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La Bancaria anunció además huelgas para el 2 y 3 de febrero en rechazo del «fraude laboral y los incumplimientos de los acuerdos firmados»

La Asociación Bancaria (AB) dispuso un paro de dos horas en las sucursales del Banco Supervielle para este jueves y nuevas huelgas para el 2 y 3 de febrero, con «características a definir de forma oportuna», en rechazo del «fraude laboral y los incumplimientos de los acuerdos firmados», confirmó la organización gremial. Asimismo, planteó que el Supervielle «incumple los acuerdos firmados y somete a cientos de trabajadores al fraude laboral y a la conculcación de derechos».

«Ello ocurre con IUDU plataforma de banca digital de la entidad financiera y con otras relacionadas, con centro operativo en San Isidro, y más de 200 trabajadores sufren fraude laboral y perciben salarios que no alcanzan el 40 por ciento del convenio», aseguró el sindicato que lidera Sergio Palazzo.


En tanto, el secretario de Prensa de la Bancaria, Eduardo Berrozpe sostuvo que la sede, ubicada en Juan Bautista de la Salle al 600 de esa localidad, «no tiene condiciones sanitarias y no cumple las disposiciones de distanciamiento social y de otras preventivas acordes con la pandemia de la Covid-19».

Palazzo, Berrozpe y los integrantes del Secretariado General Nacional del gremio denunciaron que «los trabajadores del Supervielle se destacan en el sector privado por el esfuerzo realizado en la pandemia, y asumieron riesgos para atender a cientos de miles de empleados y jubilados», pero las autoridades del Supervielle insisten en producir «malas y erróneas liquidaciones y en incumplir el convenio, lo que acumuló importantes deudas».

«Esa entidad también desconoce los derechos como bancarios de trabajadores que lo son, y les abona salarios inferiores a los que corresponden, a la vez que elude contribuciones a la seguridad social. Abusa de la condición del teletrabajo e incumple acuerdos firmados en el Ministerio de Trabajo en el contexto del convenio colectivo 18/75», puntualizaron.

Los dirigentes denunciaron que el Supervielle ejecuta «una reestructuración que compromete puestos y condiciones laborales y terceriza todas las áreas sin analizar de forma previa con el gremio los cambios en la organización del proceso laboral por la incorporación de tecnología», no obstante todos «los esfuerzos realizados por el sindicato, las seccionales y las Comisiones Internas para apostar al diálogo», añadieron.

«Esas conversaciones incluyeron en su momento a la más alta autoridad de esa entidad. Pero insiste en sus incumplimientos, pretendiendo la resignación de derechos adquiridos de los trabajadores, en contra de lo dispuesto por la ley. Por eso comenzaron las asambleas en todas las sucursales y se ratificaron las protestas de este jueves y del 2 y 3 de febrero, como la Bancaria ya informó oficialmente a la cartera laboral», concluyeron.

Las autoridades del Supervielle desconocieron la existencia de deudas salariales con los trabajadores e «incumplimientos de los acuerdos firmados», y señalaron que «no autorizan la realización de asambleas en las entidades financieras», por todo lo cual la Bancaria repudió «el accionar y la actitud» de la patronal y ratificó los paros de tres días. Esa misma posición sustentaron los abogados del banco en la última audiencia en Trabajo el 20 de enero en representación de Patricio Supervielle, titular del Grupo, quien luego de la derrota de Mauricio Macri en octubre de 2019 fijó nuevo lugar de residencia en Uruguay.

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Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales

En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.

La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.

En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.

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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.

La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.

La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.

La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.

También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.

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