La Lista 26 de Julio buscará disputar el próximo 3 de noviembre la conducción de la CTA de los Trabajadores en San Juan con una propuesta que combina renovación organizativa, autonomía sindical y reivindicaciones laborales. Encabezada por Carla Costabile, secretaria adjunta de ASIJEMIN, la lista incluye a representantes de una decena de gremios, agrupaciones y organizaciones sociales.

El espacio se presenta como una coalición multisectorial que procura ampliar la representación de la central, con participación de trabajadores de la minería, la industria, los servicios, la administración pública, la docencia, la seguridad social y la economía popular. Entre las organizaciones y espacios mencionados figuran SUTEPA, ASIJEMIN, AMMAR, Alternativa Docente, FETIA y referentes de ATE, además de agrupaciones territoriales vinculadas con trabajadores informales.

La propuesta plantea construir una central con mayor presencia cotidiana en los lugares de trabajo y los barrios, recuperar el vínculo con los afiliados y fortalecer la participación de las bases. “Buscamos un proyecto colectivo, al servicio de la unidad de todas las luchas de las y los trabajadores”, expresaron desde la lista, que también reivindica la independencia de los gobiernos nacional y provincial.

La agenda gremial incluye reclamos por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, más presupuesto para salud y educación, generación de empleo genuino y defensa del derecho de huelga y de protesta. En su pronunciamiento, la nómina cuestionó además la reforma laboral impulsada a nivel nacional y advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

Junto con esas definiciones, la agrupación reclamó que se publiquen los padrones electorales y los lugares de votación, para que los afiliados puedan verificar si están habilitados y organizar su participación en los comicios.

La fórmula se completa con María Alejandra Báez y Raúl Eduardo Carrizo como secretarios adjuntos. La propuesta de Consejo Ejecutivo incluye, entre otros, a Humberto Miguel Coria en el área gremial, Cristian Jurado en Comunicación, Mariano Chousal en Acción Política, Jorge Vargas en Seguridad Social, Eliana Funes en Derechos Humanos y Soraya Anabel Ramírez en Géneros. La nómina incorpora además representantes para las áreas de juventud, formación, discapacidad, ambiente, cultura y economía social, junto con doce vocales titulares.

Con las elecciones del 3 de noviembre como próximo objetivo, la Lista 26 de Julio buscará convertir esa diversidad gremial y social en una propuesta común para conducir la CTA sanjuanina. La disputa estará condicionado por dos factores determinantes: la verdadera dimensión de la democracia interna y el poder de la central para nuclear las protestas salariales, laborales y sociales en una coyuntura de fuerte rechazo a las políticas vigentes.

La pérdida de empleo y el aumento de los costos médicos están generando una fuerte presión sobre las finanzas de las obras sociales sindicales. La advertencia llegó al Ministerio de Salud de la Nación a través de Roberto Fernández, titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y presidente de la obra social de los conductores del transporte colectivo de pasajeros, quien alertó al ministro Mario Lugones sobre el deterioro de las prestaciones.

En una comunicación dirigida al funcionario, Fernández sostuvo que las entidades de la seguridad social atraviesan una situación económica crítica, con consecuencias potenciales sobre la cobertura de millones de trabajadores y sus familias. El problema combina una menor base de aportantes con mayores gastos en medicamentos, consultas, prácticas médicas, internaciones y servicios contratados.

El colapso del sector privado —marcado por la pérdida de cobertura y profesionales— está desviando pacientes al sistema de salud público. Representantes gremiales estiman un alza de entre el 30% y el 35% en las consultas de jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, aunque advierten que la falta de un registro nacional impide generalizar la cifra.

Medicamentos importados: una discusión por los costos

Otro foco de preocupación surgió con la disposición 5461/2026 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), publicada el 28 de agosto y vigente desde el 1 de septiembre. La norma aprobó nuevas pautas arancelarias para trámites vinculados con medicamentos y productos médicos, incluidos determinados procedimientos de importación.

El esquema establece alícuotas del 1,5% y del 1,25% sobre el valor FOB de determinadas importaciones, con condiciones y topes según el tipo de operación. La posibilidad de que esos cargos se trasladen a los precios finales encendió alertas entre actores del sistema sanitario, que ya deben afrontar tratamientos de alto costo.

Sin embargo, la ANMAT rechazó que la medida implique un aumento generalizado de los aranceles. Según el organismo, la actualización busca corregir distorsiones y mejorar la proporcionalidad de los cargos; además, señaló que cerca del 75% de los trámites de importación de medicamentos y productos médicos pasarían a pagar menos que con el esquema anterior. Por eso, el eventual impacto sobre los costos de las obras sociales dependerá de cada operación y de cómo se trasladen los cargos a lo largo de la cadena.

