El director de Hidráulica, José María Ginestar, confirmó que el río San Juan triplicó su caudal en apenas dos semanas y podría alcanzar los 120 metros cúbicos por segundo. Se registraron picos cercanos a los 200, mientras las autoridades evalúan la capacidad de respuesta de los diques y las defensas en sectores de Calingasta. En Chile, el fenómeno obligó a extender la Alerta Roja a ocho comunas.

El acelerado proceso de deshielo en la cordillera comenzó a reflejarse con fuerza en los principales cauces de la región y encendió una señal de atención para el sistema hídrico sanjuanino. En solo 15 días, el caudal del Río San Juan se triplicó: pasó de transportar alrededor de 40 metros cúbicos por segundo a proyectar un promedio de 120 hacia el cierre de esta semana. El incremento, asociado a las altas temperaturas en la zona cordillerana, obliga a mantener un seguimiento permanente sobre los embalses, las obras de contención y las áreas más expuestas a eventuales crecidas.

Desde Hidráulica, Ginestar advirtió que el sistema provincial opera con caudales elevados, alcanzando picos cercanos a los 200 metros cúbicos por segundo. En diálogo radial, el funcionario remarcó que esta crecida exige un monitoreo constante para proteger la infraestructura hídrica.

“Estamos al límite de la primera etapa de los problemas que puedan estar relacionados al río”, sostuvo el funcionario al describir la situación. Según explicó, los diques pueden manejar caudales de hasta 150 metros cúbicos por segundo dentro de determinados parámetros operativos. Cuando los aportes superan ese volumen, resulta necesario analizar otras alternativas para regular el ingreso de agua a los embalses y evitar que sus niveles aumenten por encima de los límites previstos.

Entre las medidas que podrían instrumentarse se encuentra la utilización de los descargadores de fondo, mecanismos que permiten liberar parte del volumen acumulado y administrar los aportes extraordinarios. Ginestar aclaró que, hasta el momento, estos dispositivos no habían sido activados en el sistema del Río San Juan, aunque su eventual utilización forma parte de las alternativas que se consideran ante una continuidad de los caudales elevados.

La preocupación también alcanza a Calingasta, donde el aumento del río plantea interrogantes sobre la capacidad de algunas defensas para responder ante una crecida de mayor magnitud. El titular de Hidráulica mencionó particularmente el sector de El Matadero, donde las estructuras existentes presentan limitaciones frente a un eventual incremento del nivel del agua. A ese dato se suman las observaciones realizadas en el punto de aforo del kilómetro 101, sobre la ruta que conecta San Juan con el departamento cordillerano, donde se registraron olas de entre uno y un metro y medio.

La evolución de los cauces sanjuaninos se inscribe en un fenómeno regional que ya provocó medidas de emergencia del otro lado de la cordillera. En la Región de Coquimbo, Chile, las autoridades extendieron la Alerta Roja por crecidas a ocho comunas: Río Hurtado, Monte Patria, Salamanca, Vicuña, Paihuano, Ovalle, Combarbalá e Illapel. La decisión responde al incremento de los caudales de ríos y esteros, alimentados por las altas temperaturas y el derretimiento acelerado de la nieve acumulada en sectores cordilleranos.

Los organismos de emergencia chilenos mantienen bajo vigilancia las tres principales cuencas de la región y advierten que el fenómeno podría prolongarse hasta mediados o fines de enero. Los pronósticos de temperaturas máximas de entre 32 y 34 grados en valles interiores y zonas precordilleranas profundizan la preocupación. A esto se suma una isoterma cero prevista entre los 5.000 y 5.300 metros de altura, condición que favorece la transformación de la nieve en agua y aumenta el aporte hacia los cursos fluviales.

Aunque la declaración de Alerta Roja en Chile no supone que San Juan atraviese una emergencia equivalente, constituye un antecedente relevante para comprender la dimensión regional del proceso. Las condiciones meteorológicas que impulsan el deshielo también repercuten sobre las cuencas de la provincia, donde los registros actuales ya muestran un crecimiento significativo de los aportes.

Ginestar indicó que los equipos técnicos evalúan de manera continua el comportamiento de los ríos y las perspectivas para las próximas semanas. Además, advirtió que el deshielo no será necesariamente el único factor capaz de modificar los caudales. La eventual llegada de lluvias a sectores de alta montaña y, posteriormente, las precipitaciones en áreas urbanas podrían sumar presión sobre el sistema de escurrimiento y exigir una coordinación más estrecha entre las reparticiones provinciales y los municipios.

La evolución de los próximos días será determinante para establecer si los caudales se estabilizan o continúan en ascenso y, en función de ello, definir eventuales maniobras de regulación en los diques. Mientras tanto, la advertencia oficial apunta también a la prevención: evitar ingresar a los cauces, no permanecer en las riberas y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia.

