El Ente Provincial Regulador de la Electricidad impuso a Naturgy una sanción de $2.218,52 millones correspondiente al segundo semestre de 2025, tras constatar una frecuencia de interrupciones y una duración acumulada superiores a los límites contractuales, además de desvíos en los niveles de tensión. El monto duplica holgadamente las penalidades aplicadas en la primera mitad del año.

El organismo concluyó que la empresa excedió el umbral de contingencias previsto en el contrato de concesión —esto es, la cantidad máxima de interrupciones toleradas— y también superó el tiempo acumulado permitido para esas contingencias. En términos prácticos, se registraron más cortes de los admitidos y con una extensión mayor a la autorizada, afectando de manera directa a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

A esas deficiencias se sumaron apartamientos en los niveles de tensión establecidos contractualmente, tanto en suministros monofásicos como trifásicos, un aspecto técnico que incide en la seguridad de las instalaciones y en la integridad de los equipos eléctricos.

Escalada en las penalidades

La magnitud de la sanción marca un salto significativo respecto del primer semestre de 2025, cuando las multas totalizaron $825 millones. El incremento supera el 50% y configura un endurecimiento en la respuesta regulatoria frente a incumplimientos reiterados.

El contraste interanual también resulta elocuente. En 2024, las penalidades habían alcanzado $1.217 millones en el primer semestre y $1.486 millones en el segundo. El monto correspondiente al cierre de 2025 no solo supera esas cifras, sino que establece un nuevo umbral en materia de sanciones económicas aplicadas a la concesionaria.

Destino de los fondos

De acuerdo con la normativa vigente, las sumas impuestas no permanecen en la órbita administrativa del ente regulador. El esquema prevé su transferencia íntegra a los usuarios, ya sea mediante bonificaciones en las facturas o a través del Fondo de Contención Tarifaria. Este instrumento se orienta a financiar intervenciones en infraestructura, como la modernización del alumbrado público y otras mejoras vinculadas al sistema eléctrico.

Un servicio estratégico bajo exigencia creciente

La reiteración de penalidades millonarias revela un cuadro de desempeño que no logra alinearse con los estándares contractuales. En un contexto en el que la energía constituye un insumo crítico para la actividad económica y la vida cotidiana, la discusión excede la dimensión administrativa y se proyecta sobre la necesidad de inversiones, mantenimiento preventivo y modernización de redes.

La decisión del EPRE envía una señal clara: el margen de tolerancia frente a desvíos en la calidad del servicio se estrecha. El desafío, ahora, será traducir la sanción en mejoras verificables que restituyan previsibilidad y confianza a los usuarios.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo en San Juan, Eduardo Cabello, aseguró que el paro contra la reforma laboral alcanzó un 70% de acatamiento en la provincia. Criticó el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei, advirtió sobre presuntas inconstitucionalidades y no descartó nuevas medidas gremiales.

En concordancia con la jornada nacional convocada por la Confederación General del Trabajo, la seccional San Juan expuso su propio balance político y sindical. Desde la sede gremial de calle España, el referente sinddical Eduardo Cabello calificó como “histórico” el paro general y afirmó que en la provincia el nivel de adhesión alcanzó picos del 70% en distintos sectores.

La medida, señaló, se desarrolló sin movilización masiva, aunque con participación activa de sindicatos clave. Según precisó, en la administración pública el acatamiento superó el 40% —con impacto visible en el Centro Cívico—, mientras que en hospitales rondó el 60% y en varias municipalidades la paralización fue casi total. La protesta también comenzó a la medianoche en proyectos mineros, con la adhesión de gremios como AOMA, Asijemin y trabajadores gastronómicos vinculados a la actividad.

“Hoy es un día histórico. Debe ser uno de los paros más significativos que tenemos”, expresó Cabello, al remarcar que la convocatoria no respondió —según su definición— a un interés partidario, sino a la defensa de derechos laborales. “Le estamos haciendo un paro a Milei, no a Orrego”, aclaró, diferenciando el plano nacional del provincial.

Cuestionamientos de fondo

El eje del discurso sindical estuvo centrado en el contenido del proyecto que se debate en la Cámara de Diputados. Cabello sostuvo que la reforma implica un retroceso en garantías laborales y advirtió que podría modificar aspectos sustanciales de la jornada de trabajo, el régimen de horas extras y la liquidación de vacaciones y aguinaldos.

“Te sacan lo que costó sangre”, afirmó, en referencia a conquistas históricas del movimiento obrero. A su juicio, la iniciativa “nos plancha a todos y nos vuelve a fojas cero”, en una actual situación económica que, según describió, ya presenta signos de deterioro productivo y pérdida de empleo.

El dirigente vinculó la discusión parlamentaria con la situación macroeconómica. Mencionó el cierre de más de 20.000 empresas en el país y alertó sobre la fragilidad del entramado productivo. “Vemos a los trabajadores desprotegidos. En otros países los Estados cuidan a la sociedad; acá no”, sostuvo, cuestionando el rumbo de las políticas nacionales.

Estrategia gremial y advertencias judiciales

Más allá del diagnóstico, Cabello dejó abierta la puerta a una escalada institucional. Señaló que, de aprobarse la ley, la central obrera evalúa realizar presentaciones judiciales por considerar que existen artículos inconstitucionales. La vía judicial, anticipó, sería parte de una estrategia más amplia de defensa sindical.

