Mientras estaría negociando la compra de los activos de Carrefour en Argentina, el grupo chileno Cencosud inició una serie de cierres en su cadena de supermercados Vea, que afectan a varias provincias y generan incertidumbre entre cientos de trabajadores. La empresa argumenta una “caída de ventas”, aunque analistas del sector interpretan la medida como parte de una estrategia para adecuarse a las normas de competencia y reconfigurar su posicionamiento comercial en el país.

La decisión de Cencosud de avanzar en el cierre de múltiples sucursales de su marca Vea tomó por sorpresa a empleados y consumidores. La medida se conoció casi en simultáneo con la confirmación de que el conglomerado chileno, uno de los mayores grupos de retail de Sudamérica, se encuentra en etapa avanzada de negociación para adquirir los activos de Carrefour Argentina, tras el anuncio del retiro de la cadena francesa del país.

Fuentes del sector minorista explican que la operación —aún sujeta a aprobación de los organismos de control— podría significar una de las mayores concentraciones comerciales de los últimos años. Cencosud ya controla las marcas Jumbo, Disco, Makro y Basualdo, además de Vea, lo que le otorga una posición dominante en el mercado supermercadista local.

“El problema es que si Cencosud incorpora también a Carrefour, pasaría a manejar una porción del mercado que podría superar los límites establecidos por la Ley de Defensa de la Competencia. Por eso, algunos cierres o desprendimientos previos serían parte de una estrategia preventiva”, explicó un consultor especializado en retail.

Cierres en distintas provincias y preocupación sindical

En los últimos días, la empresa cerró su sucursal de Vea en el centro de la ciudad de Tucumán, ubicada en Córdoba al 600, con un procedimiento repentino que tomó por sorpresa al personal. Según trascendió, los trabajadores fueron notificados el mismo día del cierre, aunque la empresa aseguró su reubicación en otras sedes de la cadena.

Poco antes, se habían bajado las persianas de Vea Lobos (provincia de Buenos Aires), San Juan y posibles cierres en Salta, San Pedro, Castelar, Moreno y Hurlingham, además de ajustes en Bahía Blanca y Luján.

La compañía justificó las decisiones por una “sostenida caída en las ventas” y por la “necesidad de reestructurar operaciones para garantizar la rentabilidad”.

Sin embargo, dirigentes sindicales del sector mercantil plantean que los argumentos no coinciden con la realidad de las ventas.

“No estamos ante una crisis comercial, sino ante una reconfiguración empresarial de gran escala. El grupo está ajustando posiciones en función de su expansión, no de una caída en el consumo”, sostuvo un referente gremial.

Una maniobra de reacomodamiento previo a la compra

Para los analistas, el proceso actual responde a un reacomodamiento estructural previo a la adquisición de Carrefour.

Cencosud buscaría así reducir su presencia en plazas donde ya tiene alta participación —como Buenos Aires y Cuyo— para evitar objeciones legales una vez concretada la compra.

En ese marco, la reorganización de Vea aparece como una decisión táctica: cerrar locales de menor rendimiento, unificar operaciones bajo otras marcas del grupo y liberar espacio para futuras integraciones.

“El grupo chileno apunta a una sinergia regional. No se trata de una retirada, sino de un movimiento calculado que prepara el terreno para un salto estratégico”, señalaron fuentes empresariales.

El impacto laboral y las perspectivas del sector

Aunque Cencosud prometió reubicar a los trabajadores afectados, los sindicatos y las delegaciones del SEC (Sindicato de Empleados de Comercio) de cada provincia se mantienen en alerta. Los cierres recientes, advierten, generan incertidumbre y desconfianza entre el personal, especialmente en un contexto de recesión del consumo y contracción del poder adquisitivo.

El panorama se inscribe en un mercado minorista argentino que atraviesa una profunda reconfiguración, con caída general de ventas en los segmentos masivos, aumento del comercio electrónico y reacomodamiento de las grandes cadenas internacionales ante la crisis económica local.

