Convencida de que el Gobierno avanzará con cambios estructurales en la legislación laboral, la CGT decidió pasar de la resistencia pura a una estrategia de incidencia política: elabora una propuesta alternativa para negociar en el Congreso y preservar los pilares del modelo sindical.

La Confederación General del Trabajo (CGT) asumió que el debate por la reforma laboral ya no es una hipótesis, sino un escenario inminente. Con esa lectura, la central obrera resolvió redefinir su estrategia y comenzó a trabajar en una propuesta alternativa que le permita incidir en el texto final que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso, con el objetivo de limitar el alcance de los cambios y preservar los ejes centrales del actual modelo sindical.

La decisión fue adoptada en el seno de la mesa chica cegetista, junto al nuevo triunvirato de conducción y dirigentes históricos del espacio, tras analizar el nuevo equilibrio político que dejó la aprobación del Presupuesto 2026. En la CGT interpretan que el Gobierno logró consolidar poder parlamentario y capacidad de articulación con gobernadores y bloques legislativos, una dinámica que ahora intentará replicar para avanzar con reformas estructurales en el régimen laboral.

Frente a ese panorama, la central obrera optó por una estrategia de doble carril. En el plano público, mantendrá un discurso de rechazo firme a la iniciativa libertaria, con el objetivo de marcar límites claros y sostener la cohesión interna. En paralelo, desplegará negociaciones políticas discretas con mandatarios provinciales y legisladores nacionales, buscando preservar los pilares considerados irrenunciables del sistema sindical antes de que el debate llegue formalmente al recinto.

El armado técnico de la propuesta quedó en manos de un grupo reducido de dirigentes y asesores con experiencia parlamentaria y trayectoria en negociaciones laborales. Ese equipo ya comenzó a analizar los artículos más sensibles del proyecto oficial, con la intención de redactar alternativas que atenúen su impacto y puedan resultar viables para los sectores del Gobierno abiertos al diálogo.

No obstante, el diseño de esta hoja de ruta expuso tensiones internas. Dentro de la CGT conviven posturas más confrontativas, que rechazan cualquier tipo de negociación, con otras más pragmáticas, que admiten la posibilidad de introducir modificaciones parciales en la legislación laboral. Esa diferencia atraviesa a la conducción cegetista y se profundizó luego de que el oficialismo demostrara su capacidad para sumar apoyos clave, especialmente en el Senado.

En ese contexto, la central obrera impulsa una estrategia de negociación segmentada, con gestiones caso por caso ante gobernadores y bloques legislativos. El objetivo es bloquear los artículos considerados innegociables, como la vigencia de los convenios colectivos nacionales, la ultraactividad de los acuerdos laborales y los mecanismos de financiamiento sindical, que constituyen la columna vertebral del modelo gremial argentino.

Al mismo tiempo, en la CGT admiten que existe margen para discutir otros aspectos vinculados al derecho individual del trabajo, como el régimen de vacaciones o el esquema de indemnizaciones. Esa apertura no implica un aval a la reforma oficial, sino una lógica que en la central definen como de “reducción de daños”, orientada a evitar un avance integral sobre la estructura sindical.

La CGT eligió anticiparse al debate y pasar a la ofensiva política. Con una contrarreforma en elaboración, el sindicalismo busca dejar de ser un actor meramente reactivo y convertirse en un jugador con capacidad de negociación real frente al Gobierno. En una situación adversa y con un oficialismo fortalecido, la disputa por la legislación laboral se perfila como uno de los ejes centrales del año parlamentario, con final abierto y alto impacto político y social.

Tras once meses consecutivos de retracción, diciembre mostró un crecimiento en las ventas del comercio sanjuanino. Sin embargo, el balance anual volvió a dejar en evidencia un problema estructural: la rentabilidad continúa deteriorándose y obliga a muchos comercios a operar con márgenes mínimos o incluso a pérdida.

El cierre de 2025 dejó una fotografía ambigua para el comercio sanjuanino. Según el informe difundido por la Cámara de Comerciantes Unidos, diciembre fue el único mes del año en registrar un crecimiento en las ventas, impulsado por el consumo estacional de las fiestas y un mayor movimiento en los centros comerciales. Las cifras mostraron un aumento interanual del 5% respecto de diciembre de 2024 y un repunte del 10% en comparación con noviembre.

No obstante, el dato positivo del volumen vendido contrastó con un indicador clave que encendió señales de alerta: la rentabilidad cayó un 3% durante el último mes del año. El fenómeno refleja una realidad que se repite en distintos puntos del país: vender más no necesariamente implica ganar más. El incremento sostenido de los costos operativos, los gastos financieros asociados a las ventas en cuotas y la necesidad de absorber aumentos para no perder clientela terminaron erosionando los márgenes.

