Mientras estaciones de servicio e industrias enfrentan restricciones en distintas regiones del país, San Juan mantiene el suministro de GNC sin interrupciones. El contraste reavivó el debate sobre la infraestructura gasífera, la planificación energética y las inversiones pendientes en transporte y distribución de gas natural.

La ola de frío que atraviesa gran parte de la Argentina volvió a poner bajo presión al sistema energético nacional. Las restricciones en el expendio de GNC, los recortes a industrias y las dificultades registradas en el Área Metropolitana de Buenos Aires reabrieron una discusión recurrente: la capacidad del país para transportar y distribuir el gas que produce.

En ese contexto, San Juan aparece como una excepción. Mientras en numerosas localidades bonaerenses las estaciones de servicio enfrentan interrupciones parciales o totales del suministro, en la provincia la provisión se mantiene estable y sin afectaciones operativas, según confirmaron desde la Cámara de Expendedores de Combustibles.

La diferencia no responde a una menor demanda ni a condiciones climáticas distintas, sino a la configuración del abastecimiento. San Juan recibe gas proveniente de la cuenca neuquina, uno de los principales polos productores del país, una característica que le permite sostener el servicio incluso durante los períodos de mayor consumo residencial.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan (CECA), Miguel Caruso, explicó que no existen inconvenientes en el suministro local y aclaró que los episodios de interrupción registrados en años anteriores estuvieron vinculados a contingencias técnicas y no a problemas de disponibilidad del recurso.

La situación contrasta con lo que ocurre en Buenos Aires, especialmente en La Plata, Berisso y Ensenada, donde numerosas estaciones suspendieron la venta de GNC en cumplimiento de los protocolos que priorizan el abastecimiento domiciliario durante los picos de demanda invernal. La medida también alcanzó a industrias con contratos interrumpibles, generando complicaciones productivas y logísticas.

Detrás de la emergencia reaparecieron cuestionamientos sobre la política energética nacional. Desde la Asociación de Personal Jerárquico del Gas (APJ-Gas) calificaron los cortes como un “clásico lamentable” de cada invierno y atribuyeron las restricciones a la falta de planificación e inversión en infraestructura estratégica.

La entidad sostuvo que el problema central no radica en la disponibilidad del recurso, sino en las limitaciones para transportarlo hacia los centros de consumo. Según su análisis, Argentina produce gas suficiente para abastecer la demanda interna, pero arrastra déficits estructurales en gasoductos, plantas compresoras y redes de distribución que reducen la capacidad de respuesta cuando las temperaturas caen abruptamente.

El gremio también cuestionó la paralización o demora de obras consideradas clave para ampliar el sistema, entre ellas la segunda etapa del Gasoducto Perito Moreno, la reversión completa del Gasoducto Norte y la finalización de instalaciones complementarias destinadas a incrementar la capacidad de transporte.

Mientras tanto, en San Juan el panorama permanece estable. La provincia continúa exhibiendo uno de los mayores niveles de adopción de GNC del país, impulsado por el diferencial de costos frente a los combustibles líquidos y por esquemas de financiamiento que facilitan la conversión vehicular. El ahorro operativo sigue siendo un incentivo determinante para particulares y sectores vinculados al transporte.

El Gobierno de San Juan prepara una de las modificaciones más relevantes de los últimos años en materia habitacional. El proyecto de reforma del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que será remitido en los próximos días a la Cámara de Diputados, incorpora nuevos criterios para acceder a viviendas sociales y créditos habitacionales, entre ellos la exigencia de no registrar antecedentes penales.

La iniciativa forma parte de una revisión más amplia del sistema de adjudicación y administración habitacional. Según adelantaron desde el Ejecutivo, el objetivo es actualizar una normativa que quedó rezagada frente a las nuevas demandas sociales y fortalecer los mecanismos de selección de beneficiarios.

Uno de los aspectos centrales del proyecto apunta a incorporar parámetros vinculados a la conducta de los postulantes. La evaluación pondrá especial atención en antecedentes relacionados con delitos contra la integridad sexual y hechos de violencia de género. Desde la administración provincial sostienen que la medida busca responder a reclamos vecinales y reforzar condiciones de convivencia dentro de los complejos habitacionales.

Sin embargo, el alcance de la reforma trasciende la discusión sobre los requisitos de acceso. El Gobierno pretende aprovechar la modificación legislativa para atacar uno de los problemas estructurales más persistentes del sistema habitacional sanjuanino: la falta de escrituración de miles de viviendas adjudicadas durante las últimas décadas.

