema integral de política macroeconómica que lleva adelante el Gobierno, se «compone por la política fiscal, la monetaria y la cambiaria», y el objetivo «es alinear políticas y expectativas con el presupuesto 2021 aprobado por el Congreso de la Nación», consignó un comunicado difundido el lunes.

Por parte del Gobierno, participaron de la reunión los ministros de Economía, Martín Guzmán; de la Producción, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

Entre los representantes sindicales estuvieron presentes participaron Héctor Daer, de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (FATSA); Carlos Acuña, del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento (SOESGyPE); Andrés Rodríguez, de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN); Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); Armando Cavalieri, de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS); Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); José Luis Lingeri,del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS); Rodolfo Daer, del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA); Roberto Fernández, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA); Víctor Santa María, del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH); Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA); Argentino Geneiro, de la La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA); Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria; Hugo Moyano, del Sindicato de Choferes de Camiones; Ricardo Pignanelli, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA); Claudio Marín, de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA); Yamile Socolovsky, Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y Hugo Yasky, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (Metrodelegados), Roberto Pianelli y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), Ricardo Peidro.

La ronda de reuniones continuará mañana con un «capítulo empresarial» al que están convocados los directivos de las principales empresas del país.

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El Aldo Cantoni será sede de la mayor feria educativa de la provincia

La Semana de la Educación Superior comenzará este 18 de agosto con una feria académica en el estadio Aldo Cantoni, donde instituciones de toda la provincia presentarán sus carreras y propuestas formativas. Las actividades se extenderán hasta el viernes e incluirán talleres, conversatorios y encuentros destinados a estudiantes, docentes y directivos.

San Juan pondrá en marcha este martes 18 de agosto la Semana de la Educación Superior, una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación que reunirá durante cuatro jornadas a instituciones formadoras, docentes, estudiantes y equipos directivos con el propósito de difundir la oferta académica y fortalecer los vínculos entre los distintos espacios educativos.

La apertura tendrá lugar en el estadio cubierto Aldo Cantoni, donde se desarrollará la mayor feria educativa de la provincia bajo el lema “La educación superior abre caminos: formarse hoy, transformar mañana”. Entre las 11 y las 17.30, institutos y universidades presentarán sus carreras y alternativas de formación para quienes proyectan continuar sus estudios luego de finalizar la escuela secundaria. El acto oficial está previsto para el mediodía.

La exposición continuará también el miércoles 19 de agosto, convirtiendo al Cantoni en un punto de encuentro para estudiantes y familias interesadas en conocer, en un solo espacio, las distintas opciones educativas disponibles en San Juan.

El programa incluye además actividades específicas vinculadas con orientación vocacional, formación técnica y actualización pedagógica. Este martes se realizarán talleres de Exploración Vocacional Inicial y Proyecto de Vida en el Instituto Margarita Ferrá de Bartol, mientras que el miércoles el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación será sede del primer Conversatorio de Institutos Superiores de Formación Técnica.

Las jornadas continuarán el jueves y viernes en el Instituto Santa María de la Universidad Católica de Cuyo, donde se desarrollarán el quinto Encuentro de Directores de Educación Superior, la presentación de una publicación especializada, el primer Encuentro de Desarrollo Curricular y la segunda Jornada de Desarrollo Profesional Docente.

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Las universidades enfrentan otra semana de huelga por salarios y presupuesto

Los docentes de las universidades nacionales volverán a parar desde este martes 18 hasta el sábado 22 de agosto para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pero todavía incumplida, según denuncian las organizaciones gremiales.

La medida tendrá su principal expresión en la Universidad de Buenos Aires, donde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a cinco jornadas de huelga. El alcance efectivo de la protesta dependerá de las decisiones adoptadas por cada cátedra y de las asambleas de trabajadores.

Aunque las facultades permanecerán abiertas y conservarán la atención administrativa, el dictado de clases y otras tareas académicas quedarán condicionados por el nivel de adhesión.

La protesta también cuenta con el respaldo de federaciones docentes que resolvieron mantener el conflicto hasta obtener respuestas concretas del Poder Ejecutivo.

La demanda central está vinculada con la recomposición de los ingresos. Los gremios sostienen que, al cobrar los salarios correspondientes a julio durante agosto, volvieron a comprobar que no fueron incorporados los incrementos que, según su interpretación, establece la Ley de Financiamiento Universitario. La deuda salarial calculada por las organizaciones asciende al 31,2%, a lo que agregan los montos retroactivos acumulados desde la entrada en vigencia de la norma.

