La empresa atribuyó la decisión a la fuerte retracción del consumo masivo y a la pérdida de rentabilidad de la planta de Albardón. Los trabajadores iniciaron protestas, denunciaron que las indemnizaciones ofrecidas no respetan la legislación vigente y el conflicto continuará en el ámbito administrativo.

La crisis que atraviesa el consumo masivo volvió a impactar sobre la industria alimenticia. Tía Maruca confirmó el cierre definitivo de su planta ubicada en Albardón, al considerar que la continuidad de las operaciones dejó de ser económicamente viable. La determinación implica el cese de la producción en uno de los establecimientos más importantes de la compañía y deja abierto un conflicto con los trabajadores por las condiciones de desvinculación.

La firma comenzó a enviar los telegramas de despido al personal afectado, mientras operarios realizaron manifestaciones frente a la fábrica en rechazo a la medida. El principal foco del reclamo apunta a las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, que, según denunciaron los representantes de los empleados, no se ajustan a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

La planta había sido incorporada al esquema industrial de Tía Maruca en 2017, cuando la empresa adquirió las instalaciones que pertenecían a Dilexis. Aquella inversión permitió ampliar significativamente la capacidad de producción y acompañó una etapa de expansión comercial de la marca, que consolidó su presencia en supermercados y comercios de todo el país, además de desarrollar exportaciones hacia mercados regionales.

Sin embargo, el deterioro del mercado interno alteró ese panorama. La empresa informó que durante los primeros meses de 2026 la fábrica funcionó con apenas el 52% de su capacidad instalada, un nivel que elevó los costos unitarios de producción y volvió inviable sostener la operación. A esa realidad se sumaron el incremento de los costos fijos y una competencia cada vez más intensa con segundas marcas, panaderías y fabricantes de menor escala.

El cierre pone fin a casi dos décadas de producción industrial en ese predio, convertido durante años en uno de los principales empleadores privados de Albardón. Además de los puestos de trabajo directos, la decisión repercute sobre una extensa red de proveedores de materias primas, empresas de transporte, servicios de mantenimiento y comercios que dependían, en distinta medida, del movimiento económico generado por la planta.

La negociación entre la empresa y los trabajadores continuará en las instancias administrativas correspondientes. Mientras tanto, el conflicto mantiene en vilo a las familias afectadas y suma un nuevo capítulo a la serie de dificultades que enfrenta la industria manufacturera, golpeada por la retracción del consumo y la caída de la utilización de la capacidad instalada.

El cierre de Tía Maruca constituye uno de los golpes industriales más significativos registrados este año en San Juan y vuelve a poner en el centro del debate la pérdida de empleo privado y las dificultades que atraviesan numerosas empresas vinculadas al mercado interno. La resolución del conflicto indemnizatorio y el futuro de los trabajadores serán ahora los principales desafíos de una crisis que excede a una sola compañía y refleja el delicado momento que atraviesa la producción nacional.

La Secretaría de Tránsito y Transporte afirmó que no existen deudas con las prestatarias del servicio y explicó que los pagos de junio continúan dentro de los plazos administrativos. Además, atribuyó las demoras a errores en la documentación presentada por algunas empresas y ratificó las sanciones por la reducción de frecuencias.

El Gobierno de San Juan respondió oficialmente a las empresas de transporte público y negó mantener deudas con las concesionarias del servicio. A través de un comunicado, la Secretaría de Tránsito y Transporte sostuvo que las compensaciones correspondientes a junio continúan dentro del circuito administrativo habitual y desestimó los planteos formulados por la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que había denunciado una deuda cercana a los $9.750 millones.

La aclaración llegó en medio delconflicto originado tras la reducción de frecuencias aplicada por algunas empresas, una decisión que provocó extensas demoras para los usuarios y derivó en sanciones contra las firmas Mayo y Libertador por incumplimientos en la prestación del servicio.

Desde el organismo provincial explicaron que la documentación necesaria para liquidar las compensaciones de junio fue presentada recién el 14 de julio, por lo que el expediente aún transita los tiempos administrativos previstos. Asimismo, precisaron que parte de esa documentación contenía inconsistencias que debieron ser corregidas antes de avanzar con la liquidación, circunstancia que también incidió en los plazos.