El balance anual confirma que el repunte de diciembre no logró compensar un año marcado por la debilidad del consumo. En promedio, las ventas de 2025 registraron caídas de entre el 5% y el 8%, con un impacto especialmente fuerte en rubros sensibles como indumentaria, calzado, muebles, decoración y alimentos. La contracción del poder adquisitivo consolidó un patrón de “consumo defensivo”, en el que los hogares priorizaron gastos esenciales y postergaron compras no urgentes.

En este sentido, el informe puso el foco en la transformación de los medios de pago. El 50% de las operaciones se realizó con tarjeta de crédito, lo que evidencia una creciente dependencia del financiamiento para sostener el nivel de ventas. Las billeteras virtuales y transferencias concentraron el 30% de las transacciones, mientras que el uso de efectivo cayó al 20%, una señal clara de los cambios en los hábitos de consumo y de la presión que ejercen las tasas y los plazos de cobro sobre la estructura financiera de los comercios.

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos fueron contundentes en su diagnóstico. Si bien reconocieron el alivio coyuntural de diciembre, advirtieron que el nivel actual de ventas sigue siendo insuficiente para recomponer la rentabilidad del sector. En muchos casos, señalaron, los comercios están operando con márgenes extremadamente reducidos o directamente a pérdida, con el único objetivo de mantener las puertas abiertas y preservar los puestos de trabajo.

Jaime Barcelona, dirigente de Adicus, realizó un balance negativo de 2025 para los docentes universitarios y anticipó un escenario de fuerte conflictividad para el próximo año. Salarios deteriorados, paritarias clausuradas y un presupuesto que recorta la inversión educativa configuran, advierte, un rumbo que amenaza el futuro de la universidad pública y del desarrollo nacional.

El cierre de 2025 encuentra a la docencia universitaria atravesada por un clima de profunda preocupación. Así lo expresó Jaime Barcelona, al realizar un balance del año y proyectar los desafíos que se avecinan. “Ha sido un año negativo para todos los trabajadores”, sintetizó, al señalar que los docentes universitarios no escaparon al deterioro general provocado por la combinación de inflación, caída salarial y un ajuste que definió como “brutal”.

Según explicó, el impacto no se limita a la pérdida del poder adquisitivo. A la degradación de los ingresos se suma una amenaza persistente sobre el financiamiento de las universidades, que compromete el normal funcionamiento del sistema educativo superior. “El gobierno mantiene una política de desfinanciamiento que pone en riesgo la continuidad de nuestro trabajo”, advirtió.

La preocupación se profundiza ante la aprobación del Presupuesto 2026, que fue duramente cuestionado por los gremios universitarios, científicos y estatales. Barcelona reveló que el sector recibió un instructivo de liquidación salarial con aumentos del 1% mensual para todo el próximo año, con apenas algunas excepciones del 2,5%. “Esto consolida la pérdida del poder adquisitivo y profundiza el ajuste sobre los trabajadores universitarios”, afirmó, al tiempo que denunció la decisión oficial de no convocar a paritarias y fijar aumentos por decreto.

En ese contexto, anticipó que el inicio del ciclo lectivo 2026 estará atravesado por la conflictividad. “Estamos discutiendo con las bases cómo continuar, porque este escenario no deja margen”, señaló.

Para el dirigente sindical, la aprobación del presupuesto representa un quiebre histórico. Por primera vez en décadas, el Estado se desliga del compromiso de destinar un porcentaje mínimo del PBI a la educación y deja las actualizaciones salariales libradas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. “Es un golpe directo y profundo al sistema educativo argentino”, sostuvo.

Barcelona fue más allá y vinculó estas decisiones con un modelo de país que, a su entender, renuncia al desarrollo industrial y científico. “Este gobierno no apuesta a la educación, la ciencia ni la técnica porque su proyecto es un país primarizado, exportador de commodities”, afirmó. En esa lógica, la universidad pública y el sistema científico resultan prescindibles.

Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación, a través del artículo 30 del presupuesto, del histórico piso del 6% del PBI para educación. Para el dirigente, se trata de uno de los retrocesos más graves desde la recuperación democrática. “Los países que piensan su desarrollo invierten en educación e industria. Este es un modelo retrógrado que nos devuelve a la Argentina posterior a la generación del 80”, comparó, al advertir que incluso se desandan conquistas previas al impulso educativo promovido por Sarmiento.

El diagnóstico de Jaime Barcelona dibuja un escenario inquietante para la universidad pública y el conjunto de los trabajadores. Con salarios en retroceso, paritarias cerradas y un presupuesto que consolida el ajuste, el conflicto aparece como una consecuencia inevitable. “La pelea va a ser por el presupuesto, por la educación y por la reapertura de paritarias, y se va a dar en la calle”, anticipó.

En una situación de creciente tensión social, el debate trasciende lo sectorial y vuelve a plantear una discusión de fondo: qué modelo de país se construye cuando la educación, la ciencia y el conocimiento dejan de ser una prioridad estratégica. Para los docentes universitarios, la respuesta no admite neutralidad y el 2026 se perfila como un año decisivo en esa disputa.