La discusión en torno al Impuesto a las Ganancias volvió a encenderse tras la difusión de un duro documento de la Mesa Sindical, espacio que nuclea a más de sesenta sindicatos de alcance nacional. Allí, las organizaciones advirtieron que la política oficial de actualización de escalas y mínimos no imponibles se apoya en una “inflación maquillada” que termina ampliando de manera significativa el universo de trabajadores alcanzados por el tributo.

Según el pronunciamiento gremial, el “dibujo sobre la inflación real” no solo impacta sobre los sectores de menores ingresos, sino que “tiene un efecto depredador sobre los salarios superiores al promedio”, incorporando a trabajadores de ingresos medios a un impuesto que, remarcan, continúa tratando al salario como si fuera una ganancia.

El documento hace referencia a la comunicación oficial del Gobierno sobre los pisos salariales y escalas que regirán durante el primer semestre de 2026, tanto para trabajadores en relación de dependencia como para jubilados y pensionados. De acuerdo con lo anunciado por la administración libertaria, los montos se ajustarán un 14,3% a partir de enero, porcentaje que los gremios consideran ampliamente insuficiente frente al aumento real del costo de vida.

Nuevos pisos y más trabajadores alcanzados

Con esa actualización, el piso mínimo para comenzar a pagar Ganancias será de $2.490.000 de salario de bolsillo para un trabajador soltero. En tanto, los umbrales se elevan a $2.692.700 para un soltero con un hijo, $2.896.500 para un soltero con dos hijos, $2.894.000 para un casado sin hijos, $3.232.000 para un casado con un hijo y $3.302.100 para un casado con dos hijos.

Sin embargo, la Mesa Sindical advirtió que el impacto real del impuesto no se limita a esos pisos formales. “Como en el pago del impuesto juega la famosa tablita, todo trabajador que tenga una ganancia neta acumulada superior a $2.030.000 durante el primer semestre será gravado con alícuotas que van del 9% al 35%, según su nivel de ingreso”, detallaron.

Este esquema, sostienen, provocará que más de dos millones de trabajadores y trabajadoras queden alcanzados por Ganancias, ampliando de manera sustancial la base contributiva sobre los salarios.

Salarios medios y canasta familiar

El documento también pone el foco en la creciente cercanía entre los salarios medios y el umbral de pobreza. Según los gremios, la canasta familiar alcanzó los $1.300.000 en diciembre de 2025 y continúa en ascenso, lo que achica peligrosamente la distancia entre quienes apenas logran cubrir sus necesidades básicas y aquellos que comienzan a tributar Ganancias.

“Es notorio que la brecha entre quienes menos ganan y los sueldos medios es cada vez más estrecha”, advierten, y subrayan que esta política fiscal profundiza la regresividad del sistema impositivo, descargando el ajuste sobre el ingreso del trabajo.

En su cierre, la Mesa Sindical sostiene que esta actualización “sigue tomando al salario como ganancia cuando, a todas luces, su poder de compra es cada vez más limitado”. Lejos de tratarse de un debate técnico, el documento plantea que la política impositiva actual consolida una “vida mínima” que impacta de manera profunda y generalizada en el conjunto de los trabajadores.

“Unirnos para mejorar nuestros salarios y cambiar la matriz impositiva es una necesidad cada vez más evidente”, concluye el texto, dejando planteado un escenario de creciente conflictividad si no se revisa el esquema tributario aplicado sobre los ingresos laborales.

La temporada turística en curso dejó un dato elocuente para el sector: el turismo sanjuanino hacia los destinos de la costa atlántica cayó un 40% respecto de años anteriores, una retracción significativa que refleja no solo el impacto del contexto económico, sino también un cambio estructural en los hábitos de viaje.

El diagnóstico fue planteado por Ariel Bacur, representante del sector de agencias de turismo en la provincia, quien definió el actual ciclo vacacional como “una temporada atípica”, atravesada por múltiples factores que alteraron la dinámica habitual del mercado. Entre ellos, se destacó el inicio tardío de las reservas, vinculado a la espera de definiciones políticas tras el proceso electoral, que demoró decisiones y afectó la planificación tanto de los viajeros como de las empresas del rubro.

En tal sentido, se consolidó una tendencia que viene creciendo en los últimos años: la migración hacia destinos alternativos. Países como Chile y Brasil ganaron protagonismo frente a la costa argentina, impulsados por ofertas competitivas, diferencias cambiarias favorables y nuevas preferencias de los turistas, especialmente entre los viajeros jóvenes y los grupos familiares con mayor capacidad de organización.

Otro de los factores clave que explica la caída en las ventas tradicionales es el avance del turismo independiente. Según Giménez Bacur, cada vez más personas optan por organizar sus viajes por cuenta propia, prescindiendo de intermediarios y recurriendo a plataformas digitales para reservas de transporte y alojamiento.

