Tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, la CONADU resolvió avanzar con un paro nacional de una semana, acompañado por clases públicas y protestas en todo el país. Reclaman reapertura salarial y financiamiento para las universidades nacionales.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió profundizar el conflicto con el Gobierno nacional y convocó a una semana completa de paro en las universidades públicas de todo el país entre el 25 y el 31 de mayo, en medio del creciente malestar por el deterioro salarial y la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario.

La decisión fue adoptada durante el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales realizado tras la masiva Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, una movilización que volvió a colocar a la educación superior en el centro de la discusión pública y reunió a cientos de miles de personas en defensa de las universidades nacionales.

Desde la federación docente señalaron que la falta de respuestas oficiales y la ausencia de convocatoria paritaria profundizaron el enfrentamiento con la administración de Javier Milei. “La universidad pública se defiende con organización y presencia en las calles”, sostuvo la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, al confirmar la continuidad del plan de lucha.

La medida incluirá paro total de actividades, clases públicas, asambleas y acciones de visibilización en distintas casas de estudio del territorio nacional. Además, el gremio buscará coordinar nuevas iniciativas junto al Frente Sindical Universitario para ampliar el alcance de las protestas.

Uno de los principales ejes del reclamo pasa por la situación salarial. Desde CONADU denuncian que las negociaciones paritarias permanecen virtualmente paralizadas desde fines de 2024 y advierten que la pérdida del poder adquisitivo ya impacta de manera severa sobre docentes e investigadores.

Según cifras difundidas, los salarios universitarios acumulan una caída cercana al 34% desde el inicio de la actual gestión nacional, mientras numerosos cargos iniciales quedaron muy por debajo del costo de vida y de la evolución de la canasta básica.

El conflicto también se articula con el reclamo por el financiamiento del sistema universitario. Los sindicatos exigen el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y alertan sobre las dificultades que atraviesan las instituciones para sostener funcionamiento, investigación, extensión y servicios básicos.

En este contexto, CONADU confirmó su participación en el lanzamiento del Frente Educativo Nacional previsto para el 22 de mayo en Buenos Aires, en una señal de unión entre gremios docentes, estudiantes, investigadores y autoridades académicas.

La federación además adherirá a la Marcha Federal de Salud y solicitará una reunión con el Consejo Interuniversitario Nacional para analizar el impacto del ajuste sobre las condiciones laborales y el funcionamiento de las universidades públicas.

En el ámbito académico crece la preocupación por el segundo semestre del año. Rectores, gremios y centros estudiantiles coinciden en que, sin una recomposición presupuestaria y salarial, el conflicto podría ingresar en una etapa de mayor intensidad con fuerte repercusión institucional y política en todo el sistema universitario argentino.

La actividad automotriz volvió a mostrar señales de deterioro durante el primer cuatrimestre de 2026. La producción nacional cayó 18,6%, las ventas a concesionarios retrocedieron con fuerza y el mercado interno exhibe un marcado enfriamiento. En medio de la contracción, el único segmento que logró expandirse fue el de los vehículos electrificados importados.

La industria automotriz argentina atraviesa una etapa de fuerte desaceleración, con caída simultánea de producción, retracción en las ventas y una pérdida sostenida de dinamismo en el mercado interno. Los últimos datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores reflejan el deterioro de uno de los sectores industriales más sensibles de la economía nacional y exponen el impacto combinado de la recesión, el freno del consumo y las dificultades estructurales que enfrenta la actividad fabril.

Entre enero y abril de 2026, las terminales automotrices produjeron 129.867 unidades, lo que representó una caída del 18,6% frente al mismo período del año pasado. La retracción también alcanzó a las ventas mayoristas hacia concesionarios, que totalizaron 148.054 vehículos y marcaron un descenso interanual del 17,9%.

El panorama se agravó durante abril, un mes condicionado por la menor cantidad de días hábiles y la transición industrial de algunas terminales. En ese período se fabricaron 37.521 vehículos, con una baja del 10,1% respecto de marzo y del 17,5% frente al mismo mes de 2025. Las entregas a concesionarias mostraron un comportamiento todavía más pronunciado: cayeron 31,6% interanual y 13,2% en comparación con el mes previo.

Desde el sector reconocen que la actividad continúa afectada por factores productivos y comerciales que aún no logran revertirse. La discontinuidad de determinados modelos, la adecuación de líneas industriales y la pérdida de capacidad de compra aparecen entre las principales razones que explican el freno de la demanda y la menor utilización de capacidad instalada.

