La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anunció un paro nacional de 24 horas para el miércoles 7 de mayo en plantas metalúrgicas y siderúrgicas de todo el país, en el inicio de un plan de lucha por mejoras salariales. La medida es parte de un esquema de protestas aprobado por el Congreso Nacional de Delegadas y Delegados Metalúrgicos 2025.

La UOM, liderada por Abel Furlán, busca presionar por mejoras salariales tras el fracaso de las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias. En la última audiencia, las patronales ofrecieron un incremento del 2% para abril y 1% para mayo y junio, propuesta que la UOM rechazó por considerarla insuficiente frente a la inflación.

El plan de lucha incluye una serie de protestas escalonadas, con paros de 24, 48 y 72 horas en las semanas siguientes. Las fechas exactas de los paros aún no fueron definidas, pero se espera que tengan un impacto significativo en la industria metalúrgica y siderúrgica.

La UOM ya había realizado paros y movilizaciones en marzo de 2024, que paralizaron empresas como Ternium, Acindar y Tenaris. En aquella oportunidad, los trabajadores lograron algunos avances en sus reclamos salariales.

El plan de lucha de la UOM es un claro mensaje de rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, que han generado una gran incertidumbre en el sector industrial. La UOM busca presionar por mejores salarios y condiciones laborales más favorables para sus afiliados.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-INDEC) lanzó un duro informe en el que advierte que los salarios del sector público perdieron más de la mitad de su poder adquisitivo en los últimos ocho años y medio. El gremio reclama la reapertura inmediata de las paritarias y califica de «insuficiente y humillante» el último aumento otorgado por el gobierno nacional.

Según datos elaborados por ATE-INDEC, en diciembre de 2016 un salario base de categoría D0 equivalía, en valores actuales, a más de $1.300.000. En la actualidad, ese mismo sueldo apenas supera los $600.000, lo que representa una pérdida del 60% del poder de compra. La caída se replica en todas las escalas del empleo público, confirmando un deterioro sostenido del ingreso real de los estatales.

El gremio apuntó contra las políticas de ajuste aplicadas durante los últimos años, pero fue especialmente crítico con la administración de Javier Milei. «Milei amenaza con que esto va a continuar: más despidos y más recortes salariales», señalaron desde ATE-INDEC, acusando al gobierno de llevar adelante un «ataque sistemático» contra el Estado y sus trabajadores.

Además del rechazo al magro incremento del 1,3%, el sindicato puso el foco en la situación crítica de los empleados bajo régimen de monotributo. Según denunciaron, «ni siquiera hay rumores de aumento» para este sector, lo que agrava aún más la precarización laboral dentro del Estado.

La denuncia de ATE-INDEC se produce en un contexto de creciente tensión laboral y malestar entre los empleados públicos. Con el gobierno insistiendo en su política de recorte del gasto, y los sindicatos en pie de lucha por mejoras salariales urgentes, el conflicto promete escalar si no se reabre el diálogo en paritarias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una herramienta digital que permite a sus empleados gestionar su afiliación o desafiliación a los sindicatos que operan en el organismo. Sin embargo, la medida generó un fuerte rechazo por parte de los gremios AEFIP y SUPARA, que consideran que se trata de una intromisión ilegítima en la vida interna de los sindicatos y una vulneración de la autonomía sindical.

La herramienta digital, implementada a través del sistema interno SARHA, permite a los 19.270 empleados de ARCA notificar de manera ágil su decisión respecto a la afiliación sindical. El sistema también informa el porcentaje del salario que se destina al sindicato en caso de afiliación, o el monto que se recuperaría en caso de desafiliación. Sin embargo, los gremios AEFIP y SUPARA expresaron su profundo rechazo a la implementación de esta opción digital, señalando que constituye un acto de injerencia patronal prohibido por las leyes laborales argentinas y los tratados internacionales ratificados por el país.

Según los gremios, la afiliación sindical es un derecho personal y voluntario del trabajador, que se ejerce directamente con la organización sindical, y que la patronal no tiene competencia legal para administrar, procesar ni gestionar decisiones de afiliación o desafiliación. Además, advierten que el tratamiento de datos personales sensibles, como la pertenencia a una organización sindical, está protegido por la Ley 25.326, que exige el consentimiento informado y limita su uso estrictamente a quien tenga competencia legítima.

La implementación de esta herramienta digital se produce en un contexto de conflicto por la caída de los salarios en ARCA y la Aduana, y ha sido interpretada por los gremios como un intento del Gobierno de debilitar la organización sindical en medio de las tensiones laborales. Los sindicatos exigen la inmediata suspensión de este canal digital y anuncian que evaluarán llevar el caso a la justicia y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).