Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, el Senado insistió en la sanción de la norma que establece la distribución diaria y automática de los Aportes del Tesoro Nacional entre las provincias. Se trata de otra derrota para la Casa Rosada, que deberá enfrentar ahora el debate en Diputados.

En una sesión acalorada, llena de tensión política y con fuerte presencia de gobernadores en los pasillos del Congreso, el Senado de la Nación rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia las provincias. La votación finalizó con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, configurando un nuevo traspié legislativo para el Gobierno nacional.

El debate comenzó pasadas las 11 de la mañana, bajo la conducción de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Solo seis senadores de La Libertad Avanza, junto a los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero (PRO), y el formoseño Francisco Paoltroni, se expresaron en contra de la insistencia. Las abstenciones correspondieron al entrerriano Alfredo De Ángeli y a los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.

La norma impulsada por los gobernadores incorpora un artículo a la Ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto), para que los recursos distribuidos por el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional —creado por la Ley 23.548 de Coparticipación— se asignen de manera diaria, automática y en igualdad de condiciones a lo previsto en el artículo 6 de dicha norma. De esta manera, esos fondos pasarían a integrarse a la masa coparticipable, limitando la discrecionalidad del Ejecutivo en su manejo.

Durante el debate, el senador pampeano Daniel Bensusán advirtió que “con este nuevo veto el presidente otra vez acusa a las provincias de irresponsables, con una burda mentira, porque Milei y sus secuaces quieren hacer creer que los ATN se usarán en gastos corrientes”.

Por su parte, el radical bonaerense Maximiliano Abad remarcó que “no solo se trata de una ley vetada sino de cómo se concibe el federalismo”. Según sostuvo, el Gobierno prioriza el ajuste fiscal por encima del desarrollo provincial: “Sin provincias fuertes no hay país posible; el federalismo es condición necesaria para el desarrollo argentino”.

En la misma línea, el radical fueguino Pablo Blanco cuestionó que las provincias reciben apenas entre el 26% y el 28% de la recaudación nacional, mientras la Nación concentra el resto: “Encima, se queda con la distribución de los ATN, que reparte según conveniencias políticas”.

La catamarqueña Lucía Corpacci fue más allá al sostener que “votar contra el veto de Milei es votar contra un modus operandi que desconoce al Congreso, al pueblo y a la Constitución Nacional”.

Desde el oficialismo, Francisco Paoltroni, que respaldó al Ejecutivo, pidió reconocer “las muchas cosas que están funcionando bien”, como los sectores minero, hidrocarburífero y ganadero. A la vez, advirtió que la disputa política “conduce a una inestabilidad económica que atenta contra todos”.

Con esta decisión, el Senado remite ahora el tema a la Cámara de Diputados, donde la situación se presenta más difícil para los gobernadores. En esa instancia, cuando la ley se aprobó inicialmente, los votos negativos alcanzaron 90, número suficiente para sostener el veto si se repite la misma correlación de fuerzas.

El rechazo del Senado al veto presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional constituye un triunfo político para los gobernadores y un nuevo golpe para la estrategia legislativa de Javier Milei. La decisión refleja el malestar de gran parte de la dirigencia política frente al manejo centralizado de los recursos y reaviva la discusión sobre el federalismo fiscal en Argentina. Sin embargo, la pulseada aún no está cerrada: el desenlace final dependerá de lo que suceda en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y sus aliados podrían inclinar la balanza en favor de sostener el veto.

En un Confederal marcado por discursos firmes y sin debates abiertos, la CGT ratificó la convocatoria a elecciones para el 5 de noviembre en Obras Sanitarias. La central obrera colocó la unidad como escudo estratégico frente a un gobierno al que acusa de clausurar el diálogo, y trazó un horizonte político de confrontación y proyección electoral hacia 2027.

El Salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo fue escenario este jueves del Comité Central Confederal de la Confederación General del Trabajo (CGT), encuentro en el que la central ratificó la convocatoria a elecciones de autoridades para el próximo 5 de noviembre. Bajo un clima de discursos encendidos pero sin discusiones abiertas, el cónclave consolidó la unidad como pilar estratégico y fijó la confrontación como eje de acción frente a un gobierno al que los gremialistas señalan como inflexible y ajustador.

La sesión estuvo encabezada por los secretarios generales Héctor Daer y Octavio Argüello, en ausencia de Carlos Acuña, y contó con la presencia de referentes de todos los sectores internos: los llamados “gordos” e independientes, el moyanismo, el barrionuevismo y dirigentes ligados al kirchnerismo. La diversidad de líneas marcó la amplitud de la convocatoria, que reunió a centenares de representantes gremiales.

