La cuarta sesión de la paritaria docente 2026 en San Juan concluyó sin acuerdo. En un contexto atravesado por la medida de fuerza nacional impulsada por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el Ejecutivo provincial y los sindicatos resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el 4 de marzo para continuar las negociaciones salariales.

El encuentro, realizado este viernes 27 de febrero, reunió a las autoridades del Ejecutivo con representantes de Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), Unión Docentes Argentinos (UDA) y Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Tras varias horas de deliberación, las partes acordaron retomar el diálogo el próximo 4 de marzo, dejando abierta la discusión en medio de la tensión nacional.

Un diálogo condicionado por el contexto nacional

El punto de inflexión fue la adhesión de los gremios locales a la medida de fuerza dispuesta por CTERA. La confirmación de la huelga nacional introdujo un elemento político y operativo que impacta directamente en el inicio de clases y en la dinámica de la negociación provincial.

Frente a este escenario, el Ejecutivo propuso formalmente pasar a un cuarto intermedio. La decisión, presentada como un mecanismo para “continuar trabajando” en la búsqueda de consensos, refleja tanto la complejidad del momento como la necesidad de evitar una ruptura abrupta del diálogo.

La mesa estuvo presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, acompañados por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, y otros funcionarios del área.
Por el sector sindical participaron Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET), junto a sus respectivos equipos técnicos. Si bien no trascendieron detalles específicos de la propuesta oficial ni de las contrapropuestas gremiales, el clima posterior a la reunión dejó en claro que las diferencias persisten.

El trasfondo de la discusión combina variables fiscales y expectativas salariales. La Provincia busca encuadrar la oferta dentro de sus márgenes presupuestarios, mientras que los sindicatos reclaman recomposiciones que compensen la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

La negociación como equilibrio delicado

La paritaria docente no es solo una instancia administrativa: constituye un espacio donde convergen demandas laborales, prioridades presupuestarias y señales políticas. En un año signado por ajustes en distintos niveles del Estado, el margen de maniobra resulta acotado.

La cuarta sesión paritaria 2026 cerró sin acuerdo, pero no sin diálogo. El pase a cuarto intermedio hasta el 4 de marzo mantiene abierta la posibilidad de entendimiento en un clima atravesado por la conflictividad nacional.

Para el Gobierno de San Juan, el reto consiste en compatibilizar sostenibilidad fiscal con respuesta salarial; para los gremios, en sostener la presión sin clausurar la vía negociadora. El desenlace de la próxima reunión será decisivo no solo para los ingresos docentes, sino también para la estabilidad del inicio del ciclo lectivo. En un ambiente de tirantez cruzada, la negociación educativa vuelve a colocarse en el centro de la agenda pública provincial.

En medio del tramo final del tratamiento legislativo de la reforma laboral, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) profundizó su postura de confrontación y confirmó su participación en la jornada nacional de protesta convocada para este viernes frente al Congreso, con réplicas en distintas provincias. En San Juan, la concentración se realizará a las 18 en Plaza 25 de Mayo, desde donde partirá la movilización.

Martín Solazzo, titular de la UOM sanjuanina, ratificó la adhesión del gremio a la convocatoria impulsada por el frente sindical que integran distintas organizaciones, entre ellas las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y sindicatos universitarios.

“Hemos decidido movilizar para visibilizar nuestra oposición. Consideramos que esta ley implica un retroceso profundo para el conjunto de los trabajadores”, afirmó.

La protesta se produce en un escenario sindical fragmentado. Mientras sectores combativos sostienen la necesidad de mantener la presión callejera, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió no acompañar la movilización y concentrar su estrategia en el plano judicial. La central obrera anunció que el lunes presentará en Tribunales un planteo de inconstitucionalidad contra la norma, una jugada que replica la ofensiva iniciada a fines de 2023 frente al DNU 70/2023.

Para la conducción metalúrgica sanjuanina, ambas vías no son excluyentes. “Es correcto que se avance judicialmente, pero no podemos dejar de manifestarnos. Hay que expresar en la calle el rechazo a una reforma que entendemos perjudicial”, señaló Solazzo. El dirigente admitió que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar en el Senado, pero subrayó que el plan de acción “no termina con esta votación”.

Tensiones y estrategias en el mapa sindical

El contraste entre la postura de la CGT y la del frente sindical revela una discusión de fondo sobre la eficacia de las herramientas de presión. La conducción cegetista, que ya realizó un paro general semanas atrás, considera que el margen político para frenar la reforma en el Congreso es limitado y apuesta a que la Justicia pueda revisar aspectos sensibles del texto.

En cambio, los gremios que impulsan la movilización sostienen que la protesta pública continúa siendo un instrumento indispensable para acumular fuerza social y sostener la legitimidad del reclamo. En ese marco, la UOM —históricamente alineada con posiciones de peso dentro del movimiento obrero— optó por acompañar la manifestación y reforzar su presencia territorial.

La movilización en San Juan, según adelantó Solazzo, buscará ser “ordenada y pacífica”, pero contundente en su mensaje político: demostrar que el rechazo no se limita a la Capital Federal y que el malestar alcanza a las provincias.

Elecciones internas en un contexto desafiante

El conflicto nacional coincide con un momento clave para la vida institucional del sindicato. El próximo 2 de marzo comenzarán las elecciones en las 54 seccionales del país. En San Juan habrá lista única, fruto de un acuerdo interno que evitó la competencia, aunque el proceso electoral se desarrollará con normalidad.

