La central obrera presentará la encíclica Magnifica Humanitas, el primer documento social de León XIV dedicado a la inteligencia artificial. La iniciativa busca instalar una discusión que gana peso en todo el mundo: cómo regular las nuevas tecnologías para evitar que la innovación se traduzca en pérdida de empleo, deterioro salarial o debilitamiento de derechos.

La irrupción de la inteligencia artificial ya dejó de ser una cuestión exclusivamente tecnológica para convertirse en un tema político, económico y laboral. En ese escenario, la CGT buscará posicionarse en uno de los debates que marcarán las próximas décadas cuando presente el 29 de junio la encíclica Magnifica Humanitas, el primer documento social del papa León XIV centrado en las consecuencias de la transformación digital sobre el trabajo y la vida humana.

La actividad se realizará en el Salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo y reunirá a dirigentes sindicales, especialistas y referentes vinculados a los cambios que atraviesan los sistemas productivos. El objetivo será discutir el papel que deben asumir los Estados, las empresas y las organizaciones de trabajadores frente a una revolución tecnológica que promete elevar la productividad, pero también modificar millones de puestos laborales en todo el mundo.

Firmada el 15 de mayo, al cumplirse 135 años de la Rerum Novarum de León XIII, la encíclica retoma la tradición de la doctrina social de la Iglesia para abordar uno de los desafíos más relevantes del siglo XXI. El texto sostiene que la inteligencia artificial no constituye una amenaza en sí misma, aunque advierte que tampoco puede considerarse una herramienta neutral, ya que sus efectos dependen de quién la desarrolla, financia, regula y utiliza.

Desde la central sindical consideran que la discusión excede el plano técnico y se vincula directamente con la defensa de los derechos laborales. “La tecnología debe estar al servicio del trabajador y no el trabajador al servicio de la máquina”, señalaron desde la conducción de la central al convocar al encuentro.

La preocupación no es aislada. Organismos internacionales, centros de investigación y sindicatos de distintos países vienen alertando sobre el impacto que tendrán la automatización, los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial en sectores industriales, administrativos y de servicios. La discusión ya no gira únicamente en torno a la creación de nuevas herramientas, sino a quién se beneficiará de los incrementos de productividad y bajo qué reglas se distribuirán esos beneficios.

A lo largo de sus cinco capítulos, Magnifica Humanitas plantea la necesidad de fortalecer principios como la solidaridad, la corresponsabilidad y la subsidiariedad para evitar que la innovación tecnológica amplíe brechas económicas o profundice situaciones de exclusión. La premisa que atraviesa el documento es que el progreso técnico sólo adquiere legitimidad social cuando contribuye al desarrollo integral de las personas.

La presentación de la encíclica también refleja una ampliación de la agenda sindical. A los reclamos tradicionales vinculados al salario, el empleo y las condiciones laborales se suma ahora un interrogante de alcance estratégico: cómo garantizar que la revolución digital no derive en nuevas formas de precarización ni en una concentración aún mayor del poder económico.

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio denunció a la cadena Makro por supuestas presiones individuales a gerentes para adherir al “banco de horas” previsto en la reforma laboral. El gremio sostiene que el mecanismo, concebido como voluntario, estaría siendo aplicado de manera compulsiva para evitar el pago de horas extra.

La implementación del denominado “banco de horas” incorporado en la reciente reforma laboral abrió un nuevo frente de conflicto en el sector del comercio mayorista. La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPyJC) denunció a la cadena Makro —perteneciente al grupo Cencosud— por presuntas presiones individuales a gerentes y mandos medios para firmar su adhesión al nuevo esquema de jornada.

El artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el sistema debe surgir de un acuerdo voluntario entre empleador y trabajador. Sin embargo, el sindicato sostiene que en la práctica la empresa estaría promoviendo la firma de manera compulsiva, con el objetivo de reemplazar el pago de horas extraordinarias por un esquema de compensación interna de tiempo.

Según la denuncia gremial, los trabajadores jerárquicos de distintas sucursales son citados de manera individual a reuniones con directivos, donde se les solicita la adhesión al sistema. En ese ámbito, advierten, se habrían registrado situaciones de presión directa o indirecta vinculadas a la continuidad laboral, lo que el sindicato interpreta como una forma de hostigamiento.

Desde la APPyJC plantean que la discusión excede lo administrativo y se vincula con el esquema de ingresos del personal. El banco de horas, sostienen, modifica la forma de liquidación de la jornada laboral y traslada a la organización empresarial el control del tiempo de trabajo y del descanso, con impacto directo sobre los salarios variables.

