En el marco de un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, dirigentas sindicales de distintos sectores cuestionaron la reciente reforma laboral y advirtieron que su implementación profundizará las desigualdades estructurales que ya enfrentan las mujeres en el mercado de trabajo. Denuncian precarización, brechas salariales persistentes y una legislación que —afirman— ignora la perspectiva de género.

El mundo del trabajo en la Argentina exhibe brechas históricas que, lejos de reducirse, amenazan con ampliarse en el actual contexto económico. En medio de cierres de empresas, despidos y retracción del empleo formal, las trabajadoras aparecen entre los sectores más expuestos a las consecuencias del ajuste.

Los datos reflejan esa realidad con claridad. Los ingresos de los varones superan entre un 27,3 y un 29 por ciento a los de las mujeres, una diferencia que se amplía hasta el 40 por ciento en el empleo informal. Además, los sectores más feminizados continúan siendo los de menores salarios: el trabajo doméstico, por ejemplo, registra una participación femenina del 98,8 por ciento.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la tasa de actividad de las mujeres alcanza el 52,6 por ciento, mientras que la de los varones llega al 70,1 por ciento. También se registra una brecha en la desocupación —7,4 por ciento para mujeres frente al 5,9 por ciento en varones— y mayores niveles de informalidad femenina.

Este escenario, advierten las organizaciones sindicales, podría agravarse con la implementación de la nueva Ley de Modernización Laboral, reglamentada recientemente por el gobierno nacional.

El impacto en sectores altamente feminizados

Las consecuencias se sienten con especial intensidad en ámbitos donde la participación femenina es mayoritaria.

“Represento a un colectivo de trabajadores profesionales y técnicos donde el 80 por ciento somos mujeres. Las condiciones laborales, el pluriempleo, las tareas de cuidado y la caída del salario nos afectan especialmente”, señaló Norma Lezana, titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan.

En ese sentido, explicó que el deterioro salarial obliga a muchas trabajadoras a multiplicar sus empleos para sostener ingresos. Sin embargo, esa estrategia encuentra límites claros cuando se combina con las responsabilidades de cuidado que recaen mayoritariamente sobre las mujeres.

Una mirada similar expresó María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), quien describió una situación “acuciante” dentro del sector sanitario.

“En muchos casos los salarios están por debajo de la línea de pobreza y se suman la precarización laboral y múltiples formas de contratación inestable”, sostuvo.

Boriotti también remarcó el peso desigual de las tareas domésticas y de cuidado: aunque cada vez más varones participan de ellas, las estadísticas muestran que las mujeres continúan dedicando muchas más horas a estas actividades, generalmente sin remuneración.

A ese panorama se agregan —según denunció— recortes en programas vinculados a la salud sexual y reproductiva, como los destinados a la prevención del embarazo adolescente o las políticas que garantizan la interrupción voluntaria del embarazo.

Movilización y resistencia sindical

El rechazo a la reforma laboral será uno de los ejes centrales de las movilizaciones convocadas en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Las secretarías de género de la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la UTEP y la Corriente Clasista y Combativa convocaron a una jornada de protesta que incluirá una marcha desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo.

Las organizaciones sostienen que el país atraviesa “un escenario complejo de ajuste, precarización, cierre de fábricas y despidos” que, aseguran, profundiza la feminización de la pobreza.

Además, denuncian el desfinanciamiento de programas sociales y el retiro del Estado en áreas vinculadas a la protección de los derechos de mujeres y diversidades.

La voz de las trabajadoras

En el ámbito sanitario, las dirigentes advierten que el contexto actual también se expresa en conflictos laborales concretos.

Desde el Hospital Garrahan, Norma Lezana denunció presiones y sanciones contra trabajadores que participaron en protestas sindicales.

“Nos quieren estigmatizar porque reclaman que seamos silenciosas y obedientes. Pero las mujeres podemos ser científicas, médicas, representantes sindicales, militantes, madres y todo lo que queramos ser”, afirmó.

Para las organizaciones de mujeres trabajadoras, el momento exige fortalecer la unidad y la movilización social.

A más de un siglo de las primeras luchas por los derechos laborales de las mujeres, el debate sobre la igualdad en el mundo del trabajo sigue vigente. Las dirigentas sindicales coinciden en que la reforma laboral abre un nuevo capítulo de disputa, donde la perspectiva de género se vuelve un punto central.

En ese escenario, las trabajadoras advierten que la modernización del sistema laboral no puede construirse sobre bases que ignoren las desigualdades existentes. Por el contrario, sostienen que cualquier reforma debería orientarse a reducir las brechas, garantizar derechos y reconocer el valor social del trabajo de cuidado.

Mientras tanto, el movimiento sindical femenino anticipa que el reclamo seguirá en las calles.
“Seguiremos debatiendo, organizándonos y resistiendo”, resumió Boriotti. “Porque la igualdad en el trabajo no es sólo una consigna: es una deuda histórica que aún espera ser saldada”.

