Un relevamiento nacional de Zentrix Consultora reveló que el 86,1% de los argentinos considera que sus ingresos quedaron por debajo de la inflación. La encuesta también muestra que seis de cada diez hogares agotan sus recursos antes del día 20, mientras crece la desconfianza sobre las estadísticas oficiales y se consolida una percepción de deterioro económico que atraviesa incluso a votantes del oficialismo.

La desaceleración de la inflación, uno de los principales argumentos del Gobierno para sostener la recuperación del poder adquisitivo, no encuentra correlato en la percepción de la mayoría de la población. El último Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora durante junio, refleja una amplia brecha entre los indicadores macroeconómicos difundidos por la administración nacional y la experiencia cotidiana de los hogares.

El dato central del estudio es contundente: el 86,1% de los consultados sostiene que su salario no logró acompañar el aumento de los precios. La percepción trasciende las diferencias políticas y alcanza incluso a quienes respaldan al presidente Javier Milei. Entre los votantes oficialistas, siete de cada diez reconocen que sus ingresos también perdieron capacidad de compra, mientras que entre quienes se identifican con la oposición ese porcentaje asciende al 96,6%.

La pérdida de poder adquisitivo encuentra un correlato directo en la administración de la economía doméstica. El 61% de los encuestados asegura que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes. En el extremo opuesto, apenas un 13% afirma llegar al cierre del mes con capacidad de ahorro.

El relevamiento también ofrece una radiografía de la percepción social. Más de la mitad de los participantes, el 50,2%, se identifica como integrante de la clase baja, mientras que sólo el 10,5% considera pertenecer a la clase alta. Esa autopercepción guarda una estrecha relación con la disponibilidad de ingresos: entre quienes se reconocen dentro de la clase baja, el 86,1% admite quedarse sin dinero antes de finalizar el mes, proporción que desciende al 43% en la clase media y al 11,8% entre quienes se ubican en el nivel socioeconómico más alto.

Asimismo, el documento destaca la credibilidad de las estadísticas públicas. El 68,8% considera que el índice de inflación difundido por el INDEC no refleja el aumento de precios que percibe en su vida diaria. Esa desconfianza se profundiza entre los hogares de menores recursos, donde supera el 80%, consolidando una distancia cada vez mayor entre la medición oficial y la percepción ciudadana.

La mirada sobre el futuro tampoco ofrece señales alentadoras. El 55,1% cree que las mayores dificultades económicas todavía no quedaron atrás, mientras que apenas uno de cada cuatro considera que el período más complejo ya fue superado.

Pese a ese cuadro, el estudio identifica un fenómeno político relevante. La desaprobación del Gobierno dejó de incrementarse y mostró una leve reducción respecto del mes anterior. La imagen negativa del presidente descendió del 61,2% al 56,6%, mientras que la aprobación avanzó hasta el 33,2%.

Para la consultora, esa estabilidad responde a que una parte significativa de la sociedad parece haber incorporado el ajuste como una condición persistente de la economía. Bajo esa lógica, el deterioro del ingreso continúa afectando la vida cotidiana, aunque pierde capacidad para modificar, por sí solo, la valoración política del Gobierno.

Tras varias semanas de negociaciones, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes alcanzaron un acuerdo salarial que regirá durante el segundo semestre. La aceptación de la propuesta por parte de UDAP, UDA y AMET permitió cerrar la discusión paritaria de esta etapa y fijó una nueva instancia de revisión para el próximo 8 de noviembre, cuando volverán a analizarse las variables económicas que inciden sobre los salarios.

El entendimiento quedó formalizado durante la audiencia desarrollada en la Subsecretaría de Trabajo y refleja una reformulación de la oferta oficial presentada en las rondas previas, luego de incorporar parte de los reclamos planteados por las organizaciones sindicales.

Entre las principales mejoras figura la incorporación de cuatro puntos al nomenclador docente a partir de julio, medida que alcanza a la totalidad de los cargos del sistema educativo provincial y tendrá impacto permanente sobre la estructura salarial.

