La decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de otorgar a la minera Vicuña la prioridad para gestionar gran parte de la capacidad disponible de una línea eléctrica de 500 kilovoltios encendió una disputa que ya trasciende el ámbito técnico y se proyecta hacia el terreno político, económico e institucional.

La resolución concede a la compañía —operadora de los proyectos Josemaría y Filo del Sol— el control preferencial del transporte remanente de energía por un plazo de 25 años. El alcance de la medida despertó un inmediato rechazo en distintos sectores de la provincia, que advierten sobre la concentración de una infraestructura clave para el desarrollo minero y productivo.

Reacción institucional y advertencias desde los municipios

La primera señal de alarma llegó desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que convocó a una audiencia pública en territorio sanjuanino para analizar los alcances de la decisión nacional y recoger objeciones de los actores involucrados.

A esa postura se sumaron rápidamente autoridades municipales, en particular desde el departamento de Calingasta. Su intendente, Sebastián Carbajal, cuestionó con dureza la resolución al considerar que podría afectar tanto a los vecinos como a futuros proyectos productivos.

El jefe comunal recordó que desde diciembre los habitantes del departamento ya vienen registrando microcortes en el suministro eléctrico, lo que incrementa la preocupación sobre el impacto que podría generar una administración concentrada del sistema.

“La situación es delicada porque no solo hablamos del servicio para los vecinos. También hay inversiones muy importantes en marcha que podrían verse condicionadas si el acceso a la línea queda prácticamente en manos de una sola empresa”, advirtió.

Según explicó, de consolidarse el esquema actual, cualquier emprendimiento que requiera capacidad de transporte eléctrico debería gestionar su acceso con la minera, lo que en la práctica implicaría depender de una autorización privada para utilizar una infraestructura considerada estratégica.

Recursos administrativos y posible judicialización

Ante este escenario, el municipio de Calingasta ya trabaja en la presentación de una medida cautelar y un recurso de amparo para intentar frenar la aplicación de la resolución. Se prevé que la presentación formal se concrete entre el 6 y el 9 de marzo a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD).

Una estrategia similar se analiza en el departamento de Iglesia, donde las autoridades evalúan realizar un planteo administrativo para solicitar mayor información sobre el alcance de la medida.

Desde el municipio de Jáchal también anticiparon que impulsarán una presentación formal en rechazo a que una empresa privada concentre casi la totalidad del uso de un tendido eléctrico de estas características. Aunque la línea de 500 kV que conecta San Juan con Rodeo no atraviesa directamente el departamento, en la comuna consideran que la decisión sienta un precedente potencialmente riesgoso para el desarrollo minero y productivo de la provincia.

Inquietud en el sector empresarial y minero

La controversia también se trasladó al ámbito empresarial. Desde CASEMICA, que agrupa a proveedores vinculados a la actividad extractiva, confirmaron que se encuentran evaluando acciones para respaldar el planteo del EPRE y manifestar formalmente su rechazo a la resolución.

Dirigentes del sector cuestionaron el proceso mediante el cual se adoptó la decisión y remarcaron que la infraestructura eléctrica involucrada fue construida con aportes provinciales.

“Es una barbaridad lo que han hecho. No han consultado a nadie, y estamos hablando de una línea eléctrica financiada en gran parte con recursos de la provincia”, señaló un referente del sector.

La preocupación también se extiende a otras compañías mineras que operan o proyectan inversiones en San Juan. Iniciativas como El Pachón y Los Azules siguen con atención la evolución del conflicto, ante el temor de que la disponibilidad energética quede condicionada por un esquema de acceso restringido.

Una disputa que trasciende lo técnico

Más allá de la discusión puntual sobre la capacidad de transporte eléctrico, el conflicto expone un debate más amplio sobre la gestión de infraestructura estratégica en provincias con fuerte perfil minero. En territorios donde el crecimiento económico depende en gran medida de grandes inversiones extractivas, el acceso a la energía se convierte en un factor determinante para la viabilidad de nuevos proyectos.

En ese sentido, la concentración de capacidad en manos de un único operador abre interrogantes sobre el equilibrio entre el desarrollo de un emprendimiento específico y la planificación energética a escala provincial.

Mientras avanzan las presentaciones administrativas y se preparan eventuales acciones judiciales, la resolución del ENRE ha logrado lo que pocas decisiones regulatorias consiguen: reunir en un mismo frente de cuestionamiento a municipios, proveedores y empresas del propio sector minero.

