A menos de un mes de la renovación de autoridades, el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, confirmó que la central mantendrá el esquema de conducción unipersonal, descartó replicar el triunvirato nacional y ratificó que únicamente participarán de la elección los sindicatos confederados, conforme al estatuto de la organización. Además, anticipó la presencia de referentes nacionales y planteó los desafíos que enfrentará el movimiento obrero frente a las transformaciones del mundo laboral.

La cuenta regresiva para las elecciones de la CGT Regional San Juan ingresó en su etapa decisiva. El próximo 25 de agosto, la central obrera renovará sus autoridades bajo el sistema de unicato, una modalidad que la conducción provincial considera más eficaz para garantizar rapidez en la toma de decisiones y una representación institucional definida.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el actual secretario general, Eduardo Cabello, sostuvo que el modelo elegido responde a las necesidades de la organización y rechazó las propuestas que impulsan una conducción colegiada. Recordó que el triunvirato vigente a nivel nacional fue el resultado de una realidad sindical distinta y consideró contradictorio que algunos dirigentes que en su momento promovían una conducción unipersonal ahora impulsen un esquema tripartito en la provincia.

Al mismo tiempo, relativizó el peso de la Intersindical conformada por algunos gremios provinciales y marcó una clara diferencia institucional. Explicó que ese espacio no integra la estructura de la CGT y reúne organizaciones pertenecientes a otros ámbitos sindicales, como la CTA, el MTA y movimientos sociales. Si bien reconoció el derecho de esos sectores a organizarse, dejó en claro que la elección de autoridades de la central obrera se regirá exclusivamente por el estatuto confederal.

Cabello también respondió a los cuestionamientos formulados por algunos sindicatos que reclaman mayor participación. Señaló que varias de esas organizaciones dejaron de asistir a los plenarios hace más de dos años y, por lo tanto, no participan de la vida institucional de la central. A su entender, las diferencias responden más a la dinámica propia de un proceso electoral que a un debate sobre el funcionamiento de la CGT.

Uno de los hechos destacados de la renovación será la participación de la conducción nacional. El dirigente confirmó que el adelantamiento de la elección al 25 de agosto obedeció a la posibilidad de contar con la presencia del cosecretario general de la CGT nacional, Héctor Daer, quien manifestó su interés en acompañar el proceso de normalización institucional de la regional sanjuanina. Además, no descartó la llegada de representantes sindicales de Mendoza, La Rioja y otras provincias.

Según explicó, la expectativa que genera San Juan está vinculada con el crecimiento económico proyectado para los próximos años, especialmente por el desarrollo de grandes inversiones productivas que modificarán la demanda laboral y fortalecerán el papel de las organizaciones gremiales en la negociación de nuevas condiciones de trabajo.

Durante la entrevista, Cabello también se refirió al resurgimiento de las 62 Organizaciones en la provincia. Aclaró que ese espacio no forma parte de la estructura orgánica de la CGT desde hace muchos años y recordó que el brazo político reconocido por la central obrera es el Movimiento Político Sindical. En consecuencia, afirmó que la elección del 25 de agosto tendrá un único objetivo: designar las nuevas autoridades de la CGT, dejando para una etapa posterior cualquier discusión sobre la conformación de espacios políticos internos.

Más allá del proceso electoral, el dirigente puso el foco en los desafíos que enfrenta el sindicalismo. Consideró que la defensa de las organizaciones gremiales adquiere especial importancia frente a las reformas promovidas por el Gobierno nacional, que —según sostuvo— buscan debilitar las estructuras sindicales mediante modificaciones en el sistema de aportes, convenios colectivos y mecanismos de representación de los trabajadores.

En ese sentido, recordó que la reciente revisión del régimen de contribuciones sindicales exigió una rápida reacción de la CGT para preservar herramientas de financiamiento indispensables para el funcionamiento de las organizaciones. A su juicio, las reformas impulsadas por la administración nacional no afectan a dirigentes en particular, sino a la institucionalidad del movimiento obrero organizado.

El dirigente gremial sostuvo que el sindicalismo también debe asumir una profunda actualización frente a las transformaciones del mercado laboral. Mencionó el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas formas de contratación y los cambios tecnológicos como desafíos que exigirán propuestas concretas y no solamente posiciones defensivas. En ese aspecto, remarcó que la CGT deberá recuperar capacidad de representación entre trabajadores que hoy respaldan políticamente al Gobierno nacional, aun cuando muchas de sus medidas resulten cuestionadas por el movimiento obrero.

