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El cálculo está hecho para una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar e incluye el alquiler.

 En su ya clásico informe, la Junta Interna de ATE en el INDEC estableció que el salario mínimo para diciembre debería ser de $82.085,9 advirtiendo que realizan este análisis “con la finalidad de establecer el valor de una canasta que cubra las necesidades de una familia tipo y debe utilizarse como base empírica para exigir un piso salarial”. Asimismo, explicó: “A este valor llegamos en base al uso de datos oficiales publicados por el INDEC: Un Hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijxs en edad escolar necesitó, en diciembre de 2020, de $ 82.085,9. para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $ 27.586,3.- necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $54.499,5.- para acceder a otros bienes y servicios básicos”.

La organización gremial apuntó que “las canastas utilizadas para este ejercicio no son las utilizadas por el organismo para la medición de la pobreza, que este mes llegó a $ 54.208 para una familia tipo, sino que son las llamadas “Canastas de Consumos Mínimos” y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, aunque todavía no se han aplicado en las mediciones oficiales”.

Hay quienes utilizan este valor para decir que el salario mínimo debería ser entonces la mitad de $ 82.085,9, asumiendo que entran dos salarios al hogar pero debido a los distintos formatos familiares, a la falta de empleo o a la imposibilidad de delegar tareas de cuidado esto puede no suceder.

En ese sentido, desde ATE Indec aclararon que “estas canastas indican un piso para que cada asalariadx esté en condiciones de cubrir las necesidades básicas de su núcleo familiar y, de esa manera, no ser susceptible de caer bajo la línea de pobreza. Por tanto, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio”

En este marco, reclamaron que el aumento final del año 2020 para los estatales “sea acorde a la inflación acumulada a diciembre, que fue del 36,1%. Lo contrario sería postergar la pérdida del poder adquisitivo de lxs trabajadorxs del sector”.

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ASIJEMIN cuestionó los cambios en el RIGI y advirtió por el impacto sobre las PyMEs nacionales

El sindicato que representa a los trabajadores jerárquicos mineros salió al cruce del Decreto que modifica los criterios para reconocer proveedores locales dentro del régimen de grandes inversiones. Advirtió que la nueva normativa puede reducir la participación de empresas argentinas y debilitar el impacto de la minería sobre las economías provinciales.

La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió un nuevo frente de cuestionamientos sindicales. ASIJEMIN rechazó el Decreto 1366/2026 y advirtió que los cambios en la definición de proveedor local podrían favorecer a grandes compañías extranjeras en detrimento de las PyMEs nacionales, con consecuencias sobre el empleo, la industria y las economías de las provincias mineras.

La institución considera que la nueva normativa altera las condiciones de participación de las empresas argentinas en los proyectos alcanzados por el régimen, al permitir que compañías extranjeras compitan bajo la misma categoría que los proveedores nacionales. A juicio del sindicato, esa equiparación puede profundizar las asimetrías entre grandes corporaciones internacionales y firmas regionales que integran las cadenas de abastecimiento de la minería.

El planteo no cuestiona la llegada de capitales ni la expansión de las inversiones mineras, sino la distribución de sus beneficios. «No estamos en contra de las inversiones ni del crecimiento de la minería. Estamos en contra de un modelo que concentra oportunidades, debilita a las empresas nacionales y pone en riesgo el desarrollo productivo de nuestras provincias», sostuvo la entidad.

Para ASIJEMIN, el volumen de capital destinado a los emprendimientos extractivos no constituye, por sí solo, una garantía de desarrollo. La entiadad reclama que esos desembolsos se traduzcan en contratación de trabajadores argentinos, fortalecimiento industrial y participación efectiva de proveedores radicados en las regiones donde se ejecutan los proyectos.

En esa línea, el sindicato exigió revisar y derogar las modificaciones introducidas por el decreto, además de establecer políticas que aseguren condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas, los proveedores regionales y la mano de obra nacional.

La discusión trasciende el alcance de una disposición administrativa y pone en debate el modelo de desarrollo asociado con la expansión minera. La capacidad de las provincias para transformar las inversiones en empleo, producción y encadenamientos industriales depende, en buena medida, de cuánto puedan participar las empresas locales en los grandes emprendimientos.

El comunicado lleva la firma de Marcelo Mena Muñoz, secretario general de ASIJEMIN, junto con la Comisión Directiva Nacional y las delegaciones regionales Centro, Sur y NOA. La organización sintetizó su posición con una definición: «La minería debe generar riqueza para el país, trabajo para los argentinos y desarrollo para nuestras provincias».

La advertencia sindical instala una discusión central para el futuro de la minería argentina: cómo atraer inversiones de gran escala sin relegar a las empresas nacionales que pueden aportar servicios, tecnología, empleo y valor agregado en los territorios donde se desarrolla la actividad.