La votación se extenderá durante varios días debido a la dispersión geográfica de talleres y empresas. Además de la urna fija en la sede gremial, cuatro urnas móviles recorrerán los establecimientos para garantizar la participación de los afiliados.

El dato no es menor: la renovación de autoridades se produce en un escenario económico complejo, con tensiones salariales y retracción de la actividad industrial, lo que agrega presión a la conducción local. La legitimidad que surja de las urnas será un respaldo clave para afrontar un período que, según el propio Solazzo, anticipa “una lucha prolongada”.

La movilización convocada por la UOM en San Juan sintetiza el momento que atraviesa el sindicalismo argentino: estrategias divergentes frente a un mismo diagnóstico crítico.

Mientras la CGT apuesta a la revisión judicial de la reforma laboral, sectores como el metalúrgico insisten en sostener la protesta en las calles como señal política y mecanismo de cohesión interna.

En ese cruce de tácticas se juega no sólo la suerte de una ley, sino también el perfil que adoptará el movimiento obrero frente a un ciclo de transformaciones estructurales. Con elecciones en marcha y una reforma que promete reconfigurar el vínculo entre capital y trabajo, la dirigencia sindical enfrenta el desafío de combinar unidad, representatividad y capacidad de incidencia real en un escenario que redefine equilibrios históricos.

El desenlace legislativo puede estar próximo; la disputa por su impacto social y jurídico, en cambio, recién comienza.

El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, confirmó un esquema escalonado de medidas de fuerza en San Juan en rechazo a la reforma laboral y a la propuesta del Gobierno sobre financiamiento universitario. Denuncian una pérdida salarial superior al 100% frente a la inflación y califican la oferta oficial como “insuficiente y regresiva”.

En una fuerte escalada de conflicto el Gobierno nacional y los gremios del sector educativo, la docencia universitaria volvió a declararse en estado de alerta. Desde el sindicato que nuclea a docentes universitarios, Barcelona— detalló el alcance de la medida de lucha que combinará paros, movilizaciones y asambleas para definir la continuidad de la problemática.

La primera medida será este viernes 27 de febrero, con un paro en rechazo a la reforma laboral y una concentración en la Plaza 25 de Mayo en el microcentro sanjuanino junto a otras organizaciones sindicales. El cronograma continuará el 2 y 3 de marzo con un paro articulado con CTERA y otros gremios de la educación. El 4 se realizará una asamblea para evaluar nuevas acciones, que podrían extenderse durante una semana completa.

El punto de mayor fricción se activará cuando el Congreso trate la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario: en ese momento, anticipó el dirigente, se convocará a un paro de 48 horas.

Una brecha salarial que no cierra

El eje del reclamo es estrictamente económico, aunque sus implicancias exceden el bolsillo. Según ADICUS, desde la asunción del actual gobierno la evolución de los salarios quedó más de 100 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada. La ley de financiamiento aprobada el año pasado por el Congreso —vetada luego por el Ejecutivo y posteriormente restituida por el Parlamento— contemplaba la recomposición de esa deuda y una actualización conforme a los acuerdos paritarios.

Sin embargo, la propuesta oficial, señaló Barcelona, consiste en un incremento del 12,3% a pagar en tramos durante marzo, julio y septiembre. “Es una cifra que no compensa la pérdida y que, de imponerse, consolidaría un deterioro superior al 50% del poder adquisitivo”, advirtió.

El dirigente fue más allá y calificó la coyuntura como la más crítica de la historia reciente del sector. “Nunca estuvimos tan mal los docentes y no docentes universitarios. Ni siquiera en períodos de hiperinflación o en intentos previos de recorte presupuestario se registró un retroceso de esta magnitud”, sostuvo, en referencia implícita a las crisis atravesadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y al ajuste impulsado por Ricardo López Murphy.

Más que un conflicto salarial

La discusión no se limita a porcentajes. En el trasfondo, los gremios cuestionan lo que interpretan como un intento de modificar por vía legislativa y administrativa compromisos ya ratificados por el Congreso y respaldados por fallos judiciales. Desde esa perspectiva, la puja remite a la autonomía universitaria y al modelo de financiamiento público del sistema superior.

La movilización prevista en San Juan replicará una dinámica que se observa en distintas provincias: rectores, docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles comenzaron a confluir en un frente común ante lo que describen como un escenario de asfixia presupuestaria. La articulación con sindicatos de otros niveles educativos y con centrales obreras amplía el alcance político del reclamo.

En ese marco, la protesta contra la reforma laboral y la defensa del financiamiento universitario convergen en una misma narrativa: la denuncia de una política de ajuste que, según los gremios, impacta de manera directa en la calidad educativa y en las condiciones de trabajo.

Un conflicto abierto

El calendario anunciado anticipa un marzo atravesado por medidas de fuerza y negociaciones tensas. La estrategia sindical combina presión en las calles con la expectativa de incidir en el debate parlamentario. El Gobierno, por su parte, sostiene la necesidad de ordenar las cuentas públicas y reconfigurar el esquema de gasto.

Entre ambas posiciones se dirime no sólo una recomposición salarial, sino la orientación futura del sistema universitario argentino. Con la amenaza de un paro de 48 horas cuando el tema llegue al recinto, el conflicto promete escalar si no hay una señal de acercamiento.

La advertencia de ADICUS resume el clima del sector: para los docentes, aceptar la oferta actual implicaría convalidar una pérdida histórica; para el Ejecutivo, conceder más recursos tensiona un programa económico centrado en el equilibrio fiscal. En esa encrucijada, las universidades vuelven a convertirse en un termómetro sensible del rumbo político y social del país.