Desde el Congreso Nacional de Delegados de la UOM, Martín Solazzo advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo, la destrucción de empleo industrial y las restricciones en las negociaciones paritarias. Con un diagnóstico crítico, el sector definió un plan de acción que podría derivar en medidas de fuerza de mayor alcance.

El movimiento metalúrgico atraviesa una etapa de definiciones, marcada por el deterioro salarial, la contracción del empleo y el endurecimiento de las posiciones gremiales. Así lo expresó Martín Solazzo, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, tras su participación en el Congreso Nacional de Delegados realizado en Mar del Plata, instancia clave donde se delinean las principales decisiones del gremio a nivel país.

El encuentro, que reúne a representantes de todas las seccionales, constituye el máximo órgano deliberativo de la organización. Allí se aprueban balances, se fijan lineamientos y se establecen las estrategias que regirán la acción gremial. En esta oportunidad, el eje dominante giró en torno a la pérdida de ingresos y a las dificultades para sostener negociaciones paritarias sin condicionamientos.

“Las paritarias hoy no están alcanzando ni siquiera los índices de inflación”, sostuvo Solazzo, quien además cuestionó la injerencia del Gobierno nacional en la definición de los porcentajes de aumento. Según explicó, existen limitaciones que impiden discutir libremente las recomposiciones salariales, lo que termina consolidando un atraso sostenido en los haberes. “Seguimos perdiendo puntos mes a mes, y eso impacta directamente en la calidad de vida”, advirtió.

El diagnóstico fue compartido por delegados de todo el país y reforzado por la participación del Frente de Sindicatos Unidos, un espacio que nuclea a más de 140 organizaciones. Durante el congreso, sus representantes expusieron un estudio que estima el ingreso necesario para sostener condiciones de vida adecuadas. La cifra, ajustada por la inflación reciente, ubica ese piso por encima de los 2,8 millones de pesos mensuales.

El planteo excede la discusión técnica sobre sueldos. Desde el sector sostienen que el ingreso mínimo debe superar la canasta básica y contemplar no solo la alimentación, sino también el acceso a servicios, educación, transporte y recreación. “No se puede aceptar que un trabajador formal no llegue a fin de mes”, enfatizó el dirigente, en línea con el consenso alcanzado durante el encuentro.

La situación del empleo industrial constituye otro de los puntos críticos. Según datos compartidos en el congreso, el sector metalúrgico perdió más de 30.000 puestos de trabajo en los últimos meses, una cifra que refleja el impacto de la caída de la actividad. Para el sindicalista sanjuanino, este fenómeno tiene consecuencias profundas, ya que detrás de cada desvinculación hay familias que quedan sin sustento y sin alternativas de reinserción.

“La industria es uno de los pilares del trabajo registrado, y cuando se la debilita, el impacto es inmediato”. En ese sentido, expresó que la falta de oportunidades laborales agrava la situación de quienes pierden su empleo, ya que no encuentran opciones en otros sectores. “El problema no es solo perder el trabajo, sino no tener dónde volver a insertarse”, remarcó.

Ante este cuadro, el congreso aprobó un plan de acción que abarca el período 2026-2030. La iniciativa, impulsada por el cuerpo de delegados y respaldada por la conducción nacional, establece una hoja de ruta que contempla desde instancias de negociación hasta la posibilidad de medidas de fuerza de mayor intensidad. Entre las opciones mencionadas figura la convocatoria a paros por tiempo indeterminado en caso de no obtener respuestas satisfactorias.

“La decisión es clara: hasta acá llegamos”, sintetizó Solazzo, al describir el ánimo predominante entre los delegados. La consigna apunta a evitar que el costo del ajuste recaiga nuevamente sobre los trabajadores y a rechazar iniciativas que impliquen retrocesos en materia de derechos laborales.

El congreso también dejó en evidencia la búsqueda de mayor articulación entre organizaciones sindicales. La participación del Frente de Sindicatos Unidos reflejó la intención de construir una estrategia común frente a los desafíos actuales. Para el representante metalúrgico, la unidad resulta imprescindible para enfrentar un escenario adverso. “Esto no lo puede resolver un solo gremio; hace falta un trabajo conjunto”, señaló.

En este aspecto, la agenda gremial se vincula con la convocatoria de la CGT a una movilización nacional el 30 de abril, en la antesala del Día del Trabajador. La UOM confirmó su participación y llamó a los afiliados a sumarse. “Es fundamental que los trabajadores acompañen; el sindicato es la herramienta que tienen para defender sus derechos”, destacando la necesidad de mayor involucramiento, concluyó Solazzo.

El panorama que surge del Congreso Nacional de Delegados de la UOM refleja una realidad compleja para el sector industrial. La pérdida de poder adquisitivo, la caída del empleo y las limitaciones en la negociación salarial configuran un cuadro que exige respuestas urgentes.

