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No tiene aplicación cuando las actividades se realicen en dependencias de los empleadores ni en las tercerizadas

El Gobierno nacional estableció que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, previsto por la Ley Nº 27.555, entrará en vigencia el 1 de abril próximo, según una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial. Así quedó establecido mediante la Resolución 54/2021 del Ministerio de Trabajo. El régimen fue aprobado el 30 de julio del año pasado por el Senado y regula esta modalidad laboral en actividades que, por su naturaleza y particulares características, lo permitan.

La reglamentación de la Ley 27.555 había sido publicada el mes pasado en el Boletín Oficial a través del Decreto 27/2021, con las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

El primer artículo establece que «las disposiciones de la Ley Nº 27.555 no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicios de manera continuada o regular».

Tampoco «en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional».

En tanto, en el anexo publicado, se detalla que los artículos 2°, 3° y 4° vinculados al contrato de teletrabajo, los derechos y obligaciones y la jornada laboral quedaron sin reglamentar.

El artículo 5°, referido al derecho a la desconexión digital, precisa que cuando «la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral».

«En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada, salvo que concurran los supuestos contenidos en el artículo 203 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)», dice la normativa y aclara que «no se podrán establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión». Y agrega que «los incrementos vinculados a la retribución de las horas suplementarias no serán considerados incentivos».

En cuanto a las tareas de cuidado, toda persona que ejerza el derecho a interrumpir la tarea, «deberá comunicar en forma virtual y con precisión» el momento en que comienza la inactividad y cuando finaliza. «En los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva», agrega el artículo 6°.

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Paritaria minera: ASIJEMIN cerró aumento salarial con Vicuña

El personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 789/21 contará con una nueva actualización salarial.

El entendimiento fue suscripto por Marcelo Mena Muñoz, Secretario General, y Humberto Coria, Director de la Delegación Regional Centro de ASIJEMIN. En representación de la empresa participaron Gustavo Bufaliza, Director de Recursos Humanos, y Ángel Guardia, Superintendente de Recursos Humanos.

El acuerdo establece un incremento del 11 % a partir del 1 de mayo sobre los haberes correspondientes al mes de abril, y un adicional del 5 % a partir del 1 de julio, tomando como referencia los haberes del mes de junio, alcanzando un acumulado del 16,55 %. La vigencia del acuerdo se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026.

Esta actualización paritaria destaca la importancia del Convenio Colectivo de Trabajo como herramienta fundamental para la defensa de los derechos de los trabajadores mineros y la mejora de sus condiciones salariales.

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Orrego busca aval legislativo para un plan de infraestructura de US$600 millones


El gobernador enviará a la Cámara de Diputados un proyecto para habilitar la obtención de crédito destinado a obras estratégicas. La iniciativa contempla viviendas, rutas, saneamiento, agua potable e infraestructura hídrica con el objetivo de acompañar el crecimiento económico que proyecta la provincia a partir de la expansión minera.

La administración de Marcelo Orrego decidió dar un paso de fuerte impacto en la planificación de largo plazo de San Juan. El Ejecutivo provincial enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que autoriza la búsqueda de financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar un amplio programa de infraestructura orientado a sostener el crecimiento económico previsto para los próximos años.

La iniciativa, denominada Ley de Financiamiento de Infraestructura para el Desarrollo de San Juan, apunta a dotar al Estado provincial de herramientas que permitan acceder a líneas de crédito nacionales e internacionales destinadas exclusivamente a inversiones de capital y obras consideradas prioritarias.

El anuncio se produjo en un momento en el que la provincia busca posicionarse como uno de los principales polos mineros del país, especialmente a partir de los proyectos vinculados al cobre. Desde el Gobierno entienden que la llegada de nuevas inversiones exigirá una red de servicios, conectividad y equipamiento capaz de responder a una demanda creciente de infraestructura.

Durante la presentación, Orrego sostuvo que San Juan atraviesa una etapa decisiva y que el desafío consiste en anticiparse a los requerimientos que impondrá el nuevo ciclo productivo. La estrategia oficial apunta a evitar que el crecimiento económico avance más rápido que la capacidad de respuesta del Estado.

El programa contempla intervenciones en cuatro áreas centrales. La primera está vinculada al acceso a la vivienda, con la construcción de más de treinta barrios y la puesta en marcha de mil créditos habitacionales a través del Instituto Provincial de la Vivienda. El objetivo es atender una demanda que podría incrementarse en semultaneo al desarrollo de nuevos emprendimientos productivos.

El segundo eje se concentra en la conectividad vial. Allí aparecen obras sobre corredores estratégicos, accesos provinciales y rutas que cumplen un papel clave para el transporte de personas, insumos y producción.

La gestión eficiente del recurso hídrico constituye otro de los capítulos prioritarios. El proyecto prevé inversiones destinadas a optimizar sistemas de riego, mejorar la infraestructura de distribución y fortalecer la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades productivas.

A ello se suman trabajos de saneamiento y ampliación de redes de agua potable y cloacas, considerados esenciales para acompañar el crecimiento demográfico y mejorar la calidad de vida en distintos departamentos.