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Los judiciales conmemoran su día con salarios deteriorados y una nueva jornada nacional de protesta

El Día del Trabajador y la Trabajadora Judicial encuentra este 16 de noviembre a los empleados del sector lejos de un clima de celebración. La Federación Judicial Argentina (FJA) aprovechó la conmemoración para renovar sus reclamos por salarios dignos, mejores condiciones laborales y el reconocimiento de derechos que, según sostiene, continúan sin una respuesta integral de las autoridades empleadoras.

Bajo la conducción de Matías Fachal, la organización advirtió que los trabajadores deben afrontar sus responsabilidades cotidianas con ingresos fuertemente deteriorados. En ese marco, volvió a exigir la implementación de un Convenio Colectivo de Trabajo que alcance a todo el país, una paritaria nacional y un régimen de porcentualidad salarial que permita reducir las profundas diferencias existentes entre los poderes judiciales provinciales.

La entidad también convocó a una Jornada Nacional de Lucha para este miércoles 18 de noviembre, una medida resuelta a fines de octubre durante el III Plenario Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, que reunió a representantes de 19 filiales. El encuentro puso en discusión las desigualdades salariales entre jurisdicciones y la necesidad de establecer una instancia común de negociación que garantice condiciones más equitativas para el conjunto del personal judicial.

La FJA sostiene que la fragmentación de las negociaciones deja a los trabajadores sujetos a realidades salariales muy dispares, incluso entre dependencias de una misma jurisdicción. Por eso, considera que una negociación colectiva de alcance nacional constituye una reivindicación central para establecer pisos mínimos y fortalecer la protección de los derechos laborales.

En el plenario, Fachal calificó la convocatoria como parte de la lucha histórica de la Federación y destacó que las demandas ya fueron elevadas a instancias internacionales. Asimismo, el referente sindical subrayó que, si bien la Constitución avala la negociación colectiva, el Estado aún tiene una deuda pendiente al no garantizar este derecho para todos los empleados judiciales.

En el mensaje difundido por el aniversario, la institución reivindicó además la función que desempeñan quienes sostienen diariamente el funcionamiento de los tribunales: reciben consultas, tramitan escritos, agilizan procedimientos y hacen posible que el servicio de justicia llegue a la ciudadanía. Esa tarea, señalaron, resulta indispensable para garantizar derechos, aunque no siempre encuentra un reconocimiento acorde en las condiciones laborales.

La conmemoración recuerda el nacimiento de la organización sindical el 16 de noviembre de 1952, durante un congreso gremial realizado en Catamarca, antecedente de la actual Federación Judicial Argentina. A más de siete décadas de aquella fundación, el reclamo por una estructura federal de representación vuelve a ocupar el centro de su agenda.

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El mensaje de León XIV unificó al sindicalismo y reforzó sus reclamos por el trabajo

Dirigentes de la CGT, las CTA y organizaciones sectoriales coincidieron en destacar las definiciones del Pontífice sobre la dignidad laboral, la justicia social y la economía al servicio de las personas. También valoraron su advertencia sobre los despidos y la precarización, aunque algunos reconocieron que el mensaje incluyó una exigencia hacia los propios sindicatos: representar también a los trabajadores informales, desocupados y excluidos.

El discurso del papa León XIV ante representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) provocó una reacción de amplio consenso entre las principales organizaciones sindicales del país. Dirigentes de distintas corrientes gremiales coincidieron en interpretar sus definiciones como una reivindicación de la dignidad laboral, la justicia social y el papel de los sindicatos, en momentos en que las políticas económicas del gobierno de Javier Milei mantienen abiertos los conflictos por el empleo, los ingresos y los derechos de los trabajadores.

La recepción fue transversal. Referentes de la conducción de la CGT, dirigentes de las centrales sindicales y representantes de distintos gremios destacaron que el Pontífice colocara nuevamente a la persona en el centro de la economía y cuestionara cualquier modelo de crecimiento que produzca beneficios para algunos a costa de la exclusión de otros. Sin embargo, entre las valoraciones también apareció una lectura menos complaciente: León XIV no solamente respaldó principios históricos del movimiento obrero, sino que planteó responsabilidades para las propias organizaciones sindicales.

El cotitular de la CGT Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, sostuvo que el Papa interpeló al mundo laboral desde los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Destacó sus referencias a la subsidiaridad, la solidaridad, la búsqueda del bien común y la necesidad de evitar que la economía termine subordinando a las personas. Para el dirigente, el desafío comienza después del encuentro: transformar esas definiciones en una instancia concreta de diálogo que permita reconstruir la dignidad del trabajo.

