El aumento del gasto cotidiano en transporte y las dificultades para circular por el centro sanjuanino reabren una pregunta para miles de trabajadores: ¿conviene seguir dependiendo del colectivo o financiar una movilidad propia? Desde el comercio local, la motocicleta aparece como una alternativa cuyo costo mensual puede equipararse al de los viajes en transporte público, aunque la comparación también exige considerar combustible, seguro, mantenimiento y otros gastos asociados.

Javier Varas, de Eduardo Varas Motos, explicó que una motocicleta financiada puede implicar cuotas de entre $120.000 y $160.000 mensuales, según la unidad y la modalidad de pago. Según su estimación, una persona que utiliza cuatro colectivos por día puede gastar entre $140.000 y $160.000 al mes.

“Hoy la moto empieza a competir con el precio del transporte público”, sostuvo Varas en diálogo con Mundo Laboral San Juan. Además de facilitar los traslados laborales, señaló que permite reducir la dependencia de los horarios del colectivo y disponer de un vehículo para otros usos, incluidos los desplazamientos personales o eventuales actividades de reparto.

La comparación, sin embargo, depende de cada caso: las cuotas varían según el crédito, mientras que el uso de una motocicleta incorpora gastos de combustible, seguro, mantenimiento y equipamiento de seguridad. Aun así, el comerciante considera que la financiación amplía las posibilidades de acceso para quienes necesitan resolver sus traslados diarios.

Créditos con DNI y alternativas para empleados públicos

La concesionaria ofrece distintas vías de financiación. Una de ellas permite solicitar un crédito presentando el DNI, aunque Varas aclaró que la aprobación está sujeta a la evaluación de la entidad financiera y no se concede automáticamente por contar con el documento.

También reciben tarjetas de crédito y gestionan préstamos para empleados públicos provinciales a través de la Caja de Acción Social. Otra alternativa está destinada a trabajadores de determinadas dependencias estatales que figuran en el Veraz, entre ellas la Policía de San Juan, el Ministerio de Educación, el Servicio Penitenciario, la UNSJ y el Tribunal de Cuentas.

Según explicó el comerciante, en estos casos el monto aprobado puede superar el precio de la motocicleta. Como ejemplo, mencionó que una unidad de entre $1,7 millones y $1,8 millones podría adquirirse mediante un crédito de $3 millones, si el solicitante reúne las condiciones exigidas. La disponibilidad y el importe dependen de la evaluación correspondiente.

Patentamiento y respaldo después de la compra

Uno de los aspectos que la firma busca resolver es la documentación. Varas indicó que el trámite de patentamiento se inicia al concretarse la operación y que, habitualmente, la documentación definitiva está disponible en unos cinco días. La motocicleta se entrega con permiso de circulación y seguro, mientras que el título, la chapa patente y la cédula se retiran posteriormente en la concesionaria, una vez completadas las gestiones.

El negocio “Eduaro Varas Motos” fue fundado por su padre en 1992 y continúa atendiendo en el mismo punto de la ciudad. Javier Varas definió el servicio posventa y la respuesta ante eventuales inconvenientes de garantía como parte de la relación con el cliente: el vínculo, afirmó, no termina con la entrega del vehículo.

La concesionaria está ubicada sobre calle Mitre, entre Caseros y Güemes, en Capital. Atiende de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 21, y los sábados de 9 a 13.

Una decisión que va más allá de la cuota

La expansión del parque automotor y las perspectivas de desarrollo vinculadas con la minería plantean mayores exigencias para la circulación en la provincia. En ese escenario, la motocicleta puede ofrecer agilidad para los trayectos urbanos, pero su conveniencia económica depende de los kilómetros recorridos, las condiciones de financiación y los costos de uso.

Para quienes evalúan comprar una, la clave es comparar el valor total del crédito, verificar los gastos de patentamiento y seguro y calcular cuánto costará mantenerla. La cuota puede ser similar al gasto en colectivo, pero la decisión requiere mirar el presupuesto completo y priorizar siempre la circulación segura.

El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales ingresó en una nueva fase de presión sindical con cuatro paros de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. En San Juan, las medidas afectarán el funcionamiento de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y podrían profundizarse si el Congreso no incorpora al Presupuesto los recursos que reclama la comunidad universitaria.

Daniel Durán, secretario geneal de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Juan – (APUNSJ) – sostuvo que la protesta responde al deterioro salarial de docentes y no docentes, las restricciones presupuestarias y la insuficiencia de las partidas destinadas al funcionamiento institucional y las becas estudiantiles.

El dirigente cuestionó, además, el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Según explicó, sus artículos 5 y 6 establecen mecanismos de actualización salarial tomando como referencia la evolución del índice de precios al consumidor desde diciembre de 2023.

Advirtió que la inobservancia de la ley, pese a los precedentes judiciales expuestos, agravó el desacuerdo presupuestario hasta convertirlo en una crisis institucional sistémica.