Esta transformación impacta de lleno en las agencias locales, que ven reducido su volumen de operaciones y se ven obligadas a reformular su oferta comercial, renegociando tarifas con proveedores, incorporando promociones específicas y ofreciendo financiamientos más flexibles para sostener la competitividad.

A su vez, se observa una fragmentación del período vacacional. En lugar de concentrar el descanso en un único viaje largo, muchos sanjuaninos eligen escapadas más cortas distribuidas a lo largo del año, una estrategia que permite administrar mejor el presupuesto y adaptarse a un contexto de ingresos más ajustados.

Pese a la marcada caída del 40%, la costa argentina no desaparece del mapa turístico sanjuanino, aunque pierde centralidad frente a nuevas alternativas y modalidades de viaje. El escenario actual confirma que no se trata de una baja coyuntural, sino de una reconfiguración profunda del comportamiento del turista, atravesada por variables económicas, políticas y culturales.

“El sanjuanino sigue eligiendo la costa, muchas veces por razones de tiempo, pero amplía su horizonte hacia otros destinos como Brasil”, sintetizó Giménez Bacur. Una definición que resume con claridad el momento del sector: menos viajes tradicionales, más diversidad y una industria obligada a reinventarse para acompañar una demanda cada vez más fragmentada y exigente.

La Asociación de Viñateros Independientes alertó sobre un escenario crítico para la próxima vendimia. La ausencia de precios, el exceso de oferta y la falta de intervención estatal colocan al productor en una situación de extrema fragilidad, en un contexto de caída del consumo y dificultades para exportar.

La vitivinicultura sanjuanina atraviesa un momento de profunda incertidumbre a pocas semanas del inicio de la vendimia. Desde la Asociación de Viñateros Independientes, su presidente Juan José Ramos describió un panorama marcado por la ausencia total de precios de referencia, la concentración del mercado comprador y un sobrestock que condiciona toda la cadena productiva.

Según explicó, no existen hasta el momento valores definidos para la uva ni acuerdos formales con bodegas o mosteras, una situación que deja a miles de productores sin herramientas para planificar la cosecha. “Son pocas las empresas que compran y muchos los que ofrecemos, por lo que no tenemos poder de negociación”, afirmó.

Ramos vinculó esta situación con la política económica de libre mercado, que excluye al Estado de cualquier rol regulador en la fijación de precios. En ese marco, el productor queda expuesto a un esquema de fuerte asimetría, donde la oferta atomizada enfrenta a un número reducido de compradores con alta capacidad de concentración.

El dirigente fue categórico al definir el presente como “el peor año de la historia de la vitivinicultura”, y apuntó directamente contra decisiones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que, lejos de aliviar el escenario, habrían profundizado el problema. Entre ellas, mencionó la anticipación de la fecha de liberación de vinos, que incrementó el excedente disponible en el mercado.

“Cuando la liberación era en junio ya había sobrestock; al adelantarla a marzo, el excedente es aún mayor”, explicó, subrayando que el exceso de vino presiona a la baja los precios y condiciona toda la cadena.

La crisis, advirtió, no se limita a los viñateros. También alcanza a bodegas y mosteras, con casos de empresas de relevancia nacional que han entrado en cesación de pagos. En San Juan, el impacto es similar al del resto del país, aunque con algunos matices: la producción de uva de mesa y uva para pasa, que cuenta con valores diferenciados, actúa como un amortiguador parcial.

Sin embargo, el núcleo del problema persiste. En la provincia, solo una cuarta parte de la uva se destina a vino y cerca del 50% a mosto, un segmento que también enfrenta severas dificultades. “Las mosteras dicen que no pueden pagar más por el atraso cambiario y porque hay excedente de mosto del año pasado. Son pocas empresas y los precios que ofrecen no superan los de hace dos años”, señaló Ramos.

Impacto económico

En este contexto, muchos productores se verán obligados a entregar la uva sin precio definido, bajo distintas modalidades contractuales. Con un valor del mosto por debajo de los $300 por litro, el precio estimado de la uva ronda los $150, un nivel inferior incluso al de dos años atrás, pese al aumento generalizado de costos.

Respecto a las líneas de crédito impulsadas por el Gobierno, Ramos reconoció que cuentan con tasas subsidiadas, pero advirtió que resultan poco viables si el producto no recupera valor. “Aunque haya meses de gracia, los intereses empiezan a correr a los 30 días y después se hace muy complicado cumplir”, explicó.

El presidente de la Asociación de Viñateros Independientes resumió la coyuntura como un “combo difícil”: un dólar atrasado que limita la competitividad exportadora, un mercado interno deprimido por la pérdida del poder adquisitivo y un sistema de liberación de vinos que amplifica los excedentes.

“Aunque la cosecha no será abundante, el productor apenas va a cubrir los costos de cosecha y acarreo. Así es muy difícil sobrevivir, pagar impuestos y seguir trabajando”, concluyó Ramos, poniendo en evidencia una crisis que amenaza no solo la rentabilidad, sino la continuidad misma de la vitivinicultura en San Juan y en el país.