El gremio también cuestiona el argumento empresarial de “modernización organizativa”. Según su postura, el mecanismo no implica una mejora en las condiciones de trabajo sino una estrategia para reducir costos laborales asociados a las horas extra, uno de los componentes centrales del ingreso del personal jerárquico.

La tensión entre el sindicato y la cadena mayorista no es nueva. La APPyJC viene registrando reclamos previos por el incumplimiento en el pago de horas extraordinarias y por jornadas que, según denuncias anteriores, habrían superado el límite legal de 48 horas semanales. En ese marco, el sector ya había intervenido ante organismos de control laboral, que habrían constatado irregularidades y aplicado sanciones en oportunidades previas.

El conflicto actual reabre ese historial y lo traslada a un nuevo dispositivo normativo. Para el sindicato, la aplicación del banco de horas en estas condiciones reproduce las mismas tensiones, pero bajo un marco legal distinto que habilita una mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo.

En este contexto, la APPyJC declaró el estado de alerta y advirtió que evalúa medidas gremiales y acciones legales. También exigió el cese de toda práctica de presión o persecución para forzar adhesiones individuales y pidió garantías para los trabajadores que decidan no firmar el acuerdo.

Mientras estaciones de servicio e industrias enfrentan restricciones en distintas regiones del país, San Juan mantiene el suministro de GNC sin interrupciones. El contraste reavivó el debate sobre la infraestructura gasífera, la planificación energética y las inversiones pendientes en transporte y distribución de gas natural.

La ola de frío que atraviesa gran parte de la Argentina volvió a poner bajo presión al sistema energético nacional. Las restricciones en el expendio de GNC, los recortes a industrias y las dificultades registradas en el Área Metropolitana de Buenos Aires reabrieron una discusión recurrente: la capacidad del país para transportar y distribuir el gas que produce.

En ese contexto, San Juan aparece como una excepción. Mientras en numerosas localidades bonaerenses las estaciones de servicio enfrentan interrupciones parciales o totales del suministro, en la provincia la provisión se mantiene estable y sin afectaciones operativas, según confirmaron desde la Cámara de Expendedores de Combustibles.

La diferencia no responde a una menor demanda ni a condiciones climáticas distintas, sino a la configuración del abastecimiento. San Juan recibe gas proveniente de la cuenca neuquina, uno de los principales polos productores del país, una característica que le permite sostener el servicio incluso durante los períodos de mayor consumo residencial.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan (CECA), Miguel Caruso, explicó que no existen inconvenientes en el suministro local y aclaró que los episodios de interrupción registrados en años anteriores estuvieron vinculados a contingencias técnicas y no a problemas de disponibilidad del recurso.

La situación contrasta con lo que ocurre en Buenos Aires, especialmente en La Plata, Berisso y Ensenada, donde numerosas estaciones suspendieron la venta de GNC en cumplimiento de los protocolos que priorizan el abastecimiento domiciliario durante los picos de demanda invernal. La medida también alcanzó a industrias con contratos interrumpibles, generando complicaciones productivas y logísticas.

Detrás de la emergencia reaparecieron cuestionamientos sobre la política energética nacional. Desde la Asociación de Personal Jerárquico del Gas (APJ-Gas) calificaron los cortes como un “clásico lamentable” de cada invierno y atribuyeron las restricciones a la falta de planificación e inversión en infraestructura estratégica.

La entidad sostuvo que el problema central no radica en la disponibilidad del recurso, sino en las limitaciones para transportarlo hacia los centros de consumo. Según su análisis, Argentina produce gas suficiente para abastecer la demanda interna, pero arrastra déficits estructurales en gasoductos, plantas compresoras y redes de distribución que reducen la capacidad de respuesta cuando las temperaturas caen abruptamente.

El gremio también cuestionó la paralización o demora de obras consideradas clave para ampliar el sistema, entre ellas la segunda etapa del Gasoducto Perito Moreno, la reversión completa del Gasoducto Norte y la finalización de instalaciones complementarias destinadas a incrementar la capacidad de transporte.

Mientras tanto, en San Juan el panorama permanece estable. La provincia continúa exhibiendo uno de los mayores niveles de adopción de GNC del país, impulsado por el diferencial de costos frente a los combustibles líquidos y por esquemas de financiamiento que facilitan la conversión vehicular. El ahorro operativo sigue siendo un incentivo determinante para particulares y sectores vinculados al transporte.