La petrolera estatal YPF actualizó sus precios a fines de abril con variaciones acotadas. Mientras las naftas registraron subas marginales, el gasoil mostró leves retrocesos. En contrapartida, el nivel de consumo en la provincia se sostiene e incluso exhibe signos de crecimiento, en contraste con la tendencia nacional.

El cierre de abril trajo consigo un nuevo movimiento en los surtidores de San Juan, aunque con una dinámica más moderada respecto de ajustes anteriores. Desde el primer minuto del miércoles 29, las estaciones de servicio de YPF aplicaron una actualización de precios que, en términos generales, se ubicó en una franja de entre el 0,3% y el 1,5%, configurando un escenario de relativa estabilidad en el mercado local de combustibles.

En este marco, la nafta Súper pasó de $2.096 a $2.102 por litro, lo que representa un incremento del 0,3%. En la misma línea, la Infinia avanzó de $2.282 a $2.288, con una suba del 0,26%. Se trata de variaciones contenidas que, si bien consolidan una tendencia alcista, lo hacen con una intensidad menor a la observada en meses previos.

Distinto fue el comportamiento en el segmento del gasoil, donde se verificaron ligeras correcciones a la baja. El Diesel 500 descendió de $2.195 a $2.185 (-0,45%), mientras que el Infinia Diesel retrocedió de $2.368 a $2.358, con una disminución del 0,42%. En tanto, el GNC también registró un ajuste y se ubicó en torno a los $750 por metro cúbico.

Más allá de estas fluctuaciones, el dato que sobresale en la plaza sanjuanina es la resiliencia del consumo. A contramano de lo que ocurre en otras regiones del país —donde los incrementos suelen impactar de manera directa en la demanda—, las estaciones de servicio locales continúan reportando un flujo sostenido de usuarios. Incluso, fuentes del sector señalan que el volumen de despacho muestra signos de expansión, posicionando a la provincia como una excepción dentro de un contexto nacional caracterizado por la retracción de las ventas minoristas.

Este comportamiento abre interrogantes sobre las particularidades del mercado regional. Factores como la dinámica de la actividad económica local, el peso del transporte y ciertas características estructurales del consumo podrían estar amortiguando el impacto de los aumentos, al menos en el corto plazo.

Organizaciones sindicales del sistema universitario rechazaron una comunicación del Ministerio de Capital Humano que, aseguran, busca limitar el derecho a huelga. Convocaron a una movilización federal en defensa del financiamiento, los salarios y la autonomía de las instituciones.

La disputa en torno al financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo punto de fricción tras el rechazo de los gremios docentes y nodocentes a una comunicación oficial que, según denuncian, pretende condicionar el ejercicio del derecho a huelga. La respuesta sindical incluyó la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo, con concentraciones previstas en distintos puntos del país.

El pronunciamiento fue impulsado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a las principales organizaciones del sector, y se suma al reclamo sostenido por rectores y federaciones estudiantiles en torno al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde estos espacios sostienen que la norma acumula demoras en su aplicación y advierten sobre el deterioro presupuestario que afecta el funcionamiento académico, la investigación y la extensión.

El eje de la controversia se desplazó en los últimos días hacia la relación entre el Gobierno y los trabajadores del sistema. Los gremios interpretaron como una advertencia institucional la nota enviada por el Ministerio de Capital Humano a las casas de estudio, en la que se insta a garantizar la continuidad de las clases. A su entender, el contenido del mensaje supone un intento de disciplinamiento sobre quienes participan de medidas de fuerza. “Parar es un derecho, incumplir la ley es un delito”, afirmaron en un comunicado.

La reacción sindical también se apoya en una tradición que consideran fundacional: la autonomía universitaria y el cogobierno, consagrados desde la Reforma Universitaria de 1918. En esa línea, plantean que la defensa del sistema público de educación superior excede la discusión salarial y se vincula con la preservación de un modelo institucional con reconocimiento histórico en el país.

Desde el ámbito oficial, en tanto, se sostiene la necesidad de garantizar el dictado de clases y el derecho de los estudiantes a cursar con normalidad. Esa posición quedó explicitada en el comunicado que atribuyó a las huelgas la interrupción del servicio educativo, lo que motivó una rápida respuesta de las organizaciones sindicales.

Con este panorama, la situación salarial ocupa un lugar central en la agenda del conflicto. El secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, advirtió sobre el impacto de la inflación en los ingresos del sector y reclamó la apertura de negociaciones paritarias. “Sin recomposición salarial y sin financiamiento adecuado, el sistema universitario enfrenta serias dificultades para sostener su funcionamiento”, sostuvo.

Las medidas de fuerza ya tienen expresiones concretas en algunas instituciones. En la Universidad de Buenos Aires, las asociaciones docentes y del personal anunciaron un paro en rechazo a la postura oficial y denunciaron una política de deterioro progresivo de las condiciones laborales y presupuestarias. En un documento conjunto, señalaron que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo profundizan las dificultades operativas y afectan la calidad educativa.

El calendario judicial también introduce elementos relevantes. La controversia por la ley de financiamiento continúa su curso en los tribunales, con instancias de apelación en marcha y plazos procesales que aún deben cumplirse antes de una eventual intervención de la Corte Suprema. En el entorno de los rectores reconocen que una movilización masiva podría reinstalar el tema con mayor intensidad en la agenda pública.

El Ministerio de Salud extendió el esquema de atención en 16 establecimientos con guardias activas permanentes en áreas clave y mayor disponibilidad para la asignación de turnos. La iniciativa busca mejorar el acceso, acortar tiempos de respuesta y fortalecer la capacidad diagnóstica en territorio.

El sistema sanitario de San Juan avanza en la ampliación de su cobertura con la incorporación de servicios continuos en 16 hospitales y centros de salud distribuidos en distintos departamentos. La medida, impulsada por el Ministerio de Salud provincial, contempla la implementación de guardias activas durante las 24 horas en farmacia, laboratorio y radiología, complementando la atención médica ya existente.

La iniciativa apunta a optimizar la respuesta del primer y segundo nivel de atención, evitando derivaciones innecesarias hacia establecimientos de mayor complejidad y garantizando intervenciones más rápidas frente a urgencias. A su vez, se incorporó personal de admisión con atención extendida hasta las 21 horas para facilitar la asignación de turnos y ordenar la demanda cotidiana.

El anuncio fue realizado por el gobernador Orrego, quien planteó como criterio operativo que cada punto con atención médica disponga también de soporte diagnóstico y farmacológico permanente. Bajo ese esquema, la estrategia oficial busca consolidar una red más resolutiva, con capacidad de respuesta en cercanía y menor dependencia de los hospitales centrales.

La ampliación alcanza a establecimientos ubicados en 25 de Mayo, Valle Fértil, Angaco, Caucete, Albardón, Iglesia, Jáchal, Calingasta, Rivadavia, Rawson, Pocito, Sarmiento, San Martín y Chimbas, entre otros distritos. La cobertura territorial incluye tanto hospitales departamentales como centros de atención primaria, lo que permite articular prestaciones en diferentes niveles del sistema.

Desde la cartera sanitaria subrayan que la disponibilidad permanente de laboratorio, radiología y farmacia fortalece la capacidad de diagnóstico y tratamiento en el lugar de atención, reduce tiempos de espera y mejora la calidad del servicio. El refuerzo también busca responder a una demanda sostenida, particularmente en zonas alejadas de la capital provincial.