La segunda edición del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina volvió a encender todas las alarmas. El documento, presentado en el anexo de la Cámara de Senadores por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y especialistas de la Universidad de Buenos Aires, reveló un dato contundente: los ataques represivos y actos de censura contra periodistas aumentaron un 66% en 2025 respecto del año anterior.

El relevamiento responsabiliza directamente al Gobierno de Javier Milei, al que acusa de impulsar “expresiones de odio, hostigamiento y prácticas tendientes a restringir el ejercicio periodístico y el debate público”. Según el documento, la violencia no solo se intensificó en las calles, sino también en los tribunales y en el terreno digital, donde crecieron las amenazas, campañas de desprestigio y prácticas de doxeo desde cuentas oficiales.

El registro más alto de agresiones en coberturas de protesta

De acuerdo con los datos de SiPreBA y FATPREN —expresados también ante la CIDH—, 83 periodistas fueron víctimas de represión mientras cubrían manifestaciones hasta fines de octubre de 2025. Solo en la marcha del 12 de marzo, en la que resultó herido el reportero Pablo Grillo, se documentaron al menos 20 casos de violencia policial: impactos de balas de goma, golpes, vejámenes e intoxicaciones por gases lacrimógenos.

El contraste con 2024 es alarmante: aquel año se habían registrado 50 agresiones. El salto al presente —83 casos— marca una tendencia clara. El informe advierte que la criminalización del periodismo crítico se volvió una herramienta sistemática, acompañada del uso de figuras legales como “resistencia a la autoridad” para detener y disciplinar a quienes documentan abusos estatales. “Defender la libertad de expresión —plantea el documento— es hoy una condición indispensable para la vigencia de la democracia”.

Censura, persecución judicial y un caso sin precedentes

Uno de los puntos más sensibles del informe es el incremento de acciones judiciales orientadas a limitar la difusión de información de interés público. El texto subraya que en 2025 se registró el primer intento de censura judicial en más de tres décadas: la prohibición de difundir audios atribuidos a Karina Milei, un hecho que encendió el rechazo de amplios sectores académicos y profesionales.

A ello se suma la “judicialización de la expresión crítica”, que alcanzó no solo a periodistas, sino también a dirigentes sociales, docentes, artistas y ciudadanos que manifestaron opiniones contrarias al Gobierno en espacios públicos o redes sociales.

Ataques digitales y discursos estigmatizantes

El informe dedica un apartado extenso a los discursos de estigmatización y violencia digital. Señala que desde cuentas oficiales de la Presidencia se promovieron campañas de desinformación y hostigamiento contra comunicadores, referentes sindicales y activistas.

La violencia simbólica, destaca el texto, tuvo un impacto especialmente grave sobre mujeres periodistas, que recibieron amenazas misóginas, campañas coordinadas de difamación y ataques de usuarios alentados por discursos oficiales.

Desinformación, IA y un ecosistema mediático debilitado

El 2025 electoral estuvo atravesado por una nueva variable: la utilización intensiva de deepfakes y contenidos manipulados mediante inteligencia artificial. El documento muestra cómo estas prácticas erosionaron el debate público, multiplicaron las operaciones políticas y afectaron la credibilidad de los medios.

En paralelo, el ecosistema laboral del sector continúa en caída libre. El informe alerta por el congelamiento salarial en medios públicos, la falta de actualización paritaria en privados y los despidos masivos. La precarización, afirma, “se volvió estructural”: salarios por debajo de la inflación, contratos inestables y un deterioro profesional que afecta la calidad informativa.

El Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 dibuja un panorama severo: más violencia, más censura, más hostigamiento y un deterioro laboral profundo. El crecimiento del 66% en agresiones contra trabajadores de prensa no es un dato aislado: es la evidencia de una política que, según los gremios, apunta a disciplinar voces críticas y restringir el pluralismo informativo.

En un país donde la tensión institucional atraviesa todas las capas del debate público, el periodismo aparece nuevamente como un sector clave para sostener la vida democrática. La advertencia del informe es clara: sin condiciones mínimas de seguridad, independencia y respeto institucional, la libertad de expresión —piedra angular de cualquier sociedad democrática— se vuelve frágil. Y su deterioro, advierten los gremios, compromete no solo a quienes informan, sino al conjunto de la ciudadanía.