Otro de los puntos centrales quedó definido en relación con el padrón electoral. Cabello confirmó que únicamente podrán votar e integrar los órganos de conducción aquellos sindicatos formalmente confederados y con su documentación institucional al día, tal como establece el estatuto de la CGT. Precisó que la verificación estará a cargo de la Secretaría del Interior de la CGT nacional, que fiscalizará los avales, la situación administrativa de cada organización y el desarrollo integral del proceso electoral.

Aunque otros gremios podrán asistir a reuniones o plenarios en calidad de invitados, el referente de la Regional sanjuanina aclaró que quienes no integren formalmente la Confederación no tendrán derecho a voz ni voto durante la elección de autoridades.

Con la fecha ya confirmada y el respaldo de la conducción nacional, la CGT San Juan se encamina a una elección que definirá mucho más que una renovación de cargos. El debate sobre el modelo de conducción, la representación de los gremios confederados y el papel del sindicalismo frente a las reformas laborales y los cambios tecnológicos marcarán la agenda de una nueva etapa para la principal central obrera de la provincia, en un momento de profundas transformaciones para el mundo del trabajo.

Un estudio del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) realizada entre jóvenes de barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires reveló que, pese al fuerte deterioro de sus condiciones de vida, el respaldo a La Libertad Avanza continúa siendo mayoritario. El informe atribuye ese fenómeno a la desconfianza hacia la política tradicional, la valoración de la estabilidad económica y la ausencia de una alternativa que logre representar el malestar social.

La investigación, dirigida por el jesuita Rodrigo Zarazaga junto a Gonzalo Elizondo y Luis Schiumerini, se realizó entre mayo y junio mediante 964 entrevistas presenciales a jóvenes de entre 16 y 24 años residentes en villas y barrios populares del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires.

Los datos reflejan un marcado deterioro social. Siete de cada diez encuestados afirmaron que su situación económica empeoró durante el último año; seis de cada diez debieron reducir gastos habituales y cuatro de cada diez admitieron haber disminuido incluso el consumo de alimentos. A ello se suma que más de la mitad de los hogares recurrió al endeudamiento con familiares, amigos o prestamistas informales para afrontar los gastos cotidianos.

Pese a ese panorama, el trabajo concluye que Javier Milei conserva el 58% de los votos obtenidos entre ese segmento etario en las elecciones presidenciales de 2023. Entre quienes dejaron de respaldarlo, apenas un 16% manifiesta intención de votar al peronismo, mientras que la mayoría se distribuye entre el voto en blanco, la indecisión o la desvinculación de la participación electoral.

El peronismo, por su parte, mantiene el apoyo del 76% de quienes lo acompañaron en los últimos comicios presidenciales, aunque también registra pérdidas sin que esos votantes migren de manera clara hacia otra fuerza política. Para el estudio, esta conducta refleja un distanciamiento de la política y no un pase de votos entre partidos.

La investigación también identifica un cambio cultural entre los jóvenes consultados. Según los testimonios relevados, predomina la convicción de que el progreso depende casi exclusivamente del esfuerzo individual y no de la acción del Estado, los partidos políticos o las organizaciones sociales. Esa percepción fortalece formas de trabajo informal y de autoempleo como respuesta cotidiana a las dificultades económicas.

En simultaneo, el informe destaca que durante el primer año de gestión de La Libertad Avanza las partidas destinadas específicamente a políticas para jóvenes, como las becas Progresar y los programas vinculados al ex Potenciar Trabajo, registraron una caída real del 39,8%, mientras que las transferencias orientadas a la niñez, a través de la Asignación Universal por Hijo y el Plan Alimentar, aumentaron un 13,8%.

La indagación incorpora además datos laborales elaborados por la consultora Empiria, que muestran una disminución interanual del empleo del 8% entre los varones jóvenes y del 4% entre las mujeres de ese grupo etario. En ese escenario, la informalidad y el trabajo independiente aparecen cada vez más naturalizados como principal alternativa de inserción laboral.

Los investigadores sostienen que la pérdida de influencia del peronismo en estos territorios también responde a una crisis de representación. Para buena parte de los jóvenes consultados, conceptos como justicia social, Estado presente o salario digno dejaron de asociarse con experiencias concretas dentro de sus comunidades, mientras que las redes sociales se consolidaron como el principal canal de información política, un ámbito donde La Libertad Avanza logró construir una presencia especialmente competitiva.

El informe del CIAS plantea que el respaldo al oficialismo convive con un profundo malestar económico y social, pero advierte que ese descontento todavía no encontró una expresión política capaz de canalizarlo. Mientras la estabilidad macroeconómica continúe siendo valorada por una parte importante de estos jóvenes como un bien prioritario frente a la incertidumbre, el oficialismo conservará un caudal de adhesión condicionado, marcado por la vulnerabilidad social y la ausencia de expectativas de ascenso.