En cuanto a otros conceptos reclamados por las prestatarias, la Provincia señaló que serán revisados de manera individual. Si de esa evaluación surgieran montos pendientes, se abrirá una instancia de diálogo con las empresas para analizar cada caso.

El Ejecutivo también aclaró el estado de los fondos nacionales destinados a financiar los atributos sociales, uno de los principales puntos incluidos en el reclamo empresario. Remarcó que esos recursos dependen exclusivamente de la Secretaría de Transporte de la Nación y recordó que el 28 de julio se acreditaron las compensaciones correspondientes a mayo de 2026. De esa manera, únicamente permanece pendiente la transferencia de junio.

La respuesta oficial se produjo después de que ATAP justificara la reducción de frecuencias por un supuesto desfinanciamiento del sistema de transporte. En un comunicado, la entidad aseguró que la deuda acumulada asciende a $9.750.150.676,43, de los cuales alrededor del 60% correspondería a obligaciones provinciales y el resto a aportes nacionales.

Las empresas sostienen que esos recursos financian beneficios tarifarios destinados a los usuarios, como el Boleto Escolar Único, el boleto docente, los trasbordos y los atributos sociales, además de cubrir diferencias derivadas de mayores costos operativos y actualizaciones pendientes.

Según el detalle difundido por ATAP, entre los conceptos reclamados figuran más de $2.035 millones por el Boleto Escolar Único de junio, más de $3.821 millones por atributos sociales nacionales correspondientes a mayo y junio, más de $823 millones por trasbordos y más de $314 millones por el boleto docente, además de otros ítems vinculados al funcionamiento del sistema.

Multas y controles permanentes

Antes del comunicado institucional, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, ya había rechazado públicamente la existencia de atrasos en los pagos provinciales y confirmó la aplicación de sanciones económicas contra las empresas que redujeron las frecuencias sin autorización.

La decisión fue respaldada por el gobernador Marcelo Orrego, quien ordenó intensificar los controles sobre el servicio luego de las quejas de usuarios por las demoras registradas durante la semana pasada. Las inspecciones realizadas detectaron incumplimientos en las empresas Mayo y Libertador, que serán sancionadas conforme a las condiciones establecidas en los contratos de concesión.

Desde el Ministerio de Gobierno anticiparon que los operativos continuarán de manera permanente y advirtieron que, si se repiten restricciones injustificadas en la prestación del servicio, podrían adoptarse medidas más severas para garantizar el normal funcionamiento del sistema.

Con este pronunciamiento, la Provincia ratificó que no reconoce la deuda denunciada por ATAP, atribuyó las demoras administrativas a errores en la documentación presentada por algunas prestatarias y mantuvo firme su decisión de exigir el cumplimiento de las frecuencias previstas. Mientras tanto, el desacuerdo entre el Gobierno y las empresas sigue sin resolverse.

A menos de un mes de la renovación de autoridades, el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, confirmó que la central mantendrá el esquema de conducción unipersonal, descartó replicar el triunvirato nacional y ratificó que únicamente participarán de la elección los sindicatos confederados, conforme al estatuto de la organización. Además, anticipó la presencia de referentes nacionales y planteó los desafíos que enfrentará el movimiento obrero frente a las transformaciones del mundo laboral.

La cuenta regresiva para las elecciones de la CGT Regional San Juan ingresó en su etapa decisiva. El próximo 25 de agosto, la central obrera renovará sus autoridades bajo el sistema de unicato, una modalidad que la conducción provincial considera más eficaz para garantizar rapidez en la toma de decisiones y una representación institucional definida.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el actual secretario general, Eduardo Cabello, sostuvo que el modelo elegido responde a las necesidades de la organización y rechazó las propuestas que impulsan una conducción colegiada. Recordó que el triunvirato vigente a nivel nacional fue el resultado de una realidad sindical distinta y consideró contradictorio que algunos dirigentes que en su momento promovían una conducción unipersonal ahora impulsen un esquema tripartito en la provincia.

Al mismo tiempo, relativizó el peso de la Intersindical conformada por algunos gremios provinciales y marcó una clara diferencia institucional. Explicó que ese espacio no integra la estructura de la CGT y reúne organizaciones pertenecientes a otros ámbitos sindicales, como la CTA, el MTA y movimientos sociales. Si bien reconoció el derecho de esos sectores a organizarse, dejó en claro que la elección de autoridades de la central obrera se regirá exclusivamente por el estatuto confederal.

