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Destacaron la reactivación tras el parate por el covid 19 y destacaron la ayuda del Estado para la continuidad productiva y del empleo

Las principales cámaras y asociaciones de pequeñas y medianas empresas (pymes) destacaron la recuperación de la actividad evidenciada a partir de julio, tras el fuerte parate registrado desde fines de marzo por las medidas relacionadas con el coronavirus, y postularon «las muy buenas perspectivas» que el sector tiene para 2021. Una recomposición salarial de los trabajadores que traccione la demanda y la apuesta a que la vacuna inmunice a la población figuraron en el listado de anhelos empresarios para este año. También apostaron a la continuidad del ATP y la sanción de una nueva ley de concursos y quiebras que otorgue mayores plazos a las firmas para saldar deudas.

Las entidades también hicieron hincapié en lo difícil que fue atravesar la primera mitad del 2020 y ponderaron medidas implementadas por el Gobierno tales como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), la moratoria impositiva y los créditos a tasa subsidiada.

El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Pedro Cascales, expresó que «el 2020 fue muy duro para el sector pyme y dejó un saldo muy negativo con 90 mil locales cerrados, 40 mil firmas comerciales que han cesado su actividad y 185 mil trabajadores del sector comercio sin trabajo».

De cara al 2021, Cascales indicó que «lo central será lograr un gran acuerdo nacional entre empresarios, sindicatos y sector político, para generar pautas y un plan de acción; si logramos eso, podremos empezar a transitar una senda de crecimiento».

En consonancia, el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, señaló que «la desgracia de la pandemia sirvió para que avancemos desde el sector empresario pyme en la unidad con los trabajadores, lo que nos permite proyectarnos al 2021 con mayor producción, recomposición salarial y más estabilidad».

«Proponemos un proyecto de ley de compre argentino a presentar en febrero o marzo para consolidar una política a futuro con más trabajo nacional y más previsibilidad para las pymes industriales», comentó Rosato.

Desde el sector textil, el secretario de la Fundación ProTejer, Luciano Galfione, destacó que «el 2020 tuvo un inicio bueno que decayó con la pandemia y a partir de agosto hubo un crecimiento sostenido, que permitió terminar el año en niveles muy aceptables». Para el 2021 aseguró que habrá un «mercado interno pujante» porque la falta de divisas estimulará las compras a proveedores locales y porque la recuperación salarial y de la demanda «generará un círculo virtuoso de más trabajo y más producción nacional».

En igual sentido, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Emmanuel Poletto, comentó que «la industria del juguete cerró el año con muy buenas expectativas para el 2021 teniendo como objetivo alcanzar el 51% de participación en el mercado local».

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La Justicia ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario

El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas en el Presupuesto. Ordenó al Ejecutivo cumplir de inmediato con la norma y volvió a fijar un plazo de cinco días para acatar las medidas cautelares vigentes.

La Justicia volvió a fallar contra el Gobierno nacional en la disputa por el financiamiento de las universidades públicas. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró este martes la inconstitucionalidad del tramo del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La resolución hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades, junto con la causa iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cormick ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de inmediato la ley y dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para hacerla efectiva.

El punto cuestionado se encuentra en el propio decreto de promulgación. El Gobierno había establecido que la Ley 27.795 quedaba sujeta a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629, una condición que en los hechos supeditaba su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto. Esa fórmula quedó ahora invalidada judicialmente.

Para Cormick, el mecanismo utilizado por el Ejecutivo no supera un control mínimo de razonabilidad. El magistrado sostuvo que, después de que el Congreso insistiera con la ley mediante las mayorías agravadas previstas por la Constitución tras el veto presidencial, el Poder Ejecutivo no podía introducir por decreto una nueva instancia que demorara su aplicación.

El juez consideró, además, que esa decisión funcionó en los hechos como una forma de veto no contemplada por la Constitución. También rechazó que el control judicial sobre decisiones con impacto presupuestario constituya una intromisión excepcional: señaló que forma parte de las atribuciones propias de los tribunales cuando están en juego derechos y obligaciones establecidos por una ley vigente.

