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AOMA y la cámara empresaria de la Rama Abrasivos de la actividad acordaron hoy un aumento salarial del 40 por ciento a partir del 1 de enero próximo y el pago de un bono extraordinario de fin de año .

El acuerdo paritario regirá entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021, e incluyó un bono extraordinario por la pandemia de coronavirus de 12 mil pesos remunerativos, que «no se acumulará con otros y será compensado y/o absorbido por las sumas que las empresas abonen o hayan pagado de forma voluntaria o por cualquier otro pago extraordinario».

Un documento del sindicato firmado por el secretario general, Héctor Laplace, indicó que ese bono se abonará hacia fines de diciembre y que «será compensado y/o absorbido por las sumas pagadas de forma voluntaria o por cualquier otro pago extraordinario, remunerativo o no, que las compañías pudiesen disponer en el futuro», puntualizó.

A partir del 1 de enero se incrementarán en un 40 por ciento los jornales básicos vigentes al 1 de julio último, y se absorberán los aumentos previstos en el acuerdo complementario firmado entre las partes el 26 de agosto y en el decreto presidencial 14/20, afirmó Laplace.

El dirigente reseñó que el Gobierno declaró a la minería como «actividad esencial» y la incluyó en las excepciones al régimen de aislamiento mediante la decisión administrativa 450/20, reglamentaria del decreto oficial 297/20, como consecuencia de la emergencia.

Los mineros cumplieron sus tareas desde marzo último de forma presencial, a excepción de los casos «excepcionales», para los que se prorrogaron los términos y vigencia del acuerdo de suspensión preventiva del 29 de abril último sobre la base de las disposiciones estipuladas por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), en vigencia.

«Mientras se extiendan las suspensiones y se presten tareas, los trabajadores afectados percibirán de forma no remunerativa el 75 por ciento del salario bruto del período respectivo, que solo tributará las contribuciones de ley y la cuota sindical», concluyó.

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El FMI exige una reforma laboral: un desafío para el gobierno y los trabajadores

El Gobierno nacional avanza en el diseño e implementación de la reforma laboral, exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición para el apoyo financiero y político. La reforma busca reducir la informalidad y promover la creación de empleo formal, pero genera debate y resistencia entre los trabajadores y sindicatos.

La reforma laboral es una de las principales exigencias del FMI para Argentina, y el Gobierno busca implementarla antes de abordar otras reformas, como la fiscal y la previsional. La entidad internacional insiste en que la reforma debe «mejorar el clima de inversiones» en Argentina, lo que implica avanzar en la flexibilización de los contratos de trabajo y la reducción de la carga impositiva. Esto significa que los trabajadores tendrán menos protecciones y derechos, y los empresarios podrán contratar y despedir con mayor facilidad.

El Gobierno busca implementar cambios graduales que bajen el costo laboral sin generar una ruptura social o sindical masiva. Sin embargo, esto no es más que un intento de maquillar la realidad: la reforma laboral es un ataque directo a los derechos de los trabajadores y una forma de precarizar aún más el empleo.

La reforma laboral es un tema complejo y controvertido, que genera debate y resistencia entre los trabajadores y sindicatos. La propuesta de flexibilizar los contratos de trabajo y reducir la carga impositiva puede tener un impacto positivo en la creación de empleo formal, pero también puede generar precarización y pérdida de derechos para los trabajadores.

La CGT y otros sindicatos rechazan de plano cualquier reforma que implique pérdida de derechos y exigen un consenso amplio para cualquier cambio. El Gobierno enfrenta el desafío de cumplir con las metas del FMI sin generar estallidos sociales ni confrontaciones sindicales.

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Más de 5,7 millones de personas trabajan en la informalidad en Argentina

Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la informalidad laboral alcanzó al 42% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2024. Esto significa que más de 5,7 millones de personas trabajan sin aportes a la Seguridad Social, sin cobertura de salud y con salarios inferiores a los que están registrados.

La informalidad laboral es un problema crónico en el país, y los últimos datos del INDEC lo confirman. En el cuarto trimestre de 2024, el 42% de la población ocupada se encontraba en situación de informalidad, lo que equivale a más de 5,7 millones de personas.

El empleo no formal es particularmente alto en ciertos sectores, como el servicio doméstico, donde el 77% de los trabajadores no están registrados. Los trabajadores por cuenta propia también se ven afectados, con una tasa de informalidad del 62,4%. Los jóvenes menores de 29 años son los más vulnerables, con una tasa de informalidad del 58,7%. Las mujeres también se ven afectadas, con una tasa de informalidad del 43,4%, lo que refleja la persistencia de la brecha de género en el mercado laboral.

El trabajo en negro tiene graves consecuencias para los trabajadores y la sociedad en general. Los trabajadores informales no tienen acceso a la Seguridad Social, lo que significa que no tienen cobertura de salud, jubilación ni protección en caso de accidentes laborales. Además, los salarios de los trabajadores informales suelen ser inferiores a los de los trabajadores formales, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad. La informalidad laboral también limita la capacidad del Estado para invertir en políticas públicas y servicios esenciales, lo que afecta a toda la sociedad.

El trabajo no registrado es un problema complejo que requiere una solución integral. Es fundamental que el Estado tome medidas para reducir la informalidad laboral y garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a los mismos derechos y beneficios. Esto puede incluir la implementación de políticas públicas que fomenten la formalización del empleo, como la reducción de cargas impositivas y la simplificación de los trámites administrativos.

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La Federación de la carne rechazó la propuesta de aumento salarial del 4%

La Federación de la Industria de la Carne rechazó una propuesta de recomposición salarial del 4% para abril, argumentando que la devaluación del salario tras la liberación del cepo cambiario hace que el aumento sea insuficiente. El gremio conducido por Alberto Fantini consideró que la oferta es incompatible con la nueva realidad económica.

La reunión privada celebrada el 15 de abril entre la Federación de la Industria de la Carne y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas –CEPA- no llegó a un acuerdo sobre la recomposición salarial para abril. El ofrecimiento de un aumento del 4% fue considerado insuficiente por el gremio, que argumentó que la devaluación del salario tras la liberación del cepo hace que el aumento no sea suficiente para cubrir las necesidades de los trabajadores.

La crítica sindical se da en un contexto de cambios abruptos en la política cambiaria del país. Tras el acuerdo con el FMI y la liberación del cepo cambiario, el Gobierno implementó un nuevo régimen de tipo de cambio flotante, que llevó el dólar oficial a oscilar alrededor de los 1.230 pesos, provocando una devaluación del 12% en un solo día. Esta medida, aunque celebrada por algunos sectores empresarios, encareció fuertemente el costo de vida para los trabajadores.

El rechazo a la oferta de recomposición salarial por parte de la Federación de la Carne puede tener consecuencias importantes para los empleados del sector. Si no se llega a un acuerdo, es posible que se produzcan conflictos laborales y paros en las plantas procesadoras de carne. Además, la devaluación del salario puede tener un impacto negativo en la economía en general, ya que los trabajadores tendrán menos poder adquisitivo y podrán consumir menos bienes y servicios.

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