La Comunicación «A» 8460 incorporó al dólar entre las monedas habilitadas para las cuentas sueldo y permitió a los bancos acreditar remuneraciones en moneda extranjera. La modalidad será voluntaria y dependerá del acuerdo entre empleador y trabajador.

El Banco Central de la República Argentina completó la reglamentación necesaria para que las empresas puedan pagar salarios en dólares al habilitar oficialmente las cuentas sueldo denominadas en esa moneda. La medida, formalizada mediante la Comunicación «A» 8460, adapta la normativa bancaria a la reforma laboral aprobada por el Congreso y permite que las entidades financieras administren cuentas sueldo en dólares bajo las mismas condiciones de gratuidad que las existentes en pesos.

La decisión da cumplimiento a la Ley 27.802, que modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que las remuneraciones podrán abonarse en dinero «ya sea en moneda nacional o extranjera». Hasta ahora, el régimen de cuentas sueldo solo contemplaba depósitos en pesos.

La reglamentación garantiza que la apertura y el mantenimiento de estas cuentas no tendrán costo para el trabajador hasta el monto acreditado por la relación laboral. Además, los fondos podrán permanecer depositados por tiempo indefinido sin generar cargos de administración, replicando el esquema vigente para las cuentas sueldo tradicionales.

El Banco Central también fijó las condiciones operativas para el manejo del efectivo. Los bancos deberán asegurar depósitos y extracciones de dólares en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta, mientras que la disponibilidad del servicio en otras sedes, cajeros automáticos o terminales de autoservicio quedará sujeta al stock de billetes y a la capacidad operativa de cada entidad.

Pese a que el marco regulatorio quedó plenamente definido, la posibilidad de generalizar el pago de salarios en moneda extranjera todavía enfrenta obstáculos. Las restricciones que continúan alcanzando a las personas jurídicas para acceder libremente al mercado cambiario limitan la compra de divisas destinada a este tipo de operaciones. En ese sentido, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ya había señalado meses atrás que flexibilizar esos controles no figuraba entre las prioridades inmediatas del organismo.

Por esa razón, el nuevo esquema aparece, en principio, como una alternativa con mayores posibilidades de aplicación en empresas que generan ingresos en dólares o mantienen una estrecha vinculación con mercados internacionales. Entre ellas sobresalen las vinculadas a la economía del conocimiento, la industria del software, los servicios profesionales exportables y otras actividades tecnológicas que compiten por talento altamente calificado.

La nueva modalidad tampoco modifica el régimen general de las relaciones laborales. El pago de salarios en dólares deberá ser fruto de un acuerdo entre las partes y no reemplaza automáticamente la remuneración en pesos ni altera los restantes derechos y obligaciones previstos en la legislación laboral vigente.

Como paso final, el Banco Central informó que enviará a las entidades financieras las actualizaciones correspondientes del texto ordenado sobre depósitos de ahorro, cuentas sueldo y cuentas especiales para adecuar toda la normativa operativa al nuevo régimen. La Comunicación «A» 8460 lleva las firmas de Darío C. Stefanelli, gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas, y Marina Ongaro, subgerenta general de Regulación Financiera.

La decisión representa uno de los cambios más relevantes derivados de la reforma laboral en materia de remuneraciones. Aunque su implementación masiva dependerá de la evolución del régimen cambiario y de la voluntad de empleadores y trabajadores, el sistema financiero ya dispone del instrumento legal necesario para acreditar salarios en dólares, una modalidad que podría comenzar a expandirse en aquellos rubros con mayor integración a la economía internacional.

La Federación de Comercio y Servicios acordó con las cámaras empresarias un incremento remunerativo del 5,7% sobre los salarios de junio, distribuido en tres cuotas del 1,9%, además de un bono extraordinario de $50.000 y la continuidad del cronograma de incorporación de la suma fija de $120.000 al básico.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzó un nuevo entendimiento paritario con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), mediante el cual estableció una actualización salarial del 5,7% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El pacto fija un incremento remunerativo y no acumulativo que se calculará sobre las escalas básicas vigentes en junio de 2026, incorporando además las sumas no remunerativas existentes a esa fecha como base de cálculo. La mejora se distribuirá en tres cuotas iguales del 1,9%: la primera con los salarios de julio, la segunda en agosto y la tercera en septiembre.

El convenio también ratificó el mecanismo de incorporación gradual de la suma fija no remunerativa de $120.000 a los salarios básicos convencionales. Ese proceso comenzará en diciembre de 2026 con una incorporación mensual de $20.000 y continuará de manera consecutiva hasta mayo de 2027, completando así su integración al salario remunerativo.

