El triunvirato cegetista inicia una gira por el interior para influir en el voto de senadores y gobernadores frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Córdoba será la primera parada, en un escenario atravesado por tensiones fiscales, internas sindicales y negociaciones reservadas con el oficialismo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) pondrá en marcha este martes en Córdoba su primera ofensiva territorial para intentar frenar la sanción de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que comenzará a debatirse en el Senado a partir del 11 de febrero. La elección de la provincia no es casual: el gobernador Martín Llaryora aparece como uno de los mandatarios que, al menos en público, expresó reparos tanto al recorte de derechos laborales como al impacto fiscal del proyecto sobre las provincias.

La delegación cegetista estará encabezada por los integrantes del triunvirato —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, quienes definieron a comienzos de mes una estrategia de contactos directos con gobernadores y senadores para condicionar el tratamiento parlamentario de la iniciativa oficial. El objetivo inmediato es claro: impedir que la reforma sea sancionada en sesiones extraordinarias y forzar su discusión en el período ordinario, ganando tiempo en un contexto económico y político todavía inestable para el Ejecutivo.

En Córdoba, la CGT buscará comprometer a Llaryora para que los legisladores de su provincia no acompañen el proyecto. El gobernador ya había marcado distancia al plantear la necesidad de debatir nuevas modalidades laborales sin retroceder en derechos adquiridos. “Me parece importante discutir las nuevas modalidades de trabajo, dar un marco de seguridad jurídica privilegiando a las pymes, pero no volver para atrás ni un milímetro con los derechos de los trabajadores”, sostuvo durante el inicio del Festival de Cosquín, en una definición que fue leída con atención por el sindicalismo.

El itinerario original de la central obrera incluía visitas a Tucumán, Salta, Catamarca y Santa Fe, y luego a Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Sin embargo, hasta ahora, la agenda aparece raleada: Córdoba es el único encuentro confirmado. Desde la CGT reconocen malestar por la falta de respuestas de tres gobernadores —Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil—, a quienes acusan de dilatar o directamente esquivar las reuniones. Para la conducción sindical, esa actitud refuerza la sospecha de que una mayoría de mandatarios podría terminar alineándose con el Gobierno en el Congreso.

El trasfondo fiscal profundiza las tensiones. El capítulo impositivo de la reforma laboral, que reduce los fondos coparticipables derivados del Impuesto a las Ganancias, genera resistencia en varias provincias. Aun así, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene una posición inflexible frente a cualquier esquema de compensación, lo que introduce dudas sobre la solidez del respaldo provincial al proyecto.

Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, buscó relativizar la idea de un apoyo automático de los gobernadores. “No están dispuestos a firmar a libro cerrado una medida como este proyecto de ley”, afirmó, y agregó que la central viene “generando conciencia con cada gobernador y con cada senador”, en un intento por sostener una vía de presión política más institucional.

Con este panorama, la CGT despliega una estrategia de negociación múltiple dentro del oficialismo. Mantiene contactos reservados con el asesor presidencial Santiago Caputo; con el sector que orbitan Martín y “Lule” Menem, en articulación con el ministro del Interior Diego Santilli; y con Patricia Bullrich, desde el Senado, donde funciona una comisión técnica que analiza modificaciones al texto original. En ese marco, Federico Sturzenegger quedó marginado de las conversaciones, una señal de que el Gobierno prioriza preservar canales de diálogo con la central obrera.

Sin embargo, en la CGT predomina la cautela. Aunque admiten una “buena predisposición” oficial para introducir cambios, aseguran que todavía no hubo decisiones concretas. “Nadie bajó el martillo”, repiten en voz baja.

El plan moderado de la conducción cegetista convive, además, con una creciente presión interna. Sectores sindicales más duros, junto con las dos CTA, avanzaron esta semana en un plan de lucha propio. En un encuentro realizado en la UOM, resolvieron movilizaciones en Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10, además de paros y protestas el día en que el Congreso trate la reforma.

El dirigente de ATE, Rodolfo Aguiar, fue uno de los más explícitos: llamó a “exponer a los gobernadores” que acompañen el proyecto y advirtió que la reforma “termina por desfinanciar y fundir a las provincias”. Sus declaraciones reflejan el clima de creciente conflictividad que rodea el debate.

