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El Ministerio de Trabajo dictó desde las 14 de hoy la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días en el conflicto que, por varios reclamos, mantienen la Asociación Bancaria (AB) y las entidades financieras Santander y BBVA, informó la cartera laboral.

El Ministerio de Trabajo dictó este jueves la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días en el conflicto que, por varios reclamos, mantienen la Asociación Bancaria (AB) y las entidades financieras Santander y BBVA. La ley 14.786 de conciliación obligatoria fue impuesta por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de esa cartera de Estado, Gabriela Marcelló. La funcionara laboral intimó a la organización sindical a no realizar las protestas nacionales previstas para este jueves y viernes en las dos últimas horas de atención al público y, a las empresas, a abstenerse de adoptar represalias contra los trabajadores.

Además, sostuvo que ante la pandemia de coronavirus y la emergencia sanitaria las empresas deben extremar todas las medidas de higiene y seguridad para preservar la salud psicofísica de los trabajadores y garantizar su actividad en condiciones adecuadas de salubridad, y cumplir las normativas, protocolos y cualquier otro instrumento.

Marcelló convocó a sindicalistas y empresarios a una audiencia virtual para las 12 del jueves 14 próximo y los exhortó a mantener «la mejor predisposición para negociar».

El gremio había ratificado este miércoles las dos jornadas de protesta de hoy y mañana en las sucursales de todo el país del Santander Río y el Bilbao Vizcaya (BBVA) en las dos últimas horas de atención al público en rechazo de «un pretendido ajuste, el cierre de locales, la reducción de personal y el intento de extender la jornada laboral».

El titular del sindicato, Sergio Palazzo, había también denunciado que los empresarios procuran exigir «una mayor productividad». Remarcó: «No les importa que el país atraviese la tragedia de la pandemia de coronavirus y un rebrote; la mala distribución de las sucursales, que produjo una crítica situación en abril último; la limitación de los servicios, y que la actividad sea un servicio público esencial para la economía y la vida familiar, no obstante la retrógrada reglamentación».

También se preguntó «¿qué responsabilidad asumen esos bancos ante la declamada necesidad de inclusión financiera, corroborada con los datos comparativos en relación con otros países?», y dijo que «no hay peor sordera que la de quienes no quieren oír».

«Esos bancos militaron de forma desembozada e, incluso, se constituyeron en comité electoral de las políticas del Gobierno de Mauricio Macri, que provocaron un desastre económico-social, luego acrecentado por el impacto de la Covid-19», puntualizó.

La Bancaria concluyó que «la evidente ausencia de responsabilidad social es uno de los motivos por los que desde siempre se exige una reforma de las regulaciones», y explicó que millones de argentinos requieren asistencia personal para acceder a los servicios.

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El paro nacional universitario tuvo un acatamiento casi total

La Federación de Docentes de las Universidades señaló que la medida iniciada durante el jueves tuvo una adhesión casi total y continuará este viernes. El gremio reclama la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial y mayores recursos para las casas de altos estudios.

La medida incluye cese de tareas, clases públicas, movilizaciones y acciones de visibilización en distintas instituciones. Según FEDUN, el reclamo se produce después de más de 300 días desde la entrada en vigencia de la ley, sin que se hayan concretado sus disposiciones centrales.

El secretario general de la federación, Daniel Ricci, sostuvo que la adhesión demuestra la magnitud de la demanda dentro de la comunidad universitaria y advirtió que el incumplimiento de la normativa profundiza el deterioro de los ingresos, las becas y los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.

Uno de los principales reclamos está vinculado con el poder adquisitivo. Un informe elaborado por FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación, Ciencia y Tecnología (CIICTI) estima que los salarios universitarios acumulan una pérdida real del 23,8% desde noviembre de 2023. Para recuperar el nivel de compra de entonces, según ese estudio, sería necesario un incremento del 31,2%.

La federación también solicita financiamiento para becas, funcionamiento universitario, ciencia y tecnología. Para sus autoridades, la discusión excede la actualización de haberes y alcanza las condiciones necesarias para sostener la enseñanza, la investigación y la permanencia de los estudiantes.

