El presunto “equilibrio fiscal” que exhibe el gobierno de Javier Milei se sostiene sobre un ajuste profundo y altamente selectivo. La eliminación de la obra pública, el recorte a las universidades, el deterioro de jubilaciones, baja en salarios a estatales y el ahogo financiero a las provincias conforman una deuda social creciente que empieza a mostrar límites económicos y políticos.

El balance fiscal que el Gobierno presenta como uno de sus principales logros económicos se apoya, según los datos oficiales, en un recorte histórico del gasto público. De acuerdo con el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el Gasto Total de la Administración Pública Nacional en 2025 se contrajo un 28,1% en términos reales respecto de 2023. Sin embargo, más allá de la magnitud del ajuste, lo verdaderamente revelador es su composición: la “motosierra” no fue pareja, sino quirúrgica, concentrada en áreas clave para el desarrollo, la cohesión federal y la protección social.

El caso más extremo es el del Gasto de Capital, es decir, la inversión nacional en infraestructura. En apenas dos años, este rubro sufrió un recorte del 79,4% real, como consecuencia directa de la decisión política de suspender casi por completo la obra pública. El impacto va mucho más allá del plano contable: rutas paralizadas, obras inconclusas, deterioro de servicios básicos y una destrucción masiva de empleo en el sector de la construcción, uno de los mayores generadores de trabajo formal e indirecto en el país.

El segundo ajuste más significativo fue el de las Transferencias Corrientes a las provincias, que cayeron un 60,5% real entre 2023 y 2025. Se trata, en su mayoría, de fondos “no automáticos” destinados a sostener programas de salud, educación, transporte y obra pública local. El recorte puso a las administraciones provinciales contra las cuerdas, obligándolas a reducir gastos, frenar inversiones, endeudarse o aumentar impuestos locales. Este ahogo financiero explica buena parte de la creciente tensión política entre la Casa Rosada y los gobernadores, incluso aquellos inicialmente alineados con La Libertad Avanza, y está en la base de las recientes derrotas legislativas del oficialismo, que debió retroceder y modificar aspectos clave de sus proyectos de reforma.

En tercer lugar aparece el recorte a las Transferencias a Empresas Públicas y Fondos Fiduciarios, que se redujeron un 39,6% en términos reales. Este ajuste se tradujo en una drástica reducción de subsidios al transporte y la energía, con el objetivo explícito de eliminarlos por completo. El resultado fue un brutal aumento de tarifas que impactó de lleno en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, prácticamente congelados frente a la inflación, y un fuerte desfinanciamiento de empresas estatales estratégicas, hoy sometidas a planes de “saneamiento”, recortes de personal o directamente procesos de privatización.

El ajuste también alcanzó de lleno a los ingresos laborales y al sistema universitario. Los salarios de los trabajadores de la administración pública nacional perdieron un 27,3% de su poder adquisitivo real respecto de 2023, una caída prácticamente idéntica a la sufrida por las universidades nacionales, cuyo presupuesto se redujo un 27,7% real en el mismo período. Este recorte explica el conflicto persistente con el sistema científico y educativo, y el intento del Gobierno de vetar o derogar leyes de financiamiento universitario bajo el argumento del “equilibrio fiscal”.

Sin embargo, incluso bajo este esquema de ajuste severo, los resultados fiscales comienzan a mostrar señales de fragilidad. El cierre del último ejercicio anual reveló que diciembre fue el cuarto mes consecutivo con una brecha negativa entre el crecimiento de los ingresos y el de los gastos. Mientras los ingresos cayeron un 4,6% interanual, el gasto creció un 3,1%, evidenciando un deterioro en las cuentas públicas que pone en cuestión la sostenibilidad del modelo.

El equilibrio fiscal que exhibe el Gobierno de Javier Milei no es neutro ni gratuito: se construye sobre la paralización de la obra pública, el desfinanciamiento educativo, el deterioro de jubilaciones y salarios y el ahogo de las provincias. Los datos muestran que el ajuste ya alcanzó un límite económico y social, mientras los números fiscales empiezan a tensionarse. De cara a 2026, el Ejecutivo enfrenta una disyuntiva cada vez más clara: profundizar un ajuste que recae sobre una sociedad exhausta o admitir que el dogma del superávit permanente choca con la realidad de una deuda social que sigue creciendo.

La eliminación de aranceles a la importación de celulares dispuesta por el gobierno de Javier Milei generó un fuerte rechazo en Tierra del Fuego, donde se concentra la mayor parte de la producción nacional de electrónica. Autoridades provinciales, municipales y gremiales advierten que la medida podría provocar entre 2.000 y 2.500 despidos directos, con impacto en toda la economía regional.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con el arancel cero para la importación de teléfonos celulares encendió todas las alarmas en Tierra del Fuego, provincia que desde hace décadas sostiene uno de los polos industriales más importantes del país. Allí se concentra la mayor parte de la producción nacional de electrónica, un sector que emplea de manera directa a 7.569 trabajadores, de los cuales el 83% está vinculado a la fabricación de celulares y dispositivos tecnológicos.

Según estimaciones oficiales y sindicales, la medida pone en riesgo inmediato entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo directos. Pero el impacto no se limita a las plantas fabriles: la caída de la actividad amenaza también a miles de empleos indirectos en comercio, transporte, logística, servicios técnicos y proveedores, que dependen del funcionamiento del entramado industrial fueguino.