“Lo que está en conflicto acá es el propio sistema republicano de gobierno y la división de poderes”, planteó Durán durante una entrevista con Mundo Laboral San Juan. Para el titular de APUNSJ, el Ejecutivo no solo incumple una ley aprobada por el Congreso, sino que desoye decisiones de la Justicia.

Cuatro jornadas de huelga y servicios afectados

El cronograma anunciado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), a la que adhiere APUNSJ, contempla paros para este miércoles 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. La secuencia coincide con la discusión parlamentaria del Presupuesto nacional, cuyo tratamiento aparece como un punto determinante para definir los próximos pasos gremiales.

Las huelgas alcanzarán al conjunto de las tareas no docentes: desde la gestión administrativa especializada hasta los servicios generales. La interrupción podrá afectar la apertura de aulas, la limpieza, los trámites administrativos, los pagos a proveedores y otras prestaciones necesarias para el funcionamiento cotidiano de la UNSJ.

Durán también puso el foco en los recursos que, según el reclamo sindical, fueron recortados del financiamiento universitario. La organización exige que el Congreso incorpore $3 billones para gastos de funcionamiento. El dirigente advirtió que, con el proyecto presupuestario enviado por el Gobierno sin esas partidas, las universidades podrían sostener sus operaciones solamente hasta mayo del año próximo.

La advertencia tiene una consecuencia inmediata para la negociación: si el texto presupuestario no contempla los fondos reclamados, el conflicto no terminará con el último paro previsto. “Sin duda, el plan de lucha se va a profundizar”, anticipó Durán, quien señaló que se evalúan modalidades de protesta más contundentes.

Unidad universitaria frente al ajuste

El representante sindical cuestionó la orientación del Gobierno nacional y rechazó que el recorte pueda entenderse únicamente como una política de austeridad. A su juicio, las restricciones comprometen la continuidad del sistema universitario público, junto con las capacidades nacionales de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Frente a ese panorama, destacó la cohesión entre las organizaciones sindicales, docentes y estudiantiles. La adhesión sanjuanina a la quinta marcha federal universitaria del 15 de octubre, señaló, expresó la convergencia de esos espacios en defensa del financiamiento y de las condiciones de trabajo.

Durán vinculó el reclamo con la tradición de la universidad pública argentina, cuya transformación institucional quedó marcada por la Reforma Universitaria de 1918. Sostuvo que el sistema permitió a generaciones de estudiantes acceder a una profesión y mejorar sus condiciones de vida, una función que, enfatizó, no debería quedar subordinada a las restricciones presupuestarias.

La confrontación se aproxima a un punto de inflexión: ante la inminencia de nuevas medidas de fuerza sindicales, el Poder Legislativo tendrá la responsabilidad de determinar si la ley de Presupuesto asigna las partidas reclamadas por las instituciones educativas. De dicha resolución dependen directamente tanto la sustentabilidad de las prestaciones fundamentales de la comunidad académica sanjuanina, como la estructura salarial y presupuestaria del período venidero.

Los docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) Adhirieron este miércoles 28 de octubre al paro nacional universitario, en una disputa que combina reclamos salariales, financiamiento institucional y cuestionamientos por la continuidad de las clases.

Adicus y APUNSJ confirmaron su participación en la jornada, mientras que el primero también se sumará a la huelga semanal convocada por CONADU Histórica, prevista hasta el 3 de noviembre.

La protesta exige que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y revise la política salarial aplicada a docentes y trabajadores de las casas de altos estudios. El desacuerdo se profundizó luego de que la administración de Javier Milei ofreciera un aumento del 3% en la última instancia paritaria, propuesta que recibió objeciones de las organizaciones gremiales.

El reclamo tuvo una expresión masiva en la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre y continuará ahora con nuevas medidas de fuerza. Los sindicatos sostienen que la pérdida del poder adquisitivo y las restricciones presupuestarias comprometen tanto las condiciones laborales como el funcionamiento de las instituciones públicas.

La continuidad de las clases, bajo discusión judicial

La falta de clases en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan trasladó el conflicto a la Justicia Federal tras un reclamo de padres

Ante esa presentación, la universidad llevó a la Justicia Federal un plan de adecuación de contenidos. La medida busca atender las consecuencias académicas derivadas de las interrupciones, mientras las huelgas continúan sujetas a la adhesión de los trabajadores.

El episodio expone una dificultad adicional para las autoridades universitarias: compatibilizar el derecho a la protesta sindical con la continuidad de las trayectorias educativas. Por el momento, la convocatoria gremial para este miércoles se mantiene.

Una negociación salarial sin acuerdo

La oferta oficial de una suba del 3% se convirtió en uno de los principales puntos de desacuerdo entre el Gobierno y las organizaciones docentes. Los gremios consideran insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos y reclaman, además, la aplicación efectiva de la ley que regula el financiamiento universitario.

Con el conflicto todavía abierto, la discusión ya no se limita a la actualización de los salarios: también compromete la previsibilidad presupuestaria de la UNSJ y la organización del calendario académico. La evolución de la negociación nacional y las decisiones judiciales serán determinantes para establecer cuánto más se prolongará la interrupción de las clases.