En medio de la definición legislativa de la reforma laboral y a horas de un paro de 36 horas con movilización al Congreso, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Poder Ejecutivo evalúa no liquidar adicionales salariales en febrero. La medida, según el gremio, implicaría una reducción directa en los ingresos de miles de empleados públicos y agravaría una pérdida de poder adquisitivo que ya supera el 45%.

De concretarse, la decisión implicaría —según el gremio— una merma directa de al menos 50.000 pesos para trabajadores no jerárquicos cuyos ingresos netos, de acuerdo con cifras oficiales, oscilan entre 400.000 y 1.500.000 pesos. La posible quita alcanzaría ítems como el premio estímulo a la asistencia, un componente que forma parte habitual de la liquidación mensual.

El planteo sindical se inscribe en un escenario de salarios congelados y negociaciones paritarias paralizadas en lo que va del año. Para ATE, el Ejecutivo no solo incumplió el compromiso de retomar el cuarto intermedio acordado el 26 de diciembre, sino que además “clausuró” en los hechos la discusión salarial. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue categórico al atribuir al Gobierno la escalada del conflicto: “Al congelamiento se le suma ahora la decisión de privar a los trabajadores del cobro de adicionales. Es una práctica desleal y de mala fe”, sostuvo.

Desde el sindicato advierten que la eventual reducción impactaría en la calidad de los servicios públicos. “No vamos a tolerar un nuevo recorte. Exigimos que se cumpla en tiempo y forma con el pago de los sueldos”, enfatizó Aguiar, quien vinculó la medida con un deterioro sostenido del poder adquisitivo. Según los registros internos de la organización, durante la gestión de Javier Milei los salarios del sector acumulan una caída real superior al 45,3%.

La controversia salarial se superpone con la pulseada legislativa por la reforma laboral. ATE integra el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que convocó a un paro de 36 horas con movilización al Congreso el día en que la Cámara alta trate el proyecto aprobado en Diputados.

La estrategia combina presión en la calle con acciones judiciales: los equipos legales del sindicalismo ya trabajan en presentaciones para cuestionar la constitucionalidad de la norma si finalmente se convierte en ley.

En ese punto, la conducción del gremio coincide con sectores de la Confederación General del Trabajo que anticipan una batalla en tribunales. Para Aguiar, el texto en discusión es “inaplicable y destinado al fracaso”, y advirtió que el oficialismo pretende convertir al Senado en una “escribanía”. La definición parlamentaria, así, no solo determinará el futuro del régimen laboral sino que marcará el tono del vínculo entre el Gobierno y el movimiento obrero en los próximos meses.

El trasfondo excede la coyuntura. La administración libertaria sostiene una política de ajuste fiscal orientada a reducir el gasto público y contener la inflación, mientras los gremios alertan que el equilibrio macroeconómico no puede sostenerse a costa de una licuación persistente de ingresos. En ese delicado equilibrio se juega buena parte de la gobernabilidad.

La inminente votación en el Senado será, entonces, mucho más que un trámite legislativo: funcionará como termómetro político y social. Si prospera la denuncia de ATE y se concreta la quita de adicionales, el conflicto podría escalar hacia un escenario de mayor confrontación, con impacto directo en la prestación de servicios esenciales.

En un entorno de alta sensibilidad económica y fragilidad salarial, la disputa entre el Estado empleador y sus trabajadores se convierte en un capítulo decisivo de la actual etapa. La resolución del diferendo —en el Congreso o en los tribunales— determinará no solo el alcance de la reforma laboral, sino también el margen de maniobra del Gobierno para sostener su programa sin profundizar la fractura social.

Con la inminente sanción de la reforma impulsada por el presidente Milei, las centrales sindicales anticipan una batería de presentaciones judiciales. Especialistas en derecho laboral y constitucional advierten sobre un escenario complejo: la disputa podría fragmentarse en litigios individuales y recorrer un largo derrotero hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin garantías de un fallo con efectos generales.

Apenas la ley sea promulgada, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) acudirán a los tribunales. Así lo confirmaron sus dirigentes, entre ellos Jorge Sola y el diputado sindical Hugo Yasky, quienes anticiparon que la estrategia combinará planteos por inconstitucionalidad, afectación de derechos individuales y vulneración de derechos colectivos.

El cuestionamiento central se apoya en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que consagra el principio protectorio del trabajo— y en tratados internacionales con jerarquía constitucional, incluidos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según los especialistas consultados por distintos medios, la reforma introduciría una regresión en estándares mínimos de tutela laboral, lo que chocaría con el principio de progresividad de los derechos sociales.

