La segunda edición del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina volvió a encender todas las alarmas. El documento, presentado en el anexo de la Cámara de Senadores por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y especialistas de la Universidad de Buenos Aires, reveló un dato contundente: los ataques represivos y actos de censura contra periodistas aumentaron un 66% en 2025 respecto del año anterior.

El relevamiento responsabiliza directamente al Gobierno de Javier Milei, al que acusa de impulsar “expresiones de odio, hostigamiento y prácticas tendientes a restringir el ejercicio periodístico y el debate público”. Según el documento, la violencia no solo se intensificó en las calles, sino también en los tribunales y en el terreno digital, donde crecieron las amenazas, campañas de desprestigio y prácticas de doxeo desde cuentas oficiales.

El registro más alto de agresiones en coberturas de protesta

De acuerdo con los datos de SiPreBA y FATPREN —expresados también ante la CIDH—, 83 periodistas fueron víctimas de represión mientras cubrían manifestaciones hasta fines de octubre de 2025. Solo en la marcha del 12 de marzo, en la que resultó herido el reportero Pablo Grillo, se documentaron al menos 20 casos de violencia policial: impactos de balas de goma, golpes, vejámenes e intoxicaciones por gases lacrimógenos.

El contraste con 2024 es alarmante: aquel año se habían registrado 50 agresiones. El salto al presente —83 casos— marca una tendencia clara. El informe advierte que la criminalización del periodismo crítico se volvió una herramienta sistemática, acompañada del uso de figuras legales como “resistencia a la autoridad” para detener y disciplinar a quienes documentan abusos estatales. “Defender la libertad de expresión —plantea el documento— es hoy una condición indispensable para la vigencia de la democracia”.

Censura, persecución judicial y un caso sin precedentes

Uno de los puntos más sensibles del informe es el incremento de acciones judiciales orientadas a limitar la difusión de información de interés público. El texto subraya que en 2025 se registró el primer intento de censura judicial en más de tres décadas: la prohibición de difundir audios atribuidos a Karina Milei, un hecho que encendió el rechazo de amplios sectores académicos y profesionales.

A ello se suma la “judicialización de la expresión crítica”, que alcanzó no solo a periodistas, sino también a dirigentes sociales, docentes, artistas y ciudadanos que manifestaron opiniones contrarias al Gobierno en espacios públicos o redes sociales.

Ataques digitales y discursos estigmatizantes

El informe dedica un apartado extenso a los discursos de estigmatización y violencia digital. Señala que desde cuentas oficiales de la Presidencia se promovieron campañas de desinformación y hostigamiento contra comunicadores, referentes sindicales y activistas.

La violencia simbólica, destaca el texto, tuvo un impacto especialmente grave sobre mujeres periodistas, que recibieron amenazas misóginas, campañas coordinadas de difamación y ataques de usuarios alentados por discursos oficiales.

Desinformación, IA y un ecosistema mediático debilitado

El 2025 electoral estuvo atravesado por una nueva variable: la utilización intensiva de deepfakes y contenidos manipulados mediante inteligencia artificial. El documento muestra cómo estas prácticas erosionaron el debate público, multiplicaron las operaciones políticas y afectaron la credibilidad de los medios.

En paralelo, el ecosistema laboral del sector continúa en caída libre. El informe alerta por el congelamiento salarial en medios públicos, la falta de actualización paritaria en privados y los despidos masivos. La precarización, afirma, “se volvió estructural”: salarios por debajo de la inflación, contratos inestables y un deterioro profesional que afecta la calidad informativa.

El Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 dibuja un panorama severo: más violencia, más censura, más hostigamiento y un deterioro laboral profundo. El crecimiento del 66% en agresiones contra trabajadores de prensa no es un dato aislado: es la evidencia de una política que, según los gremios, apunta a disciplinar voces críticas y restringir el pluralismo informativo.

En un país donde la tensión institucional atraviesa todas las capas del debate público, el periodismo aparece nuevamente como un sector clave para sostener la vida democrática. La advertencia del informe es clara: sin condiciones mínimas de seguridad, independencia y respeto institucional, la libertad de expresión —piedra angular de cualquier sociedad democrática— se vuelve frágil. Y su deterioro, advierten los gremios, compromete no solo a quienes informan, sino al conjunto de la ciudadanía.

