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El Ministerio de Trabajo dictó desde las 14 de hoy la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días en el conflicto que, por varios reclamos, mantienen la Asociación Bancaria (AB) y las entidades financieras Santander y BBVA, informó la cartera laboral.

El Ministerio de Trabajo dictó este jueves la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días en el conflicto que, por varios reclamos, mantienen la Asociación Bancaria (AB) y las entidades financieras Santander y BBVA. La ley 14.786 de conciliación obligatoria fue impuesta por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de esa cartera de Estado, Gabriela Marcelló. La funcionara laboral intimó a la organización sindical a no realizar las protestas nacionales previstas para este jueves y viernes en las dos últimas horas de atención al público y, a las empresas, a abstenerse de adoptar represalias contra los trabajadores.

Además, sostuvo que ante la pandemia de coronavirus y la emergencia sanitaria las empresas deben extremar todas las medidas de higiene y seguridad para preservar la salud psicofísica de los trabajadores y garantizar su actividad en condiciones adecuadas de salubridad, y cumplir las normativas, protocolos y cualquier otro instrumento.

Marcelló convocó a sindicalistas y empresarios a una audiencia virtual para las 12 del jueves 14 próximo y los exhortó a mantener «la mejor predisposición para negociar».

El gremio había ratificado este miércoles las dos jornadas de protesta de hoy y mañana en las sucursales de todo el país del Santander Río y el Bilbao Vizcaya (BBVA) en las dos últimas horas de atención al público en rechazo de «un pretendido ajuste, el cierre de locales, la reducción de personal y el intento de extender la jornada laboral».

El titular del sindicato, Sergio Palazzo, había también denunciado que los empresarios procuran exigir «una mayor productividad». Remarcó: «No les importa que el país atraviese la tragedia de la pandemia de coronavirus y un rebrote; la mala distribución de las sucursales, que produjo una crítica situación en abril último; la limitación de los servicios, y que la actividad sea un servicio público esencial para la economía y la vida familiar, no obstante la retrógrada reglamentación».

También se preguntó «¿qué responsabilidad asumen esos bancos ante la declamada necesidad de inclusión financiera, corroborada con los datos comparativos en relación con otros países?», y dijo que «no hay peor sordera que la de quienes no quieren oír».

«Esos bancos militaron de forma desembozada e, incluso, se constituyeron en comité electoral de las políticas del Gobierno de Mauricio Macri, que provocaron un desastre económico-social, luego acrecentado por el impacto de la Covid-19», puntualizó.

La Bancaria concluyó que «la evidente ausencia de responsabilidad social es uno de los motivos por los que desde siempre se exige una reforma de las regulaciones», y explicó que millones de argentinos requieren asistencia personal para acceder a los servicios.

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Menéndez: «La vivienda propia es el patrimonio de cualquier familia trabajadora»

El acceso a la vivienda propia y el fortalecimiento de la organización gremial concentran dos de las principales iniciativas del Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicio de Cuyo. Su secretario general, Víctor Menéndez, destacó la inclusión de la entidad entre las organizaciones que avanzaron con los trámites para acceder a terrenos y construir barrios destinados a trabajadores, y confirmó la participación de San Juan en la conducción de la Federación del Interior, recientemente normalizada en Mendoza.

En diálogo con Mundo Laboral, Menéndez calificó como un avance significativo la incorporación del sindicato al programa habitacional anunciado por el Gobierno provincial, que contempla 2.240 viviendas y comprende cuatro terrenos destinados a proyectos impulsados por organizaciones gremiales. La iniciativa alcanza a distintas entidades, entre ellas la UOCRA y el sindicato de estaciones de servicio, con desarrollos previstos en departamentos como Rawson, Chimbas y Pocito.

«La vivienda es el patrimonio de cualquier familia trabajadora», afirmó el dirigente, quien recordó que el SUOES llevaba tiempo completando los requisitos legales, técnicos y administrativos necesarios para acceder a la propuesta. También señaló que mantuvo reuniones con el Ministerio de Obras Públicas para continuar las gestiones y revisar compromisos habitacionales pendientes de acuerdos anteriores.

En este sentido, mencionó un antecedente concreto: un barrio cuya construcción había quedado con un avance estimado de entre el 65% y el 70% durante la gestión anterior y que fue concluido y entregado por el actual Gobierno. Menéndez aseveró que todavía restaban compromisos por resolver y que el reciente anuncio permitió retomar las conversaciones. La intención, explicó, es coordinar con otros sindicatos y las autoridades provinciales proyectos de dimensiones moderadas, con desarrollos de entre 50 y 60 viviendas, que permitan atender las necesidades de distintas organizaciones.

El representante gremial también puso el acento en la normalización de la Federación del Interior, concretada en Mendoza, que reúne a representantes de la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Formosa y las jurisdicciones cuyanas. Como resultado de la reorganización, San Juan obtuvo una secretaría adjunta y participación en la comisión directiva.

Para Menéndez, la entidad constituye una herramienta de representación y cooperación entre sindicatos de distintas provincias. Entre sus posibilidades mencionó la firma de convenios y la extensión de prestaciones de la obra social hacia jurisdicciones que necesiten ampliar su cobertura. Además, anticipó que existen conversaciones para incorporar organizaciones de Tucumán y otras provincias del Litoral.

«Es importante fortalecer esta Federación en defensa de todos los trabajadores de estaciones de servicio», opinó. La intención es ampliar su alcance territorial y facilitar respuestas comunes en materia de protección social, educación y asistencia gremial.

