El gremio docente ADICUS despliega una semana de protestas con actividades abiertas y un abrazo simbólico a la Escuela Industrial. Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten sobre una pérdida salarial acumulada desde 2023.

El conflicto universitario suma un nuevo episodio en San Juan con la profundización del plan de lucha impulsado por la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (Adicus). En sintonía con la estrategia definida a nivel nacional por la Conadu Histórica, el gremio adoptó una modalidad de protesta que combina interrupciones parciales de actividades con acciones de visibilización en espacios públicos.

La iniciativa, que se extiende durante toda la semana, busca trasladar el reclamo fuera del ámbito académico y acercarlo a la comunidad. La consigna es clara: exponer el impacto de la crisis presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario.

Edith Liquitay delineó el eje del reclamo con cifras contundentes. Según detalló, la pérdida acumulada en los ingresos docentes equivale a aproximadamente diez salarios completos desde 2023. “Estamos percibiendo cerca de la mitad de lo que correspondería”, afirmó, al tiempo que responsabilizó al Gobierno nacional por la demora en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El cronograma de actividades incluye intervenciones de alto perfil simbólico. Tras una clase abierta realizada por la Escuela de Música en el Parque de Mayo, el gremio avanza con nuevas acciones. Entre ellas, se destaca un abrazo simbólico a la Escuela Industrial previsto para el miércoles por la mañana, durante el horario de recreo extendido, con participación exclusiva de adultos.

La agenda continuará el jueves con iniciativas diferenciadas. En la Escuela de Comercio se desarrollará una jornada orientada a la salud mental dentro del establecimiento, mientras que por la tarde se realizará una clase pública de la carrera de Geografía en inmediaciones de la Facultad de Filosofía, trasladando nuevamente la actividad académica al espacio urbano.

El giro hacia estrategias de divulgación refleja una variación en el comportamiento del conflicto universitario. Lejos de limitarse a medidas tradicionales, el sector docente busca construir legitimidad social mediante la exposición directa de sus demandas. La ocupación simbólica del espacio público no solo amplifica el reclamo, sino que también interpela a una ciudadanía que, en muchos casos, percibe de manera indirecta las consecuencias del deterioro presupuestario.

El núcleo del conflicto permanece anclado en la cuestión salarial y en la falta de ejecución plena de la Ley de Financiamiento Universitario. La demora en su implementación no solo impacta en los ingresos del personal, sino que condiciona el funcionamiento general de las instituciones, afectando la planificación académica, la investigación y la extensión.

En ese sentido, la prolongación de las medidas evidencia una negociación estancada y un contexto en el que los gremios buscan sostener presión sin romper completamente el vínculo pedagógico. De allí que muchas de las acciones adoptadas mantengan un componente educativo, aun fuera de los espacios formales.

El Ejecutivo provincial confirmó que los trabajadores de la Administración Pública tendrán disponibles sus salarios el próximo jueves 30 de abril, en línea con el cronograma habitual que sostiene la gestión. La comunicación fue difundida por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, que precisó que los haberes estarán acreditados desde esa jornada en los cajeros automáticos.

La definición llega en un escenario donde la regularidad en el pago de sueldos adquiere un valor central para el funcionamiento del sector público y la organización financiera de miles de familias. En ese marco, la confirmación oficial despeja cualquier incertidumbre y ratifica un esquema que, hasta el momento, se ha mantenido sin alteraciones significativas.

Según detallaron desde la cartera económica, el depósito corresponde a los salarios del mes de abril de 2026 e incluye a la totalidad de los agentes de la administración provincial. Como es habitual, los fondos podrán ser retirados o utilizados a través de los canales electrónicos disponibles desde el inicio de la jornada bancaria.

Más allá de su carácter administrativo, la puntualidad en el pago de salarios estatales funciona como un indicador de orden financiero y capacidad de gestión. La continuidad del cronograma no solo impacta en el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que también incide en la dinámica del consumo interno, especialmente en economías regionales donde el empleo público tiene un peso significativo.

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones acusa a la conducción de la empresa estatal Correo Argentino de ejecutar despidos bajo argumentos disciplinarios y ratifica un cronograma de medidas que incluye una huelga nacional. Reclaman reincorporaciones inmediatas, mejoras salariales y la reapertura de paritarias.

El conflicto en el Correo Argentino ingresó en una fase de alta confrontación tras la denuncia de despidos masivos por parte de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT). La organización sindical afirmó que la empresa comenzó a enviar telegramas de cesantía en distintas dependencias del país bajo la figura de “injurias laborales graves”, una calificación que el gremio rechaza de plano y considera parte de una política de disciplinamiento interno.

Desde la conducción encabezada por Alberto Cejas sostienen que la decisión empresaria constituye un quiebre en la relación laboral, al punto de calificarla como una práctica inédita por su alcance y metodología. Según el sindicato, las desvinculaciones impactan en múltiples sucursales y ya provocan dificultades operativas que podrían resentir el funcionamiento del servicio postal en el corto plazo.

Lejos de atenuar la disputa, la respuesta gremial fue profundizar el plan de lucha votado en su Congreso Nacional realizado en Santa Fe. El esquema incluye estado de alerta permanente, trabajo a reglamento y una movilización conjunta con la CGT el 30 de abril, para luego avanzar con un paro total de actividades durante 48 horas los días 4 y 5 de mayo, sin concurrencia a los lugares de trabajo. La secuencia continuará con nuevas medidas que mantienen la presión sobre la operatoria diaria de la empresa.

El núcleo del reclamo remite a la situación salarial. FOECYT sostiene que los ingresos del sector han quedado relegados frente a la evolución del costo de vida, y denuncia que los trabajadores perciben remuneraciones que no alcanzan a cubrir necesidades básicas. En ese marco, exige el pago de un bono extraordinario de 840.000 pesos, a abonarse en cuotas, como mecanismo de compensación inmediata ante la pérdida de poder adquisitivo.

La organización también cuestiona la estrategia empresarial orientada —según su interpretación— a reducir costos laborales en nombre de la eficiencia. Desde el gremio advierten que el ajuste sobre la plantilla no solo deteriora las condiciones de empleo, sino que compromete la calidad del servicio público, en un momento en que la logística y la distribución adquieren un rol cada vez más relevante en la dinámica económica.

En este sentido, FOECYT reclama la reapertura urgente de las negociaciones paritarias, al considerar que cualquier definición unilateral por parte de la empresa resulta inaceptable. La dirigencia sindical sostiene que el diálogo formal es el único canal legítimo para encauzar la discusión salarial y evitar una mayor profundización del conflicto.

El trasfondo del episodio expone una presión estructural entre la necesidad de sostenibilidad financiera de la empresa estatal y las demandas de sus trabajadores en un presente de deterioro del ingreso real. La combinación de despidos, reclamos salariales y medidas de fuerza configura un escenario de alta complejidad, con impacto potencial tanto en la prestación del servicio como en el clima social del sector.