Shell, Axion y Puma incrementaron entre 2% y 5% los precios de naftas y gasoil después de que el Brent se ubicara alrededor de los US$105. YPF, que concentra cerca del 55% del mercado minorista, todavía no trasladó la suba, aunque su presidente, Horacio Marín, anticipó que la evolución del crudo y de los márgenes determinará los próximos movimientos.

La decisión puso fin, de hecho, al esquema de estabilidad que las compañías venían sosteniendo desde mayo para amortiguar la volatilidad internacional. El acuerdo había funcionado como un mecanismo de compensación frente a las variaciones del crudo y contemplaba mantener los valores mientras el petróleo se ubicara en torno o por encima de los US$80. Con el nuevo salto, las refinadoras resolvieron trasladar parte de la diferencia a los surtidores.

Los nuevos valores muestran el efecto inmediato. En nafta premium, el litro pasó a $2.523 en Axion, $2.463 en Puma y $2.508 en Shell. Para la nafta súper, los precios informados se ubicaron en $2.247, $2.213 y $2.208, respectivamente. En varias provincias, además, la premium ya supera los $2.700 por litro.

YPF, que concentra aproximadamente el 55% de las ventas minoristas, decidió mantener por ahora sus precios. La petrolera estatal sigue la evolución del mercado internacional antes de definir una eventual modificación. Horacio Marín sostuvo que la compañía continuará utilizando el mecanismo de amortiguación y que los próximos movimientos dependerán de cuánto tiempo permanezca elevado el valor del petróleo y de la evolución de sus márgenes.

La lógica había sido explicada por Marín meses atrás, cuando la compañía comenzó a aplicar el denominado buffer para evitar un traslado inmediato de la cotización internacional a los consumidores. El objetivo era compensar las variaciones del crudo mediante ajustes graduales, en lugar de trasladarlas de manera directa al precio final.

El impacto sobre la inflación dependerá de la magnitud y del momento en que se produzcan los aumentos. Por haberse concretado hacia el cierre del mes, parte de la incidencia podría distribuirse entre dos mediciones consecutivas, según estimaciones difundidas por fuentes del mercado.

A esa presión se suma un componente impositivo todavía parcialmente postergado. El Gobierno prorrogó hasta el 30 de septiembre la aplicación de parte de los incrementos pendientes en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. Desde el 1° de octubre comenzará a regir el remanente correspondiente a actualizaciones de 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026, según el Decreto 829/2026.

La pobreza volvió a crecer en la Argentina y alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. El indicador aumentó 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando había alcanzado el 28,2%.

La nueva medición implica que aproximadamente 15,5 millones de personas quedaron por debajo de la línea de pobreza dentro de los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo estadístico. La cifra marca un cambio respecto de la trayectoria descendente registrada durante 2025.

El deterioro también alcanzó a los hogares: el 24,4% quedó por debajo de la línea de pobreza. En el caso de la indigencia, el indicador se ubicó en 7,5% de las personas y 5,6% de los hogares, lo que representa alrededor de 3,6 millones de personas que no lograron cubrir siquiera el costo de la Canasta Básica Alimentaria.

La diferencia entre ambos indicadores está determinada por las canastas utilizadas por el INDEC. La pobreza comprende a quienes viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales. La indigencia, en cambio, identifica a quienes no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

El resultado adquiere una dimensión adicional al compararlo con el mismo período del año anterior. Frente al 31,6% registrado en el primer semestre de 2025, la pobreza aumentó 0,7 puntos porcentuales. El salto más pronunciado se produjo en la comparación con el segundo semestre de ese año, cuando el indicador había descendido al 28,2%.

La medición también vuelve a poner el foco sobre la población infantil, uno de los grupos con mayor incidencia de la pobreza. En el primer semestre de 2025, antes de esta nueva suba general, el 45,4% de los menores de 15 años ya vivía en hogares pobres; los datos difundidos ahora muestran que el deterioro general se produjo en un período posterior.

El nuevo informe del INDEC llega en un período en el que los indicadores de consumo también muestran señales de retracción. En julio, las ventas de supermercados disminuyeron 2,1% interanual a precios constantes y acumularon una caída de 2,7% en los primeros siete meses del año, otro dato que permite observar la evolución de la capacidad de compra de los hogares.

La Defensoría del Pueblo de San Juan prepara un nuevo amparo colectivo de alcance nacional para reclamar por la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, ante las demoras en los pagos, las dificultades denunciadas por familias y prestadores y los cambios que el Gobierno nacional impulsa para el sistema asistencial.

La decisión fue anticipada por la defensora Florencia Peñaloza después de su exposición ante la Cámara de Diputados de la Nación. La funcionaria vinculó la eventual presentación judicial con el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la evolución de las partidas durante 2026 y las modificaciones incluidas en la discusión del Presupuesto 2027.

Peñaloza señaló que el 60% de los casos ingresados a la Defensoría de San Juan corresponden a cuestiones de salud y que la mayoría está vinculada con discapacidad. Recordó además que el organismo ya había acudido a la Justicia en 2025 por la suspensión de pensiones no contributivas y que posteriormente se dispuso la restitución de beneficios afectados. La propia Defensoría registra ese antecedente como parte de sus actuaciones en materia de discapacidad.

El nuevo planteo no estaría limitado a los beneficiarios. La institución busca incorporar las dificultades denunciadas por familias, profesionales, equipos técnicos e instituciones educativas, particularmente aquellas vinculadas con la continuidad de tratamientos y prestaciones. “Lo planteamos por los niños y familias, pero también por los profesionales, equipos técnicos y escuelas”, sostuvo Peñaloza.

Uno de los puntos que genera preocupación es la discusión sobre el sistema de impuestos. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla modificaciones en el mecanismo de actualización de los valores del nomenclador y de las prestaciones, cambios que fueron cuestionados por organizaciones vinculadas con discapacidad y que actualmente forman parte del debate legislativo. El Gobierno, además, comenzó a negociar modificaciones sobre algunos de los artículos cuestionados.

La discusión se produce mientras el área atraviesa una nueva etapa institucional. Alejandro Vilches renunció el 21 de septiembre a la Secretaría Nacional de Discapacidad, cargo que dejó argumentando razones personales, en momentos en que el Congreso analiza las modificaciones presupuestarias y regulatorias para 2027.

El organismo sanjuanino ya había intervenido durante 2026 ante problemas vinculados con asistencias de salud. En septiembre, por ejemplo, solicitó al PAMI y a sus prestadores garantizar guardias mínimas y mecanismos alternativos de atención durante una medida de fuerza, con especial atención sobre afiliados que requieren tratamientos permanentes, medicamentos o asistencia por discapacidad.