El paro concluirá este viernes con nuevas acciones en las universidades nacionales. Desde FEDUN ratificaron la continuidad de sus demandas hasta recibir una contestación del Ejecutivo, señalando que la plena vigencia del marco legal actual se mantiene como el eje central del conflicto.

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Sanidad acordó un aumento del 9,05% para dos ramas clave

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) cerró nuevas revisiones paritarias para dos ramas de la actividad: la industria farmacéutica, comprendida en el Convenio Colectivo 42/89, y las droguerías, bajo el CCT 120/75. En ambos casos, la actualización salarial alcanza el 9,05% sobre los valores vigentes en abril de 2026.

Para la industria farmacéutica, las nuevas escalas comenzaron a regir el 1° de agosto. El básico más elevado corresponde al personal universitario categoría A, con $3.335.917,91, mientras que la categoría B quedó en $3.157.208,05.

Entre los operarios, los básicos parten de $2.978.496,45 para quienes poseen título habilitante y llegan hasta $1.745.561,76 para peones. El personal administrativo tendrá remuneraciones básicas de entre $2.484.390,46 para auxiliares principales y $1.745.561,76 para principiantes.

El entendimiento también contempla un bono vacacional no remunerativo de $336.438,37, $14.916 por comedor cuando el establecimiento no dispone de ese servicio y $472.223,79 destinados a sala maternal. Además, por el Día del Trabajador de la Sanidad se estableció un pago único de $101.560, que deberá abonarse durante septiembre.

En las droguerías, el incremento del 9,05% elevó el básico de los trabajadores profesionales a $2.382.621, mientras que los cadetes alcanzarán $1.623.475. El acuerdo incorpora, además, un bono vacacional de $222.621, $379.272 para sala maternal y la asignación de $101.560 por el Día de la Sanidad.

Las partes volverán a negociar en noviembre de 2026 y enero de 2027 para la industria farmacéutica, mientras que en droguerías habrá una nueva instancia en noviembre. Los acuerdos todavía deben ser homologados por la Secretaría de Trabajo.

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El Gobierno validó el acuerdo entre la UOM y las empresas siderúrgicas

El Gobierno nacional homologó el acuerdo de la Rama 21 siderúrgica firmado por la UOM y las empresas el 13 de agosto. El entendimiento contempla una mejora del 12%, sumas extraordinarias de hasta $1,6 millones y la incorporación de los porcentajes al salario básico desde enero de 2027.

La Secretaría de Trabajo de la Nación, encabezada por Julio Cordero, homologó el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las empresas siderúrgicas correspondientes a la Rama 21 del Convenio Colectivo 260/75.

El entendimiento había sido alcanzado el 13 de agosto, por lo que la aprobación administrativa llegó apenas 13 días después. La rapidez del trámite contrasta con una negociación que permaneció abierta durante aproximadamente dos años sin alcanzar un acuerdo definitivo.

El convenio establece un incremento total del 12%, instrumentado mediante sumas no remunerativas. El primer 6% se aplicará durante agosto, septiembre y octubre, mientras que el segundo 6%, no acumulativo, regirá durante noviembre y diciembre.

Los porcentajes acordados pasarán a integrar los salarios básicos de convenio desde el 1° de enero de 2027, conforme a las condiciones fijadas en el entendimiento.

Bono extraordinario

La negociación también contempla una compensación extraordinaria para los trabajadores. Los empleados propios de las compañías siderúrgicas recibirán una suma de $1.600.000, mientras que para quienes pertenecen a empresas contratistas se estableció un monto equivalente al 80%, de $1.280.000.

El pacto fue alcanzado por la comisión paritaria de la UOM designada por el interventor judicial del sindicato, Alberto Biglieri, junto con representantes de las compañías del rubro.


El cierre de una negociación extensa

La resolución puso fin a una prolongada disputa salarial que había atravesado distintas instancias de negociación. El proceso se reactivó con la conformación de una mesa de delegados paritarios, en medio de la intervención judicial del gremio y el desplazamiento de Abel Furlán.

La decisión de la autoridad laboral formaliza así un acuerdo largamente esperado por los trabajadores siderúrgicos y establece el esquema de ingresos que regirá hasta comienzos de 2027.

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