La CGT juega una partida compleja y de alto riesgo. Mientras apuesta a una táctica federal para erosionar el respaldo político a la reforma laboral, enfrenta la desconfianza de algunos gobernadores, la dureza fiscal del Gobierno y la presión de un sindicalismo que exige respuestas más contundentes. Córdoba será el primer test de una ofensiva que busca ganar tiempo y modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Si fracasa, el escenario que se abre es el de una confrontación abierta entre el Ejecutivo y el movimiento obrero, con consecuencias políticas y sociales que podrían extenderse mucho más allá del debate legislativo.

CTERA denunció que el proyecto del oficialismo implicará un recorte superior a los $4 billones en aportes que financiaban el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Advirtió sobre pérdida de derechos laborales, desfinanciamiento educativo y un retroceso estructural del sistema público.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) volvió a encender las alarmas frente al avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según denunció la entidad, la iniciativa no solo profundiza la precarización del empleo, sino que además consolida un ajuste de magnitud histórica sobre la educación pública, con un impacto directo en el salario docente y en el financiamiento del sistema educativo.

Uno de los ejes centrales del cuestionamiento es la eliminación definitiva del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un mecanismo clave mediante el cual el Estado nacional complementaba los salarios para reducir las brechas entre provincias. De acuerdo con estimaciones del Instituto Marina Vilte, perteneciente a CTERA, la reforma laboral implicaría que el Estado deje de aportar más de 4,1 billones de pesos, cifra equivalente a la deuda acumulada que la Nación mantiene con los docentes de todo el país tras la supresión del fondo.

Desde el gremio subrayaron que esos recursos no solo permitirían saldar compromisos salariales, sino también recomponer programas estratégicos que fueron desmantelados durante el ajuste, como Conectar Igualdad, obras de infraestructura escolar y políticas de fortalecimiento del sistema educativo. En ese sentido, advirtieron que la reforma laboral se articula con el proyecto oficial de “Libertad Educativa”, al que calificaron como una estrategia para subordinar derechos sociales a las lógicas del mercado.

CTERA también alertó sobre el deterioro del financiamiento educativo: en 2025, la inversión conjunta en educación apenas alcanzó el 4,1% del PBI, muy por debajo del 6% establecido por la Ley de Educación Nacional. Para la organización, la reforma laboral no es un hecho aislado, sino parte de un modelo de desfinanciamiento deliberado de la educación pública.

Derechos laborales en retroceso

En el plano estrictamente laboral, la conducción del gremio —encabezada por Sonia Alesso— exhortó a los legisladores de todos los bloques a impedir el tratamiento del proyecto en el Congreso, al considerar que su objetivo es “destruir derechos conquistados históricamente para favorecer intereses patronales”. Según CTERA, el discurso oficial de “modernización laboral” encubre una avanzada de precarización estructural que debilita la protección del trabajo y vacía de contenido principios básicos como la justicia social.

La entidad rechazó cualquier intento de reforma parcial y reclamó el archivo completo de la iniciativa, al sostener que su espíritu resulta incompatible con un modelo de desarrollo con inclusión.

Números duros del ajuste

Otro de los puntos críticos señalados por CTERA es el impacto fiscal negativo de la reforma. El documento advierte que el Gobierno subestima deliberadamente el costo que tendrá la reducción de contribuciones patronales y otros recortes impositivos incluidos en el proyecto.

En particular, el artículo 163 propone reducir los aportes patronales del sector comercio y servicios del 20,4% al 17,4%, y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados. Esta sola modificación implicaría una pérdida equivalente al 0,462% del PBI, afectando directamente los recursos destinados a la seguridad social y al sistema previsional administrado por la ANSES. Si se suman otras rebajas, como en el Impuesto a las Ganancias y los aportes a obras sociales, el costo fiscal total ascendería al 1,278% del PBI.

Impacto cotidiano en los trabajadores

Finalmente, CTERA enumeró los aspectos más regresivos de la reforma en la vida diaria de los trabajadores:
Precarización de las condiciones laborales, con flexibilización de vacaciones, jornadas y eliminación de recargos por horas extras.