La sentencia también puso bajo análisis el argumento fiscal utilizado para justificar la demora. Según la resolución, el impacto estimado de la ley durante 2025 representaba aproximadamente 0,23% del PBI nominal proyectado, de acuerdo con información de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El magistrado recordó, además, que los Presupuestos de 2024 y 2025 no fueron aprobados y que durante esos ejercicios se prorrogaron partidas del Presupuesto 2023.

El nuevo pronunciamiento se suma a una cadena de decisiones judiciales que comenzó a fines de 2025. En diciembre, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar que dejó inaplicable la condición introducida por el Decreto 759/2025. La Cámara Contencioso Administrativa Federal mantuvo posteriormente esa protección y la Corte Suprema dejó firme la cautelar en junio.

A esa secuencia se agregó en septiembre una nueva intimación de Cormick al Estado nacional para que cumpliera en cinco días con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes y a las becas universitarias. El tribunal advirtió entonces que podía aplicar multas por cada día de demora.

Los gremios universitarios recibieron el fallo como un respaldo a sus reclamos y ratificaron la movilización nacional convocada para el jueves 15 de octubre. La quinta Marcha Federal Universitaria reunirá a sindicatos docentes y nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias en reclamo del cumplimiento de la Ley 27.795, la recomposición salarial y un mayor financiamiento para las casas de estudios.

La resolución coloca nuevamente al Poder Ejecutivo ante la obligación de ejecutar una ley sancionada por el Congreso y, al mismo tiempo, mantiene abierta la confrontación por los recursos que deberán incorporarse al sistema universitario. Con la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso y una nueva movilización ya convocada, el financiamiento de las universidades vuelve a quedar en el centro de una pulseada que ahora suma un pronunciamiento judicial sobre la validez constitucional del mecanismo utilizado por el Gobierno para postergar su aplicación.

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Los alimentos empujan la inflación de septiembre y frenaron la desaceleración

La inflación habría vuelto a acelerarse en septiembre, después del descenso registrado en agosto. Las principales consultoras privadas ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en torno al 2%, por encima del 1,7% informado para el mes anterior, en un movimiento explicado principalmente por aumentos en verduras y carne.

Las estimaciones se conocen antes de la publicación de nuevos indicadores oficiales y privados que permitirán precisar la evolución de los precios. El dato marca, de confirmarse, un freno a la desaceleración que había predominado durante buena parte del primer semestre y que tuvo una interrupción en julio, cuando el IPC había alcanzado el 2,1%.

Entre las mediciones privadas, Libertad y Progreso proyectó una inflación mensual del 2% y señaló que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 3,2%, convirtiéndose en el principal impulsor del resultado general.

La medición de C&T Asesores Económicos fue algo inferior, con una estimación de 1,9%. Según su relevamiento, alimentos y bebidas tuvieron en septiembre el mayor incremento desde mayo, con una suba cercana al 2%. Dentro de esa categoría, las verduras aumentaron 11%, mientras que la carne avanzó 2,1%.

El comportamiento de los productos básicos también fue registrado por LCG. La consultora detectó un incremento del 1,7% en alimentos durante la última semana de septiembre, mientras que el acumulado de las últimas cuatro semanas llegó al 2,7%. Por su peso dentro de la canasta de consumo, esos movimientos tienen una incidencia relevante sobre el índice general.

Analytica, en tanto, relevó una suba semanal del 0,8% en alimentos y bebidas durante los últimos días del mes y calculó un aumento del 2,8% en cuatro semanas. Con esos datos, también estimó una inflación general del orden del 2% para septiembre.

Eco Go coincidió con esa proyección. La consultora calculó un avance del 2% y señaló que componentes de comportamiento estacional tuvieron una incidencia importante en la aceleración, lo que llevaría al índice general a ubicarse aproximadamente 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto.

