La UTA San Juan elevará un pedido formal a la cámara empresaria para que los colectivos de la Red Tulum dejen de circular mientras se dispute la final entre Argentina y España. La iniciativa surgió luego de los graves incidentes registrados tras la clasificación del seleccionado nacional y ahora deberá ser evaluada por ATAP y la Secretaría de Tránsito y Transporte.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan impulsará una solicitud para que el servicio de colectivos de la Red Tulum sea suspendido de manera preventiva durante la final del Mundial que disputarán Argentina y España el próximo domingo. La iniciativa responde a los episodios de violencia y descontrol registrados tras la victoria del seleccionado argentino frente a Inglaterra, cuando numerosas unidades quedaron rodeadas por una multitud que puso en riesgo la integridad de choferes y pasajeros.

El planteo será presentado ante la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), entidad que representa a las empresas prestatarias del servicio urbano. La propuesta contempla que los colectivos interrumpan su circulación desde el inicio del encuentro, previsto para las 16, y retomen los recorridos aproximadamente una hora después del pitazo final, cuando disminuya la concentración de personas en las calles.

No obstante, la presentación del gremio no implica la aplicación automática de la medida. La decisión final dependerá del análisis que realicen tanto ATAP como la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan, organismos que deberán ponderar el equilibrio entre la prestación de un servicio público esencial y la necesidad de resguardar la seguridad de trabajadores y usuarios.

La nota formal, que aún se encuentra en elaboración, será remitida antes del viernes para permitir que las autoridades dispongan del tiempo suficiente para evaluar alternativas operativas y definir el esquema de funcionamiento del transporte durante la jornada deportiva.

Desde la conducción sindical explicaron que el objetivo es evitar que se repitan los desbordes observados tras la semifinal, cuando decenas de personas viajaron colgadas de las ventanillas, sobre los estribos e incluso en los techos de las unidades, exponiéndose a accidentes de extrema gravedad y dificultando la conducción de los vehículos en distintos puntos de la capital sanjuanina.

El episodio más grave afectó a un conductor de la empresa Mayo, quien fue atacado mientras cumplía su recorrido. Según denunciaron desde el gremio, varios individuos ingresaron por la ventanilla de la cabina, lo agredieron físicamente y le sustrajeron sus pertenencias, un hecho que incrementó la preocupación por las condiciones en las que debieron desempeñar sus tareas los trabajadores del transporte.

Los festejos también generaron una fuerte demanda sobre el operativo de seguridad desplegado en el microcentro. De acuerdo con datos oficiales, unas 30.000 personas se concentraron en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo para celebrar el pase a la final. Como saldo de la jornada, la Policía demoró a 24 personas por distintos hechos vinculados con disturbios, consumo de alcohol en la vía pública, intentos de robo y conducción bajo los efectos del alcohol.

La eventual suspensión del servicio durante acontecimientos deportivos de alta convocatoria constituye una medida excepcional, ya que el transporte público es considerado un servicio esencial para garantizar la movilidad urbana. Sin embargo, los antecedentes de incidentes registrados en celebraciones masivas llevaron al sindicato a priorizar la prevención frente al riesgo de nuevos episodios de violencia.

En las próximas horas, las autoridades provinciales definirán si hacen lugar al planteo de la UTA o mantienen el cronograma habitual de la Red Tulum. La resolución no solo impactará en miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte público, sino que también marcará el criterio con el que San Juan afrontará futuros eventos multitudinarios en los que la seguridad vial y la protección de trabajadores vuelven a ocupar el centro del debate.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) estimó que en junio un trabajador necesitó $3.000.352 mensuales para cubrir las nueve necesidades básicas contempladas en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. La organización sostuvo que esa cifra representa más de ocho veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente y denunció un profundo deterioro del poder adquisitivo, acompañado por un fuerte incremento del endeudamiento de los hogares.

El debate sobre el salario mínimo volvió a instalarse con fuerza tras el informe difundido por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal), que calculó que un trabajador argentino necesitó en junio de 2026 un ingreso mensual de $3.000.352 para satisfacer las necesidades básicas que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según la entidad, el monto supera en más de ocho veces el actual Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), fijado por el Gobierno en $328.400, al que calificó como el más bajo de la historia en términos de poder adquisitivo.

El estudio sostiene que la distancia entre el salario legal y el costo de una vida digna se amplió significativamente desde diciembre de 2023. De acuerdo con el FreSU, los trabajadores acumularon una pérdida superior a $67 billones en ingresos laborales desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, producto del desfase entre la evolución de los salarios y el incremento del costo de vida.

La organización afirmó que el deterioro se profundizó durante los últimos siete meses. En ese período, los salarios reales del sector público retrocedieron más del 6%, mientras que los del sector privado registraron una caída superior al 5%, consolidando una nueva pérdida de capacidad de compra pese a la desaceleración de la inflación.

El informe también dimensiona el impacto sobre los ingresos individuales. Según sus cálculos, cada trabajador del sector privado resignó más de $2,5 millones de poder adquisitivo desde el comienzo de la actual administración nacional, mientras que la pérdida acumulada para cada empleado estatal supera los $14 millones.

Como consecuencia de ese proceso, el FreSU advierte que el financiamiento mediante crédito dejó de ser una herramienta coyuntural para convertirse en un mecanismo de supervivencia de los hogares. La entidad sostiene que el endeudamiento de las familias aumentó en $46 billones desde diciembre de 2023, al tiempo que la morosidad en los préstamos se cuadruplicó durante el último año, evidenciando el deterioro de los ingresos reales de los sectores activos y pasivos.