El gobernador Gustavo Melella fue contundente al cuestionar la decisión del Ejecutivo nacional. “No hay nada que festejar”, afirmó, al advertir que detrás de cada incremento de importaciones se esconde una pérdida concreta de empleo local. “Tras cada aumento de importaciones hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas”, expresó.

Melella contextualizó la medida dentro de un escenario laboral ya deteriorado. Según datos de la Encuesta de Indicadores Laborales, el empleo formal cayó un 2,8% a nivel nacional desde fines de 2023, mientras que en Tierra del Fuego la contracción alcanza el 9,6%. En términos absolutos, esto implica 176.908 puestos de trabajo destruidos en todo el país, una cifra que refuerza la preocupación por nuevas políticas de apertura sin protección productiva.

Pese al diagnóstico crítico, el gobernador ratificó el compromiso de la provincia con el empleo y la producción. “Junto a los municipios, a cada trabajador y trabajadora, a cada familia fueguina, seguiremos construyendo oportunidades reales para nuestra provincia. Con más producción y más trabajo, seguiremos adelante”, sostuvo.

En la misma línea se pronunció el intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien cuestionó el argumento oficial de que la quita de aranceles se traducirá en una baja significativa de precios para los consumidores. “Nos venden desde Buenos Aires que esto es para bajar precios”, señaló, y recordó experiencias recientes que desmienten esa promesa.

Pérez mencionó el antecedente de la apertura de importaciones durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se habilitó el ingreso irrestricto de notebooks y otros productos electrónicos. “No bajaron los precios, pero sí se perdieron miles de puestos de trabajo”, afirmó.

Para el jefe comunal, la competencia es desigual cuando el propio Estado decide favorecer productos importados por sobre los fabricados en el país. “No se trata de privilegios. Se trata de defender producción nacional, empleo argentino y el trabajo de miles de familias fueguinas”, remarcó.

Desde la Secretaría de Industria provincial, la advertencia fue aún más cruda. La titular del área, Alejandra Man, afirmó que con la eliminación de aranceles “es imposible competir contra China”, principal origen de los celulares importados. La funcionaria explicó que la industria local no cuenta con condiciones equivalentes para enfrentar la escala, los costos y el financiamiento de la producción asiática.

La medida, que entró en vigencia de forma inmediata y sin instancias de transición ni políticas de acompañamiento, deja a la industria fueguina expuesta a una apertura total del mercado. Para las autoridades locales, esta decisión compromete la sostenibilidad de un sector clave que no solo genera empleo formal, sino que estructura gran parte de la economía provincial.

La eliminación del arancel a la importación de celulares vuelve a poner en discusión el modelo productivo argentino y el rol del Estado en la protección del empleo. En Tierra del Fuego, la decisión no se vive como una oportunidad, sino como una amenaza concreta a miles de puestos de trabajo y al entramado industrial construido durante décadas. Sin medidas compensatorias ni una estrategia de desarrollo, la apertura comercial aparece, una vez más, como un ajuste silencioso que se traduce en fábricas paralizadas, familias en incertidumbre y economías regionales al borde de una nueva crisis.

Las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en San Juan dejarán su actual ubicación sobre calle Tucumán, antes de avenida Libertador, en el corazón de la ciudad, y serán reubicadas en otro punto de Capital. El cambio se enmarca en un proceso de reorganización de dependencias nacionales impulsado por el Gobierno nacional, cuyo objetivo central es reducir el elevado costo de los alquileres que paga el Estado.

La confirmación llegó de la mano del diputado nacional José Peluc, quien explicó que la sede central de ANSES en la provincia pasará a funcionar en el edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), ubicado sobre calle Rivadavia. En ese mismo esquema, la Unidad de Atención Integral (UDAI), que actualmente atiende al público en Tucumán entre Libertador y San Luis, también será trasladada.

“ANSES se muda a calle Rivadavia, donde está el INV. En el caso de PAMI todavía no hay un espacio definido, pero la idea es avanzar siempre hacia inmuebles que pertenezcan a organismos nacionales y que estén disponibles”, señaló el legislador, al detallar los lineamientos generales del plan.

Por el momento, el traslado no tiene una fecha precisa. Peluc reconoció que se trata de un proceso complejo y gradual, que requiere evaluaciones técnicas y administrativas. “No es solo cambiar de lugar. Hay que analizar las condiciones edilicias, adaptar sistemas y programas informáticos, y eso lleva tiempo”, explicó. Dentro de este esquema, ANSES aparece como la dependencia con mayor grado de avance.

El ahorro económico es uno de los ejes centrales de la iniciativa. Según detalló el diputado, el Estado nacional desembolsa actualmente entre 6 y 7 millones de pesos mensuales en concepto de alquiler por las oficinas que ahora serán reubicadas, una cifra que se busca reducir de manera significativa mediante el uso de edificios propios.

Asimismo, se dispuso el cierre de la oficina Bicentenario de ANSES, ubicada en calle Catamarca entre Córdoba y Santa Fe, y el traslado de distintas dependencias de Vialidad Nacional y del PAMI, que también forman parte del esquema de optimización de espacios y recursos.

Con esta reconfiguración, el Gobierno busca avanzar en una administración más austera y eficiente de los recursos públicos en la provincia, concentrando oficinas en inmuebles estatales y reduciendo gastos fijos en alquileres. Aunque el proceso avanza de manera gradual y sin plazos definidos, el traslado de ANSES marca uno de los cambios más relevantes dentro de una estrategia que apunta a redefinir la presencia de organismos nacionales en San Juan.