Al asumir la actual gestión, el stock de inmuebles sin título de propiedad rondaba las 12.000 unidades. Si bien en los últimos meses se avanzó en más de 2.000 regularizaciones, todavía permanecen pendientes cerca de 10.000 casos. La situación afecta tanto a barrios construidos por el IPV como a emprendimientos desarrollados por cooperativas, sindicatos, fundaciones y otras entidades que, con el paso del tiempo, dejaron inconclusos los trámites administrativos necesarios para completar la transferencia de dominio.

El problema también alcanza a urbanizaciones impulsadas por municipios y organizaciones creadas bajo marcos regulatorios muy distintos a los actuales, con deficiencias documentales que hoy dificultan la registración formal de los inmuebles y la obtención de escrituras.

En este sentido, la reforma busca combinar dos objetivos políticos y administrativos: endurecer los criterios de acceso a los beneficios habitacionales y avanzar en la regularización de un universo significativo de familias que, pese a ocupar sus viviendas desde hace años, todavía no cuentan con plena seguridad jurídica sobre la propiedad.

El Consejo Directivo de la CGT definirá esta semana una nueva hoja de ruta frente al Gobierno nacional. Mientras un sector reclama una huelga de 36 horas y medidas más contundentes, la conducción impulsa un esquema de protestas sectoriales inspirado en la experiencia sindical francesa. La discusión refleja diferencias tácticas, pero también la disputa por el liderazgo de la central obrera en un clima de ajuste, despidos y caída del poder adquisitivo.

La reunión que el Consejo Directivo de la CGT celebrará este jueves en la sede de Azopardo pondrá en escena algo más que la definición de un plan de lucha. Lo que está en discusión es la estrategia sindical para enfrentar la etapa más compleja de la gestión de Javier Milei y, al mismo tiempo, la capacidad de la central obrera para sostener una conducción unificada en medio de intereses y diagnósticos cada vez más divergentes.

Dos posiciones aparecen hoy claramente diferenciadas. Por un lado, un bloque integrado por dirigentes como Luis Barrionuevo, Omar Maturano y Roberto Fernández impulsará la convocatoria a un paro nacional de 36 horas. Consideran que el deterioro del empleo, la pérdida de ingresos y la situación financiera de las obras sociales exigen una respuesta de alto impacto que logre paralizar la actividad económica y enviar una señal política contundente al Gobierno.

Del otro lado, la conducción cegetista y los sectores más dialoguistas rechazan avanzar hacia una nueva huelga general en el corto plazo. Su propuesta consiste en desarrollar un esquema de conflictividad progresiva basado en protestas sectoriales, asambleas, movilizaciones y medidas de fuerza alternadas, con la intención de acumular presión social y ampliar las alianzas con otros sectores afectados por la política económica oficial.

La discusión no es nueva. La semana pasada, durante un encuentro con referentes sindicales de la industria, el transporte, la energía y la alimentación, ya había quedado en evidencia el malestar frente al cuadro económico. Sin embargo, la propuesta de una huelga por tiempo indeterminado planteada por Maturano no encontró respaldo suficiente, mientras que la idea de avanzar con acciones graduales reunió mayores consensos.

Detrás del debate táctico subyace una preocupación compartida. Los principales gremios coinciden en señalar el impacto de la caída del consumo, la desaceleración de la actividad productiva, los despidos registrados en distintos sectores y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. La diferencia radica en cómo traducir ese diagnóstico en una estrategia sindical eficaz.

La conducción de la CGT, donde convergen dirigentes de peso como Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Hugo Moyano y José Luis Lingeri, entiende que hoy no existen condiciones políticas ni gremiales para sostener una medida de fuerza de gran alcance. Además, cuestiona a los sectores que reclaman paros generales de manera recurrente sin garantizar luego niveles significativos de adhesión en sus propias estructuras.

En este aspecto, la central obrera busca fortalecer la coordinación con las dos CTA para construir una agenda común que incluya movilizaciones federales y eventuales medidas de alcance nacional. El objetivo es ampliar la base de sustentación de las protestas y evitar que el conflicto quede circunscripto exclusivamente al ámbito sindical.

La situación de las obras sociales también aparece entre las prioridades. La caída de recursos y el aumento de los costos prestacionales generan grandes dificultades financieras en gran parte del sistema, una problemática que varios dirigentes consideran tan urgente como la discusión salarial y laboral.

La reunión del jueves servirá para definir una metodología de acción, pero también funcionará como una prueba de cohesión interna. La CGT enfrenta el desafío de responder a un presente económico adverso sin profundizar sus propias fracturas. Entre quienes reclaman una confrontación inmediata y quienes prefieren una estrategia de desgaste sostenido, la central obrera busca encontrar un equilibrio que le permita conservar influencia política y capacidad de movilización en una etapa decisiva para el movimiento sindical.