En un contexto marcado por paros, banderazos y reclamos, los trabajadores judiciales nacionales denuncian una pérdida salarial del 29%, un aumento crítico de la carga laboral y señales de alarma ante una posible reforma laboral que —advierten— podría agravar la precariedad en el sector. Desde San Juan, Alfredo Collado describe un escenario de tensión creciente y un 2025 que dejó al desnudo el deterioro de las condiciones de trabajo en el Poder Judicial.

La conflictividad gremial en el Poder Judicial no dio respiro durante todo 2025. Los trabajadores judiciales nacionales protagonizaron un año de movilizaciones continuas, paros de 24 horas y banderazos semanales que se replicaron de norte a sur del país. “Venimos de un año de lucha constante, con una pérdida de poder adquisitivo del 29% desde el inicio de este gobierno”, afirmó Alfredo Collado, referente nacional del sector y miembro de la CGT Regional San Juan.

El dirigente en diálogo con Mundo Laboral SJ sostuvo que la mirada pública sobre el Poder Judicial suele simplificar el panorama: “Muchos creen que todos los que trabajamos allí somos jueces. La mayoría somos empleados de expedientes, trabajadores de la trinchera, los que tratamos casos reales de personas que dependen de nuestras decisiones”. Esa distancia entre la percepción social y la realidad laboral profundiza, según dijo, el impacto de la caída salarial. “No llegar a fin de mes tras romperse el lomo trabajando genera un desgarrón enorme”.

Presión laboral, agotamiento y nuevas demandas

A la pérdida del ingreso se suma —señaló Collado— una carga laboral creciente, agravada por la implementación del nuevo Código Penal, que exige mayor dedicación, sobre todo en las áreas penales. Un relevamiento reciente del Equipo de Salud Laboral de la Federación Judicial Argentina reveló que ocho de cada diez empleados sufren problemas de salud vinculados al trabajo, y que más del 40% supera habitualmente las horas reglamentarias.

“El trabajo judicial requiere atención constante; siempre hay plazos urgentes y derechos en juego —explicó el referente gremial—. Pero esa responsabilidad no se ve reflejada en la remuneración. Además, la mayoría somos abogados con títulos bloqueados: no podemos abrir un estudio ni tener un comercio. No tenemos una segunda fuente de ingreso para compensar lo que se pierde”.

Las medidas que vienen

El calendario de protestas de diciembre será definido —indicó Collado— en un plenario nacional de delegados. La tendencia, según anticipó, apunta a sostener la dinámica marcada a lo largo del año: banderazos a mitad de semana y paros de 24 horas los días viernes. “Vamos a mantenernos firmes en defensa del salario y los derechos. La coherencia es clave cuando el deterioro llega al 29%”.

La reforma laboral y el debate sobre el modelo de país

En su rol dentro de la CGT regional, Collado también analizó el escenario político y el intento del Gobierno nacional de avanzar con una reforma laboral sin convocar a los espacios de negociación. “Plantean que el país mejora si el trabajador gana menos. Esa idea de que la competitividad se logra abaratando salarios es un error profundo”, sostuvo.

Para Collado, la discusión central no pasa por flexibilizar derechos, sino por definir un rumbo productivo. “El futuro es industrializar, generar trabajo genuino. Hacer creer que el problema del país son los derechos laborales es engañoso. Cuando se recorta al trabajador, no solo se afecta a la persona: se afecta a su familia completa”.

El deterioro del salario —añadió— ya se percibe con claridad en múltiples sectores. “Pensá en quienes trabajan jornada completa y aun así siguen bajo la línea de pobreza. Es insostenible. Y es más grave en los rubros de ingresos más bajos. No se puede seguir ajustando por el trabajador”.

Collado también hizo una lectura histórica: “Cada flexibilización que se intentó profundizó la desigualdad. Hoy el salario mínimo en Argentina es uno de los más bajos de Sudamérica. Los jubilados destinan la mitad de su ingreso a medicamentos que antes tenían más cobertura. Todo va en contra del trabajador”.