El movimiento de septiembre adquiere relevancia porque modifica la trayectoria observada en los meses anteriores. Después de una sucesión de registros descendentes, julio había mostrado un repunte al 2,1% y agosto volvió a marcar una baja, con 1,7%, el menor registro en 14 meses según la información difundida entonces.

La presión de los alimentos introduce además un componente especialmente sensible sobre los hogares, dado que se trata de uno de los rubros con mayor incidencia en el gasto cotidiano. Las subas concentradas en productos de consumo frecuente pueden tener un impacto más inmediato sobre el presupuesto familiar aun cuando el índice general mantenga variaciones moderadas.

Las estimaciones privadas deberán ser contrastadas con el IPC oficial de septiembre, que permitirá determinar la magnitud definitiva del repunte y la evolución de los distintos componentes. El dato será además una referencia para las próximas mediciones de expectativas y para las decisiones de empresas y trabajadores en materia de precios, salarios y consumo.

Si las proyecciones se confirman, septiembre habrá interrumpido nuevamente la trayectoria descendente de la inflación mensual. El regreso a valores cercanos al 2%, con los alimentos entre los principales impulsores, mostraría que la desaceleración de los precios continúa siendo irregular y todavía expuesta a movimientos fuertes dentro de la canasta básica.

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Milei proyecta una visita a San Juan antes de fin de año

El Presidente Javier Milei prepara una gira por nueve provincias con proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y San Juan figura entre las paradas previstas. La recorrida, que el Gobierno proyecta concretar antes de fin de año, tendrá como principal objetivo exhibir inversiones productivas y el avance de las iniciativas beneficiadas por el régimen.

La provincia adquiere un lugar relevante dentro de ese itinerario por el peso de la minería. San Juan cuenta con cuatro proyectos aprobados bajo el RIGI, entre ellos Vicuña, Los Azules, Veladero y Gualcamayo, que concentran inversiones de gran magnitud en cobre y oro.

La visita presidencial todavía no tiene fecha confirmada ni un programa oficial definido. La previsión que circula en la Casa Rosada contempla recorridas por Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, además de nuevas actividades en la provincia de Buenos Aires.

El punto de partida de esta agenda fue la reciente recorrida de Milei por Bahía Blanca, donde visitó proyectos alcanzados por el régimen. Tras sus viajes a Nueva York y París, el Presidente retomaría ahora una agenda federal enfocada en inversiones y en la puesta en valor del RIGI.

El esquema original comprendía 23 proyectos aprobados, con una inversión comprometida de US$49.766 millones, de acuerdo con los datos difundidos por el Poder Ejecutivo. Las iniciativas incluyen 12 proyectos mineros, siete de petróleo y gas, dos de generación eléctrica, uno siderúrgico y otro de infraestructura.

A esa cartera se incorporaron posteriormente nuevas iniciativas. Entre ellas aparecen proyectos vinculados con Vaca Muerta y una inversión minera de cobre de Glencore, anunciada durante la Argentina Week en París. La ampliación del mapa de inversiones elevó el peso que el Gobierno pretende otorgarle al RIGI como instrumento para atraer capitales de gran escala.

En San Juan, el proyecto de mayor dimensión es Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin Mining, con una inversión inicial prevista de US$9.700 millones para el desarrollo de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Los Azules, Veladero y Gualcamayo completan la nómina provincial de iniciativas incorporadas al régimen.

La eventual recorrida también tendría un componente institucional por el vínculo que Milei mantiene con el gobernador Marcelo Orrego, aunque desde el Gobierno nacional se plantea que el propósito central de la gira es mostrar los proyectos de inversión. Orrego integró, junto con otros mandatarios, la delegación argentina que acompañó al Presidente durante la Argentina Week en París.

El viaje a Francia dejó además a San Juan particularmente expuesta dentro de la agenda de inversiones. Durante esa misión, el mandatario sanjuanino mantuvo contactos con representantes de compañías internacionales y presentó las oportunidades de la provincia en minería y energía, mientras Milei utilizó a San Juan como referencia del potencial inversor argentino.

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