Tras la multitudinaria movilización que reunió en San Juan a las dos CTA y a la CGT, el titular nacional de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin), Marcelo Mena, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral y reclamó profundizar el plan de lucha con un paro general. En diálogo con Mundo Laboral SJ, sostuvo que la iniciativa no apunta a crear empleo sino a flexibilizar despidos y reducir garantías.

La postal sindical en San Juan marcó un hecho poco frecuente: las dos vertientes de la CTA y la CGT marcharon juntas, acompañadas por movimientos sociales y espacios políticos. Para Mena, la jornada expresó un punto de inflexión.
“Desde un principio se planteó la necesidad de marchar unidos, tanto en Buenos Aires como en las provincias. En San Juan no fue la excepción”, afirmó. El dirigente destacó el valor simbólico de la convergencia y la interpretó como una respuesta directa al avance legislativo de la reforma laboral.

A su entender, la movilización no debe ser un hecho aislado sino el inicio de una etapa de mayor intensidad gremial. “No alcanza con salir a la calle. Hay que profundizar con un paro general y fortalecer el trabajo en cada sindicato, en cada comisión interna, con todos los trabajadores defendiendo sus derechos”, sostuvo.

Críticas al núcleo del proyecto

El referente de Asijemin fue categórico al evaluar el contenido de la reforma. Considera que la iniciativa no está orientada a fomentar el empleo ni a modernizar el sistema laboral, sino a facilitar despidos y reducir costos empresariales.

“No tiene ningún sentido para fortalecer al trabajador ni para generar más empleo. Lo que otorga es mayor libertad para despedir o prescindir de personal”, señaló. En ese marco, cuestionó especialmente los cambios vinculados a indemnizaciones, enfermedades laborales y modalidades de contratación.

El dirigente planteó que la discusión excede la estructura sindical. “No se trata de defender instituciones gremiales por sí mismas; se trata de que están vulnerando derechos concretos”, sentenció. Según su análisis, la norma consolida un esquema que tiende a la concentración económica, debilitando el poder de negociación de los trabajadores.

También alertó sobre el impacto cultural y social de una eventual aprobación. “Si el salario se deteriora y se naturaliza la pérdida de garantías, lo que se instala es una lógica de competencia entre trabajadores, en un contexto de mayor desigualdad”, advirtió.

El rol de las centrales y la búsqueda de cohesión

Consultado sobre la aparición de espacios sindicales alternativos y las tensiones internas, Mena evitó profundizar en disputas de liderazgo. Sostuvo que el eje debe estar en la cohesión y no en la fragmentación.

“Las instituciones deben respetarse, pero también deben escuchar a sus bases. Hoy la necesidad es clara: enfrentar esta reforma con medidas firmes”, proclamó. En ese sentido, consideró que el debate no es quién conduce, sino cómo se construye una respuesta unificada frente a un proyecto que —según su mirada— afecta de manera transversal al mundo del trabajo.

La referencia apunta tanto a la Confederación General del Trabajo como a las centrales de trabajadores que confluyeron en la movilización. Para el gremialista, el desafío inmediato es sostener la unidad alcanzada en la calle y traducirla en acciones coordinadas.

El ejemplo minero y la discusión sobre productividad

Desde el ámbito específico de la minería, el dirigente ofreció un contrapunto a los argumentos oficiales que vinculan la reforma con la necesidad de mejorar la competitividad.

Según explicó, en el sector minero sanjuanino se han logrado acuerdos salariales y mejoras en condiciones laborales mediante negociación colectiva, sin necesidad de recortar derechos. Incluso mencionó casos en los que empresas otorgaron incentivos adicionales por desempeño, fortaleciendo el compromiso y la productividad.

“Cuando hay diálogo y reglas claras, se puede crecer sin quitar garantías”, sintetizó. Para Mena, la experiencia del sector demuestra que la productividad no depende de la reducción de indemnizaciones ni de la flexibilización extrema, sino de acuerdos que articulen intereses empresariales y laborales.

En ese aspecto, remarcó que entre los trabajadores mineros existe un amplio rechazo al proyecto. El empresariado, en cambio, mantiene —según su descripción— una posición más expectante, al no verse directamente perjudicado por los cambios propuestos.

Presión política y responsabilidad legislativa

De cara al tratamiento en la Cámara de Diputados, Mena llamó a ejercer presión institucional y social sobre los representantes. “Tenemos que recordarles que son representantes del pueblo y que su función es servir a la sociedad”, alegó.

Sin promover acciones por fuera del marco democrático, planteó la necesidad de interpelar públicamente a los legisladores y exigir explicaciones sobre el sentido de su voto. Para el dirigente sindical, el debate no es técnico sino profundamente político: define el modelo de relaciones laborales que regirá en los próximos años.