La conferencia contó con la presencia de referentes de las dos CTA y organizaciones sociales como la UTEP, Amas de Casa, Martín Fierro y la Corriente Clasista y Combativa, en una señal de cohesión interna frente al debate legislativo. La foto buscó transmitir unidad en un clima nacional atravesado por tensiones políticas y económicas.

Cabello también apeló a una narrativa histórica del movimiento obrero argentino. “Este país lo hicieron los trabajadores y los empresarios, ladrillo a ladrillo”, sostuvo, reivindicando el rol del trabajo en la construcción del desarrollo nacional. En esa línea, afirmó que “difícilmente van a quebrar el espíritu de sacrificio, trabajo y derecho que tienen los argentinos”.

Una disputa que excede la coyuntura

El paro en San Juan, con niveles de adhesión significativos según la conducción sindical, se inscribe en una disputa más amplia sobre el modelo laboral y el equilibrio entre flexibilización y protección social. Mientras el oficialismo sostiene que la reforma apunta a modernizar el mercado de trabajo y fomentar el empleo, el sindicalismo advierte sobre una pérdida de derechos adquiridos.

En ese cruce de visiones, la central obrera provincial dejó claro que la discusión no se agota en una jornada de protesta. La advertencia de nuevas medidas y eventuales acciones judiciales anticipa un escenario de confrontación institucional si el proyecto avanza.

El comercio sanjuanino encendió una señal de alarma. A través de un comunicado público, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan advirtió que el deterioro de la industria nacional y el incremento de las importaciones están generando un “efecto cascada” que impacta de lleno en el ecosistema comercial de la provincia.

La entidad planteó tres ejes críticos que, a su entender, explican la caída en las ventas y el clima de incertidumbre que atraviesa al sector.

Asimetría impositiva y competencia desigual

El primer punto apunta a lo que consideran una competencia desbalanceada entre producción nacional e importaciones. “Es inadmisible que se faciliten beneficios para el ingreso de productos importados mientras el fabricante nacional —que paga salarios, cargas sociales e impuestos en Argentina— enfrenta costos de producción asfixiantes. No competimos en igualdad de condiciones”, señalaron.

El diagnóstico remite a una discusión estructural: el peso de la carga tributaria local frente a economías externas con menores costos y esquemas fiscales más livianos. Para los comerciantes, esta brecha no solo erosiona la rentabilidad de la industria, sino que termina afectando directamente al mostrador.

El “Efecto Fate” y la pérdida del consumidor

El segundo eje de preocupación fue definido como el “Efecto Fate”, en alusión al impacto social y económico que provoca el cierre de grandes empresas. Más allá del caso puntual, la Cámara utilizó el concepto para ilustrar una dinámica más amplia: cada fábrica que baja sus persianas implica la pérdida de empleos y, en consecuencia, de consumidores.

“Los cierres no son números aislados. Cuando una fábrica cierra, se pierde un consumidor. En San Juan sabemos que el comercio vive del sueldo del trabajador local; si no hay empleo privado genuino, el mostrador queda vacío”, advirtieron.

La afirmación sintetiza una realidad conocida en economías regionales: la estrecha dependencia entre actividad productiva y circulación comercial. En contextos de retracción industrial, el comercio suele ser uno de los primeros sectores en sentir la contracción de la demanda.

Dependencia externa y fuga de capitales

El tercer punto planteado por la entidad refiere a la creciente dependencia de bienes importados. “Fomentar el consumo de productos extranjeros es, en la práctica, exportar el trabajo de los argentinos. Esa riqueza se fuga al exterior en lugar de reinvertirse en nuestras pymes, que generan el 70% del empleo”, sostuvieron.

El argumento vincula política comercial con desarrollo local. Para los comerciantes, la expansión de las importaciones no solo impacta en la producción, sino que debilita el entramado de pequeñas y medianas empresas que sostienen el empleo formal en el país.

Reclamos y advertencias

Bajo este marco, la Cámara reclamó medidas “urgentes y concretas” tanto a las autoridades nacionales como provinciales. “No podemos sostener un sistema público de Salud, Educación y Seguridad con un sector privado que se achica día a día. El aporte de menos del 10% de la población no es suficiente para 45 millones de habitantes”, plantearon, en referencia a la presión fiscal y la base contributiva.

El pedido central es la generación de “reglas claras para emprender, no para importar”, junto con políticas que protejan el valor agregado argentino. La advertencia final resume el clima de inquietud: “Un país sin industria es un país sin futuro y un comercio sin clientes”.

El posicionamiento de los comerciantes sanjuaninos refleja una preocupación que superan los límites de un solo sector. La tensión entre apertura comercial, competitividad interna y sostenimiento del empleo se proyecta como uno de los ejes centrales del debate económico actual. En una provincia donde la actividad privada depende en gran medida del dinamismo productivo, la consigna es clara: sin industria activa, el circuito comercial se debilita. El desafío, según advierten, será equilibrar integración al mundo con desarrollo local para evitar que la crisis fabril termine vaciando también los mostradores.