La CGT rechazó de manera categórica la resolución oficial que fijó el Salario Mínimo, Vital y Móvil en $328.400. Considera que el monto se ubica lejos de la Canasta Básica Total y profundiza la caída del poder adquisitivo. La central sindical había propuesto una actualización escalonada del 71,6% para iniciar un proceso de recomposición real.

La decisión del Gobierno de establecer por la vía del laudo el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) reabrió el conflicto en el Consejo del Salario. La cifra de $328.400 fue calificada por la Confederación General del Trabajo (CGT) como “insuficiente y desconectada de la realidad social”, en un contexto donde la canasta que define el umbral de pobreza asciende a $1.176.852.

El pronunciamiento sindical llegó tras un encuentro que volvió a exhibir la dificultad de alcanzar consensos tripartitos. Sin acuerdo entre representantes obreros y empresariales, el Ejecutivo avanzó con una definición unilateral que, según la central, “desatiende las necesidades básicas de millones de trabajadores”.

La propuesta sindical: recomponer un ingreso en retroceso

Durante la reunión, la delegación cegetista presentó un esquema de actualización acumulada del 71,6%, distribuida en aumentos mensuales del 11,4% entre diciembre y abril. El objetivo, explicaron, era comenzar a reparar la pérdida de poder adquisitivo registrada desde finales de 2023 y reposicionar el salario mínimo como un parámetro confiable para el resto de las escalas salariales.

La CGT sostiene que la Canasta Básica Total debe ser la referencia excluyente en la discusión, por tratarse del indicador que refleja el costo real de una vida digna. Bajo esa lógica, el monto fijado por el Gobierno no solo queda lejos del estándar mínimo, sino que además, remarcan, “consolida un deterioro salarial que no puede naturalizarse”.

Contexto económico y señales políticas

El reclamo sindical se inscribe en un escenario marcado por la persistencia de la inflación y la contracción del consumo interno. La brecha entre ingresos y precios continúa ampliándose, y el salario mínimo —que debería funcionar como un piso protector— perdió capacidad de ordenamiento dentro del mapa laboral.

Desde la central obrera advierten, además, que la definición por la vía del laudo envía una señal política de “desgaste del diálogo institucional” y debilita el rol del Consejo del Salario como ámbito de deliberación. Algunos dirigentes remarcaron que el Gobierno “busca cerrar la discusión antes de abrir una negociación genuina”.

La advertencia de la CGT: la recuperación no puede esperar

En su comunicado oficial, difundido el 3 de diciembre, el Consejo Directivo Nacional subrayó que continuará demandando un proceso de recomposición capaz de devolverle al SMVM un valor real y efectivo. “La lucha es para que el salario mínimo recupere definitivamente su función protectora”, expresó la conducción sindical.

La CGT evalúa que, sin una corrección de fondo, el salario mínimo seguirá perdiendo capacidad referencial y profundizando las desigualdades dentro del mercado laboral.

La secretaria general de Luz y Fuerza de San Juan, Lilia Martín, advirtió en diálogo con Mundo Laboral SJ que la estructura operativa de Naturgy San Juan “está reducida a la mitad” y que la empresa “ha tercerizado funciones esenciales con personal sin la capacitación adecuada”, lo que —según los datos oficiales que presentó ante el EPRE— explica el aumento de interrupciones, errores de facturación, reclamos sin respuesta y accidentes graves.

En plena Revisión Tarifaria Ordinaria 2026–2031, el Sindicato de Luz y Fuerza de San Juan llevó al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) una presentación técnica y política con un diagnóstico severo sobre el estado del servicio. La exposición, respaldada por estadísticas oficiales de la propia distribuidora, delineó un deterioro progresivo que, según la secretaria general Lilia Martín, se profundizó a partir de la reestructuración empresarial de los últimos años.

“Los sanjuaninos venimos observando un deterioro de la calidad del servicio y la información técnica lo confirma”, sostuvo Martín en la entrevista con Mundo Laboral, subrayando que los cortes ya se producen “sin viento y sin eventos climáticos” y que el crecimiento de reclamos y sanciones es “vertiginoso”.

El eje central del planteo gremial —y uno de los puntos más conflictivos con la empresa— es la reducción del personal propio idóneo y la tercerización masiva de tareas que, por normativa, deberían ser ejecutadas exclusivamente por trabajadores electrificadores formados bajo el Convenio de Luz y Fuerza.