En esa dirección, Sola consideró indispensable avanzar hacia una mesa de conversación entre los distintos actores económicos y sociales. También vinculó ese objetivo con la necesidad de recuperar una perspectiva de país basada en la producción, el desarrollo y la generación de empleo.

Cristian Jerónimo, otro de los cotitulares de la central obrera, destacó que León XIV abordara el papel de los sindicatos, la protección de los derechos laborales y las consecuencias de la inteligencia artificial. Además, interpretó que el mensaje incluyó una advertencia dirigida al empresariado: la competitividad y la rentabilidad no pueden sostenerse mediante la precarización de las condiciones de trabajo.

Una de las expresiones más contundentes llegó de Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y titular de la UOCRA. “Nos sentimos representados en los conceptos del Papa”, afirmó. Para el dirigente, el diálogo debe convertirse en una política de Estado y el modelo económico necesita articular desarrollo, producción y trabajo. También planteó la necesidad de discutir un nuevo contrato social que permita establecer acuerdos duraderos frente a las transformaciones que atraviesa la Argentina.

Martínez puso especial atención en el avance tecnológico y en la concentración del poder sobre los algoritmos y las nuevas herramientas digitales. Advirtió que su influencia ya alcanza las dimensiones política, productiva, social y laboral, por lo que consideró necesario garantizar mecanismos de protección durante esa transición.

Desde la Unión Docentes Argentinos, Sergio Romero valoró el conocimiento que el Pontífice demostró sobre la realidad argentina y la profundidad de sus planteos. Destacó, además, la atención que prestó a las intervenciones de los distintos representantes durante la reunión.

Por su parte, Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), señaló que León XIV reafirmó principios que ya había expresado ante el presidente Javier Milei: la economía debe estar al servicio de las personas, la dignidad humana debe ser preservada y el progreso no puede dejar trabajadores en el camino.

Sin embargo, Schmid también identificó una observación dirigida al sindicalismo. Interpretó que, cuando el Papa reclamó a los gremios que protejan a sus representados sin perder de vista al conjunto de la sociedad, formuló un llamado a ampliar la mirada de las organizaciones. La defensa de los afiliados, en esa perspectiva, debe complementarse con una preocupación activa por quienes permanecen fuera del empleo formal.

Esa lectura encontró puntos de coincidencia en otros referentes de la CGT. Rodolfo Daer, dirigente del gremio de Alimentación, relacionó las definiciones papales con los principios de la comunidad organizada y destacó la reivindicación del papel social de los medios de producción, así como la necesidad de preservar un equilibrio entre capital y trabajo.

Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, resaltó que el Pontífice identificara el desempleo como una herida a la dignidad humana y no solamente como la pérdida de un ingreso. También defendió la importancia de un sindicalismo capaz de representar a los trabajadores precarizados, informales y excluidos, además de quienes cuentan con estabilidad laboral. Para el dirigente, las organizaciones gremiales deben contribuir a construir consensos con el empresariado y priorizar el interés colectivo por encima de las disputas sectoriales.

Las CTA y ATE también respaldaron el mensaje

Las repercusiones excedieron a la conducción cegetista. La CTA Autónoma, encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy, destacó que León XIV reivindicara la dignidad del trabajo, el derecho a la organización sindical y la necesidad de enfrentar las distintas formas de exclusión social. La central valoró especialmente que el Pontífice incluyera entre las responsabilidades gremiales la defensa de desocupados y subocupados, y vinculó ese planteo con una concepción sindical que incorpora a quienes no están comprendidos por el empleo registrado.

También respaldó sus definiciones sobre la responsabilidad social de la propiedad privada, los límites al enriquecimiento y el protagonismo de las organizaciones populares en la construcción de una sociedad más justa.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, interpretó que las palabras del Papa expusieron las consecuencias sociales del ajuste y cuestionaron tanto al Gobierno como al empresariado. A su entender, el mensaje también representa una exigencia para el sindicalismo y la oposición, que deben asumir un papel activo frente al deterioro de las condiciones laborales y sociales.

El encuentro dejó, de este modo, una coincidencia poco habitual entre dirigentes de espacios gremiales con diferencias políticas y organizativas. La defensa del empleo, la dignidad de los trabajadores, la justicia social y la necesidad de recuperar instancias de diálogo aparecieron como denominadores comunes de las distintas interpretaciones.

Pero el alcance del mensaje de León XIV no se limita a una reivindicación de las demandas sindicales frente al Gobierno. También plantea una discusión sobre la representatividad del movimiento obrero, su capacidad para incorporar a quienes quedaron al margen del sistema formal y su responsabilidad en la construcción de acuerdos sociales.

La verdadera dimensión de esa convocatoria dependerá de que las coincidencias expresadas tras el encuentro puedan traducirse en acciones concretas, tanto desde el Estado y las empresas como desde las propias organizaciones de trabajadores.

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