Asimismo, las partes acordaron que las sumas no remunerativas que permanezcan pendientes de incorporación serán liquidadas conforme a lo previsto en la cláusula tercera del acuerdo paritario firmado el 26 de marzo de 2026, garantizando la continuidad del cronograma previamente establecido.

Como complemento de la recomposición salarial, el acuerdo contempla el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa y no acumulativa de $50.000. El beneficio se abonará en dos cuotas de $25.000: la primera junto con los haberes de julio y la segunda con los salarios correspondientes a agosto.

La vigencia del nuevo convenio rige desde el 1° de julio de 2026. Además, las partes establecieron una nueva instancia de revisión durante octubre para analizar la evolución de las principales variables económicas y determinar si resulta necesario introducir nuevas adecuaciones salariales.

El acuerdo también aclara que las condiciones pactadas no serán de aplicación obligatoria para las negociaciones colectivas que se desarrollen en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. No obstante, una vez homologado, el incremento fijará el piso salarial convencional para la actividad en el resto del país.

La actualización alcanza a uno de los convenios colectivos con mayor cantidad de trabajadores registrados de la Argentina, por lo que su impacto se extenderá a cientos de miles de empleados de comercio, incluidos los afiliados al Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, que percibirán las mejoras conforme al cronograma acordado una vez cumplido el proceso de homologación correspondiente.

Organizaciones sociales y políticas convocaron a una movilización federal para el 6 de agosto, cuando el Senado retomará el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que elimina las principales restricciones a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

El debate por la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volverá al Senado el próximo 6 de agosto y ya genera una fuerte reacción de organizaciones de todo el país. Tras la postergación de su tratamiento, la iniciativa oficial quedó en el centro de una amplia convocatoria que reunirá frente al Congreso a movimientos sociales, gremios, cooperativas, entidades rurales, organizaciones religiosas y partidos políticos, que sostienen que la propuesta compromete la soberanía sobre el territorio y los recursos naturales.

El proyecto, promovido por el Gobierno nacional junto a los gobernadores del Consejo de Mayo, modifica de manera sustancial el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales. En los hechos, deja sin efecto las limitaciones establecidas por la Ley 26.737, aprobada en 2011, que fijó un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras dentro de cada jurisdicción, prohibió la adquisición de inmuebles con grandes cuerpos de agua y estableció un límite de 1.000 hectáreas en las zonas agrícolas de mayor productividad para un mismo titular extranjero.

Aunque esa legislación fue derogada mediante el DNU 70/2023, la medida permanece suspendida por una resolución judicial obtenida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. La nueva iniciativa mantiene restricciones únicamente para Estados extranjeros, pero elimina los límites para personas físicas y empresas privadas del exterior.

La discusión parlamentaria también expuso diferencias dentro del oficialismo y entre sus aliados. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó modificaciones incorporadas durante el debate que habilitaban regímenes diferenciados por provincias, al considerar que podrían vulnerar principios constitucionales. En este sentido, gobernadores y legisladores del PRO y de la UCR reclamaron preservar restricciones para la venta de tierras con recursos estratégicos y ubicadas en zonas de frontera.

A las diferencias políticas se sumó el enfrentamiento entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que esta última acusara a la funcionaria de divulgar una conversación privada mantenida antes de la sesión en la Cámara alta.

Mientras avanza la discusión legislativa, se multiplican las expresiones de rechazo. Integran la convocatoria entidades como Endepa, la Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes, el Llamamiento Argentino-Judío, cooperativas, organizaciones campesinas, colectivos sociales, agrupaciones científicas y centrales sindicales, además de la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda.

Como antesala de la protesta central, entre fines de julio se desarrollarán jornadas federales bajo la consigna «Argentina no se vende», con radios abiertas, charlas, talleres y banderazos en distintas provincias. Los convocantes sostienen que la eliminación de las restricciones a la compra de tierras, sumada a las modificaciones impulsadas sobre otras normas vinculadas con los recursos naturales, facilitaría el desembarco de grandes emprendimientos extractivos y de infraestructura tecnológica en regiones consideradas estratégicas por su disponibilidad de agua, energía y minerales.

En provincias con fuerte perfil productivo y minero como San Juan, donde confluyen importantes proyectos vinculados al cobre, al oro y al desarrollo energético, el debate adquiere una dimensión adicional. Diversas organizaciones consideran que cualquier modificación al régimen de propiedad de la tierra podría tener implicancias sobre futuras inversiones y sobre la administración de recursos considerados estratégicos.

La movilización del 6 de agosto formará parte de una agenda de protestas más amplia. La CGT ya confirmó nuevas acciones para las semanas siguientes, entre ellas una participación en la tradicional marcha de San Cayetano del 7 de agosto, una convocatoria cuando el Gobierno reúna al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y otra manifestación frente al Ministerio de Economía durante la tercera semana del mes, en rechazo a la política económica nacional.