El acuerdo también dispone una actualización del adicional Nueva Conectividad San Juan, que aumentará un 10% en dos tramos iguales: un 5% en julio y otro 5% en septiembre.
A ello se suma la actualización del valor índice, que registrará un incremento del 3% en agosto, calculado sobre los haberes de junio, y otro 3% en octubre, tomando como referencia el valor vigente desde agosto.

Otro de los puntos incorporados durante la negociación corresponde al código E60, que pasará de 50 a 55 puntos desde septiembre, una mejora que había sido sostenida por los gremios durante las conversaciones.

El acta también contempla una recomposición de los adicionales por radios desfavorables. Desde octubre, el Radio 4 se elevará del 95% al 100%; el Radio 5, del 115% al 120%; el Radio 6, del 135% al 140%; y el Radio 7, del 155% al 160%, beneficiando a quienes desarrollan tareas en establecimientos ubicados en zonas de mayores dificultades geográficas y sociales.

No obstante, el pato no incorporó la totalidad de las demandas sindicales. Entre los puntos pendientes quedaron el pedido de elevar el adicional por conectividad hasta el 22% y la actualización del código E60 a 60 puntos, reivindicaciones que las entidades gremiales sostendrán para futuras negociaciones.

La cláusula de revisión prevista para el 8 de noviembre permitirá reabrir la discusión salarial antes del cierre del año. En esa instancia, el Ejecutivo y los sindicatos evaluarán la evolución de la inflación, el comportamiento de los recursos provinciales y la incidencia de las mejoras acordadas sobre el ingreso real de los docentes.

La Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa Volver al Trabajo. La resolución despeja el camino para su finalización en agosto, deja sin cobertura a cerca de 900 mil trabajadores de la economía popular y reaviva la disputa entre el Gobierno y las organizaciones sociales.

Los camaristas consideraron que mantener vigente la cautelar implicaba anticipar el resultado del proceso principal, criterio que revirtió la resolución dictada por el Juzgado Federal de Campana. En primera instancia, el magistrado había sostenido que la interrupción del programa configuraba una medida regresiva para personas en condiciones de alta vulnerabilidad.

La consecuencia inmediata alcanzará a unos 900 mil beneficiarios, quienes dejarán de percibir un ingreso mensual cercano a los 80 mil pesos que funcionaba como complemento para hogares sin inserción laboral formal. La decisión tendrá un impacto directo sobre uno de los principales instrumentos de asistencia destinados a los trabajadores de la economía popular.

Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) rechazaron con dureza el fallo y acusaron a la Justicia de convalidar la estrategia oficial de desmantelar las políticas de contención social. La organización sostuvo que el ingreso representaba un recurso indispensable para afrontar la alimentación de miles de familias y advirtió que profundizará su plan de movilizaciones en todo el país.

La resolución también fortalece la estrategia diseñada por la ministra Sandra Pettovello. Capital Humano sostiene que el programa tenía un plazo de vigencia ya cumplido y que su continuidad desvirtuaba el objetivo original. En reemplazo de las transferencias directas, la cartera impulsa un sistema de vouchers de capacitación laboral, mediante el cual los recursos serán destinados a empresas, instituciones educativas y centros de formación encargados de brindar cursos de inserción laboral.

De acuerdo con la planificación oficial, otra parte de los fondos liberados será reasignada a programas educativos, entre ellos la ampliación de la jornada escolar en establecimientos ubicados en zonas de mayor vulnerabilidad.

El fallo representa mucho más que la clausura de un programa asistencial. Consolida el respaldo judicial a la redefinición de la política social impulsada por el Gobierno, basada en sustituir los subsidios directos por mecanismos de formación e intermediación laboral. Al mismo tiempo, abre una nueva etapa de confrontación con las organizaciones de la economía popular, que anticipan una escalada de acciones gremiales y judiciales mientras el Ejecutivo profundiza su estrategia de reordenamiento del gasto público y redefine el alcance de la asistencia estatal.