El desenlace del conflicto —que podría incluso involucrar a la Fiscalía de Estado de San Juan si la disputa se judicializa— no solo definirá quién controla la capacidad de una línea eléctrica estratégica. También pondrá a prueba el delicado equilibrio entre inversión privada, regulación estatal y desarrollo productivo en una de las provincias donde la minería se perfila como motor central de la economía.

Un informe de la Cámara Comerciantes Unidos de San Juan reveló que las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída interanual del 6,7% durante febrero. El retroceso alcanza a la mayoría de los rubros y confirma un escenario de consumo debilitado que se arrastra desde el año pasado, en un contexto económico que continúa tensionando la actividad comercial.

El dato no aparece aislado. En febrero del año pasado el sector ya había evidenciado una retracción del 3,1%, lo que revela un proceso de debilitamiento del consumo que se ha ido profundizando con el paso de los meses. Para los comerciantes, la persistencia de este escenario refleja un cambio en el comportamiento de los consumidores, cada vez más cautelosos al momento de decidir una compra.

La contracción se distribuye de manera amplia dentro del entramado comercial. De los once rubros analizados, la mayoría registró números negativos, con especial impacto en los sectores vinculados a bienes durables, que suelen resentirse con mayor intensidad cuando el poder adquisitivo se deteriora.

El informe ubica entre los rubros más afectados a muebles y decoración, que registró una caída del 10,2%. Le siguen ferretería y materiales para la construcción (-8,7%), calzados y marroquinería (-8,5%) e indumentaria (-8,1%), segmentos estrechamente asociados al consumo discrecional.

Sin embargo, el retroceso no se limita a ese universo. Incluso sectores ligados a compras cotidianas muestran un desempeño por debajo de lo esperado. Las ventas de electrodomésticos retrocedieron 7,6%, mientras que alimentos y bebidas registraron una baja del 7,2%. También se observaron descensos en juguetería y librerías (-5,6%) y farmacia (-3,1%).

En ese panorama, el único rubro que logró escapar a la tendencia negativa fue el de neumáticos y repuestos, con un crecimiento del 4,5%, un comportamiento que algunos comerciantes vinculan con la necesidad de mantenimiento del parque automotor ante la dificultad de acceder a vehículos nuevos.

Según el relevamiento, el 60% de las operaciones se realizaron al contado, mientras que el 40% restante se concretó mediante tarjeta de crédito, una proporción que muestra un consumo moderado y decisiones de compra más cuidadosas por parte de los clientes.

Más allá de los porcentajes, los comerciantes advierten que la caída del consumo se percibe con claridad en la dinámica diaria de los locales: menor circulación de clientes, compras más espaciadas y decisiones cada vez más selectivas.

La evolución reciente del sector confirma esta fragilidad. Informes previos del comercio local ya habían advertido una desaceleración en la actividad y una reducción de la cantidad de unidades vendidas en distintos momentos del año, reflejando un mercado interno aún condicionado por el poder adquisitivo de los hogares.

La caída registrada en febrero vuelve a poner en evidencia la fragilidad que atraviesa el comercio minorista sanjuanino. Para las PyMES del sector, el problema excede la fotografía de un mes puntual y remite a una dinámica más profunda: un consumo debilitado que restringe la actividad y obliga a replantear estrategias de supervivencia comercial.

En este sentido, el desempeño del mercado interno aparece como la variable central para la recuperación. Mientras el poder adquisitivo continúe bajo presión y las decisiones de compra sigan atravesadas por la cautela, el comercio local seguirá moviéndose en un terreno de incertidumbre. Para muchos pequeños comerciantes, sostener las persianas abiertas ya se ha convertido en el principal desafío de las concicións económicas.

La suspensión de los trabajos en el tramo Cochagual–Tres Esquinas de la Ruta Nacional 40 dejó sin empleo a 95 operarios y volvió a encender alarmas en el sector de la construcción. Desde la UOCRA atribuyen la decisión al desfinanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y a la acumulación de certificados impagos por parte del Estado nacional.

La obra de la Ruta 40 Sur quedó oficialmente paralizada este miércoles tras una asamblea entre la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria y los trabajadores. El encuentro formalizó lo que ya se anticipaba en el obrador: la suspensión de tareas y el despido de los 95 obreros afectados al proyecto.