Para fundamentar su estimación sobre el salario mínimo necesario, el frente sindical tomó como referencia las nueve necesidades que la legislación argentina establece como piso para garantizar una vida digna. El cálculo contempla $640.428 para alimentación, $596.339 para vivienda, $268.502 para educación, $148.624 para vestimenta, $365.553 para salud, $650.867 destinados a transporte, esparcimiento y vacaciones, además de $330.039 para previsión social, entre otros componentes que integran el concepto legal del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El planteo adquiere relevancia en momentos en que la política salarial constituye uno de los principales focos de discusión entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y el sector empresario. Mientras el Poder Ejecutivo sostiene que la prioridad es consolidar el proceso de desinflación y preservar el equilibrio fiscal, las centrales obreras reclaman una actualización del salario mínimo que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido y reactivar el consumo interno.

El FreSU reúne a organizaciones sindicales pertenecientes a las tres centrales obreras del país. Entre ellas se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, la Federación Aceitera y Desmotadora, CONADU, CONADU Histórica, FESPROSA, sindicatos aeronáuticos, marítimos, fluviales, molineros, papeleros y viales, entre otros.

Durante su primer plenario nacional, realizado el 1° de mayo, el espacio aprobó el documento «Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», donde ratificó que el salario mínimo debe cumplir con el mandato constitucional de garantizar una existencia digna mediante la cobertura integral de alimentación, vivienda, educación, salud, vestimenta, transporte, recreación, vacaciones y previsión.

El informe vuelve a evidenciar la profunda brecha entre el sueldo básico y los gastos reales de subsistencia. Esa brecha no solo reabre el debate sobre la actualización del SMVM, sino también sobre el rol de las políticas salariales en un contexto donde la desaceleración inflacionaria aún no logra traducirse en una recuperación sostenida del poder de compra, el consumo y la capacidad económica de los trabajadores argentinos.

Los medicamentos registraron en junio un incremento del 2,9%, un punto porcentual por encima de la inflación general del 1,9% informada por el INDEC. El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos alertó sobre la desprotección del sector ante la suba incesante de precios, lo cual compromete el acceso a los tratamientos de los adultos mayores, pacientes con enfermedades prolongadas y familias de ingresos medios.

Aunque la inflación general volvió a desacelerarse durante junio y se ubicó en el 1,9%, el costo de los medicamentos mantuvo una dinámica muy superior al promedio de la economía. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los remedios aumentaron 2,9% en el mes, es decir, un punto porcentual más que el Índice de Precios al Consumidor, equivalente a una variación 53% superior a la inflación general.

El comportamiento de los precios consolida una tendencia que ya se había observado en mayo. En ese mes, mientras el IPC nacional fue del 2,1%, los medicamentos registraron un incremento del 2,6%, confirmando dos meses consecutivos con aumentos por encima del promedio de la economía y profundizando la pérdida de poder adquisitivo de quienes requieren tratamientos permanentes.

Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), su secretario general, Marcelo Peretta, sostuvo que la evolución de los precios refleja la inexistencia de una política farmacéutica destinada a garantizar el acceso a los medicamentos. El dirigente afirmó que el hecho de que los remedios aumenten sistemáticamente por encima de la inflación constituye una evidencia de la falta de mecanismos eficaces para moderar los valores que pagan los pacientes.

Peretta aclaró que el gremio no propone la gratuidad generalizada de los fármacos, sino una política que permita reducir los precios de venta al público. Según planteó, el problema no radica en que los tratamientos tengan un costo, sino en que ese costo resulta cada vez más difícil de afrontar para amplios sectores de la población.

Las críticas también alcanzaron a las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional. Para el referente sindical, la autorización de nuevas modalidades de comercialización, entre ellas la venta online y otros mecanismos por fuera del circuito tradicional de farmacias, no logró generar mayor competencia ni reducir los precios, mientras que incrementó los riesgos asociados a la automedicación y debilitó los controles sanitarios.

La evolución del mercado farmacéutico adquiere especial relevancia porque los remedios representan uno de los componentes de mayor peso en el gasto de los hogares con adultos mayores y pacientes que padecen enfermedades crónicas. En muchos casos, los tratamientos requieren compras mensuales permanentes, por lo que aumentos superiores a la inflación terminan erosionando con mayor intensidad jubilaciones, salarios y prestaciones sociales.

A ello se suma la reducción de distintas coberturas y modificaciones en programas públicos de asistencia farmacéutica implementadas durante el último año, factores que trasladaron una mayor proporción del costo de los tratamientos al bolsillo de los pacientes. Diversas entidades sanitarias advierten que el alza sostenida en el precio de los remedios provoca que los pacientes interrumpan sus tratamientos, afectando gravemente la salud pública.

Según el INDEC, la inflación acumuló 13,5% en el primer semestre de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó 34,2%, consolidando una desaceleración respecto de los registros de años anteriores. Sin embargo, la evolución de los medicamentos continúa mostrando una dinámica diferente, con incrementos que permanecen por encima del promedio general y reabren el debate sobre la regulación del mercado farmacéutico, la formación de precios y el equilibrio entre rentabilidad empresaria, acceso a los tratamientos y sostenibilidad del sistema de salud.

El comportamiento del rubro será uno de los indicadores más observados durante el segundo semestre. Si la brecha entre la inflación y el precio de los medicamentos persiste, el acceso a los tratamientos volverá a instalarse como uno de los principales desafíos de la política sanitaria, con consecuencias económicas y sociales que exceden al sistema de salud y alcanzan de lleno al poder adquisitivo de millones de argentinos.