El gobernador y el ministro del Interior acordaron no acelerar decisiones sobre un eventual adelantamiento de los comicios provinciales. La prioridad pasa por los cambios en las reglas electorales y las negociaciones entre la Nación y las provincias.

La reunión reservada entre el gobernador Marcelo Orrego y el ministro del Interior, Diego Santilli, dejó una definición política concreta: no habrá apuro para resolver el calendario electoral de San Juan. Ambos coincidieron en mantener abiertas todas las alternativas mientras se terminan de delinear las reformas que impulsan tanto la Casa Rosada como el gobierno provincial.

Según fuentes cercanas a las conversaciones, el mensaje transmitido por el funcionario nacional fue claro: evitar movimientos prematuros y esperar que se ordene el tablero político antes de fijar una posición sobre un eventual adelantamiento de las elecciones locales. La postura encontró receptividad en el gobernador, que también prefiere administrar los tiempos y reservar cualquier decisión para las instancias previas al cierre de alianzas.

La cautela responde a una discusión que excede a San Juan. El gobierno de Javier Milei busca reunir apoyos para modificar el sistema electoral nacional, con la eliminación de las PASO como principal objetivo. La iniciativa requiere acuerdos parlamentarios y abrió una ronda de conversaciones con gobernadores considerados claves para reunir los votos necesarios en el Congreso.

En ese esquema se inscriben también los contactos con Leandro Zdero, en Chaco, y Rogelio Frigerio, en Entre Ríos. Las negociaciones combinan respaldo político con reclamos provinciales vinculados a financiamiento, infraestructura y obras paralizadas.

San Juan ocupa un lugar relevante dentro de ese plan. Orrego ya comprometió el acompañamiento de los tres diputados nacionales alineados con su gestión a la eliminación de las primarias nacionales. A cambio, la provincia busca acelerar respuestas para proyectos considerados prioritarios, entre ellos la reactivación de la autopista de la Ruta 40 Sur, detenida desde marzo por falta de recursos.

Más allá de la discusión electoral, el vínculo entre el orreguismo y La Libertad Avanza atraviesa uno de sus momentos de mayor sintonía. En ambos espacios destacan coincidencias sobre el rol del Estado, la promoción de inversiones y la necesidad de ofrecer previsibilidad jurídica para atraer capitales.

Esa cercanía, sin embargo, todavía no se traduce en un acuerdo electoral. En el entorno del gobernador sostienen que existe diálogo permanente con la administración nacional, aunque descartan que hoy haya una definición sobre la construcción de un frente común para los próximos comicios.

La incógnita también atraviesa al oficialismo provincial. Mientras algunos dirigentes consideran conveniente repetir la estrategia de competir con identidad propia, otros creen que una coalición más amplia permitiría consolidar una ventaja frente al Partido Justicialista de cara a 2027.

Por ahora, la instrucción que baja desde la Gobernación es no anticipar movimientos. La prioridad sigue puesta en la gestión, en las negociaciones con la Nación y en la definición de las nuevas reglas electorales. Hasta que esas variables no se despejen, Orrego y Santilli parecen coincidir en una misma premisa: ganar tiempo antes de jugar las cartas decisivas.

Un fallo judicial frenó la transferencia del 90% de las acciones de la empresa de agua y saneamiento hasta que se determine su pasivo ambiental. La decisión agrega incertidumbre sobre uno de los procesos más sensibles del plan de privatizaciones impulsado por Javier Milei.

El programa de privatizaciones del Gobierno nacional recibió un nuevo revés judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, Mariano López, ordenó suspender el proceso de venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) hasta que se establezca con precisión el pasivo ambiental de la compañía, un aspecto que, según advirtió, no fue contemplado adecuadamente en la documentación elaborada para avanzar con la operación.

La medida cautelar fue dictada tras una presentación del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, quien cuestionó que el esquema diseñado para la transferencia de la empresa omite elementos considerados esenciales para garantizar el acceso al agua potable y no incorpora una evaluación integral de las obligaciones ambientales acumuladas en el territorio donde presta servicios.

En su resolución, el magistrado sostuvo que cualquier modificación en la gestión de una compañía responsable de la provisión de agua y saneamiento para millones de usuarios requiere analizar previamente los impactos que podrían derivarse sobre derechos protegidos por la Constitución Nacional, entre ellos el acceso al agua y la preservación ambiental. El fallo también alertó sobre la posibilidad de que una futura concesión reduzca exigencias regulatorias o postergue inversiones consideradas estratégicas.

La decisión judicial introduce un obstáculo relevante para una de las operaciones más emblemáticas del programa de reformas impulsado por la administración de Javier Milei. AySA constituye una de las principales empresas de servicios públicos del país y su eventual privatización se ubica entre los proyectos de mayor impacto económico y político dentro del plan de reorganización estatal.

El expediente, además, se inscribe en una secuencia de cuestionamientos que alcanzan a otros procesos de transferencia de activos públicos. En este sentido, la Justicia Federal de General Roca analiza planteos vinculados a la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, otro de los activos estratégicos incluidos en la agenda oficial.

La controversia también alcanzó al Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo responsable de intervenir en la valuación de bienes estatales. En el centro de las observaciones aparece su presidente, Julio Roberto Villamonte, quien reconoció haber informado al Ministerio de Economía sobre la imposibilidad de avanzar con tasaciones vinculadas a empresas como AySA, Transener, Nucleoeléctrica Argentina, Belgrano Cargas e Intercargo sin una consulta previa al resto de los integrantes del cuerpo.