El sindicalista subrayó que la sociedad debe mirar la realidad más allá del discurso político. “Esto no es ideología: es mirar el bolsillo, ver qué vida tenés, cómo vive tu familia. No podemos seguir creyendo en promesas de ‘veranitos’ que nunca llegan”.

El conflicto de los judiciales nacionales no es solo una disputa salarial: es la expresión de un sistema laboral tensionado, con trabajadores agotados, ingresos deteriorados y una incertidumbre creciente ante cambios que podrían redefinir derechos históricos. La combinación de paros sostenidos, diagnósticos de salud preocupantes y demandas urgentes revela un diagnóstico más amplio: el modelo laboral argentino está en un punto crítico.

Mientras los trabajadores mantienen la protesta y esperan respuestas, la discusión sobre la reforma laboral se instala como una de las grandes batallas del 2026. Entre la defensa de derechos, la presión económica y el reclamo de una política productiva que recupere salarios y condiciones dignas, los judiciales se paran como un espejo del resto del país: un sector que trabaja, sostiene el sistema y exige —simplemente— poder vivir de su salario.

La CGT rechazó de manera categórica la resolución oficial que fijó el Salario Mínimo, Vital y Móvil en $328.400. Considera que el monto se ubica lejos de la Canasta Básica Total y profundiza la caída del poder adquisitivo. La central sindical había propuesto una actualización escalonada del 71,6% para iniciar un proceso de recomposición real.

La decisión del Gobierno de establecer por la vía del laudo el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) reabrió el conflicto en el Consejo del Salario. La cifra de $328.400 fue calificada por la Confederación General del Trabajo (CGT) como “insuficiente y desconectada de la realidad social”, en un contexto donde la canasta que define el umbral de pobreza asciende a $1.176.852.

El pronunciamiento sindical llegó tras un encuentro que volvió a exhibir la dificultad de alcanzar consensos tripartitos. Sin acuerdo entre representantes obreros y empresariales, el Ejecutivo avanzó con una definición unilateral que, según la central, “desatiende las necesidades básicas de millones de trabajadores”.

La propuesta sindical: recomponer un ingreso en retroceso

Durante la reunión, la delegación cegetista presentó un esquema de actualización acumulada del 71,6%, distribuida en aumentos mensuales del 11,4% entre diciembre y abril. El objetivo, explicaron, era comenzar a reparar la pérdida de poder adquisitivo registrada desde finales de 2023 y reposicionar el salario mínimo como un parámetro confiable para el resto de las escalas salariales.

La CGT sostiene que la Canasta Básica Total debe ser la referencia excluyente en la discusión, por tratarse del indicador que refleja el costo real de una vida digna. Bajo esa lógica, el monto fijado por el Gobierno no solo queda lejos del estándar mínimo, sino que además, remarcan, “consolida un deterioro salarial que no puede naturalizarse”.

Contexto económico y señales políticas

El reclamo sindical se inscribe en un escenario marcado por la persistencia de la inflación y la contracción del consumo interno. La brecha entre ingresos y precios continúa ampliándose, y el salario mínimo —que debería funcionar como un piso protector— perdió capacidad de ordenamiento dentro del mapa laboral.

Desde la central obrera advierten, además, que la definición por la vía del laudo envía una señal política de “desgaste del diálogo institucional” y debilita el rol del Consejo del Salario como ámbito de deliberación. Algunos dirigentes remarcaron que el Gobierno “busca cerrar la discusión antes de abrir una negociación genuina”.

La advertencia de la CGT: la recuperación no puede esperar

En su comunicado oficial, difundido el 3 de diciembre, el Consejo Directivo Nacional subrayó que continuará demandando un proceso de recomposición capaz de devolverle al SMVM un valor real y efectivo. “La lucha es para que el salario mínimo recupere definitivamente su función protectora”, expresó la conducción sindical.

La CGT evalúa que, sin una corrección de fondo, el salario mínimo seguirá perdiendo capacidad referencial y profundizando las desigualdades dentro del mercado laboral.