La Asociación Bancaria anunció un paro nacional para el 13 de mayo en las últimas horas de atención al público, en rechazo a despidos y al cierre de dependencias en el Banco Central y el Banco Hipotecario. El sindicato advierte sobre el impacto laboral y territorial de las medidas.

La conducción de la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, resolvió intensificar su plan de acción gremial con una nueva medida de fuerza de alcance nacional. El paro, previsto para el miércoles 13 de mayo durante las últimas tres horas de atención al público, se inscribe en una disputa que suma episodios y que tiene como eje decisiones adoptadas en el Banco Central de la República Argentina y en el Banco Hipotecario.

La organización sindical sostiene que las medidas implementadas por ambas entidades responden a un proceso de reducción de estructuras que compromete fuentes de trabajo y altera el funcionamiento del sistema financiero en distintas regiones. En el caso del Banco Central, el foco está puesto en la decisión de cerrar 12 de las 21 tesorerías regionales, una reconfiguración que, según el gremio, pone en riesgo al menos 32 puestos laborales y afecta la operatoria en el interior del país.

Desde la entidad gremial subrayan que la eliminación de estas dependencias no sólo implica una pérdida de empleo, sino también una modificación en la capilaridad del sistema financiero, con posibles consecuencias para economías locales que dependen de estos circuitos. En ese sentido, advierten que la centralización de funciones podría debilitar la presencia institucional en plazas alejadas de los grandes centros urbanos.

El conflicto no es nuevo. El pasado 27 de abril, La Bancaria llevó adelante un paro de 24 horas como señal de protesta y, posteriormente, participó en instancias formales de negociación en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, las conversaciones no lograron acercar posiciones. Según el sindicato, las autoridades mantuvieron una postura inflexible, lo que derivó en la profundización de las medidas gremiales y en la declaración de un estado de alerta y movilización en todo el territorio.

En este punto, la situación en el Banco Hipotecario suma otro frente de presión. El gremio denuncia despidos que considera injustificados y un proceso sostenido de cierre de sucursales. Estas decisiones, afirman, repercuten tanto en los trabajadores como en los usuarios del sistema, al reducir la cobertura y el acceso a servicios financieros en distintas localidades.

La conducción sindical plantea que no aceptará políticas de ajuste que impliquen recortes de personal o deterioro en las condiciones laborales. En esa línea, exige garantías de continuidad para los empleados afectados y reclama la apertura de instancias de diálogo con respuestas concretas.

La provincia resolvió interrumpir las clases en los turnos tarde, vespertino y nocturno ante el pronóstico de viento Zonda. La decisión, respaldada por organismos técnicos y de emergencia, alcanza a todos los niveles y activa mecanismos para sostener la continuidad pedagógica.

La irrupción del viento Zonda volvió a condicionar la dinámica cotidiana en San Juan y obligó a una respuesta coordinada del sistema educativo. Pasado el mediodía, el Ministerio de Educación provincial confirmó la suspensión de clases en todos los niveles y modalidades durante los turnos tarde, vespertino y nocturno de este miércoles 6 de mayo, en línea con las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Protección Civil.

La determinación no solo implicó interrumpir la presencialidad, sino también activar un esquema institucional previsto para este tipo de contingencias. A través de la Resolución 12277-ME-2024, las autoridades dispusieron la implementación del Plan de Contingencia, que contempla herramientas para sostener el vínculo pedagógico en contextos adversos. En este sentido, quedaron sin efecto las convocatorias y actividades previstas para la jornada, las cuales deberán ser reprogramadas por cada establecimiento.

El alcance de la medida es integral: incluye a la totalidad del sistema educativo provincial, desde el nivel inicial hasta la formación superior no universitaria. La prioridad, según remarcaron desde la cartera educativa, es resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal escolar frente a un fenómeno que combina ráfagas intensas, aumento repentino de la temperatura y una marcada reducción de la visibilidad.