La Superintendencia cambia de conducción

La discusión se produce, además, mientras la Superintendencia de Servicios de Salud atraviesa un recambio de autoridades. El Gobierno aceptó la renuncia de Claudio Stivelman, efectiva desde el 6 de octubre, y designó al ingeniero Horacio Guevara al frente del organismo desde el día siguiente, mediante el Decreto 1152/2026. La Superintendencia fiscaliza y controla a los agentes del sistema nacional del seguro de salud, incluidas las obras sociales.

La administración nacional señaló que la nueva conducción dará continuidad a las políticas de reorganización del sistema, con énfasis en la libertad de elección de los beneficiarios y la competencia entre prestadores. Para las entidades sindicales, la capacidad de supervisión y la disponibilidad de recursos serán determinantes para sostener las prestaciones en medio de las dificultades financieras.

El presupuesto sanitario, otra fuente de preocupación

Las proyecciones para 2027 sumaron cuestionamientos. De acuerdo con un análisis de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), el proyecto presupuestario eleva nominalmente los recursos del Ministerio de Salud de $3,10 billones, aprobados originalmente para 2026, a $10,46 billones para el año próximo. Sin embargo, la entidad advierte que la comparación está distorsionada por la incorporación de programas que antes dependían de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Al ajustar la base de comparación, FESPROSA calcula que el incremento nominal se reduce al 25,9%. Por su parte, el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) estima que los recursos reales del Ministerio y sus organismos dependientes serían en 2027 un 20,3% inferiores a los ejecutados en 2023.

El análisis también advierte sobre la evolución de los presupuestos hospitalarios: proyecta que el Hospital Posadas dispondría de recursos reales un 33,4% inferiores a los de 2023, mientras que la reducción alcanzaría el 45,3% en el Hospital Laura Bonaparte, especializado en salud mental. Se trata de estimaciones elaboradas por organizaciones independientes a partir de las partidas previstas, no de recortes ya ejecutados en 2027.

La combinación de menores ingresos contributivos, costos médicos elevados y restricciones presupuestarias amenaza con profundizar las dificultades de financiamiento de la atención sanitaria. La evolución dependerá tanto de la capacidad de las obras sociales para sostener sus prestaciones como de las decisiones nacionales sobre recursos, regulación y asistencia al sistema público. Para los sindicatos, el desafío inmediato es evitar que el deterioro financiero termine trasladándose a los trabajadores mediante una menor cobertura o mayores gastos de bolsillo.

La división del peronismo sanjuanino quedó expuesta este17 de octubre y tuvo una de sus expresiones más directas en la sede de la CGT. Allí, Eduardo Cabello, cuestionó la falta de entendimiento entre los dirigentes políticos y reivindicó al sindicalismo como garante de la identidad histórica del movimiento.

“La política hoy no se pudo poner de acuerdo”, afirmó Cabello durante el acto realizado pasadas las 12.00, en alusión a la multiplicación de convocatorias por el Día de la Lealtad. La ceremonia se desarrolló sin representantes de la actual conducción del Partido Justicialista sanjuanino, mientras el PJ organizó su propia celebración y hubo otra convocatoria en Chimbas.

La dispersión de los encuentros volvió visible una fractura que excede las diferencias de organización. En una fecha central para el peronismo, los distintos espacios no confluyeron en una celebración común, una ausencia de unidad que el referente sindical convirtió en el centro de su discurso.

“El 17 de octubre también fue por los derechos y la dignidad”

Cabello llamó a revisar el sentido de la conmemoración y advirtió sobre el riesgo de reducirla a una evocación del pasado. “¿Vamos a ser fanáticos y vivir de nostalgias o vamos a tener valores?”, planteó ante los presentes.

Para el dirigente, la movilización del 17 de octubre de 1945, que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón, dejó una enseñanza que trasciende el recuerdo histórico. “El 17 no fue solamente para que dejen a Perón libre, fue decir que hay derechos, que hay dignidad”, sostuvo.

También definió aquella jornada como una expresión colectiva que debe traducirse en representación para quienes no encuentran canales para hacer oír sus reclamos. Habló de un “calor que se puede y debe transformar en una cualidad para llegar a los que no tienen voz”, en una reivindicación del compromiso social que atribuye a los orígenes del movimiento.

El sindicalismo, en el centro de la identidad peronista

El titular de la Regional San Juan reafirmó la pertenencia doctrinaria del movimiento obrero y defendió el papel de los gremios en la representación de los trabajadores. “Tenemos la doctrina escrita en el corazón. No nos equivoquemos. Los sindicatos vamos a ser la luz y la sal de cada trabajador sanjuanino”, expresó.

La jornada incluyó un llamado a los afiliados y trabajadores, con choripanes y gaseosas, en una celebración que combinó el homenaje histórico con un mensaje político hacia la dirigencia justicialista.

El acto de la CGT dejó así una doble señal: la voluntad sindical de reivindicar su protagonismo dentro del peronismo y el cuestionamiento a una dirigencia que, al menos en esta conmemoración, no logró compartir una convocatoria. La discusión por la unidad vuelve a instalarse con una pregunta de fondo: qué lugar ocupará el movimiento obrero en la reorganización política del justicialismo.