Un juez laboral de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley de reforma laboral, que fijaba un nuevo esquema para actualizar las deudas en juicios laborales en trámite. El magistrado consideró que la norma introduce un trato desigual entre procesos y podría afectar el carácter alimentario de los créditos laborales, al reducir significativamente su valor frente a la inflación.

La reciente reforma laboral aprobada por el Congreso comenzó a transitar su inevitable recorrido judicial. Y ese camino registró este jueves su primer hito: un fallo de la Justicia laboral de Córdoba que declaró inconstitucional uno de los artículos más sensibles de la nueva normativa.

La decisión fue adoptada por el juez laboral Ricardo Gileta, quien resolvió invalidar el artículo 55 de la denominada Ley de Modernización Laboral, la disposición que establece cómo deben actualizarse los créditos laborales en aquellos juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la reforma.

La sentencia, firmada el 10 de marzo y difundida en las últimas horas, marca el primer cuestionamiento judicial concreto al nuevo esquema legal impulsado por el Gobierno. El punto en discusión no es menor: el modo en que se recalculan las deudas derivadas de conflictos laborales.

El artículo impugnado introducía un criterio diferenciado para los procesos judiciales en curso. Según el nuevo régimen, las deudas debían actualizarse utilizando la tasa pasiva del Banco Central, con un límite máximo equivalente a la inflación más un 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo. En la práctica, diversos especialistas advirtieron que esa fórmula podía implicar reducciones significativas en los montos que finalmente percibirían los trabajadores.

De acuerdo con estimaciones realizadas en distintos ámbitos judiciales, la aplicación del mecanismo previsto en la reforma podía recortar entre un 20% y un 60% el valor final de los créditos laborales respecto de los criterios que venían utilizando numerosos tribunales antes de la sanción de la ley.

Para el juez Gileta, ese cambio no sólo modifica el cálculo económico de las deudas sino que introduce una desigualdad jurídica difícil de justificar. En su fallo sostuvo que el artículo 55 “debe ser desechado por inconstitucional”, ya que establece un tratamiento diferenciado entre procesos iniciados antes y después de la sanción de la reforma.

En consecuencia, el magistrado dispuso que el crédito laboral del caso sea recalculado conforme al artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, recientemente reformado, que establece un mecanismo de actualización vinculado a la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) con un adicional del 3% mensual desde la mora hasta el efectivo pago.

El núcleo del argumento judicial se centra en el principio de igualdad ante la ley. Según el fallo, aplicar un régimen más restrictivo a los juicios en trámite —en comparación con el previsto para los nuevos litigios— implica una distinción arbitraria que no encuentra justificación razonable en el sistema jurídico.

Pero la sentencia no se limita a ese planteo formal. El juez también enfatizó el carácter especial que poseen los créditos laborales dentro del ordenamiento jurídico argentino.

En el derecho del trabajo, recordó el magistrado, las acreencias derivadas de salarios, indemnizaciones o reparaciones por despido poseen naturaleza alimentaria. Es decir, están destinadas a garantizar la subsistencia del trabajador y su grupo familiar.

Desde esa perspectiva, cualquier mecanismo que reduzca sustancialmente el valor real de esos créditos frente a un contexto inflacionario puede entrar en conflicto con el principio de reparación plena y con el principio protectorio que la Constitución y la legislación laboral reconocen a favor de la parte más débil de la relación laboral.

El fallo aparece además en medio de una creciente judicialización de la reforma. Diversas organizaciones sindicales y asociaciones de abogados laboralistas ya anticiparon que recurrirán a la Justicia para cuestionar distintos capítulos de la norma, bajo el argumento de que introduce retrocesos en derechos sociales consolidados.

Revista Acción

En este aspecto, la Confederación General del Trabajo (CGT) también inició acciones judiciales para impugnar varios artículos de la reforma, en una disputa que promete extenderse durante meses en distintos tribunales del país.

El pronunciamiento del juzgado cordobés no implica, por ahora, la caída general del artículo cuestionado. Se trata de una sentencia de primera instancia, circunscripta al caso concreto. Sin embargo, su peso jurídico y simbólico es evidente.