1. Amparo colectivo en la Justicia del Trabajo
   La primera vía probable es la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia Nacional del Trabajo. Esta herramienta permitiría impugnar la constitucionalidad de la norma en su conjunto o de artículos específicos —como los vinculados al banco de horas, la fragmentación de vacaciones o el Fondo de Asistencia Laboral— con el objetivo de obtener una declaración de invalidez general.
   Sin embargo, el antecedente del DNU 70/2023 dejó una señal ambigua. Si bien la Cámara Nacional del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del capítulo laboral, la cuestión terminó diluyéndose en un laberinto procesal que reforzó la tendencia a analizar cada conflicto en forma individual. La clave será si los jueces reconocen legitimación amplia a las centrales sindicales o restringen la discusión a casos concretos.
2. Demandas individuales “caso por caso”
   Aquí aparece la principal apuesta del oficialismo: que cualquier controversia se dirima únicamente cuando exista un trabajador afectado en un conflicto específico —por ejemplo, ante un despido o la aplicación de una jornada extendida—.
   En ese escenario, la discusión se atomiza. Cada trabajador debería iniciar su propio juicio, atravesar primera y segunda instancia, eventualmente llegar a una corte provincial y recién después aspirar a la revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El proceso sería largo, costoso y con efectos limitados al caso particular.
   El riesgo señalado por constitucionalistas es evidente: aun cuando un artículo sea declarado inconstitucional en un expediente puntual, la estructura general de la ley seguiría vigente para el resto de las relaciones laborales.
3. Fuero Contencioso Administrativo
   Otra alternativa es accionar en el fuero Contencioso Administrativo Federal, sobre todo si se cuestionan actos reglamentarios del Poder Ejecutivo o la validez formal del proceso legislativo. Esta vía podría habilitar planteos más amplios, aunque también enfrenta el escollo de la legitimación y la posible fragmentación de criterios entre tribunales.
4. Planteos sectoriales y derechos colectivos
   Sindicatos específicos ya analizan acciones focalizadas. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), por ejemplo, prepara un planteo por la derogación del Estatuto del Periodista, alegando regresividad e irrazonabilidad normativa. La estrategia apunta a defender derechos colectivos como la negociación paritaria, la huelga y la libertad sindical.
   En estos casos, la discusión podría adquirir mayor densidad constitucional, ya que involucra garantías que trascienden la esfera individual y afectan la estructura de representación gremial.
   El factor Corte y el nuevo mapa judicial
   Un elemento adicional complejiza el panorama: tras el precedente “Levinas”, el tribunal revisor de la Cámara Nacional del Trabajo pasó a ser el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires antes de la eventual intervención de la Corte nacional. Este rediseño institucional altera la dinámica tradicional y podría influir en los tiempos y alcances de los fallos.
   En la práctica, cualquier definición de fondo podría tardar años en consolidarse. Y aun así, el máximo tribunal podría optar por resolver únicamente sobre el caso concreto, sin invalidar la norma en abstracto.
   Un conflicto de fondo
   La discusión judicial no será meramente técnica. En juego está la tensión entre el principio protectorio del derecho laboral y la potestad del Congreso para redefinir el marco normativo de las relaciones de trabajo.
   Para el movimiento obrero, la reforma implica una regresión estructural incompatible con el mandato constitucional. Para el oficialismo, en cambio, se trata de modernizar un esquema que consideran rígido y disfuncional.
   
   Las vías judiciales existen y ya están en preparación. Amparos colectivos, demandas individuales y planteos sectoriales conformarán una ofensiva legal que buscará frenar o al menos limitar la aplicación de la reforma laboral. Sin embargo, el escenario es incierto.
   Si los tribunales optan por el “caso por caso”, la disputa se fragmentará y se extenderá en el tiempo, reduciendo el impacto general de cualquier fallo favorable a los trabajadores. El desenlace dependerá, en última instancia, de cómo el Poder Judicial interprete su rol frente a una ley que redefine —y para muchos recorta— el alcance de los derechos consagrados en el artículo 14 bis.

La Dirección de Educación Privada dispuso un nuevo incremento sobre el valor vigente a diciembre de 2025. Los establecimientos deberán presentar una declaración jurada antes del 31 de marzo para poder aplicar el ajuste. La medida completa el esquema de actualización previsto para el ciclo 2025.

A días del inicio del ciclo lectivo 2026, la Dirección de Educación Privada confirmó el aumento en las cuotas de los colegios de gestión privada. El ajuste será del 5,80% y comenzará a regir con la cuota correspondiente a marzo, según lo establece la Disposición N° 009-DEP-2026.

La resolución se inscribe en el cuarto tramo del esquema de actualización arancelaria definido para el ciclo 2025. Durante el año pasado ya se habían autorizado tres subas: en mayo, del 9,04%; en agosto, del 7,49%; y en noviembre, del 7,47%. Con el porcentaje dispuesto ahora, la autoridad educativa completa el cronograma previsto para acompañar el impacto inflacionario y los mayores costos operativos que afrontan las instituciones.

La suba alcanza a todos los establecimientos públicos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial. No obstante, la aplicación del nuevo valor no será automática. Cada institución deberá presentar, antes del 31 de marzo de 2026, una declaración jurada ante el organismo de control para formalizar la actualización.

Ese documento deberá consignar el valor de la matrícula, el monto actualizado de la cuota, el porcentaje de aporte estatal que recibe el establecimiento, la cantidad de alumnos matriculados, la fecha prevista de implementación y la constancia de que la medida fue debidamente comunicada a padres o tutores.

La presentación deberá estar firmada por el representante legal del colegio. Solo una vez cumplido ese requisito administrativo quedará habilitada la aplicación del nuevo arancel.

Desde el sector educativo privado argumentan que los incrementos buscan preservar la sustentabilidad del sistema, especialmente ante el aumento de salarios docentes, servicios y mantenimiento edilicio. Sin embargo, para los hogares con ingresos medios y medios bajos, cada ajuste representa un desafío adicional para sostener la continuidad educativa en instituciones aranceladas.

La dinámica de aumentos escalonados —cuatro tramos en menos de un año— refleja el delicado equilibrio entre la necesidad de garantizar la prestación del servicio y la capacidad de pago de las familias.

Con la oficialización del incremento del 5,80%, el esquema de actualización arancelaria correspondiente al ciclo 2025 queda formalmente completado. Ahora, el foco se traslada al cumplimiento de los requisitos administrativos por parte de las instituciones y al impacto concreto que el nuevo cuadro tarifario tendrá en la economía doméstica al comenzar el año escolar 2026.