La CGT acompañó la protesta convocada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación frente al Palacio de Tribunales en rechazo al traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, previsto en el proyecto de reforma laboral. Los gremios advierten que la medida es inconstitucional y que podría restringir el acceso efectivo de los trabajadores a la Justicia.

El debate por la reforma laboral sumó un nuevo frente de conflicto: la eventual eliminación del fuero laboral nacional y su transferencia a la Ciudad de Buenos Aires. La discusión, que trasciende el plano técnico, abrió un capítulo de alta sensibilidad institucional y sindical. Este martes, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, judiciales y dirigentes gremiales escenificaron su rechazo con una movilización y un paro parcial de actividades desde las 11.

La CGT, a través de un pronunciamiento público, fue categórica: “No al traspaso de la Justicia Laboral Nacional”. En el mismo mensaje sostuvo que ese fuero constituye “una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las y los trabajadores” y que su fragmentación implicaría debilitar la tutela judicial en materia laboral. La central subrayó que defender la competencia nacional es resguardar el equilibrio en las relaciones de trabajo.

Un punto sensible de la reforma

El traspaso está contemplado en el proyecto de reforma laboral actualmente en discusión en el Congreso. Desde el sindicalismo judicial sostienen que los artículos vinculados a esta modificación fueron incorporados sin debate suficiente y que su alcance podría alterar de manera estructural el esquema judicial vigente.

El secretario general de la UEJN, Julio Piumato —quien además se desempeña como secretario de Derechos Humanos de la CGT— calificó la iniciativa como “la liquidación del fuero del trabajo” y la consideró “totalmente inconstitucional”. En su diagnóstico, no se trata de una simple reasignación administrativa, sino de “la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional”, con potencial impacto sobre otros fueros, como el comercial.

“Nunca en la historia judicial argentina se cerró un fuero nacional”, remarcó el dirigente, al advertir que la medida implicaría avanzar hacia un esquema “totalmente unitario”, en tensión con el carácter federal del país. La afirmación busca situar el conflicto en una dimensión institucional más amplia, que excede la coyuntura laboral.

Simultáneamente a la reclamación, desde el lunes permanece ocupado el edificio de Diagonal Norte 760, sede de la Justicia del Trabajo, como parte del plan de lucha del gremio. El dato no es menor: la ocupación simboliza la defensa física de un ámbito que los trabajadores consideran amenazado.

“No va a haber lugar donde reclamar”

La secretaria general adjunta de la UEJN, Maia Volcovinsky, explicó que el núcleo de la preocupación radica en la eventual pérdida de un ámbito especializado para canalizar reclamos laborales. “Si liquidamos de un soplido la Justicia del Trabajo, no va a haber lugar donde los trabajadores puedan reclamar por la inconstitucionalidad de los artículos que se van a votar este viernes”, sostuvo.

Su advertencia combina dos dimensiones. Por un lado, la tutela judicial efectiva: el fuero laboral ha sido históricamente un espacio específico para dirimir conflictos entre empleados y empleadores bajo criterios protectores. Por otro, el impacto interno: cerca de 1.600 trabajadores judiciales podrían ver afectadas sus funciones de manera progresiva, lo que genera —según describió— un clima de incertidumbre y angustia.

Desde el sector sindical se argumenta que el cambio de jurisdicción podría diluir la especialización y fragmentar criterios jurisprudenciales, debilitando la posición de los trabajadores frente a litigios complejos. Quienes defienden el traspaso, en cambio, sostienen que se trata de una adecuación institucional en línea con el proceso de autonomía porteña. La controversia, en definitiva, expone visiones contrapuestas sobre el alcance de la reforma y sobre el modelo de administración de justicia.

Más que una discusión técnica

El conflicto revela que la reforma laboral no se agota en la regulación de contratos o indemnizaciones. También pone en cuestión el andamiaje institucional que garantiza su aplicación. El fuero laboral ha sido, desde su creación, un pilar en la arquitectura de protección del trabajo en la Argentina. Alterar su competencia implica redefinir no solo circuitos administrativos, sino también equilibrios históricos entre capital y trabajo.