La reciente crecida del Río San Juan pone de relieve la urgencia de contar con una buena infraestructura hídrica y sistemas de alerta temprana ante los rigores del clima. Gestionar los caudales de origen cordillerano, resguardar a las comunidades cercanas y articular la respuesta estatal será fundamental para afrontar una temporada marcada por el impacto de la nieve y las altas temperaturas en el agua disponible en la provincia.

El sindicato resolvió esperar hasta el lunes 16 de noviembre una respuesta de las empresas por las diferencias salariales de mayo a agosto. Si no hay un acuerdo, los choferes podrían iniciar nuevas medidas de fuerza el martes 17, con impacto directo en miles de usuarios.

La posibilidad de un nuevo paro de colectivos volvió a instalarse en San Juan. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) fijó el lunes 16 de noviembre como plazo definitivo para que las empresas del transporte público presenten una respuesta satisfactoria al reclamo salarial de los choferes. Si no se alcanza un entendimiento, el gremio podría retomar las medidas de fuerza desde el martes 17, con consecuencias sobre la prestación del servicio de la Red Tulum.

La decisión fue adoptada durante una reunión de delegados realizada el miércoles 11, que se extendió hasta cerca de la medianoche. Tras analizar la falta de avances en las negociaciones con la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), los representantes sindicales resolvieron conceder una última instancia de diálogo antes de avanzar con una nueva protesta. La advertencia fue confirmada por un representante gremial a Diario Móvil.

El núcleo de la disputa continúa siendo el pago de diferencias salariales correspondientes a mayo, junio, julio y agosto. Se trata de compromisos que permanecen pendientes y que, pese a las conversaciones mantenidas entre las partes, todavía no encontraron una solución integral. Para la organización sindical, la falta de cumplimiento de esos conceptos prolonga un conflicto que ya tuvo consecuencias concretas sobre la circulación de colectivos en la provincia.

El antecedente más cercano se produjo en octubre, cuando una medida de fuerza de los choferes dejó paralizado el transporte público durante aproximadamente 36 horas. La huelga comenzó el 7 de octubre y recién pudo encaminarse hacia una salida después de una instancia de negociación ante la Subsecretaría de Trabajo.

En aquella oportunidad, el entendimiento alcanzado el 15 de octubre contempló el reconocimiento de una suma extraordinaria de $60.000 no remunerativos. Sin embargo, ese compromiso no permitió cancelar las diferencias acumuladas durante los meses anteriores, por lo que el reclamo permaneció abierto y volvió a tensar la relación entre el sindicato y las empresas.

La conflictividad se profundizó el 4 de noviembre, cuando la UTA declaró el estado de alerta y asamblea permanente. La medida reflejó el malestar de los trabajadores ante la falta de respuestas y abrió una nueva instancia de deliberación gremial para definir los pasos a seguir. La reunión del miércoles terminó con una decisión que posterga momentáneamente las acciones directas, pero mantiene vigente la advertencia de una nueva interrupción del servicio.

El plazo del lunes será determinante. Durante los próximos días, las empresas deberán acercar una propuesta que permita destrabar la discusión y responder a las obligaciones salariales reclamadas por los trabajadores. Si no aparece una alternativa aceptable, el martes 17 podría comenzar otra medida de fuerza, cuyo alcance y modalidad dependerán de las decisiones que adopte el sindicato.

La falta de definiciones afecta directamente a los miles de pasajeros que emplean cotidianamente la Red Tulum para cumplir con sus obligaciones laborales, educativas y sanitarias. Una eventual interrupción del servicio comprometería nuevamente la conectividad provincial y reflejaría las consecuencias de las disputas sectoriales sobre una prestación básica para la ciudadanía.

Por ahora, la UTA mantiene abierta la instancia de negociación, aunque el margen para evitar otra huelga es reducido. La resolución del conflicto dependerá de que las empresas presenten una respuesta concreta sobre las diferencias adeudadas y de que las partes logren convertir el último plazo sindical en un acuerdo efectivo. De lo contrario, San Juan podría enfrentar desde el martes una nueva interrupción del transporte público.

Una investigación periodística estimó en $20.477 millones el costo de ocho contrataciones directas realizadas para organizar las actividades vinculadas con la visita de León XIV. La cifra equivale, según el cálculo difundido, a los ingresos anuales de 788 investigadores asistentes del CONICET. El contraste volvió a poner bajo discusión las prioridades del gasto público en medio de los reclamos por el financiamiento de la ciencia y las universidades.

El costo de la organización de las actividades oficiales por la visita del papa León XIV quedó en el centro de la controversia luego de que una investigación periodística estimara en más de $20.477 millones el monto comprometido por el Gobierno nacional mediante ocho contrataciones directas. Una parte de esos recursos estuvo destinada a montar un espacio VIP para autoridades, empresarios, figuras del espectáculo e invitados especiales durante la misa celebrada en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La dimensión del desembolso adquirió mayor repercusión al compararse con los ingresos del sistema científico nacional. De acuerdo con los cálculos difundidos, la suma total representa el equivalente al salario anual de aproximadamente 788 investigadores asistentes del CONICET o de unos 392 profesionales ubicados en la categoría de investigadores superiores, tomando como referencia las escalas salariales consideradas en el relevamiento y doce meses de remuneraciones, sin incluir el aguinaldo.