La resolución inaugura un escenario de litigiosidad que probablemente acompañará la implementación de la reforma laboral durante los próximos años. En un sistema jurídico donde la interpretación judicial tiene un rol central, cada fallo comienza a delinear los contornos reales de una norma que todavía está lejos de mostrar su alcance definitivo.

Más allá del resultado final de los procesos judiciales que vendrán, el fallo deja una señal clara: la reforma laboral ya salió del terreno de la discusión parlamentaria para instalarse plenamente en el campo donde muchas veces se define el destino de las leyes en la Argentina contemporánea, el de los tribunales.

El Índice de Precios al Consumidor volvió a marcar un 2,9% en febrero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El dato repite la cifra de enero y deja al primer bimestre con una inflación acumulada de 5,9%. Sin embargo, la dinámica de alimentos y tarifas anticipa un escenario más caliente para marzo, con estimaciones privadas que ya ubican la suba mensual cerca del 3%.

La inflación de febrero volvió a situarse en el 2,9%, consolidando una meseta que, si bien refleja cierta desaceleración respecto de los niveles más elevados registrados meses atrás, todavía expone presiones persistentes en componentes clave del gasto cotidiano.

El dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos confirma que el proceso de desinflación avanza con cautela. Con el resultado de febrero, el aumento acumulado en los primeros dos meses del año alcanza el 5,9%, mientras que la variación interanual se ubica en 33,1%.

Detrás del promedio general, sin embargo, la estructura del índice revela que algunos rubros continúan avanzando a un ritmo significativamente mayor. El capítulo de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el que más se incrementó durante el mes, con una suba del 6,8%, impulsada principalmente por ajustes en tarifas de servicios públicos y modificaciones en los esquemas de subsidios en distintas provincias.

Ese aumento —más del doble del promedio general— confirma el peso creciente que los servicios regulados tienen sobre el presupuesto de los hogares y sobre los costos de funcionamiento de comercios y pequeñas empresas.

Alimentos: el factor de mayor impacto en el bolsillo

Más allá de las tarifas, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a convertirse en el principal motor del índice en términos de impacto cotidiano. Durante febrero registró una suba del 3,3%, impulsada fundamentalmente por el encarecimiento de carnes y derivados, un componente que históricamente condiciona la percepción social de la inflación en Argentina.

Según el informe oficial, esta división fue la que mayor incidencia tuvo en la variación mensual en la mayoría de las regiones del país. La única excepción fue la Patagonia, donde el peso relativo de los aumentos en servicios públicos terminó desplazando a los alimentos como principal factor inflacionario.

En contraste, los incrementos más moderados del mes se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de apenas 0,6%, mientras que Prendas de vestir y calzado prácticamente no registraron variaciones.

Desde una mirada más técnica, los precios regulados lideraron las subas con un incremento del 4,3%, seguidos por la llamada inflación núcleo —que excluye estacionales y regulados— con un 3,1%. Los productos estacionales, en cambio, registraron una caída del 1,3%.

La metodología del índice, todavía en espera

El dato de febrero vuelve a difundirse bajo el esquema metodológico vigente del IPC, cuya actualización había sido anticipada meses atrás por el Ministerio de Economía.

Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, decidió postergar la implementación del nuevo sistema de medición hasta que el proceso de desaceleración inflacionaria muestre señales más firmes de consolidación.

La decisión responde a la intención oficial de evitar cambios metodológicos en un clima todavía sensible para la evolución de los precios, aunque la demora también mantiene abierto el debate entre analistas sobre la necesidad de actualizar la estructura del índice para reflejar con mayor precisión los patrones actuales de consumo.

Consultoras anticipan un marzo con mayor presión inflacionaria

Más allá de la estabilidad relativa que muestran los primeros dos meses del año, las primeras mediciones privadas de marzo comienzan a encender algunas señales de alerta.

Un relevamiento de la consultora LCG indicó que, durante la segunda semana del mes, los precios de alimentos y bebidas registraron un aumento del 1,1% respecto de la semana anterior. Se trata de la segunda semana consecutiva con subas superiores al 1%, un ritmo que, de sostenerse, podría empujar el índice mensual por encima del 3%.

De acuerdo con ese informe, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se ubica en torno al 3,7%, mientras que la acumulada en lo que va de marzo ya alcanza el 2,7%.

