La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió dar un paso al frente y convocar a una movilización nacional el próximo 18 de diciembre, con epicentro en la Plaza de Mayo y réplicas en todo el país. La medida, confirmada por fuentes sindicales, constituye la primera reacción orgánica y contundente del movimiento obrero frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y enviado recientemente al Congreso.

La decisión no es menor: llega en momentos en que el oficialismo busca avanzar con celeridad sobre un paquete de reformas económicas y estructurales durante las sesiones extraordinarias del Congreso. En ese marco, la reforma laboral aparece como una de las iniciativas más sensibles, tanto por su impacto directo en las condiciones de empleo como por su fuerte contenido ideológico.

Entre los artículos más resistidos por la CGT y las centrales sindicales se encuentran las modificaciones en el régimen de indemnizaciones por despido, la flexibilización en los esquemas de contratación, los cambios en los aportes patronales y la reconfiguración del sistema de negociación colectiva. Cada uno de estos puntos reavivó históricas tensiones entre el sindicalismo y los gobiernos que impulsan desregulaciones profundas en el mercado laboral.

Este jueves, la CGT reunió a su Consejo Directivo en la histórica sede de Azopardo 802. Bajo la conducción de los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, la mesa chica analizó en detalle el contenido del proyecto oficial y definió una postura unificada: rechazo frontal y movilización masiva. El clima, según confiaron participantes del encuentro, fue de “preocupación, pero también de firmeza”.

La convocatoria del 18 de diciembre no solo apunta a mostrar capacidad de movilización, sino también a enviar un mensaje político directo: el sindicalismo no está dispuesto a permitir que el Gobierno avance sin resistencia sobre aspectos nodales del sistema de derechos laborales vigente. La jugada se inscribe dentro de una estrategia más amplia de la central obrera, que combina presión callejera, diálogo político con sectores opositores del Congreso y trabajo técnico para intentar frenar o modificar el articulado más conflictivo del proyecto.

En paralelo, en la Casa Rosada observan la maniobra con atención. Saben que la marcha será un indicador clave del músculo sindical en un momento crítico del debate legislativo. También entienden que, de masificarse, podría abrir un frente político que complique la ingeniería parlamentaria diseñada por el oficialismo para aprobar la reforma antes de fin de año.

El llamado a la movilización se da además en un contexto en el que la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero atraviesa su momento más tenso desde el inicio de la nueva gestión. Para la CGT, el avance de una reforma de este calibre sin consenso social ni negociación suficiente constituye un límite claro. Para el oficialismo, en cambio, la transformación del mercado laboral es vista como una pieza esencial de su programa económico.

La marcha del 18 de diciembre se perfila como el primer gran test de fuerza entre la CGT y el Gobierno de Javier Milei desde que comenzó el debate legislativo de la reforma laboral. En un clima político cargado de tensiones, la movilización funcionará como un termómetro decisivo: medirá la capacidad de resistencia del movimiento obrero y pondrá a prueba la determinación del Ejecutivo para avanzar con uno de los cambios más trascendentes —y controvertidos— en materia laboral de las últimas décadas. Cuando termine el día, quedará claro si el Gobierno enfrenta un obstáculo circunstancial o el inicio de una oposición sindical más organizada y persistente.

Un informe elaborado por instituciones académicas y sanitarias argentinas, sumado a alertas difundidas por el British Medical Journal, expone un deterioro acelerado del sistema de salud pública bajo las políticas del Gobierno de Javier Milei. Recortes en programas esenciales, despidos en hospitales, debilitamiento de organismos de control y decisiones internacionales controversiales configuran un escenario que especialistas describen como “de desmantelamiento”.

El debate sobre la salud pública volvió a ocupar el centro de la agenda luego de la presentación del informe “El declive de la salud en la Argentina de Milei”. El documento —150 páginas elaboradas por la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA, la Red de Bioética y la Federación Argentina de Medicina General— fue presentado en la sede del SERPAJ ante referentes del ámbito social y académico, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El estudio analiza el impacto del DNU 70/23 y da cuenta de un proceso que, según sus autores, “erosiona pilares básicos del sistema sanitario nacional”. En su intervención, Pérez Esquivel fue contundente: “Estamos frente al desmantelamiento del sistema público de salud”, una advertencia que sintetiza el clima del encuentro.

Programas desfinanciados, hospitales en crisis y organismos debilitados

Una de las principales conclusiones del informe es que las políticas de ajuste comenzaron a afectar áreas sensibles, muchas de ellas vinculadas a la protección de poblaciones vulnerables. Entre los recortes más preocupantes se destaca el programa de prevención del embarazo adolescente, cuya reducción presupuestaria deja sin herramientas a equipos territoriales y comunidades educativas.

En el plano hospitalario, la situación se agrava día a día. El Garrahan atraviesa lo que sus trabajadores definen como “baja salarial crítica”, que profundiza la fuga de profesionales hacia el sector privado. Otros centros estratégicos, como el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte o el Posadas, sufren despidos que comprometen la atención y generan demoras que impactan directamente en diagnósticos y tratamientos.

ANMAT, entre la falta de recursos y el riesgo sanitario

El documento dedica un capítulo completo a la ANMAT. Allí se denuncia reducción de personal, caída presupuestaria y debilitamiento de su capacidad de control, precisamente en un contexto en el cual la vigilancia sanitaria se vuelve central.

Los autores advierten que limitar la capacidad del organismo “incrementa la exposición a riesgos severos”, recordando episodios como la intoxicación por fentanilo adulterado y otros casos que demostraron la necesidad de un monitoreo robusto y permanente.