La propuesta surge además en un contexto marcado por el repliegue de la inversión pública nacional. La decisión del Gobierno de Javier Milei de reducir significativamente el financiamiento de obras trasladó a las provincias la responsabilidad de buscar mecanismos alternativos para sostener proyectos de gran escala.

En ese cuadro, varias jurisdicciones comenzaron a explorar esquemas de endeudamiento y financiamiento externo para mantener activos sus planes de infraestructura. San Juan pretende sumarse a esa tendencia aprovechando una situación fiscal ordenada y las expectativas económicas generadas por el avance de la actividad minera.

Desde el equipo económico provincial remarcan que la iniciativa no responde a una necesidad coyuntural de recursos, sino a una estrategia destinada a construir las condiciones que permitan consolidar el desarrollo futuro. La premisa oficial es que la infraestructura debe preceder al crecimiento y no correr detrás de él.

El debate ahora quedará en manos de la Legislatura. Si obtiene el respaldo parlamentario, el Gobierno contará con la autorización necesaria para iniciar gestiones ante organismos financieros y mercados de crédito, en busca de recursos destinados a una transformación que la administración provincial considera determinante para la próxima etapa de San Juan.

Más allá de la discusión sobre las fuentes de financiamiento, la iniciativa revela una definición política clara: apostar a la obra pública como herramienta de competitividad, generación de empleo y preparación territorial frente a una situación financiera que podría modificar de manera profunda la estructura productiva de la provincia durante la próxima década.

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Boom de motos: el auge del reparto y la búsqueda de ingresos sostienen la demanda

Las motos sostienen su expansión y reflejan el avance de nuevas formas de empleo
El mercado de motovehículos continúa exhibiendo uno de los desempeños más sólidos de la economía argentina. Aunque durante mayo se observó una desaceleración respecto del mes anterior, los niveles de patentamiento permanecen entre los más elevados de los últimos años, impulsados por la expansión de las aplicaciones de reparto, la movilidad laboral independiente y la búsqueda de alternativas de ingresos frente a un escenario económico exigente.

De acuerdo con los datos difundidos por la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante mayo se registraron 66.851 unidades nuevas, lo que representa un incremento interanual del 25,4% respecto del mismo período del año pasado.

La comparación mensual muestra una corrección luego del excepcional desempeño de abril. Sin embargo, el volumen de operaciones continúa ubicándose en niveles históricamente elevados para el sector y confirma una tendencia de fuerte crecimiento que se mantiene desde comienzos de año.

Los números acumulados refuerzan esa dinámica. Entre enero y mayo se patentaron 369.468 motocicletas, un salto del 43,2% frente al mismo período de 2025. El dato consolida a los motovehículos como uno de los segmentos de mayor expansión dentro del mercado automotor argentino.

El fenómeno del trabajo sobre dos ruedas

Detrás de la recuperación del sector aparecen múltiples factores. Además de la mayor accesibilidad económica frente al automóvil, la motocicleta se convirtió en una herramienta central para miles de trabajadores vinculados a plataformas de reparto, mensajería y servicios urbanos.

La proliferación de aplicaciones de delivery y transporte de mercaderías generó una demanda sostenida de unidades de baja cilindrada, especialmente aquellas que combinan bajo costo de adquisición, reducido consumo de combustible y mantenimiento accesible.

En ese contexto, los modelos utilitarios continúan liderando las preferencias de los compradores, configurando un mercado dominado por vehículos destinados principalmente al trabajo cotidiano.

Las marcas que lideran el mercado

Honda volvió a encabezar el ranking nacional de patentamientos durante mayo, ratificando una posición que mantiene desde hace años. Detrás se ubicaron Gilera y Keller, que logró recuperar terreno y regresar al podio de las marcas más elegidas por los usuarios.
Más atrás quedaron Motomel y Corven, que continúan concentrando una parte significativa de las ventas del segmento popular.

En cuanto a los modelos, la Keller KN 110-8 se convirtió en la motocicleta más patentada del mes, desplazando del liderazgo a otras unidades que venían encabezando las estadísticas. La acompañaron en los primeros puestos la Honda Wave 110 y la Gilera Smash, tres referentes tradicionales dentro del mercado de baja cilindrada.

Un indicador que también refleja la realidad económica

Más allá de los números comerciales, el crecimiento sostenido del sector se interpreta como una señal de las transformaciones que atraviesa el mercado laboral. Para numerosos trabajadores, la adquisición de una motocicleta representa hoy una herramienta de subsistencia, una vía para complementar ingresos o una oportunidad de inserción en actividades vinculadas a la logística urbana.

Por esa razón, el notable incremento de los patentamientos no sólo habla de un mercado en expansión. También refleja la creciente importancia que adquieren las economías de plataformas y las modalidades de trabajo independientes dentro de la estructura productiva argentina.

Con más de 369.000 unidades registradas en apenas cinco meses, el negocio de las motos transita uno de sus mejores momentos. El desafío para el sector será sostener ese ritmo durante la segunda mitad del año en un contexto donde el consumo masivo continúa mostrando señales de fragilidad, pero donde la necesidad de movilidad y generación de ingresos mantiene firme la demanda de vehículos de bajo costo.

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