En ese marco, la presencia de la CGT junto a los judiciales no es un gesto menor. Supone una señal de alineamiento en un momento en que el movimiento obrero debate estrategias frente al Gobierno y evalúa el alcance de las transformaciones en curso.

La movilización frente al Palacio de Tribunales sintetiza una disputa que combina derecho, política e institucionalidad. Para los gremios, el traspaso del fuero laboral constituye un retroceso que compromete el acceso a la Justicia y debilita la protección de los trabajadores.

Para el oficialismo, forma parte de un rediseño más amplio del sistema laboral y judicial.
El desenlace parlamentario definirá el rumbo inmediato. Pero el debate ya dejó una certeza: cualquier modificación del fuero del trabajo impacta en el corazón del sistema de garantías laborales. En esa intersección entre reforma y tutela judicial se juega algo más que una cuestión de competencias; se dirime el alcance real de los derechos en el mundo del trabajo.

Docentes, nodocentes, rectores y organizaciones estudiantiles se movilizarán a la Cámara de Diputados para rechazar el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que modifica la Ley de Financiamiento Universitario. El sector denuncia que la propuesta es insuficiente, busca eludir fallos judiciales y consolida lo que califican como la mayor pérdida salarial del sistema en décadas.

El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario escaló a un nuevo punto de tensión. Este martes, un frente que reúne a autoridades académicas, gremios docentes, personal nodocente y centros de estudiantes se concentrará en la Cámara de Diputados para exigir el cumplimiento de la ley vigente de financiamiento y frenar la iniciativa oficial que pretende reemplazarla.

La norma actual fue aprobada por el Congreso el año pasado y ratificada tras un veto presidencial. Sin embargo, su aplicación plena continúa demorada. En ese punto, la presentación de un nuevo proyecto por parte del Ejecutivo —que ingresó por mesa de entradas la semana pasada— encendió las alarmas en el sector, que interpreta la movida como un intento de reformular el esquema presupuestario sin saldar las obligaciones pendientes.

Un proyecto bajo cuestionamiento

El texto oficial propone un mecanismo de actualización condicionado: la recomposición de partidas se activaría únicamente si el índice de inflación anual supera el 14,3 por ciento.

También contempla una asignación específica de 80 mil millones de pesos para hospitales universitarios y un esquema de incrementos salariales escalonados del 4,1 por ciento en marzo, julio y septiembre.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores de las universidades públicas, advirtieron que la propuesta “no resuelve el bache presupuestario de 2024” y que cualquier debate debe partir del cumplimiento efectivo de la ley ya sancionada. En el mismo sentido, remarcaron que existe una medida cautelar favorable a las casas de estudio cuya apelación por parte del Gobierno agrega incertidumbre jurídica.

Para los gremios, la discusión excede la técnica presupuestaria. Consideran que el nuevo proyecto dilata la ejecución de la normativa vigente y consolida un esquema de financiamiento por debajo de las necesidades reales del sistema.

Paro y estado de alerta

En el último plenario de la CONADU Histórica se resolvió mantener el “estado de alerta, movilización y sesión permanente”. La federación definió un paro de 48 horas al inicio del tratamiento en comisión del proyecto y acciones de visibilización en todo el país. La decisión apunta a sostener presión política y a evitar que el debate avance sin consenso del sector.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que integra a distintas organizaciones docentes y nodocentes, también reclamó la reapertura inmediata de la paritaria sectorial.

Desde la Federación de Docentes de las Universidades sostuvieron que los salarios acumulan una caída del 51,4 por ciento desde el inicio de la actual gestión, lo que describen como “la mayor pérdida salarial de la historia” en el ámbito universitario.

El reclamo incluye el pago de deudas acumuladas, la recomposición urgente de ingresos y la convocatoria a negociaciones formales. En este aspecto, se impulsa la realización de asambleas en facultades y escuelas para fortalecer la organización interna y coordinar medidas con otros sectores del movimiento sindical.

