
Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Bancaria y el Santander y BBVA
El Ministerio de Trabajo dictó desde las 14 de hoy la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días en el conflicto que, por varios reclamos, mantienen la Asociación Bancaria (AB) y las entidades financieras Santander y BBVA, informó la cartera laboral.

El Ministerio de Trabajo dictó este jueves la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días en el conflicto que, por varios reclamos, mantienen la Asociación Bancaria (AB) y las entidades financieras Santander y BBVA. La ley 14.786 de conciliación obligatoria fue impuesta por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de esa cartera de Estado, Gabriela Marcelló. La funcionara laboral intimó a la organización sindical a no realizar las protestas nacionales previstas para este jueves y viernes en las dos últimas horas de atención al público y, a las empresas, a abstenerse de adoptar represalias contra los trabajadores.
Además, sostuvo que ante la pandemia de coronavirus y la emergencia sanitaria las empresas deben extremar todas las medidas de higiene y seguridad para preservar la salud psicofísica de los trabajadores y garantizar su actividad en condiciones adecuadas de salubridad, y cumplir las normativas, protocolos y cualquier otro instrumento.
Marcelló convocó a sindicalistas y empresarios a una audiencia virtual para las 12 del jueves 14 próximo y los exhortó a mantener «la mejor predisposición para negociar».
El gremio había ratificado este miércoles las dos jornadas de protesta de hoy y mañana en las sucursales de todo el país del Santander Río y el Bilbao Vizcaya (BBVA) en las dos últimas horas de atención al público en rechazo de «un pretendido ajuste, el cierre de locales, la reducción de personal y el intento de extender la jornada laboral».
El titular del sindicato, Sergio Palazzo, había también denunciado que los empresarios procuran exigir «una mayor productividad». Remarcó: «No les importa que el país atraviese la tragedia de la pandemia de coronavirus y un rebrote; la mala distribución de las sucursales, que produjo una crítica situación en abril último; la limitación de los servicios, y que la actividad sea un servicio público esencial para la economía y la vida familiar, no obstante la retrógrada reglamentación».
También se preguntó «¿qué responsabilidad asumen esos bancos ante la declamada necesidad de inclusión financiera, corroborada con los datos comparativos en relación con otros países?», y dijo que «no hay peor sordera que la de quienes no quieren oír».
«Esos bancos militaron de forma desembozada e, incluso, se constituyeron en comité electoral de las políticas del Gobierno de Mauricio Macri, que provocaron un desastre económico-social, luego acrecentado por el impacto de la Covid-19», puntualizó.
La Bancaria concluyó que «la evidente ausencia de responsabilidad social es uno de los motivos por los que desde siempre se exige una reforma de las regulaciones», y explicó que millones de argentinos requieren asistencia personal para acceder a los servicios.
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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.
Metodología de Censura
Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.
En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.
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Judiciales rechazó el aumento salarial y ratificó el paro para este viernes

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) rechazó el aumento salarial del 2,2% otorgado por la Corte Suprema de Justicia y ratificó el paro nacional de 24 horas para este viernes 13 de junio.
La UEJN, liderada por Julio Piumato, consideró que el aumento salarial del 2,2% es insuficiente y no responde a las necesidades de los empleados judiciales. El gremio denunció que, con este incremento, «nos siguen ajustando» y ratificó el paro nacional como medida de protesta.
Un Plan de Lucha que Continúa
La UEJN viene sosteniendo un plan de lucha en el sector desde el año pasado, y advierte que, desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, la Justicia atraviesa un fuerte ajuste en sus partidas presupuestarias y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios alcanzó más del 32%. El gremio ya había realizado un paro el viernes pasado y una serie de actividades durante esta semana, incluyendo banderazos en todo el país y un acto de apoyo a la Justicia del Trabajo.
Rechazo al Traspaso del Fuero
Además, la UEJN expresó su rechazo al traspaso del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que consideran un ataque a la Justicia del Trabajo. El gremio busca defender los derechos de los trabajadores y garantizar la independencia del Poder Judicial.
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Alfredo Duarte: “El Gobierno impone un techo salarial injusto mientras libera los precios”

En diálogo con Mundo Laboral, Alfredo Duarte, titular de ATSA Sanidad San Juan y dirigente nacional del sector, se refirió con firmeza a la situación crítica que atraviesan los trabajadores de la sanidad especialmenete en el sector privado. Con aumentos prácticamente congelados y una inflación en alza, Duarte advirtió que se acumula un atraso salarial que supera el 8% y denunció una política nacional que, según sus palabras, “ahoga al trabajador mientras beneficia al capital”.
Paritarias intervenidas y salarios congelados
Duarte señaló que el mayor problema en el país se da en el sector privado de la sanidad, donde se está impidiendo una negociación salarial libre. Según explicó, existe una decisión política del presidente Javier Milei de imponer un techo del 1% a los incrementos salariales, lo que limita severamente la posibilidad de discutir en paritarias condiciones justas de trabajo. “No se puede pretender fijar los salarios de los trabajadores y al mismo tiempo dejar librados los precios al mercado. Es una medida totalmente injusta”, expresó.
Duarte remarcó que el atraso salarial ya alcanza un 8%, al sumarse la pérdida acumulada de los meses anteriores con el último índice inflacionario del 2,8% correspondiente al período vencido.
Una brecha cada vez más insostenible
Además, cuestionó la postura de las patronales del sector privado, quienes —amparadas en la directiva nacional— se niegan a ofrecer aumentos salariales, mientras exigen a las obras sociales incrementos de hasta un 30% por las prestaciones médicas. “Yo administro una obra social y veo cómo los prestadores privados nos piden incrementos del 20 al 30%. ¿De dónde quieren que salga ese dinero si no actualizan los salarios?”, cuestionó Duarte.
En este marco, denunció que hay sectores que buscan “salvarse solos”, trasladando el costo de la crisis a los trabajadores. “Al final del camino, siempre pagamos los mismos: los trabajadores y quienes menos tienen. Las medidas del Gobierno nacional lo dejan muy claro”, sentenció.
El gremio se mantiene en alerta
Duarte anticipó que, si no hay respuestas concretas, el Consejo Directivo Nacional del gremio, encabezado por Héctor Daer, evaluará nuevas medidas de fuerza. “Vamos a seguir insistiendo. Es urgente ajustar los salarios a la realidad que estamos viviendo”, afirmó.
El dirigente también remarcó que los aumentos obtenidos en el sector privado han sido mínimos, y que no alcanzan siquiera para sostener el poder adquisitivo frente al costo de la canasta básica.
Apoyo a la suspensión de artículos del DNU atihuelga
Finalmente, Duarte se refirió a la decisión judicial conocida en las últimas horas, que ratificó la suspensión de los artículos del DNU 340/20 relacionados con la antigüedad laboral. Aseguró que fue un fallo importante que reivindica los derechos constitucionales de los trabajadores. “El sindicato, a través de Héctor Daer, hizo una presentación a nivel nacional porque se estaban cercenando derechos fundamentales. Cuando no hay diálogo, la justicia debe actuar para frenar la opresión del capital”, sostuvo.
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