Desmantelamiento institucional: la ANLAP y la gestión de medicamentos esenciales

Otro punto crítico es la disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), organismo creado para fortalecer la capacidad productiva del país en medicamentos estratégicos y garantizar acceso a tratamientos de bajo costo.

A esto se suma la eliminación de áreas claves dedicadas a la compra y distribución de vacunas y fármacos para HIV, tuberculosis, lepra y hepatitis C. Para organizaciones y profesionales, el retroceso en estas áreas no solo compromete la prevención sino también la continuidad de tratamientos vitales.

Durante el debate posterior a la presentación del informe, la presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, sintetizó el estado de preocupación: “La política sanitaria actual nos está llevando a una situación límite”, y llamó a coordinar acciones para revertir el deterioro.

Alerta internacional: el British Medical Journal señala a la Argentina como un caso preocupante

La crisis ya no es un asunto doméstico. El British Medical Journal, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, dedicó un informe al retroceso sanitario argentino. En él recoge advertencias de FESPROSA y de su titular, subrayando que la Argentina se está convirtiendo en un “ejemplo negativo” en materia de salud pública.

El artículo no solo critica la decisión del Gobierno de abandonar la Organización Mundial de la Salud —un movimiento inédito entre países de ingreso medio—, sino también los recortes internos que deterioran programas básicos, reducen capacidad de control y generan un retroceso en indicadores que habían mejorado en las últimas décadas.

El deterioro del sistema de salud pública argentino se vuelve evidente a partir de la convergencia de informes académicos, advertencias de organizaciones profesionales y señales provenientes del ámbito internacional. Lo que para muchos comenzó como un ajuste focalizado hoy aparece como un proceso de erosión profunda que afecta a hospitales, programas comunitarios, agencias regulatorias y estructuras que garantizan derechos esenciales.

En palabras de Boriotti, “lo que está en juego es la salud del pueblo, no una discusión técnica”. Y, para un número creciente de voces autorizadas, ese riesgo ya dejó de ser hipotético: forma parte de una realidad que avanza y que exige respuestas urgentes.

En medio de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, el Gobierno de Javier Milei decidió acelerar al máximo el trámite legislativo de la reforma laboral, una de las iniciativas más ambiciosas —y más controvertidas— de su programa. La apuesta central pasa por avanzar primero en el Senado, donde la flamante senadora Patricia Bullrich asumió un rol protagónico para intentar garantizar una media sanción antes del 26 de diciembre.

Bullrich presentó públicamente los lineamientos centrales del proyecto, al que definió como una propuesta “moderada” orientada a modernizar las relaciones laborales, “generar empleo” y otorgar mayor previsibilidad tanto a empresas como a trabajadores. Sin embargo, el texto legislativo —de más de cien páginas— introduce cambios profundos que afectan pilares históricos del derecho laboral argentino.

Entre las modificaciones previstas se incluyen nuevas modalidades de contratación, figuras laborales de mayor flexibilidad, acuerdos a tiempo parcial y la posibilidad de pactar remuneraciones en moneda extranjera o inclusive en especie. También se habilita un esquema de “salario dinámico”, un banco de horas que elimina el pago obligatorio de horas extra y mecanismos alternativos a la indemnización tradicional por despido.

Pese al alcance estructural del proyecto, el Gobierno pretende una aprobación veloz. La estrategia legislativa consiste en avanzar primero en el Senado, donde paradójicamente el oficialismo tiene mayor dificultad para reunir mayorías estables. Por esa razón, Bullrich inició una ronda de conversaciones con los bloques del PRO y la UCR en busca de garantizar el respaldo mínimo necesario. La presión del Ejecutivo es explícita: llegar con la media sanción antes de fin de año.

La dinámica interna del Senado, sin embargo, no parece acompañar el apuro. El recambio legislativo dejó a la Cámara Alta en pleno proceso de reorganización, sin comisiones conformadas y con negociaciones aún abiertas sobre la distribución de espacios estratégicos. Aun así, en los últimos días se especuló con que Bullrich podría intentar presidir la Comisión de Trabajo y Seguridad Social —algo inusual para quien conduce un bloque— con el fin de acelerar el dictamen. Otra alternativa que circula es que se sostenga al frente de la comisión a la senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, para evitar demoras formales.

El contraste entre las urgencias políticas del oficialismo y la realidad procedimental del Senado quedó expuesto en la propia advertencia de la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, quien, consciente del riesgo de un traspié legislativo, lanzó una frase que resonó en el Palacio:

“Patricia, no te tires arriba de la granada”.

Ese comentario sintetizó el clima interno: el apuro del Gobierno choca contra un Congreso que todavía no recuperó su ritmo, una oposición fragmentada pero no indefensa, y un proyecto que despierta fuertes resistencias en el mundo sindical y en sectores de la justicia laboral.

Mientras la Casa Rosada insiste en que la reforma es indispensable para “destrabar” el mercado de trabajo, las organizaciones gremiales denuncian una ofensiva que erosiona derechos conquistados y desfinancia los mecanismos de protección del trabajador. En paralelo, especialistas en derecho laboral advierten sobre la complejidad técnica del texto y el riesgo de judicialización masiva si se aprueba sin un debate profundo.

El proyecto de reforma laboral se convirtió en una carrera contrarreloj que expone tensiones políticas, desafíos institucionales y un oficialismo decidido a avanzar aun en un escenario legislativo inestable. El éxito o fracaso de la estrategia dependerá no sólo de la capacidad de Patricia Bullrich para articular apoyos, sino también de la disposición del Senado a convalidar un debate exprés sobre transformaciones estructurales.
La pregunta que atraviesa estas semanas es clara: ¿logrará el Gobierno imponer la velocidad por sobre la deliberación, o el Congreso le recordará que las reformas de fondo necesitan algo más que apuro político?