El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) encontró fuerte adhesión en el sector universitario. Los gremios académicos denuncian una pérdida del 40% del poder adquisitivo y la parálisis de las negociaciones salariales desde septiembre del año pasado. La falta de actualización del financiamiento universitario y el incumplimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) agravan un conflicto que amenaza con prolongarse.

La educación argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos tiempos. Este martes, escuelas y universidades de todo el país se paralizan en el marco de una huelga nacional docente que, más allá de las cifras y consignas, expresa un profundo malestar estructural. El detonante es la caída sostenida del salario real y la ausencia de respuestas del Gobierno nacional ante los reclamos docentes.

La medida de fuerza, impulsada por la CTERA, encontró eco inmediato en el frente universitario. En San Juan, el gremio ADICUS —que representa a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Juan— confirmó su adhesión total. Su secretario general, Jaime Barcelona, fue claro: “Hace más de un año que el Ministerio no convoca a paritarias. Las universidades están funcionando con presupuestos reconducidos y sueldos licuados por la inflación”.

El reclamo excede la cuestión salarial inmediata. Los sindicatos docentes universitarios advierten que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) permanece congelado y que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario está afectando no solo los salarios sino también las condiciones mínimas de funcionamiento. En algunos casos, las universidades enfrentan dificultades para sostener servicios básicos, mantenimiento edilicio o programas de extensión.

En lo económico, la pérdida de poder adquisitivo de los docentes ronda el 40% interanual, según estimaciones gremiales y estudios independientes. La inflación acumulada en el último año superó el 180%, mientras que los incrementos salariales apenas alcanzaron la mitad. “Estamos frente a un proceso de deterioro que no solo empobrece a los docentes, sino que desmantela la universidad pública como espacio de conocimiento y movilidad social”, sostuvo el dirigente de Adicus.

El conflicto también tiene una dimensión simbólica: la universidad pública, históricamente reconocida por su excelencia y gratuidad, se ve hoy tensionada por políticas de ajuste que contradicen la tradición de inversión en educación superior. La falta de convocatoria a diálogo por parte del Gobierno nacional acentúa la confrontación. La comunidad universitaria denuncia un retroceso en derechos adquiridos y un desinterés estatal que pone en riesgo la continuidad de proyectos científicos y académicos.

En San Juan, al igual que en otras provincias, se espera un alto acatamiento al paro. No habrá clases en las facultades, y las actividades de investigación y extensión también se verán suspendidas. Desde los gremios docentes destacan que el conflicto “no es solo salarial, sino de supervivencia del sistema universitario público”.

El paro nacional docente reabre un debate profundo sobre el lugar que ocupa la educación —y en particular la universidad pública— en la agenda de prioridades del Estado. Más allá de la coyuntura salarial, la discusión interpela el modelo de país: uno que concibe la educación como gasto o como inversión estratégica.

Si el Gobierno persiste en la inacción, el conflicto tenderá a prolongarse y radicalizarse. La docencia universitaria, que durante décadas fue símbolo de excelencia y compromiso público, enfrenta hoy la disyuntiva entre resistir o desintegrarse en la precariedad. La respuesta oficial a esta huelga marcará no solo el rumbo de la negociación paritaria, sino el futuro inmediato del sistema educativo argentino.

Legisladores sanjuaninos de todos los espacios políticos se unieron para defender el régimen de Zona Fría, un beneficio que reduce las tarifas de gas y que el Gobierno nacional busca eliminar en el Presupuesto 2026. La medida, impulsada por Javier Milei, carece de sustento fiscal: el fondo se financia con aportes de los propios usuarios. La decisión abriría una nueva grieta social en provincias donde el invierno se traduce en pobreza energética.

En una escena poco habitual, oficialistas, peronistas y libertarios coincidieron en un mismo reclamo: frenar la eliminación del Régimen de Zona Fría. La Legislatura de San Juan fue este lunes el escenario de un acuerdo transversal donde confluyeron representantes de todas las bancadas provinciales. El objetivo fue contundente: exigir que la Nación mantenga un beneficio que hoy ampara a más de 120.000 usuarios sanjuaninos con descuentos de entre 30% y 50% en sus boletas de gas.

