El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, salió al cruce de los planteos impulsados desde La Rioja y aseguró que el proyecto Lunahuasi se encuentra íntegramente dentro de territorio sanjuanino. El funcionario rechazó la posibilidad de una explotación compartida, defendió la legalidad ambiental del emprendimiento y acusó al gobierno riojano de instalar una controversia sin sustento jurídico.

La disputa entre San Juan y La Rioja por el proyecto minero Lunahuasi volvió a escalar con fuerza y sumó un nuevo episodio de confrontación política, institucional y territorial. Luego de que desde el gobierno riojano insistieran con avanzar judicialmente para frenar actividades vinculadas al emprendimiento y propusieran un esquema de administración compartida en zonas limítrofes, la respuesta sanjuanina no tardó en llegar.

Perea, rechazó de manera categórica las afirmaciones realizadas por su par riojano, Ernesto Pérez, y defendió la jurisdicción plena de la provincia sobre el yacimiento. El funcionario sostuvo que Lunahuasi se encuentra completamente dentro del territorio sanjuanino y afirmó que la discusión planteada desde La Rioja carece de sustento legal.

“El Gobierno de La Rioja está generando un conflicto inexistente desde el punto de vista jurídico. San Juan defiende su territorio con la ley”, expresó el ministro, al fijar posición frente a una controversia que volvió a tensar la relación entre ambas administraciones provinciales.

La discusión no es nueva. Desde hace años persisten diferencias históricas alrededor de límites y áreas de influencia en sectores cordilleranos donde existen importantes expectativas mineras. Sin embargo, el crecimiento de proyectos estratégicos y el creciente interés inversor sobre la región elevaron considerablemente la sensibilidad política alrededor de esos territorios.

En esta oportunidad, el detonante fue la propuesta formulada por Ernesto Pérez para conformar una especie de área común de servicios y explotación minera entre San Juan y La Rioja, tomando como referencia experiencias compartidas entre otras provincias del norte argentino en desarrollos vinculados al litio.

Perea desestimó completamente esa alternativa y sostuvo que el caso de Lunahuasi no puede compararse con emprendimientos donde los recursos efectivamente atraviesan distintas jurisdicciones provinciales. Según explicó, no existe ningún elemento técnico, geológico ni legal que justifique un esquema conjunto de administración.

“No existe ninguna norma que obligue a compartir la administración de recursos que pertenecen exclusivamente a una provincia”, afirmó el ministro sanjuanino.

El funcionario apoyó su postura en la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 y posteriormente incorporada al Digesto Jurídico Argentino, normativa que —según indicó— delimita claramente la pertenencia territorial del área donde se desarrolla el proyecto.

Además de rechazar los planteos territoriales, Perea también respondió a las objeciones ambientales deslizadas desde La Rioja. Particularmente cuestionó las declaraciones que vinculaban el proyecto Lunahuasi con el glaciar El Potro, uno de los puntos utilizados por sectores riojanos para justificar futuras presentaciones judiciales.

El ministro aseguró que no existe conexión física ni ambiental entre el emprendimiento y esa área glaciar, debido a que ambos sectores se encuentran separados por una cadena montañosa perfectamente identificada en cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional.

La aclaración buscó desactivar uno de los argumentos que comenzaban a ganar espacio dentro de la ofensiva política riojana: la posibilidad de impulsar acciones legales vinculadas a presuntas irregularidades ambientales o inconsistencias en informes técnicos relacionados con tareas de exploración minera.

Perea también remarcó que Lunahuasi cuenta actualmente con todas las autorizaciones necesarias para avanzar en etapa exploratoria y sostuvo que la única autoridad competente para emitir permisos sobre esa zona es el Gobierno de San Juan.

El endurecimiento del discurso provincial aparece estrechamente ligado al momento que atraviesa la minería sanjuanina. La provincia se consolidó en los últimos años como uno de los principales polos de atracción de inversiones mineras del país, especialmente en cobre y oro, y busca fortalecer su posicionamiento dentro del mapa extractivo sudamericano.

En ese proceso, el Distrito Vicuña —donde se encuentran proyectos de enorme relevancia geológica y económica— pasó a ocupar un lugar estratégico tanto para empresas internacionales como para la planificación económica provincial.

Por eso, detrás de la controversia territorial también se mueve una discusión mucho más amplia vinculada a regalías, control de recursos naturales, infraestructura y capacidad de negociación frente a futuros desarrollos multimillonarios.

La reacción de San Juan dejó en evidencia que la provincia no está dispuesta a abrir ninguna instancia de discusión sobre jurisdicción minera ni sobre eventuales esquemas compartidos de administración territorial. La postura oficial apunta a blindar jurídica y políticamente los proyectos ubicados en la cordillera sanjuanina, en un momento donde la minería se convirtió en uno de los principales motores económicos de la provincia.