La voz de Asijemin se suma a un clima que combina unidad circunstancial y creciente tirantez con el Gobierno. Desde San Juan, la dirigencia minera advierte que la reforma laboral no constituye una herramienta de desarrollo, sino un reordenamiento de fuerzas que, a su juicio, inclina la balanza hacia el capital en detrimento del trabajo.

La discusión en Diputados será determinante. Allí se pondrá en juego no solo el contenido de una ley, sino el alcance de un consenso social más amplio sobre productividad, derechos y distribución del ingreso. Para Marcelo Mena, el mensaje es claro: cualquier transformación del régimen laboral debe surgir del diálogo tripartito y no de una imposición que, lejos de pacificar el escenario, amenaza con profundizar la conflictividad.

La Mesa Sindical rechazó la cifra oficial de 2,9% de inflación en enero y acusó al Gobierno de sostener un “collage” estadístico que no refleja el impacto real en los bolsillos. Advirtieron que crece la presión por reclamar aumentos salariales acordes a la inflación “verdadera” y denunciaron una pérdida acumulada del poder adquisitivo.

La Mesa Sindical —espacio que reúne a más de 50 organizaciones gremiales— lanzó un comunicado de fuerte contenido político bajo el título “El gobierno nacional le toma el pelo al pueblo argentino e insiste con una inflación trucha”. Allí calificó como “una verdadera burla” la comunicación oficial del 2,9% de inflación correspondiente a enero y sostuvo que el Ejecutivo “insiste con un relato que ya no funciona”.

Según la organización, la utilización de parámetros de 2004 para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) “hace que todos los argentinos desconfiemos de esta medición que poco tiene que ver con lo que sienten nuestros bolsillos”. En ese marco, consideraron que “no hay manera de sostener esta teatralización de la realidad”.

Críticas al INDEC y al Ministerio de Economía

El documento también hizo referencia a la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, interpretada por el espacio como “un indicio de la degradación existente”. Además, cuestionaron declaraciones atribuidas al ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a la conveniencia política de no modificar ciertos criterios de medición, lo que calificaron como un “signo indudable de autoritarismo estadístico”.

Desde la Mesa Sindical señalaron que el propio informe oficial admite subas significativas en rubros sensibles: alimentos cercanos al 5%, telecomunicaciones en torno al 4%, servicios públicos alrededor del 3% y hoteles y restaurantes por encima del 4%. Sin embargo, acusaron al Gobierno de “dibujar” otros componentes de la canasta —especialmente transporte, con un incremento informado del 1,2%— para amortiguar el impacto general del índice. “Más que un dibujo es un collage para confundir”, sintetizaron.

Reclamo por recomposición y deuda salarial

Más allá de la discusión técnica, el núcleo del planteo sindical apunta a la pérdida de poder adquisitivo. La Mesa sostuvo que el Estado “adeuda a trabajadores, jubilados y pensionados un 23% por medición desactualizada de la inflación durante estos dos años”.

En la misma línea, desde ATE-INDEC afirmaron que los trabajadores que cerraron paritarias atadas al IPC “perdieron aproximadamente un 5% de poder de compra entre 2024 y 2025”, y advirtieron que el Gobierno buscaría evitar una actualización de ponderadores en un contexto de aumentos tarifarios ya vigentes y otros proyectados para los próximos meses.

El malestar comenzó a traducirse en debates internos dentro de distintos gremios, donde —según indicaron fuentes sindicales— se analiza la necesidad de reclamar ajustes salariales vinculados a una medición alternativa o a la inflación percibida en bienes esenciales.

Un frente sindical amplio y en tensión con la reforma laboral

La Mesa Sindical está integrada por organizaciones estatales, docentes, judiciales, profesionales de la salud, sindicatos industriales y de servicios, entre ellos ATE, CTERA, SIPREBA, la Federación Gráfica Bonaerense, AGTSyP, FESPROSA, CICOP, Luz y Fuerza en distintas jurisdicciones y gremios del sector energético, aeronáutico y educativo, entre otros.

En su declaración final, el espacio reiteró su oposición a la reforma laboral en debate y vinculó la discusión inflacionaria con el deterioro general de las condiciones laborales. “Los que vivimos de un salario o de un ingreso diario lo sentimos todos los días”, señalaron, y convocaron a “restituir la verdad sobre los datos de inflación y lograr un aumento urgente de todos los salarios”.

Inflación, credibilidad y conflictividad

La disputa por la cifra oficial del IPC vuelve a instalar un eje histórico en la política argentina: la credibilidad de las estadísticas públicas y su impacto directo en paritarias, jubilaciones y contratos indexados.

En un clima de reforma laboral en trámite y negociaciones salariales abiertas en múltiples sectores, la tirantez entre el Gobierno y el frente sindical podría escalar si la discusión técnica se transforma en un conflicto distributivo más amplio. La inflación no es solo un número. Es el terreno donde se define, mes a mes, la puja por el ingreso. Y en esa arena, el debate recién empieza.