La comparación también permite dimensionar el volumen de recursos involucrados: el monto global equivale a más de 6.400 salarios mensuales si se utiliza el promedio de las cinco categorías salariales tomadas como referencia. El contraste se produce mientras investigadores, becarios y trabajadores de universidades públicas advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo, la reducción de recursos para investigación y las dificultades para sostener programas científicos.

Según la investigación publicada por el El Disenso, la Jefatura de Gabinete habría instrumentado ocho procedimientos de contratación directa para cubrir distintos servicios vinculados con la organización de las actividades papales. El expediente de mayor cuantía correspondió a DF Entertainment, con una contratación de $8.690 millones para la producción general del evento, que incluyó el montaje del sector VIP y una carpa acondicionada para alrededor de 250 personas, con climatización, alfombras y servicio de catering.

El resto de las adjudicaciones comprendió prestaciones indispensables para el desarrollo del acto, aunque sus montos también reflejan la magnitud del operativo. Nuevos Aires Producciones SRL recibió una contratación por $4.547,7 millones para estructuras y vallados; Recordvision SA, que opera como MediaHub, por $3.090 millones para servicios de transmisión; PRG Argentina SRL, por $1.979,3 millones para sonido e iluminación; y Fidias Energía SRL, por $1.736 millones para el suministro eléctrico.

A esas cifras se sumaron $225 millones para pantallas LED, contratados a VMG Video Tech SA; $128,08 millones para alfombras y cortinas, a Alfombra Mágica SRL; y otros $81,2 millones por prestaciones similares, adjudicados a Tetramon. La suma de los ocho procedimientos asciende a $20.477.334.664,75, de acuerdo con el detalle publicado.

La polémica no se limita al volumen económico de las contrataciones. También se concentra en las condiciones de acceso al espacio reservado para invitados especiales y en el contraste con la experiencia de miles de fieles que asistieron a la celebración. Mientras personalidades del espectáculo, dirigentes políticos, empresarios y representantes del Poder Judicial contaron con un área cubierta y acondicionada, asistentes y voluntarios señalaron que parte del público debió permanecer al aire libre, expuesto al sol y a considerable distancia del altar. También trascendieron cuestionamientos por las condiciones en las que algunas religiosas, sacerdotes y personas mayores habrían seguido la ceremonia.

Entre los invitados que habrían ocupado el espacio VIP figuraron reconocidas personalidades del espectáculo y los medios, como Carolina “Pampita” Ardohain, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Florencia de la V, Analía Franchín, Marcela Tinayre, Claudia Villafañe y Zulemita Menem. También participaron periodistas, empresarios, dirigentes políticos, funcionarios nacionales y representantes de la Justicia.

La nómina incluyó, entre otros, a Jorge Macri, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. En el ámbito empresarial se mencionó a Eduardo Eurnekian, Marcos y Alejandro Bulgheroni, Daniel Vila, José Luis Manzano, Hugo Sigman y Nicolás Caputo. Por el Poder Judicial estuvieron los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, además de Inés Weinberg de Roca, integrante del Tribunal Superior de Justicia porteño.

La organización del espacio reservado y la convocatoria de invitados habrían involucrado gestiones tanto del Gobierno nacional como de la administración porteña. En ese marco, el debate público se desplazó desde los aspectos protocolares de la visita hacia la utilización de fondos estatales y los criterios aplicados para distribuir los recursos destinados al acontecimiento.

El contraste con la situación del CONICET y las universidades constituye uno de los aspectos más sensibles de la discusión. El sistema científico atraviesa reclamos por la recomposición salarial, el financiamiento de proyectos, la continuidad de becas y las condiciones materiales para desarrollar investigaciones. La pérdida de ingresos y las restricciones presupuestarias también alimentan la preocupación por la emigración de profesionales y el deterioro de las capacidades científicas construidas durante décadas.

La comparación entre el costo del operativo y los salarios de los investigadores no significa que ambos gastos correspondan a partidas presupuestarias intercambiables, pero sí permite dimensionar la escala de los recursos públicos comprometidos. La pregunta que emerge es política y presupuestaria: cuáles son las prioridades que orientan el gasto estatal y qué lugar ocupan la educación, la investigación y el desarrollo en la asignación de fondos.

En un país que necesita fortalecer su capacidad tecnológica, productiva y científica, la magnitud de las contrataciones para un acontecimiento institucional de estas características exige explicaciones sobre sus costos, procedimientos y criterios de ejecución. La discusión no pasa por cuestionar la organización de una celebración religiosa de alcance internacional, sino por establecer si el uso de los recursos públicos respondió a parámetros de austeridad, transparencia y proporcionalidad. Esa es, en definitiva, la dimensión institucional que convierte al operativo VIP en un asunto que excede la polémica por una carpa y pone bajo examen las prioridades del Estado.