Esa admisión abrió interrogantes sobre el procedimiento utilizado para avanzar en operaciones de alta relevancia patrimonial. El reglamento interno del organismo otorga al presidente la representación institucional, aunque establece que los asuntos de especial importancia deben contar con acuerdo previo del cuerpo colegiado. La discusión jurídica gira ahora en torno a si compañías estratégicas para la infraestructura energética, el transporte y los servicios públicos pueden quedar fuera de esa categoría.

Uno de los casos más sensibles es el de Nucleoeléctrica Argentina. La compañía, que opera las centrales nucleares del país y mantiene resultados económicos positivos, continúa sin una definición sobre su valuación. De acuerdo con información difundida por especialistas consultados por medios económicos, su valoración podría ubicarse entre los 10.000 y los 11.000 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de los activos involucrados y la necesidad de procedimientos técnicos rigurosos antes de cualquier decisión sobre su futuro.

Las objeciones no se limitan a cuestiones administrativas. Diversos cuestionamientos apuntan a la posibilidad de que organismos externos al Tribunal de Tasaciones hayan asumido funciones para las cuales no cuentan con equipos especializados en valuación de activos complejos, especialmente en áreas vinculadas a infraestructura energética y servicios públicos.

Mientras el Gobierno busca acelerar su programa de desinversión estatal, la intervención de la Justicia incorpora una variable capaz de modificar los tiempos previstos para varias operaciones. El fallo sobre AySA no resuelve la discusión de fondo sobre la privatización, pero establece una condición previa que podría convertirse en un antecedente para otros expedientes en marcha: antes de transferir activos estratégicos, el Estado deberá demostrar con precisión cuál es el valor económico, ambiental y patrimonial de los bienes que pretende poner en el mercado.

Las ventas en supermercados y comercios volvieron a caer en mayo. La retracción alcanza a artículos esenciales de alimentación, higiene y limpieza, una señal que expone el deterioro persistente del poder adquisitivo de los hogares.

La recuperación del consumo masivo continúa sin aparecer. Las ventas en supermercados, autoservicios y comercios de cercanía registraron en mayo una caída del 4,2% respecto del mismo mes del año pasado y del 2,9% frente a abril, según el último relevamiento de Scanntech. Con estos números, la Argentina acumula más de dos años de retroceso casi ininterrumpido en las compras cotidianas, una anomalía incluso para una economía acostumbrada a los ciclos de ajuste.

El dato adquiere mayor relevancia porque la contracción ya no se concentra en bienes durables o gastos prescindibles. La reducción alcanza a productos de uso diario que forman parte de la canasta básica de millones de hogares. El único rubro que mostró una leve mejora fue el de alimentos esenciales, con un crecimiento apenas superior al 1% interanual, una variación insuficiente para modificar la tendencia general y que además coincide con un consumo difícilmente sustituible.

Las bebidas volvieron a encabezar las mayores bajas. El volumen comercializado retrocedió 9% frente a mayo de 2024 y 8,3% respecto del mes anterior. Dentro de esa categoría aparecen algunos de los indicadores más elocuentes del deterioro del ingreso familiar: los jugos en polvo cayeron 18,1%, las aguas saborizadas 13% y las gaseosas cerca de 7%.

La pérdida de ventas en artículos de bajo costo revela un cambio más profundo que una simple modificación de hábitos de consumo. Cuando los hogares reducen la compra de productos económicos, la explicación suele encontrarse menos en las preferencias y más en la necesidad de priorizar gastos indispensables.

La misma tendencia atraviesa a los productos de limpieza e higiene personal. Las ventas para el hogar descendieron más de 9% interanual y la lavandina registró una retracción del 11,2%. En cuidado personal, los desodorantes bajaron 12,7%, los shampoos 7,2% y las pastas dentales 4,7%.

Detrás de esos porcentajes aparece una conducta cada vez más extendida: compras más espaciadas, envases más pequeños, sustitución por marcas de menor valor y postergación de reposiciones. Son estrategias domésticas orientadas a administrar ingresos que pierden capacidad de compra frente al peso creciente de los gastos fijos.

Ni siquiera las promociones lograron revertir el escenario. Los hipermercados, que concentran buena parte de las ofertas bancarias y descuentos con billeteras virtuales, registraron una caída interanual del 3,7%, la más pronunciada entre los distintos canales comerciales.

Los tickets promedio reflejan con claridad ese cambio de comportamiento. En las grandes superficies apenas superan los 12.000 pesos y equivalen a unas cinco unidades por compra.

En los comercios de proximidad rondan los 8.000 pesos y representan poco más de tres productos. La lógica predominante ya no es la compra de abastecimiento sino la adquisición puntual de aquello que resulta indispensable para atravesar la semana o incluso el día.

La retracción tampoco distingue geografías. El Área Metropolitana de Buenos Aires registró una baja del 3,2%; el Norte y el Litoral, del 2,3%; mientras que el Centro y el Sur del país mostraron una contracción del 6,7%. En todas las regiones relevadas las ventas retrocedieron tanto en la comparación interanual como frente al mes previo.

Más allá de las estadísticas, el fenómeno expone una transformación silenciosa en la economía doméstica. El ajuste ya no se limita a la postergación de un electrodoméstico, un viaje o una compra importante. Hoy alcanza a productos elementales como un desodorante, una lavandina o un jugo en polvo. Cuando los hogares comienzan a recortar incluso esos consumos, la caída deja de ser un indicador comercial para convertirse en una señal directa del deterioro social que atraviesa una parte creciente de la población.