Durante la entrevista, Víctor Menéndez también manifestó expectativas por la visita papal a la Argentina, prevista para los días 8 al 11 de noviembre, y la definió como una oportunidad de encuentro y esperanza para una sociedad marcada por dificultades económicas. Valoró especialmente la posibilidad de que el pontífice mantenga contacto con comunidades, organizaciones y representantes del mundo del trabajo.

La estrategia del líder gremial apunta a dos frentes: elevar el bienestar material de los hogares con techos propios y proyectar el alcance institucional fuera de la provincia. El sindicato asume que lograrlo depende de darle continuidad a los planes y coordinar esfuerzos de forma sostenida con el Estado y sectores aliados.

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La Lista 10 ganó en todo el país y Baradel asumirá la conducción de la CTA-T

Con más del 90% de las mesas escrutadas, la Lista 10 – MÁS CTA obtuvo más del 95% de los votos y se impuso en todas las provincias y regionales. Daniel Catalano y Edgardo Llano serán los secretarios generales adjuntos, mientras Hugo Yasky continuará en la conducción nacional.

Roberto Baradel será el próximo secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T), luego de que la Lista 10 – MÁS CTA se impusiera en todo el país con más del 95% de los votos, según los resultados difundidos con más del 90% de las mesas escrutadas.

El dirigente de SUTEBA encabezará la nueva conducción junto a Daniel «Tano» Catalano, de ATE Capital, y Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), quienes ocuparán las secretarías generales adjuntas. Hugo Yasky, hasta ahora titular de la central y diputado nacional, seguirá integrado a la dirección nacional al frente de la Secretaría de Acción Política.

La elección se desarrolló en todo el territorio nacional con más de 2.600 mesas habilitadas. La organización informó que la jornada transcurrió con normalidad y resaltó el despliegue de militantes, fiscales y equipos encargados de la logística y el escrutinio.

Tras conocerse la tendencia favorable, Baradel calificó su designación como «un gran orgullo y un desafío muy grande». También ponderó la posibilidad de suceder a Yasky mediante el voto directo de los trabajadores y planteó que el respaldo obtenido deberá traducirse en mayor organización, capacidad de movilización y unidad sindical.

El futuro secretario general anticipó que la central buscará fortalecer la articulación de la clase trabajadora y avanzar en la construcción de una propuesta política alternativa al Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, formuló duras críticas a la administración nacional, a la que cuestionó por sus políticas económicas y laborales.

El resultado consolida la continuidad de la corriente que condujo la CTA-T durante los últimos años, aunque introduce un recambio en su principal representación institucional. La permanencia de Yasky en la Secretaría de Acción Política, junto con la incorporación de Baradel, Catalano y Llano a los principales cargos ejecutivos, configura una conducción que combina continuidad dirigencial y renovación de responsabilidades.

Con presencia en todas las provincias y una estructura electoral extendida, la central inicia una nueva etapa con el desafío de traducir el respaldo de las urnas en cohesión interna y capacidad de intervención en el debate nacional sobre salarios, empleo y derechos laborales.

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La CTA tendrá nueva conducción provincial tras una elección cuestionada

Patricia Quiroga obtuvo una victoria contundente en las elecciones de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) en San Juan. La secretaria general de UDAP, al frente de la Lista 10, reunió cerca del 90% de los votos y quedó encaminada a conducir la central provincial durante el período 2026-2030. El resultado, sin embargo, no cerró la disputa: la oposición anunció que impugnará el proceso y recurrirá a la Justicia si no prospera su reclamo.

La lista vencedora llevará a Sergio Calderón como secretario adjunto. Así, Quiroga tomará las riendas del gremio/organización en lugar del propio Calderón, concretando un recambio de autoridades condicionado por las impugnaciones de la Lista 26 de Julio, liderada por Carla Costabile.

Los reparos opositoras apuntaron principalmente a la imparcialidad de la Junta Electoral, debido al vínculo familiar que, según denunciaron, existe entre su presidenta y la candidata ganadora. También señalaron presuntas modificaciones en los padrones y los lugares de votación, afiliados que no figuraban en los registros y restricciones para que sus fiscales pudieran controlar las mesas.

Costabile anticipó que su agrupación presentará un pedido de impugnación y nulidad ante las autoridades electorales. El espacio sostiene que cuenta con elementos para respaldar sus objeciones, incluidas constancias notariales, y advirtió que continuará la disputa en los tribunales si no obtiene una respuesta favorable en la instancia sindical.

La elección provincial se inscribió en una renovación de autoridades que también tuvo un resultado contundente en el plano nacional. La Lista 10, identificada como MÁS CTA, se impuso en las distintas jurisdicciones del país y, con más del 90% de las mesas escrutadas, superaba el 95% de los votos.

Roberto Baradel, titular de SUTEBA, encabezará la nueva conducción nacional, acompañado por Daniel Catalano, de ATE Capital, y Edgardo Llano, de APA, como secretarios generales adjuntos. Hugo Yasky, quien condujo la central hasta ahora, continuará en la estructura directiva al frente de la Secretaría de Acción Política.

Tras conocerse el resultado, Baradel calificó su elección como un orgullo y un desafío, y planteó que la nueva etapa deberá fortalecer la organización, la unidad y la capacidad de movilización de los trabajadores. También anticipó una orientación opositora frente al Gobierno nacional.

En San Juan, la amplia diferencia obtenida por Quiroga le otorga un respaldo electoral significativo, aunque la impugnación anunciada introduce una instancia pendiente para la proclamación definitiva. La Junta Electoral deberá resolver los cuestionamientos y determinar si las denuncias tienen entidad suficiente para afectar la validez de los comicios.

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