Fin del régimen tradicional de indemnizaciones, reemplazado por fondos financiados con aportes de los propios trabajadores.

Restricciones al derecho a la protesta, con límites a las huelgas, asambleas y acciones gremiales, y penalización de la organización sindical.

Para CTERA, la reforma laboral constituye un punto de inflexión que combina ajuste fiscal, transferencia de recursos y pérdida de derechos, con la educación pública entre las principales víctimas. El gremio advirtió que, de avanzar el proyecto, se consolidará un modelo que debilita el salario docente, erosiona la equidad federal y compromete el futuro del sistema educativo argentino.

En menos de tres meses, Casa Montes, Bodegas Bianchi y Norton quedaron expuestas por graves dificultades financieras, con cheques rechazados por miles de millones de pesos y un concurso preventivo en marcha. El deterioro del consumo interno acelera un escenario crítico para una industria clave de las economías regionales.

La industria vitivinícola argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. A la caída sostenida del consumo interno, el encarecimiento de costos y la menor rotación en góndola se suma ahora un dato que preocupa al sector: en apenas 90 días, tres bodegas de fuerte peso histórico y simbólico quedaron involucradas en severos problemas financieros.

Los números confirman un contexto adverso. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo de vino en el mercado interno registró en noviembre de 2025 una caída interanual del 12,5%, con un desplome aún más marcado en el formato tradicional de botella, que retrocedió 16,3%. En el acumulado anual, el volumen comercializado bajó 3,7%, reflejando un cambio de hábitos y una mayor cautela del consumidor, especialmente en los segmentos de mayor valor agregado.

El caso más reciente que encendió las alarmas es el de Casa Montes, bodega radicada en el Valle de Tulum, San Juan. De acuerdo con registros del Banco Central de la República Argentina, la empresa acumuló entre mayo de 2025 y el 19 de enero de 2026 un total de 286 cheques rechazados por $471.421.066,23, de los cuales logró cancelar apenas el 34,62%. La firma, reconocida por etiquetas como Alzamora, Baltazar y Ampakama, tuvo además un fuerte reordenamiento patrimonial en 2024, cuando la familia Montes decidió vender el Diario de Cuyo al grupo propietario del diario Los Andes.

Otro episodio que generó inquietud en el sector es el de Bodegas Bianchi. Según la Central de Deudores del BCRA, la compañía registró 101 cheques rechazados por $1.230.071.690,56, con el último rechazo informado el 22 de enero de 2026. Los inconvenientes comenzaron a fines de diciembre y se intensificaron en las semanas posteriores, pese a que hasta ese momento la bodega mantenía una calificación de bajo riesgo en el sistema financiero. Desde la empresa reconocieron el escenario complejo y aseguraron que se encuentran en un proceso de regularización, de negociaciones abiertas con proveedores y actores clave de la cadena productiva para sostener la operatoria.

El cuadro más delicado es el de Norton, una de las bodegas más reconocidas de Mendoza, que en diciembre obtuvo la aprobación judicial para iniciar su concurso preventivo. La firma busca reestructurar una deuda cercana a los 30 millones de dólares y enfrenta una situación financiera crítica: acumula 314 cheques rechazados por más de $4.031 millones, con apenas el 7% cancelado, y figura en situación 4 dentro del sistema financiero.

En un comunicado oficial, la empresa sostuvo que el objetivo del proceso judicial es preservar los puestos de trabajo y garantizar la continuidad operativa, en una situación que definió como altamente desafiante tanto para el mercado local como para el internacional.

Los casos de Casa Montes, Bianchi y Norton funcionan como una señal de alerta para toda la cadena vitivinícola. Más allá de las particularidades de cada empresa, los problemas financieros revelan el impacto profundo de un mercado interno deprimido, con consumo en retroceso y márgenes cada vez más ajustados. En una industria estratégica para las economías regionales, la crisis ya no es una proyección: es una realidad que empieza a reflejarse en los balances y amenaza con redefinir el mapa del vino argentino si no aparecen señales de recuperación en el corto plazo.