El anteproyecto del Gobierno nacional para reformar la Ley 17.565 reavivó la discusión sobre la comercialización de medicamentos. Mientras la iniciativa busca ampliar los canales de venta y flexibilizar la actividad farmacéutica, el Colegio de Farmacéuticos de San Juan sostiene que la normativa provincial preserva el control sanitario y limita la aplicación de esos cambios dentro de la jurisdicción.

La propuesta del Gobierno nacional para modificar la Ley 17.565, que regula el ejercicio de la actividad farmacéutica desde 1967, encendió las alarmas entre los profesionales del sector. El proyecto contempla una profunda desregulación del mercado, con la posibilidad de comercializar medicamentos de venta libre fuera de las farmacias, habilitar la venta por plataformas digitales y flexibilizar distintos requisitos para el funcionamiento de estos establecimientos.

En San Juan, sin embargo, el impacto de esas modificaciones encuentra un límite en la legislación provincial. El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Esteban Maldonado, explicó que la provincia conserva el poder de policía sanitaria, facultad que le permite establecer las condiciones bajo las cuales pueden dispensarse drogas y especialidades medicinales. En ese sentido, recordó que la reglamentación vigente dispone que la comercialización al público solo puede realizarse en farmacias habilitadas y considera ilegal cualquier otra modalidad.

El dirigente manifestó alarma por los cambios previstos en los artículos 1 y 9 de la Ley 17.565. A su entender, la iniciativa parte de una concepción equivocada al equiparar los medicamentos de venta libre con productos de consumo masivo. «No son sustancias inocuas», advirtió, al señalar que una mayor disponibilidad fuera del ámbito farmacéutico incrementaría los riesgos de automedicación, sobreconsumo, errores en la dosificación y circulación de productos sin las condiciones adecuadas de conservación.

La reforma también incorpora la posibilidad de que los medicamentos sin receta puedan liquidarse en comercios no especializados, como supermercados o kioscos, además de habilitar la comercialización por internet con entrega a domicilio. En este punto, propone digitalizar recetas y registros, permitir que las farmacias adopten cualquier figura jurídica y eliminar diversas exigencias administrativas relacionadas con horarios y habilitaciones. Incluso contempla que determinadas droguerías puedan vender directamente al público bajo ciertas condiciones.

Para Maldonado, el principal problema no radica únicamente en ampliar los puntos de venta, sino en debilitar el rol sanitario del farmacéutico. Consideró que el medicamento debe ser tratado como un bien vinculado a la salud pública y no como una mercancía sometida exclusivamente a las reglas del mercado. También cuestionó la ausencia de garantías sobre la trazabilidad y conservación de los productos cuando quedan fuera del circuito profesional, donde existen controles permanentes sobre temperatura, almacenamiento y autenticidad.

Otro de los aspectos que genera objeciones es la modificación de la figura del director técnico. El proyecto permitiría que un mismo profesional asuma esa responsabilidad en más de una farmacia. Para el titular del Colegio, esa posibilidad resulta incompatible con las obligaciones que impone la función, ya que la responsabilidad legal permanece intacta aun cuando la presencia física del farmacéutico no pueda garantizarse en todos los establecimientos bajo su supervisión.

Las plataformas digitales constituyen otro foco de inquietud. Maldonado advirtió que una operatoria centralizada podría facilitar el envío de medicamentos desde otras jurisdicciones hacia San Juan, dificultando la aplicación de las normas provinciales y el control efectivo sobre la comercialización. A ello se suma el riesgo de que el consumidor adquiera fármacos sin el asesoramiento profesional necesario para un uso seguro y racional.

Rentabilidad en descenso y nuevos desafíos para las farmacias

El debate regulatorio coincide con un momento de fuerte presión económica sobre las farmacias. Según explicó Maldonado, la mayor parte de las dispensas se realiza mediante obras sociales, un sistema que ofrece márgenes de rentabilidad reducidos y plazos de cobro que oscilan entre 60 y 90 días, lo que complica el sostenimiento financiero de los establecimientos.

Frente a ese panorama, muchas farmacias ampliaron su oferta con productos de perfumería, higiene, limpieza e incluso alimentos para generar ingresos que compensen la escasa rentabilidad de la venta de medicamentos. Esa diversificación, sostuvo, resulta indispensable para mantener abiertas las puertas sin resignar la función sanitaria que cumplen dentro del sistema de salud.

Mientras el Gobierno nacional impulsa una transformación profunda del régimen farmacéutico, en San Juan el marco legal vigente aparece como una herramienta para preservar el modelo de dispensación bajo supervisión profesional. El resultado de la discusión marcará los límites de la reforma y la puja entre el libre mercado y la autoridad local de fiscalización, clave para el colegio profesional en la defensa de los usuarios.