“San Juan está construyendo el polo minero más importante del país”, aseguró Perea al cerrar su respuesta pública, en una definición que no sólo buscó defender el proyecto Lunahuasi, sino también reafirmar el liderazgo provincial dentro de una actividad que concentra expectativas económicas, disputas políticas y crecientes intereses estratégicos en toda la región andina.

La administración nacional dispuso una fuerte reasignación de partidas que impactó de lleno en la Autopista Ruta 40 Sur, uno de los proyectos viales más relevantes para la conexión entre San Juan y Mendoza. La quita de más de $2.000 millones vuelve a encender las alarmas sobre la continuidad de una obra atravesada por demoras, indefiniciones y objeciones al esquema de paralización de la infraestructura pública.

La decisión del Gobierno nacional de profundizar el ajuste sobre distintas áreas del Estado volvió a colocar a la obra pública en el centro de la discusión política y económica. Esta vez, el impacto alcanzó a la Ruta Nacional 40 Sur, particularmente al tramo Tres Esquinas, una intervención considerada estratégica para la conectividad cuyana y que desde hace meses arrastra un escenario de virtual estancamiento.

La medida quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada el 11 de mayo en el Boletín Oficial, donde se estableció una redistribución presupuestaria superior a los $2,4 billones. El recorte alcanzó a múltiples áreas sensibles, entre ellas infraestructura, salud y educación, en línea con la política de reducción del gasto impulsada por el Ejecutivo nacional.

El proyecto contaba originalmente con una asignación de $24.755 millones para el ejercicio 2026 y parte de ese financiamiento provenía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que respaldaba la ejecución de la obra. Sin embargo, pese a ese sostén financiero internacional, la Nación resolvió quitarle $2.025.729.177, una decisión que profundiza las dudas sobre los tiempos de avance y sobre la viabilidad real de continuar con los trabajos en el corto plazo.

El dato adquiere además un fuerte contenido político por la cercanía temporal entre el anuncio del recorte y las declaraciones oficiales formuladas días antes. Apenas doce jornadas previas a la publicación de la medida, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había expuesto ante la Cámara de Diputados un informe donde ratificaba distintos proyectos viales y describía perspectivas de continuidad para obras consideradas prioritarias, entre ellas el tramo de la Ruta 40 ahora afectado por la poda presupuestaria.

La contradicción entre el discurso oficial y las decisiones administrativas alimentó nuevas críticas de sectores políticos, empresariales y vinculados al transporte, que desde hace meses vienen advirtiendo sobre las consecuencias del freno en la infraestructura vial.

En San Juan, la Ruta 40 Sur representa mucho más que una conexión interprovincial. Se trata de un corredor determinante para el movimiento de la producción regional, el transporte de cargas y la integración logística con Mendoza. A ello se suma un aspecto especialmente sensible: la seguridad vial. Diversos sectores vienen alertando desde hace tiempo sobre el deterioro de varios tramos y la necesidad de modernizar una traza que registra un tránsito intenso y permanente.

La reducción de partidas vuelve a instalar interrogantes sobre el futuro inmediato del proyecto y refuerza la percepción de que gran parte de las obras nacionales quedaron subordinadas a la lógica de ajuste fiscal impulsada desde la Casa Rosada. Mientras tanto, la incertidumbre crece en torno a una infraestructura considerada esencial para el desarrollo productivo y la conectividad del oeste argentino.

La Cámara de Comercio de San Juan elevó un pedido a la CAME para adelantar una semana la celebración del Día del Padre. El sector sostiene que la coincidencia de feriados nacionales afectará las ventas y agravará la delicada situación comercial.

El planteo surgió desde la propia dirigencia mercantil, que decidió solicitar formalmente el adelantamiento del Día del Padre con la intención de evitar una nueva caída en las ventas durante una de las fechas comerciales más importantes del año. Dicho objetivo consiste en trasladar la celebración prevista para el domingo 21 de junio al domingo 14, buscando ampliar el margen operativo para promociones y movimiento comercial.

El pedido fue encabezado por Hermes Rodríguez, uno de los principales referentes del sector en la provincia, quien advirtió que el calendario previsto para junio genera un escenario particularmente adverso para la actividad.

La preocupación empresarial se concentra en la coincidencia de dos feriados nacionales dentro de la misma semana. El lunes 15 de junio se trasladará el feriado correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, mientras que el sábado 20 se conmemorará el Día de la Bandera.

Según sostienen desde el comercio sanjuanino, esa combinación reducirá considerablemente los días hábiles disponibles para incentivar compras y desplegar estrategias de ventas vinculadas al Día del Padre.

La inquietud no responde únicamente a una cuestión de calendario. Detrás del planteo aparece una realidad económica mucho más profunda: el consumo continúa mostrando signos de debilidad y numerosos comercios operan con márgenes de rentabilidad cada vez más estrechos.

Por esa razón, consideran que adelantar el Día del Padre podría generar mejores condiciones para ordenar promociones, potenciar estrategias de financiamiento y evitar que los feriados fragmenten el flujo comercial en una semana considerada clave para el calendario anual.