Una estructura operativa recortada: de 220 empleados necesarios a menos de 120 en actividad

La referente sindical explicó que, según los estándares históricos del servicio y las referencias sectoriales, la distribuidora no debería operar con menos de 220 trabajadores propios entre técnicos, administrativos y personal de operación. Sin embargo, hoy la empresa no alcanza las 120 personas, cifra que incluye únicamente personal directo, dejando numerosas áreas “en manos de contratistas”.

Esa brecha no solo recarga al personal existente sino que, en palabras de la dirigente, “convierte al jefe de turno —habilitado por CAMMESA para operar el sistema— en un mero supervisor, porque prácticamente todas las maniobras en baja, media y alta tensión están ejecutadas por empresas externas”.

La pérdida de cuadros experimentados también impacta en la atención al usuario. “Un gran consumidor debe ser atendido por personal que conozca de memoria el régimen de suministro. Hoy eso casi no ocurre”, advirtió.

Tercerización en puestos críticos: un riesgo operativo y humano

Uno de los puntos más sensibles señalados por el sindicato es la incorporación de trabajadores contratados bajo convenios no eléctricos, especialmente UOCRA, para tareas que requieren certificaciones específicas y experiencia acumulada.

“El trabajador eléctrico necesita meses de formación para subirse a una escalera y tocar una línea. Esto no se aprende en un día”, sostuvo Martín.
La falta de idoneidad —suma— explica el aumento de incidentes y accidentes graves, como el ocurrido en avenida Rioja y Libertador, donde una falla en una cámara subterránea dejó a un operario hospitalizado en terapia intensiva.

Para el gremio, estos episodios no solo comprometen la integridad de los trabajadores sino también la seguridad pública: “Ese fogonazo podría haber alcanzado a cualquier peatón”.

Datos oficiales que preocupan: más cortes, más reclamos, más sanciones

La presentación gremial ante el EPRE se basó únicamente en información oficial, incluida en los anuarios, informes técnicos y reclamos validados por el ente regulador.
De ese análisis surgieron tendencias claras:

Aumento sostenido de los tiempos de interrupción y mayor cantidad de cortes no programados.

Incremento de artefactos dañados, con fuertes discrepancias entre lo que reconoce la empresa y lo que finalmente valida el EPRE.

Reclamos comerciales en alza, principalmente por errores de facturación desde la reestructuración de 2023.

Demoras prolongadas en nuevas conexiones, con casos que exceden los 200 días hábiles.

Crecimiento importante de sanciones aplicadas a la distribuidora entre 2021 y 2024.

Pero el dato más preocupante para los especialistas es el ratio Clientes/Personal: Naturgy San Juan opera hoy con cifras que, según Martín, “duplican los promedios de la Asociación de Distribuidoras Eléctricas del país”. Ese desequilibrio, afirma, “es incompatible con un servicio confiable”.

El pedido al EPRE: fijar una dotación mínima y frenar el modelo regresivo

El gremio exige que la Revisión Tarifaria establezca una dotación mínima obligatoria de personal propio, y que el EPRE limite estrictamente la tercerización a tareas no esenciales.
Martín sostiene que la ley es clara: “La empresa debe contar con personal propio idóneo, certificado y en cantidad suficiente para garantizar la continuidad y la calidad del servicio”.

Además, alertó que el “modelo de empresa” presentado por Naturgy para el próximo quinquenio “es aún más regresivo”, porque profundiza la estructura mínima basada en contratistas.

“Si no se corrige la dotación, el sistema va a seguir deteriorándose. Esto ya no es una discusión gremial: es un problema de calidad de servicio y de seguridad pública”, concluyó.

El planteo de Luz y Fuerza llega en un momento clave: la revisión tarifaria que definirá la estructura de costos y funciones para los próximos cinco años.
Mientras los indicadores técnicos muestran un deterioro palpable, el debate sobre quién opera, quién decide y con qué capacidad se ejecutan las tareas esenciales se vuelve central para el futuro energético de la provincia.

El EPRE deberá resolver si convalida el modelo actual o si adopta el reclamo sindical de recomponer la dotación mínima y recuperar la operación directa como columna vertebral del servicio. En cualquiera de los escenarios, el diagnóstico es inequívoco: San Juan enfrenta un punto de inflexión, y de esa decisión dependerá no solo la calidad del servicio eléctrico sino la seguridad de quienes lo hacen posible y de quienes lo reciben.