Organizaciones feministas, sindicales, estudiantiles y políticas protagonizaron una masiva movilización en San Juan en el marco del Día Internacional de la Mujer. La marcha partió desde la Plaza 25 de Mayo y culminó frente a la Legislatura provincial, donde se reafirmaron reclamos por igualdad de derechos, reconocimiento laboral y el fin de las violencias de género.

Las calles del microcentro sanjuanino volvieron a convertirse en escenario de una expresión colectiva de reclamo y visibilización. En el marco del Día Internacional de la Mujer, cientos de mujeres participaron de la tradicional movilización del 8M, una jornada que combinó reivindicación política, memoria y demandas sociales.

La concentración comenzó a las 18 frente a la Catedral, en la Plaza 25 de Mayo, punto histórico de encuentro para las manifestaciones en la provincia. Desde allí, columnas integradas por organizaciones feministas, sociales, sindicales y agrupaciones políticas comenzaron a avanzar por el centro de la ciudad acompañadas por bombos, redoblantes y consignas que marcaron el ritmo de la marcha.

La movilización recorrió distintas arterias céntricas hasta llegar a la intersección de avenida Libertador y General Acha y tuvo su cierre frente a la Legislatura provincial, donde se realizaron intervenciones colectivas y discursos vinculados a la agenda de derechos de las mujeres.

Diversidad de sectores y fuerte presencia organizativa

La convocatoria reunió a una amplia diversidad de sectores sociales. Entre las organizaciones presentes se encontraban Adicus, Sadop, Mujeres Universitarias, la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), Conadu, Sidunsj, DAIA, Profesionales de Apoyo a la Inclusión Educativa, Brigadas Educativas, APDH, ATE, Asijemin, Unión Judicial, el Sindicato Luz y Fuerza, el SEC San Juan y SOIV, entre otros.

También participaron movimientos sociales y agrupaciones políticas como el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC, la CTA, la CGT San Juan y la UTEP, además de espacios como La Cámpora, Patria Grande, el Partido Comunista, el Frente Grande, el PTP-PCR y sectores vinculados al Partido Justicialista.

La movilización contó además con la presencia de referentes políticas de la provincia. Entre ellas estuvieron la senadora Celeste Giménez, la intendenta de Chimbas Daniela Rodríguez, la dirigente del PTP Edith Liquitay, la diputada provincial Fernanda Paredes y la legisladora Graciela Seva. Todas coincidieron en destacar la importancia de sostener estos espacios de participación y reflexión colectiva.

Consignas que reflejan demandas históricas

A lo largo del recorrido, las manifestantes exhibieron pancartas y carteles con consignas que sintetizan los reclamos históricos del movimiento de mujeres. Frases como “No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio”, “Niñas con libros, no con maridos”, “Mamá, hoy voy a gritar lo que te hicieron callar” o “No queremos flores, queremos derechos” reflejaron tanto denuncias como aspiraciones de transformación social.

Entre los principales reclamos se reiteraron la necesidad de avanzar en políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, mejores condiciones laborales, salarios dignos y mayor protección frente a las distintas formas de violencia de género.

La presencia de mujeres de distintas edades —desde adultas mayores hasta niñas que marcharon junto a sus familias— evidenció además el carácter transversal de una causa que atraviesa generaciones.

Un reclamo que busca mantenerse en agenda

La jornada transcurrió sin incidentes y dejó una imagen contundente: una multitud ocupando el espacio público para reafirmar una agenda de derechos que continúa vigente. Si bien el Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo, en San Juan la movilización se trasladó este año al lunes con el objetivo de facilitar la participación de distintos sectores sociales.

La marcha volvió así a colocar en el centro del debate cuestiones vinculadas con la igualdad de género, el reconocimiento del trabajo de las mujeres y la necesidad de profundizar políticas que combatan las violencias.