Cabello también respondió a los cuestionamientos formulados por algunos sindicatos que reclaman mayor participación. Señaló que varias de esas organizaciones dejaron de asistir a los plenarios hace más de dos años y, por lo tanto, no participan de la vida institucional de la central. A su entender, las diferencias responden más a la dinámica propia de un proceso electoral que a un debate sobre el funcionamiento de la CGT.

Uno de los hechos destacados de la renovación será la participación de la conducción nacional. El dirigente confirmó que el adelantamiento de la elección al 25 de agosto obedeció a la posibilidad de contar con la presencia del cosecretario general de la CGT nacional, Héctor Daer, quien manifestó su interés en acompañar el proceso de normalización institucional de la regional sanjuanina. Además, no descartó la llegada de representantes sindicales de Mendoza, La Rioja y otras provincias.

Según explicó, la expectativa que genera San Juan está vinculada con el crecimiento económico proyectado para los próximos años, especialmente por el desarrollo de grandes inversiones productivas que modificarán la demanda laboral y fortalecerán el papel de las organizaciones gremiales en la negociación de nuevas condiciones de trabajo.

Durante la entrevista, Cabello también se refirió al resurgimiento de las 62 Organizaciones en la provincia. Aclaró que ese espacio no forma parte de la estructura orgánica de la CGT desde hace muchos años y recordó que el brazo político reconocido por la central obrera es el Movimiento Político Sindical. En consecuencia, afirmó que la elección del 25 de agosto tendrá un único objetivo: designar las nuevas autoridades de la CGT, dejando para una etapa posterior cualquier discusión sobre la conformación de espacios políticos internos.

Más allá del proceso electoral, el dirigente puso el foco en los desafíos que enfrenta el sindicalismo. Consideró que la defensa de las organizaciones gremiales adquiere especial importancia frente a las reformas promovidas por el Gobierno nacional, que —según sostuvo— buscan debilitar las estructuras sindicales mediante modificaciones en el sistema de aportes, convenios colectivos y mecanismos de representación de los trabajadores.

En ese sentido, recordó que la reciente revisión del régimen de contribuciones sindicales exigió una rápida reacción de la CGT para preservar herramientas de financiamiento indispensables para el funcionamiento de las organizaciones. A su juicio, las reformas impulsadas por la administración nacional no afectan a dirigentes en particular, sino a la institucionalidad del movimiento obrero organizado.

El dirigente gremial sostuvo que el sindicalismo también debe asumir una profunda actualización frente a las transformaciones del mercado laboral. Mencionó el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas formas de contratación y los cambios tecnológicos como desafíos que exigirán propuestas concretas y no solamente posiciones defensivas. En ese aspecto, remarcó que la CGT deberá recuperar capacidad de representación entre trabajadores que hoy respaldan políticamente al Gobierno nacional, aun cuando muchas de sus medidas resulten cuestionadas por el movimiento obrero.

Otro de los puntos centrales quedó definido en relación con el padrón electoral. Cabello confirmó que únicamente podrán votar e integrar los órganos de conducción aquellos sindicatos formalmente confederados y con su documentación institucional al día, tal como establece el estatuto de la CGT. Precisó que la verificación estará a cargo de la Secretaría del Interior de la CGT nacional, que fiscalizará los avales, la situación administrativa de cada organización y el desarrollo integral del proceso electoral.

Aunque otros gremios podrán asistir a reuniones o plenarios en calidad de invitados, el referente de la Regional sanjuanina aclaró que quienes no integren formalmente la Confederación no tendrán derecho a voz ni voto durante la elección de autoridades.

Con la fecha ya confirmada y el respaldo de la conducción nacional, la CGT San Juan se encamina a una elección que definirá mucho más que una renovación de cargos. El debate sobre el modelo de conducción, la representación de los gremios confederados y el papel del sindicalismo frente a las reformas laborales y los cambios tecnológicos marcarán la agenda de una nueva etapa para la principal central obrera de la provincia, en un momento de profundas transformaciones para el mundo del trabajo.