En este contexto, el gremio metalúrgico avanza hacia una estrategia más firme, con la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza si no se producen cambios. La evolución de las paritarias, la recuperación de la actividad industrial y el grado de cohesión sindical serán factores determinantes para definir el rumbo de un conflicto que, lejos de atenuarse, muestra señales de intensificación.

El transporte público en San Juan vuelve a encarecerse. A partir de la última resolución oficial, el valor del boleto mínimo se fijó en $1.300, en una decisión adoptada por la Secretaría de Tránsito y Transporte dependiente del Ministerio de Gobierno provincial.

La actualización constituye el segundo ajuste tarifario en lo que va del año. El antecedente inmediato se remonta al 1 de enero, cuando el pasaje había experimentado un incremento significativo del 34%, llevando la tarifa a $1.070. Con la nueva suba, el acumulado en apenas cuatro meses supera el 21%, consolidando un encarecimiento sostenido del servicio.

Desde el Ejecutivo explicaron que la medida responde a la evolución de los costos operativos del sistema. Entre los factores determinantes se destacan el encarecimiento de los combustibles y la actualización de los salarios del personal, dos variables que inciden de manera directa en la estructura económica del transporte.

La suba de los combustibles, influido por la volatilidad internacional del petróleo, repercutió con fuerza en los gastos de las empresas prestatarias. A su vez, los acuerdos salariales del sector contribuyeron a elevar los costos laborales, otro componente clave en la ecuación del servicio.

Las autoridades señalaron que la actualización tarifaria busca garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones, en un sistema que requiere ajustes periódicos para sostener su operatividad. En ese sentido, indicaron que se mantiene un monitoreo permanente sobre la evolución de los costos y el funcionamiento del transporte público.

Sin embargo, el impacto sobre los usuarios es inmediato. El encarecimiento del boleto se suma a otros incrementos registrados en servicios esenciales, configurando una carga creciente sobre los ingresos, especialmente en los sectores que dependen del transporte urbano para sus actividades cotidianas.

Una resolución de la Justicia de La Rioja dispuso la suspensión por 30 días de las actividades vinculadas al proyecto minero Josemaría. La medida obliga a la empresa a presentar estudios ambientales en territorio riojano y genera incertidumbre sobre uno de los desarrollos extractivos más relevantes del país.

Una decisión judicial adoptada en La Rioja alteró el curso de uno de los emprendimientos mineros más ambiciosos de la región cuyana. La jueza María Greta Decker ordenó la paralización por 30 días de las tareas vinculadas al proyecto Josemaría, a partir de una presentación impulsada por el gobierno riojano.

La resolución alcanza a la firma operadora Vicuña S.A. y establece como condición indispensable la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental que contemple las implicancias del emprendimiento sobre territorio de la provincia vecina. Sin ese requisito aprobado, no podrán retomarse las actividades.

El fallo se apoya en el principio preventivo y se instrumentó mediante una medida autosatisfactiva, una herramienta jurídica que permite actuar con rapidez frente a la posibilidad de daños ambientales. Desde la administración riojana argumentaron que la empresa no cumplió con requerimientos previos vinculados al uso de infraestructura local, especialmente el corredor vial que conecta con el yacimiento.

El secretario de Ambiente de esa provincia, Santiago Azulay, sostuvo que los efectos del proyecto exceden los límites geográficos y podrían impactar en comunidades como Guandacol y Villa Unión. Entre los puntos señalados figuran el tránsito intensivo de vehículos pesados, la dispersión de partículas y la contaminación sonora.

La medida judicial también dispuso restricciones sobre el camino de Guandacol, principal vía logística hacia el emprendimiento, actualmente bajo control policial. Esta limitación genera un cuello de botella operativo que afecta la planificación de obras y el movimiento de equipos.

Un proyecto estratégico bajo presión

El desarrollo de Josemaría forma parte del denominado distrito Vicuña, un conglomerado minero de escala internacional que incluye también el yacimiento Filo del Sol. Ubicado en San Juan, el proyecto prevé inversiones millonarias y una proyección productiva significativa en cobre, oro y plata durante varias décadas.

Para San Juan, la paralización representa un contratiempo relevante en términos económicos y de generación de empleo, dado el peso estratégico que la actividad minera tiene en su matriz productiva. A su vez, la decisión introduce un elemento de complejidad institucional al involucrar competencias ambientales de distintas jurisdicciones.

Desde La Rioja no descartan avanzar hacia instancias judiciales superiores en caso de incumplimiento, lo que podría derivar en la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

La suspensión dispuesta por la Justicia riojana reconfigura el futuro inmediato de un proyecto central para la minería argentina. Más allá del plazo fijado, el episodio instala un debate de fondo sobre la coordinación interprovincial en materia ambiental y la necesidad de reglas claras para emprendimientos de gran escala. El desenlace de este proceso no solo definirá el avance de Josemaría, sino que también sentará precedentes sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y resguardo ambiental en el país.