El secretario general de la UOCRA San Juan, Alberto Tovares, confirmó la situación y no ocultó su preocupación por el impacto inmediato. “Nos levantamos con la mala noticia de que la obra se paralizó otra vez y la verdad es que es una situación grave. Como dirigente, estas cosas te descolocan”, expresó.

Según explicó, la empresa comunicó que no podía continuar ante la falta de pagos del Estado nacional. “Hay certificados impagos desde septiembre y la UTE ya no puede sostener la actividad. Hacer trabajar a la gente sin cobrar no tiene sentido”, sostuvo.

Detrás de la definición administrativa se esconde un problema estructural: la obra pública, especialmente aquella apalancada con financiamiento externo, depende de un delicado equilibrio entre desembolsos internacionales y compromisos fiscales internos. Cuando esa ecuación se rompe, el primer eslabón en resentirse es el empleo.

El impacto social del ajuste

Tovares puso el acento en la dimensión humana de la medida. “No hablamos solo de 100 trabajadores, sino de 100 familias. El ajuste siempre termina recayendo sobre el trabajador”, afirmó, visiblemente molesto.

En un sector históricamente vinculado a la inversión estatal, la paralización de proyectos no solo implica la pérdida de ingresos directos, sino también el deterioro de economías regionales que orbitan en torno a cada obra: proveedores, transportistas, pequeños comercios y servicios asociados.

La construcción, por su efecto multiplicador, funciona como termómetro de la actividad económica. Cuando se detiene, el impacto trasciende el perímetro del obrador.

Un proyecto estratégico con avance mínimo

El tramo Cochagual–Tres Esquinas, de 27 kilómetros, es considerado clave para convertir la Ruta 40 en autopista y mejorar la conectividad entre el sur de San Juan y Mendoza. Sin embargo, la iniciativa arrastra demoras crónicas.

La obra se ejecutaba con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y había sido retomada en junio de 2024, tras gestiones entre el Gobierno provincial y la administración del presidente Javier Milei. Aquella reactivación fue presentada como un punto de inflexión en medio del repliegue generalizado de la obra pública nacional.

No obstante, la ausencia de nuevos desembolsos volvió a frenar su desarrollo. De acuerdo con el dirigente sindical, luego de casi dos años y medio de ejecución, el avance acumulado apenas alcanza el 8% del total previsto, un indicador que evidencia la sucesión de interrupciones y la fragilidad financiera del proyecto.

La reiteración de anuncios de reactivación que no logran consolidarse profundiza la incertidumbre. “La vez pasada se dijo que se retomaba la obra con financiamiento del BID, y hoy volvemos al punto de partida”, lamentó Tovares.

Infraestructura y política fiscal: una tensión persistente

El caso de la Ruta 40 Sur expone una tirantez más amplia: el ajuste fiscal impulsado a nivel nacional y su correlato en la inversión en infraestructura. En un escenario de restricción presupuestaria, la priorización del equilibrio de las cuentas públicas compite con la necesidad de sostener proyectos estratégicos para el desarrollo regional.

La dependencia de organismos multilaterales agrega un condicionante adicional. Sin desembolsos efectivos, la cadena de pagos se interrumpe y las empresas adjudicatarias quedan sin margen operativo. El resultado es previsible: paralización, despidos y obras inconclusas.

Por el momento, no existen confirmaciones oficiales sobre una eventual reanudación de los trabajos. La incertidumbre domina el panorama y deja en suspenso tanto el futuro laboral de los trabajadores como la concreción de una infraestructura considerada vital para la conectividad cuyana.

La nueva suspensión de la Ruta 40 Sur no es solo un episodio administrativo ni una contingencia presupuestaria: es la expresión concreta de una política de ajuste que encuentra en la obra pública uno de sus principales escenarios de disputa. Con apenas un 8% de avance y casi dos años y medio de ejecución intermitente, el proyecto simboliza las dificultades de sostener inversiones de largo plazo en una situación actual de restricción fiscal.

Mientras los números ordenan balances, 95 trabajadores quedan fuera del sistema y un corredor estratégico permanece inconcluso. La incógnita ya no es únicamente cuándo volverán las máquinas al terreno, sino si existirá una decisión política firme capaz de garantizar continuidad y previsibilidad. Sin esa certeza, la Ruta 40 Sur seguirá siendo, más que una autopista en construcción, una promesa recurrente detenida en el tiempo.