La Ruta Nacional 150 tendrá una intervención de 22 kilómetros entre Las Flores y Colola, en el departamento Iglesia. El gobernador Orrego anunció que los trabajos comenzarán en las próximas semanas y serán financiados con recursos internacionales destinados a infraestructura.

La primera etapa contempla la repavimentación del tramo y la incorporación de mejoras para elevar las condiciones de circulación. El proyecto incluye ensanche de calzada y construcción de banquinas donde la geografía montañosa lo permita, además de nuevas defensas, guardarraíles, cartelería y señalización horizontal y vertical.

La obra también prevé seis derivadores de tránsito en Rodeo. Tres ya están en ejecución, en los cruces con la Ruta Provincial 430 y las calles Paoli y Santo Domingo Este. Los restantes se construirán en las intersecciones con las rutas provinciales 405 y 418, además del acceso por Santa Lucía.

La intervención apunta a ordenar la circulación en una vía utilizada tanto por los habitantes de Iglesia como por el transporte pesado vinculado a la minería. La convivencia entre el tránsito cotidiano y los vehículos de carga vuelve especialmente relevantes las mejoras en los accesos y cruces urbanos.

Orrego sostuvo que la expansión productiva debe estar acompañada por inversiones que también beneficien a las comunidades cercanas. En esa línea, vinculó la recuperación de la ruta con la necesidad de mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de vida de las familias iglesianas.

Por su ubicación, la Ruta 150 constituye una conexión fundamental para la actividad minera y la integración territorial del norte sanjuanino. La intervención busca atender esas exigencias sin dejar de lado la seguridad de quienes utilizan diariamente el camino.

La pérdida de poder adquisitivo, la incertidumbre sobre la economía y las dificultades para conseguir empleo concentran las principales preocupaciones de los argentinos, según una encuesta nacional de la consultora Zentrix. El relevamiento, realizado en octubre, también registró un rechazo mayoritario a la gestión de Javier Milei: el 55,5% desaprueba su desempeño, mientras que el 36,2% lo respalda.

La inquietud por el rumbo económico encabeza las respuestas, con el 48,2%. Le siguen los ingresos y salarios, mencionados por el 46,2%, y el desempleo, con el 44,6%. La corrupción ocupa el cuarto lugar, con el 42,9%, mientras que las tarifas de los servicios públicos aparecen en el quinto puesto, con el 28,8%.

La distribución de las respuestas revela el peso de las dificultades materiales en la percepción social: cuatro de las cinco principales preocupaciones están vinculadas directamente con la economía. Además, seis de las diez más mencionadas corresponden a cuestiones relacionadas con los ingresos, el trabajo y el costo de vida.

Un dato significativo es que la inflación quedó por debajo de otras inquietudes. Aunque los precios mantienen una variación mensual cercana al 2%, el aumento del costo de vida ya no aparece como la principal preocupación para la mayoría de los consultados. En cambio, los salarios, el endeudamiento familiar y la posibilidad de perder el empleo ocupan un lugar más relevante.

En cuanto a la evaluación presidencial, la desaprobación alcanza el 55,5%, frente a una aprobación del 36,2%. La diferencia es de 19,3 puntos porcentuales. Si bien el respaldo a Milei registró su tercera suba mensual consecutiva —pasó del 31,4% en julio al 36,2% en octubre—, todavía permanece por debajo del rechazo.

La valoración personal del mandatario ofrece cifras similares, aunque con una brecha más amplia: el 58% manifestó una imagen negativa, mientras que el 35,9% expresó una opinión favorable. La distancia entre ambas posiciones llega a 22,1 puntos.

El estudio se realizó entre el 19 y el 30 de octubre de 2026 mediante una encuesta online de alcance nacional, con 1.278 participantes de las 24 jurisdicciones. La muestra fue ponderada según región, edad y sexo.

Los resultados reflejan una demanda social fuertemente asociada con el poder de compra y la estabilidad laboral. A casi tres años del inicio de la gestión libertaria, la evolución de los salarios, el empleo y los ingresos familiares aparece como un factor central para medir la percepción ciudadana sobre el rumbo económico y el desempeño del Gobierno.

Los hogares argentinos comenzaron noviembre con nuevos aumentos en los servicios de electricidad y gas. Los cuadros tarifarios establecen una suba del 3,57% para la luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del 2,17% para el gas natural en todo el país, aunque la aplicación de descuentos mantiene diferencias importantes entre los usuarios.

El ajuste eléctrico no alcanza directamente a las provincias, donde los valores son determinados por los respectivos entes reguladores. En el AMBA, el incremento podría representar hasta $1.700 adicionales en las facturas, aunque las estimaciones de la Secretaría de Energía ubican el impacto promedio en torno de los $1.150 para tres de cada cuatro usuarios.

La actualización mensual de la electricidad responde a una fórmula que contempla la evolución de los precios mayoristas (IPIM) y del índice de precios al consumidor (IPC). Desde la Secretaría de Energía atribuyeron el aumento de noviembre al encarecimiento de los costos mayoristas, asociado —según explicaron— a los efectos de la guerra en Medio Oriente.

En materia de subsidios, el Gobierno resolvió mantener en 200 kWh mensuales el consumo base bonificable, pese a que el cronograma original contemplaba una reducción a 150 kWh entre septiembre y noviembre. Para los hogares incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), continúa una bonificación general del 50%, más un descuento extraordinario del 25%. En conjunto, el beneficio alcanza al 75% del valor de la energía comprendida en el consumo subsidiado.

Para el gas natural también se prorrogó el esquema de descuentos. La bonificación general del 50%, que debía dejar de aplicarse según el cronograma inicial, se mantiene durante noviembre y se suma a un beneficio extraordinario del 24,25%. De esta manera, los usuarios que reúnen las condiciones del programa conservan una reducción total del 74,25%.

Los incrementos se incorporan así a las facturas de noviembre, con un impacto que dependerá de la jurisdicción, el consumo y la condición de cada hogar dentro del régimen de asistencia. La continuidad de las bonificaciones atenúa el costo para los beneficiarios, aunque no modifica el ajuste de los valores tarifarios de referencia.