El deterioro golpeó especialmente al segmento de utilitarios, cuya comercialización mayorista se derrumbó 43,7% interanual en abril. Los automóviles también exhibieron una caída significativa, con una retracción del 26,2%. Enero había mostrado una tenue recuperación, aunque la tendencia volvió rápidamente a terreno negativo y se profundizó a lo largo del cuatrimestre.

En medio de ese cuadro contractivo, las exportaciones aportaron el único indicador parcialmente favorable. Durante abril se enviaron al exterior 26.887 unidades, un 18,8% más que en igual mes del año pasado. Sin embargo, el acumulado anual todavía se mantiene levemente por debajo de 2025, con una baja del 1,6%. Brasil continuó consolidándose como el principal destino de los vehículos argentinos, concentrando más del 65% de los embarques del sector.

El contraste más marcado dentro de la actividad apareció en el segmento de vehículos electrificados. Mientras la industria convencional pierde volumen y el mercado doméstico reduce operaciones, las ventas de autos híbridos y eléctricos mostraron un crecimiento exponencial. En el primer cuatrimestre se comercializaron 10.936 unidades, contra apenas 622 registradas en igual período del año pasado.

Aun así, el fenómeno todavía representa una porción reducida del mercado total y aparece más vinculado a nichos específicos de consumo que a una recuperación integral del sector. La expansión de los vehículos electrificados convive con una industria automotriz que continúa atravesada por caída de actividad, menor demanda y crecientes dificultades para sostener el ritmo de producción que históricamente caracterizó a una de las principales ramas manufactureras del país.

La Policía salteña interceptó dos camionetas con integrantes del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo que transportaban armas de fuego, cartuchos, machetes y elementos para dañar vehículos. La Federación Petrolera denunció que se intentó ejecutar una emboscada contra un acto gremial y aseguró que “se evitó una tragedia”.

Un operativo de la Policía de Salta desactivó en las últimas horas un episodio de extrema gravedad que sacudió al sindicalismo petrolero y abrió una fuerte investigación judicial sobre presuntas acciones violentas organizadas contra un acto gremial en General Güemes.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 9/34, en los accesos a la ciudad salteña, donde efectivos provinciales interceptaron dos camionetas en las que viajaban ocho integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo. Durante la requisa, la fuerza secuestró armas de fuego de distintos calibres, rifles de aire comprimido, más de 200 municiones, cuchillos, bates de béisbol y una importante cantidad de “miguelitos”, artefactos metálicos utilizados para perforar neumáticos.

La intervención policial se produjo luego de una alerta preventiva vinculada a posibles incidentes durante el lanzamiento de la Agrupación Azul y Blanca del gremio de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, una actividad sindical que había convocado a dirigentes y trabajadores de distintos puntos del norte argentino.

El dato que elevó la preocupación dentro del sector no fue únicamente el volumen del arsenal secuestrado, sino la identidad de los involucrados. Según confirmaron fuentes de la investigación, los detenidos no serían militantes aislados sino miembros de conducción del sindicato cuyano encabezado por Gabriel Barroso.

La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles apuntó directamente contra Barroso y contra Sebastián Barrios, secretario general del sindicato petrolero de Salta y Jujuy, a quienes responsabilizó políticamente por el episodio. “Se evitó una tragedia”, afirmaron desde la organización nacional, que calificó el hecho como uno de los acontecimientos más delicados registrados en la interna sindical petrolera de los últimos años.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal de General Güemes, que ya avanzó con las primeras imputaciones mientras intenta determinar si existió planificación previa y coordinación logística para ejecutar una acción violenta durante la jornada gremial.

Dentro de las hipótesis que analiza la Justicia aparece la posible existencia de grupos organizados de choque vinculados a disputas internas del sector petrolero. Investigadores remarcan que el traslado de armamento y la presencia de elementos como “miguelitos” sugieren preparación previa y un esquema operativo que excedería un episodio improvisado.
El caso provocó un fuerte impacto dentro del sindicalismo energético, donde la disputa por representación, control territorial y conducción gremial viene escalando con intensidad durante los últimos meses.

En Salta y Jujuy, el episodio generó además preocupación institucional por el nivel de violencia que comienza a emerger dentro de algunos sectores sindicales estratégicos ligados a la actividad hidrocarburífera, una industria atravesada por fuertes intereses económicos y políticos.

Mientras la investigación judicial avanza, la imagen de un convoy gremial trasladando armas y municiones para irrumpir en una actividad sindical dejó al descubierto una disputa interna que ya desbordó los límites de la confrontación política y sindical tradicional.