En la misma línea, la Universidad Nacional de San Juan resolvió suspender desde las 13:30 las actividades académicas y administrativas en sus tres instituciones preuniversitarias: el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. La decisión se adoptó en sintonía con las recomendaciones de los organismos de emergencia y en concordancia con la medida provincial, reforzando un criterio unificado frente al riesgo climático.

Los reportes técnicos anticipan que el fenómeno comenzará a manifestarse con mayor intensidad durante la siesta en el Gran San Juan y podría prolongarse hasta la madrugada del jueves. Las ráfagas, sumadas a las condiciones ambientales propias del Zonda, configuran un escenario que exige precaución, especialmente en espacios abiertos y en la circulación urbana.

Este tipo de episodios, habituales en la región, ponen a prueba la capacidad de respuesta del sistema educativo y su articulación con las áreas de prevención. La experiencia acumulada en eventos anteriores ha permitido establecer protocolos claros, orientados tanto a la protección física de la comunidad como a la continuidad de los procesos de enseñanza.

Un informe impulsado por sectores técnicos, sindicales y asociaciones de usuarios señala que cerca del 75% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo. La advertencia pone el foco en la seguridad, la inversión pública y el rol del Estado.

La infraestructura vial argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Un relevamiento difundido por organizaciones vinculadas al sector advierte que aproximadamente tres de cada cuatro rutas nacionales presentan condiciones deficientes, un registro que enciende señales de alarma en torno a la seguridad de quienes transitan a diario por estos corredores estratégicos.

El diagnóstico, respaldado por trabajadores, especialistas y asociaciones de usuarios, atribuye el deterioro a la interrupción de obras y a la reducción de tareas de conservación básica. Según sostienen, la falta de intervención sostenida aceleró el desgaste de la red, afectando tanto la transitabilidad como los estándares de seguridad. La consecuencia inmediata —advierten— es una mayor exposición a siniestros, especialmente en tramos donde el deterioro del pavimento, la señalización insuficiente y la ausencia de mantenimiento configuran un riesgo permanente.

En este punto, se conformó un espacio multisectorial que reúne a empleados de Vialidad Nacional, técnicos de organismos vinculados al transporte y la seguridad vial, junto a familiares de víctimas y usuarios autoconvocados. El objetivo es visibilizar la situación y promover un abordaje integral que permita revertir el cuadro actual. La iniciativa incluye la participación de trabajadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, entre otros actores con injerencia directa en la materia.

Desde estos sectores también surgieron cuestionamientos a la expansión de esquemas de concesión mediante peajes. Si bien reconocen la necesidad de financiamiento, plantean que este modelo no resuelve los problemas estructurales de la red y puede profundizar desigualdades territoriales. En particular, advierten que la lógica de rentabilidad podría relegar tramos menos transitados pero igualmente esenciales para la conectividad regional, consolidando un sistema fragmentado y con cobertura desigual.

Otro de los ejes de preocupación es el debilitamiento de organismos públicos clave. Referentes sindicales sostienen que la reducción de capacidades operativas y técnicas limita la posibilidad de planificar, ejecutar y controlar políticas viales de largo alcance. Esta situación, afirman, impacta de manera directa en la prevención de accidentes y en la calidad de los servicios asociados al transporte.

La problemática será expuesta este jueves 7 de mayo a las 12 en la sede del Sindicato de Empleados Viales Nacionales (SEVINA), en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, junto a representantes sindicales y organizaciones del sector, presentará un diagnóstico detallado y un conjunto de propuestas orientadas a atender la emergencia. Bajo la consigna “en defensa de la vida”, los convocantes buscarán instalar el tema en la agenda pública y reclamar definiciones concretas.

Más allá de las diferencias en torno a los modelos de gestión, existe un consenso amplio respecto de la necesidad de intervenir con urgencia. La red vial no solo es un componente esencial para la circulación de bienes y personas, sino también un factor determinante en la reducción de la siniestralidad. Su estado, por lo tanto, trasciende la discusión técnica y se inscribe en el terreno de las políticas públicas prioritarias.