El vicegobernador Fabián Martín fue categórico al recordar que “la Nación no pone un peso”. El subsidio —recordó— se financia a través de un fideicomiso alimentado por un aporte del 6% que realizan el resto de los consumidores del país, por lo que su continuidad no impacta en las cuentas públicas. “Si se elimina, se castiga a los hogares que más lo necesitan, y no se ahorra nada”, sentenció.

La reunión fue acompañada por un consenso inusual: giojistas, uñaquistas, orreguistas y hasta referentes de La Libertad Avanza acordaron pedir que el Congreso excluya del Presupuesto 2026 el artículo que deroga la ley sancionada en 2021. Según los legisladores, si la norma cae, el aumento para los hogares alcanzaría el 100%. A nivel nacional, el beneficio cubre a 14 provincias, entre ellas Mendoza, Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Pero mientras los legisladores provinciales intentan blindar el régimen, en Buenos Aires y en la Cámara baja nacional crece el malestar. Intendentes como Nelson Sombra (Azul) y Maximiliano Wesner (Olavarría) viajaron al Congreso para denunciar que el recorte propuesto por Milei no tiene justificación económica ni climática. “No es un subsidio fiscal. Es un fondo compensador que garantiza equidad térmica en el país más austral del mundo”, explicó Sombra, quien recordó que su distrito llegó a registrar temperaturas más bajas que Tierra del Fuego.

El diputado peronista Walberto Allende, impulsor original de la inclusión de San Juan en la Zona Fría, fue más allá: habló de un intento de “vaciamiento institucional del fondo”. Según detalló, la reforma presupuestaria elimina la garantía legal y deroga los artículos que obligaban a mantener el recargo del 7,5% sobre el gas exportado, uno de los pilares del financiamiento. “En síntesis: se vacía el fondo y se deja todo a discreción del Ejecutivo”, resumió.

La consecuencia sería devastadora para miles de familias. En Azul, por ejemplo, 450 millones de pesos trimestrales dejan de salir de los bolsillos de los vecinos gracias al descuento, recursos que luego se vuelcan al consumo local. “Quitar el beneficio no sólo enfría los hogares, también congela la economía”, analizó Sombra.

Paradójicamente, el Gobierno que proclama el “federalismo fiscal” avanza en decisiones que castigan a los territorios más vulnerables. Lo hace con una lógica de ajuste lineal, sin medir el impacto social ni regional de las medidas. Aún más contradictorio: se trata de un fondo autosustentado, cuya eliminación no genera ahorro alguno pero sí pérdidas concretas en calidad de vida y actividad económica.

Mientras tanto, la resistencia crece. En los concejos deliberantes bonaerenses, incluso en municipios gobernados por La Libertad Avanza, se discuten resoluciones para exigir que el artículo 72 del Presupuesto 2026 sea retirado. Otros, como Capitán Sarmiento, se niegan a acompañar la protesta, dejando en evidencia el quiebre interno del oficialismo.

En paralelo, los beneficiarios del Programa Hogar —que subsidia el gas en garrafas— también sufren la poda: hoy reciben apenas 1.500 pesos por garrafa, cuando su costo real ronda los 15 mil. El subsidio energético, antes una herramienta de equidad territorial, se desdibuja en un ajuste sin brújula.

La eliminación del Régimen de Zona Fría no es un ahorro: es una decisión ideológica. Un símbolo más de un modelo que confunde gasto con inversión y equidad con privilegio. San Juan, Azul, Olavarría y decenas de municipios enfrentan hoy el costo de una política que rompe consensos y desconoce realidades térmicas, geográficas y sociales.

En nombre del “orden fiscal”, el Gobierno avanza sobre un derecho básico: no pasar frío. Y lo hace con una frialdad que ni el invierno más riguroso podría justificar.