La dinámica del aumento está concentrada en algunos productos claves de la canasta alimentaria. Entre las subas más significativas se destacan:

Carnes: 1,9% semanal
Productos lácteos: 1,8%
Verduras: 1%

En el análisis más amplio de las últimas cuatro semanas, los mayores incrementos se observaron en:

Carnes: 5,3%
Bebidas: 4,9%
Panificados, cereales y pastas: 4,3%
Lácteos y huevos: 3,5%

Según los analistas, estos rubros concentran buena parte de la presión inflacionaria reciente y explican aproximadamente el 75% del aumento semanal de precios.

Una inflación más baja, pero todavía incómoda

Aunque los registros actuales se ubican muy por debajo de los niveles de inflación mensual que caracterizaron etapas recientes de la economía argentina, el desafío sigue siendo significativo.

La estabilidad en torno al 3% mensual todavía implica una tasa anualizada elevada y mantiene bajo presión el poder adquisitivo de los salarios, especialmente en un contexto de recuperación económica aún desigual.

El comportamiento de los alimentos —que impactan con mayor intensidad en los sectores de menores ingresos— y la continuidad de los ajustes tarifarios aparecen hoy como los dos factores determinantes para definir si el proceso de desaceleración logra consolidarse o si, por el contrario, vuelve a encontrar nuevos límites en los próximos meses.

En ese delicado equilibrio se jugará buena parte de la evolución del costo de vida durante el resto del año. Porque, aunque los indicadores muestren señales de moderación, la inflación continúa siendo uno de los principales termómetros de la estabilidad económica y social del país.

La cadena ChangoMás inició una nueva ola de despidos que ya impactó en varias provincias y podría extenderse a todo el país. El plan de ajuste, en un entorno de fuerte retracción del consumo, se suma a otras señales de crisis en el sector supermercadista, donde varias empresas reducen estructuras, cierran locales o avanzan con recortes de personal.

La reciente decisión de la cadena ChangoMás de avanzar con despidos en distintas sucursales del país reactivó las alertas dentro del sector mercantil, en un clima marcado por la caída sostenida del consumo y el creciente deterioro del empleo en el comercio minorista.

El episodio más reciente se produjo en San Juan, donde 11 trabajadores fueron notificados de su desvinculación a última hora del viernes pasado. Según relataron empleados afectados a medios locales, las cesantías forman parte de un nuevo plan de reestructuración de personal impulsado por la compañía.

La empresa pertenece a Dorinka, controlada por el empresario Francisco de Narváez, quien adquirió en 2020 la operación local de Walmart con la promesa de impulsar un ambicioso plan de inversión. Sin embargo, a cinco años de aquella operación, el escenario parece haber cambiado drásticamente.

Un ajuste que podría extenderse a todo el país

Las desvinculaciones registradas en San Juan no constituyen un hecho aislado. Situaciones similares se detectaron en La Pampa, donde también fueron afectados trabajadores y algunos cargos jerárquicos. En ambos casos, los gremios mercantiles comenzaron a intervenir para verificar las condiciones en las que se realizaron los despidos y el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias.

Desde el ámbito sindical sostienen que la reestructuración podría ampliarse rápidamente. Algunas estimaciones hablan de alrededor de 200 despidos en todo el país, mientras que otras fuentes elevan el número a cerca de 300 cesantías, lo que configuraría uno de los ajustes laborales más significativos en la cadena desde 2024.

“La información que manejamos es que el recorte alcanzará a sucursales de todo el país. Es una medida muy dura, similar a la que se aplicó el año pasado”, señaló un dirigente mercantil que sigue de cerca el conflicto.

De acuerdo con las primeras evaluaciones gremiales, en muchos casos los trabajadores desvinculados pertenecen a las líneas de caja o a puestos con menor antigüedad, un perfil que suele ser el primero en ser afectado cuando las empresas deciden reducir estructuras.

Antecedentes recientes y promesas incumplidas

El nuevo plan de ajuste revive un antecedente cercano. En mayo de 2024, la empresa había despedido al menos a 152 empleados en ocho sucursales del país, una medida que en aquel momento generó protestas y conflictos sindicales.