El encuentro sirvió además como paso legal previo a la elección de autoridades en Obras Sanitarias. Aunque aparecieron matices sobre el formato de conducción –unicato, triunvirato o incluso un esquema de cuatro cosecretarios–, fuentes gremiales confirmaron que se mantendrá la fórmula tripartita consensuada en la última reunión en UPCN. Daer sintetizó el espíritu común: «Nos comprometimos a trabajar en unidad. Será un unicato o un triunvirato, lo iremos viendo durante el proceso. Lo importante es llegar con una conducción unificada».

Entre los asistentes se destacaron Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Sergio Palazzo (Bancarios), Abel Furlán (UOM), Omar y Sebastián Maturano (La Fraternidad), Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Romero (UDA), Argentino Geneiro (Gastronómicos), Mario Calegari (UTA), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Jorge Sola (Seguros), entre otros.

La coincidencia general fue clara: la unidad sindical aparece como herramienta decisiva en un escenario de pérdida de derechos y ajuste económico. “Sin organización sindical no hay derechos: ni colectivos, ni políticos, ni individuales”, fue la frase que sobrevoló el Confederal.

Los discursos también delinearon el rumbo inmediato. Abel Furlán (UOM) sostuvo que el futuro de la CGT debería recaer en un solo secretario general, pero enfatizó la necesidad de endurecer las posiciones: «No hay posibilidad de dialogar con alguien que no quiere escucharte. Viene una etapa de confrontación». Sergio Palazzo (Bancarios) coincidió: «Si el programa económico está escrito en piedra, no queda margen para el diálogo».

Omar Plaini (Canillitas) recordó que la CGT fue la única organización que logró frenar en la Justicia el capítulo laboral del DNU 70. Y Sergio Romero (UDA) advirtió que los salarios docentes se ubican por debajo de la línea de pobreza, denunciando además que el proyecto de Presupuesto 2026 “desfinanciará el sistema educativo”.

El cierre estuvo en manos de Héctor Daer, quien adelantó que no continuará en la conducción. En su discurso, planteó la necesidad de superar la falsa dicotomía entre diálogo y confrontación: «Este gobierno no dialoga. La tarea es fortalecer la organización sindical y construir un horizonte político que nos devuelva triunfos electorales, primero en 2026 y luego en 2027, para que el peronismo vuelva al poder».

La CGT selló en el Confederal un rumbo de cohesión interna y definió que la confrontación será el camino obligado ante un Ejecutivo que, a su entender, niega el diálogo. El 5 de noviembre será el termómetro de esa unidad, en una elección que no solo renovará autoridades sino que proyectará el rol político de la central para los próximos cuatro años. Con la unidad como escudo y la confrontación como estrategia, la CGT busca reposicionarse como actor clave en la disputa por el futuro político y económico del país.

La Cámara de Diputados reunió los dos tercios necesarios para insistir con la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, desoyendo el veto del presidente Javier Milei. Con 174 votos afirmativos, la oposición alcanzó la mayoría especial de dos tercios y le propinó un nuevo revés al Ejecutivo, en un contexto de fuerte tensión social y presupuestaria.

La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), que conduce Daniel Ricci, celebró el resultado y lo calificó como un “día histórico”. En un comunicado, el gremio remarcó que la decisión de los legisladores reflejó la voluntad popular expresada en la “marcha federal multitudinaria” en defensa de la educación pública.

“El financiamiento universitario es clave no solo para garantizar el funcionamiento de las instituciones, que hoy atraviesan un ajuste inconmensurable, sino también para recomponer los salarios de sus trabajadores”, sostuvo la entidad.

Ricci, expresó que el triunfo en Diputados representa un paso fundamental, aunque advirtió que el proceso legislativo aún no terminó: “La lucha continúa. Ahora esperamos que el Senado insista con la Ley y rechace definitivamente el veto presidencial”.

El proyecto, impulsado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), ya había sido aprobado por el Congreso, pero vetado por el Poder Ejecutivo. La decisión de Diputados no solo recompone las expectativas del sistema universitario, sino que también marca un quiebre en la agenda del Gobierno, que esta misma semana presentó el Presupuesto 2026 con fuertes recortes en educación y salud.

En paralelo, la ley de emergencia pediátrica también obtuvo la insistencia de la Cámara Baja, lo que extiende la pulseada política al Senado. Allí se definirá si los vetos de Milei son rechazados en forma definitiva, consolidando un triunfo opositor de amplio alcance.

El rechazo de los vetos presidenciales en Diputados se transformó en un símbolo de resistencia frente al ajuste impulsado por Javier Milei. Para el movimiento universitario, la media sanción de insistencia no solo representa una conquista coyuntural, sino un respaldo social y político que trasciende las aulas. El Senado será el escenario decisivo, pero el mensaje ya quedó claro: la educación pública cuenta con una defensa activa que une a docentes, estudiantes y legisladores frente a los intentos de desfinanciarla.