Autonomía, presupuesto y conflicto político

La movilización adquiere un significado que trasciende lo estrictamente presupuestario. En juego está la autonomía universitaria y el modelo de financiamiento público de la educación superior. Mientras el oficialismo sostiene la necesidad de ordenar el gasto y establecer criterios de actualización más acotados, la comunidad académica advierte que la restricción de recursos compromete la calidad educativa, la investigación y el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario devela un conflicto estructural  entre el ajuste fiscal y la sostenibilidad del sistema público de educación superior. El conflicto no se limita a cifras: involucra el alcance de derechos, la estabilidad laboral de miles de trabajadores y la capacidad del Estado para sostener un entramado académico clave para el desarrollo nacional.

En el corto plazo, el debate legislativo marcará el rumbo del financiamiento. En el plano más profundo, la movilización universitaria pone en escena una pregunta central: qué lugar ocupará la educación pública en la arquitectura de prioridades de la Argentina que se está redefiniendo.

El espacio sindical que integran la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos CTAs convocó a marchar este viernes frente al Congreso en rechazo al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. ATE confirmó un paro nacional y la CGT evaluará si acompaña la protesta.

En un nuevo episodio del conflicto por la reforma laboral, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) resolvió movilizar este viernes 27 de febrero al Congreso para manifestarse contra la posible aprobación en el Senado del proyecto de flexibilización que impulsa el presidente Milei. La convocatoria se definió tras una reunión realizada en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), en la Ciudad de Buenos Aires, con participación de dirigentes de más de un centenar de organizaciones gremiales.

El FreSU nuclea, entre otros, a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Aceiteros, gremios aeronáuticos, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la denominada Mesa Sindical. El colectivo dejó en libertad de acción a cada organización para evaluar la convocatoria a un paro que acompañe la movilización. En ese marco, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional para la jornada.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cargó con dureza contra el proyecto oficial. “Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso”, afirmó, y cuestionó la estrategia de la Confederación General del Trabajo (CGT), que hasta ahora mantuvo una postura más cautelosa respecto de las movilizaciones.

La central obrera reunirá este miércoles a su Consejo Directivo para definir si se suma a la convocatoria. El contraste estratégico quedó expuesto en el paro general del jueves 19, cuando el FreSU decidió marchar al Congreso mientras la CGT se limitó a la huelga sin convocatoria a movilización. Esa diferenciación consolidó al frente sindical como un polo de mayor confrontación directa frente al oficialismo.

Tensión interna y respaldo a Furlán

En simultaneo al rechazo parlamentario, el FreSU hizo pública una declaración de apoyo al titular de la UOM, Abel Furlán, en la antesala de elecciones clave en el gremio metalúrgico. El espacio denunció una “campaña de hostigamiento” y “operaciones mediáticas” destinadas a debilitar su conducción.

El comunicado apuntó también contra el empresario Paolo Rocca, a quien identificaron como uno de los principales exponentes del poder económico enfrentado con la UOM en la discusión por salarios y condiciones laborales en el sector siderúrgico y metalúrgico. Según el FreSU, los cuestionamientos a Furlán buscan intervenir indirectamente en el proceso electoral interno y erosionar una conducción que calificaron de “valiente” frente a las presiones empresariales.

La disputa excede la coyuntura legislativa. En el trasfondo se cruzan la pulseada por el rumbo del movimiento obrero, la estrategia frente al Gobierno y la reorganización interna de los gremios en un ámbito de caída del poder adquisitivo y reformas estructurales.

Con el Senado como próximo escenario decisivo, el conflicto sindical vuelve a ocupar el centro de la escena política. El grado de adhesión que logre la movilización del viernes y la eventual participación de la CGT marcarán el volumen real de la resistencia gremial frente al oficialismo.

Más allá del resultado parlamentario, la convocatoria del FreSU confirma que el movimiento obrero atraviesa una etapa de reconfiguración interna y de redefinición de liderazgos. La discusión ya no se limita al texto de la reforma laboral: también pone en juego el modelo de representación sindical y la capacidad de articulación frente a un Gobierno decidido a avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.