La discusión no se limita a los haberes. Las entidades universitarias también reclaman una actualización de los recursos destinados a hospitales universitarios y becas, dos componentes que consideran determinantes para sostener prestaciones, investigación y permanencia de estudiantes con menores ingresos.

Desde la Conadu Histórica resolvieron mantener la convocatoria nacional y anticiparon que, si el Gobierno no modifica su posición, podrían avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado y una nueva marcha federal universitaria. De esta manera, el conflicto podría pasar de jornadas aisladas de protesta a una medida de mayor duración durante las próximas semanas.

AGD-UBA, por su parte, cuestionó la propuesta salarial formulada durante las negociaciones paritarias. La organización sostiene que el ofrecimiento representa menos de la mitad de la recomposición que reclama en función de la legislación vigente y advierte que aceptarlo permitiría postergar nuevamente el cumplimiento de la norma.

El reclamo gremial también se apoya en una medida cautelar dictada por la Justicia en favor de la actualización de los salarios universitarios. Para las organizaciones, ese pronunciamiento todavía no se tradujo en una recomposición efectiva de los ingresos, por lo que cuestionaron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a algunas federaciones por valorar positivamente las decisiones judiciales sin que, según afirman, exista una aplicación concreta de sus efectos.

El enfrentamiento combina así tres demandas: recuperación del poder adquisitivo perdido, actualización de los recursos destinados al funcionamiento universitario y cumplimiento efectivo de las disposiciones aprobadas por el Congreso. La respuesta oficial será determinante para definir si las medidas se mantienen como paros sucesivos o avanzan hacia una protesta de mayor duración.

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Sueldos que no alcanzan: seis de cada diez hogares agotan sus ingresos antes del 20

El deterioro del poder adquisitivo comienza a medirse también en una variable cotidiana: cuánto dura el salario. Un relevamiento de la consultora Zentrix mostró que el 61% de los argentinos agota sus ingresos destinados a gastos corrientes antes del día 20 de cada mes, una señal del reducido margen que tienen los hogares para afrontar las últimas semanas.

La situación alcanza una dimensión mayor si se incorpora al 24,3% que consigue llegar al final del mes, pero sin capacidad de ahorro. Apenas el 13% de los consultados asegura cubrir sus obligaciones y conservar algún excedente.

La percepción sobre los ingresos acompaña ese resultado. El 86,1% considera que sus salarios evolucionan por debajo de los precios, una diferencia que limita el consumo y obliga a una administración cada vez más ajustada de los recursos familiares.

Los datos sobre remuneraciones permiten observar la evolución de esa pérdida. En mayo, frente a una inflación mensual del 2,1%, los salarios del sector privado registrado aumentaron 2%, los haberes de los empleados públicos nacionales 1,9% y los provinciales 1,4%. La diferencia de unas décimas adquiere mayor dimensión cuando se acumula durante varios meses.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, los trabajadores privados registrados sufrieron una caída real del 2,9%, mientras que los empleados públicos provinciales perdieron 3,2% y los estatales nacionales resignaron 7,3% de poder de compra.

La comparación con noviembre de 2023 profundiza la brecha. Desde entonces, los salarios de los empleados públicos nacionales acumulan una pérdida real del 36,5%; en los estatales provinciales alcanza el 9,8% y entre los trabajadores privados formales llega al 3,6%.

El deterioro tampoco comenzó con la actual administración. Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado por Nadin Argañaraz sobre información del INDEC, calculó la pérdida acumulada desde 2017 hasta comienzos de 2026. Según ese estudio, los trabajadores privados formales resignaron un poder de compra equivalente a 16,2 salarios mensuales, mientras que entre los empleados públicos la pérdida llegó a 21,8 sueldos en 98 meses.

La contracción del ingreso real se combina, además, con una reducción del empleo público nacional. De acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se eliminaron 71.661 puestos, equivalente a una baja del 21% en la dotación de trabajadores de la administración pública nacional.

La consecuencia económica más visible aparece en la capacidad de consumo. Cuando el ingreso se agota antes de terminar el mes, los hogares reducen compras, postergan gastos, recurren al crédito o utilizan ahorros para completar sus necesidades básicas.

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