La compañía justificó aquella decisión en la caída de las ventas y el contexto económico general, argumentos que vuelven a aparecer ahora como fundamento de la nueva reducción de personal.

Actualmente, ChangoMás cuenta con 93 sucursales en Argentina y alrededor de 8.600 trabajadores, lo que dimensiona el impacto potencial de un proceso de achicamiento que podría alterar el funcionamiento de varios locales.

Según advierten desde el sector sindical, en algunos casos el recorte de personal podría derivar incluso en cierres de sucursales o en operaciones con plantillas mínimas, una estrategia cada vez más frecuente en el rubro para sostener la rentabilidad en escenarios de baja demanda.

Retiros voluntarios y advertencias sindicales

Tras los despidos iniciales, la empresa comenzó además a ofrecer retiros voluntarios a empleados con más de diez años de antigüedad, una modalidad que el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan observa con cautela.

La información fue confirmada por Mirna Moral, secretaria general del gremio, quien advirtió que los ofrecimientos suelen ubicarse por debajo de la indemnización que correspondería por ley.

“Cuando un trabajador firma un retiro voluntario pierde automáticamente el subsidio por desempleo. También queda sin cobertura de obra social para su familia y, en el caso de los mayores de 40 años, pierde la extensión automática del beneficio durante seis meses”, explicó la dirigente gremial.

Según Moral, desde el sindicato se asesora a cada trabajador antes de tomar una decisión para que evalúe con precisión las implicancias legales y económicas de aceptar estas propuestas.

Un sector que enfrenta dificultades estructurales

El caso de ChangoMás no es el único que muestra conflictos dentro del sector supermercadista. Otras cadenas también atraviesan dificultades operativas y financieras, en un mercado cada vez más condicionado por la retracción del consumo.

Uno de los ejemplos más visibles es La Anónima, empresa con fuerte presencia en la Patagonia. La firma reconoció ante autoridades laborales una caída cercana al 25% en sus ventas, lo que la llevó a reducir personal en los últimos años.

Su gerente general, Nicolás Braun, fue explícito al describir el escenario que enfrentan las grandes cadenas.

“Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Trabajar en la formalidad en Argentina se volvió extremadamente difícil”, sostuvo en una reciente entrevista periodística.

A estas dificultades se suma otro problema financiero relevante: la morosidad de su tarjeta de crédito propia, que pasó de 2.000 millones a 17.000 millones de pesos, multiplicándose por siete en un corto período.

Un mapa comercial en transformación

La problemática no se limitan a dos compañías. En distintas regiones del país, cadenas como Vea, Easy, Libertad o Yaguar también comenzaron a revisar sus estructuras.

La empresa chilena Cencosud, propietaria de Vea y Easy en Argentina, avanzó en los últimos meses con el cierre de varias sucursales en diferentes provincias, además de aplicar recortes de personal en distintas plazas del interior.

En consecuencia, otros supermercados optan por operar con dotaciones mínimas, reducir superficies de venta o concentrarse en formatos comerciales más pequeños, estrategias que buscan sostener la actividad en un ámbito de menor circulación de clientes.

Incluso en San Juan ya se perciben señales de esta reconfiguración. Días atrás dejó de funcionar el tradicional patio de comidas de un hipermercado Vea, una decisión que implicó la pérdida de alrededor de 20 puestos de trabajo directos.

El nuevo ajuste en ChangoMás vuelve a exponer la fragilidad laboral que atraviesa el sector del comercio en un escenario económico marcado por la contracción del consumo. Entre despidos, retiros voluntarios y reestructuraciones empresariales, el mapa supermercadista argentino parece ingresar en una etapa de redefinición profunda.

Para los gremios, el desafío inmediato consiste en garantizar el respeto de los derechos laborales y evitar que los costos de la crisis recaigan exclusivamente sobre los trabajadores.

Para las empresas, en cambio, la prioridad pasa por sostener la rentabilidad en un mercado cada vez más competitivo y con márgenes cada vez más estrechos.

En ese delicado equilibrio entre actividad económica y protección del empleo se juega hoy una parte central del futuro del comercio minorista en la Argentina. Mientras el consumo no recupere dinamismo, todo indica que la tensión entre empresas y trabajadores seguirá ocupando un lugar central en la agenda del sector.