Una movilización que renueva el compromiso

Más allá de su carácter conmemorativo, el 8M en San Juan volvió a funcionar como una instancia de expresión colectiva y de reafirmación política. Las consignas, las intervenciones y la masiva presencia en las calles dejaron en claro que el movimiento de mujeres mantiene una fuerte capacidad de convocatoria y continúa reclamando transformaciones estructurales.

La jornada cerró frente a la Legislatura provincial con un mensaje que se repite cada año pero que conserva plena vigencia: la lucha por la igualdad y por una vida libre de violencias sigue siendo una demanda central en la agenda social.

El ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, aseguró que el paro de 48 horas anunciado por el Sindicato Médico para el 18 y 19 de marzo no fue presentado ante la autoridad laboral. El funcionario defendió la política salarial del Gobierno y afirmó que los aumentos otorgados al sector sanitario superaron los índices de inflación.

El anuncio de un paro médico en San Juan abrió una nueva controversia entre el gremio que representa a los profesionales de la salud y el Gobierno provincial. La medida, difundida a través de redes sociales por el Sindicato Médico de San Juan, prevé una huelga de 48 horas para los días 18 y 19 de marzo en reclamo de mejoras salariales.

Sin embargo, desde la Provincia señalaron que la medida de fuerza no fue formalizada ante la Subsecretaría de Trabajo de San Juan, instancia administrativa necesaria para su validación legal.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, manifestó que el anuncio generó sorpresa dentro del Gobierno, especialmente porque las negociaciones con el gremio continúan abiertas.
“Publicaron el llamamiento a paro, pero no está presentado formalmente. Nos llamó la atención porque el viernes estaba programada una reunión entre el sindicato y Hacienda. Esa reunión pasó a cuarto intermedio para retomarse esta semana”, explicó el funcionario.

En ese sentido, sostuvo que el conflicto debería resolverse en el marco del diálogo institucional. “Estamos convencidos de que en una mesa de diálogo se solucionan las cosas.

Por supuesto, tienen derecho a reclamar, pero tanto los sindicatos como el ministerio tenemos la obligación y responsabilidad institucional de llevar tranquilidad a la gente”, afirmó.

Preocupación por la atención sanitaria

El titular de la cartera también hizo referencia a la inquietud que puede generar el anuncio de una medida de fuerza entre los pacientes que dependen del sistema público de salud.

Según expresó, muchas personas podrían sentirse angustiadas ante la posibilidad de que se suspendan turnos médicos, estudios o intervenciones programadas. “Muchos deben estar preocupados porque quizá tienen turno para una cirugía o algún estudio. Por eso buscamos llevar tranquilidad. No podemos estar improvisando”, señaló.

El debate por los salarios

Uno de los puntos centrales de la disputa radica en la situación salarial del sector médico. Mientras desde el sindicato se denuncian ingresos congelados y deterioro del poder adquisitivo, el Gobierno provincial sostiene que los incrementos otorgados superaron la inflación.

De acuerdo con los datos expuestos por Dobladez, durante 2024 la inflación fue del 113%, mientras que el aumento salarial para el personal de salud alcanzó el 124%. En tanto, para 2025 el incremento llegó al 44,5%, frente a una inflación anual del 31%.
“No hay congelamiento. Hemos superado la inflación”, insistió el ministro.

A pesar de las diferencias públicas entre el Gobierno y el sindicato, las negociaciones continúan en marcha y se espera que en los próximos días haya nuevas reuniones para intentar acercar posiciones.

El futuro del paro anunciado dependerá, en gran medida, de si la medida de fuerza es formalmente presentada y de la evolución de las conversaciones entre el gremio médico y las autoridades del Ministerio de Salud de San Juan.

En un escenario de tirantez ascendente en el sector público provincial, la resolución del conflicto será clave para evitar que la disputa salarial impacte en la prestación de un servicio esencial como la salud.

La Confederación General del Trabajo presentó un amparo judicial para declarar la inconstitucionalidad de la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso. Dirigentes sindicales sostienen que la norma vulnera principios constitucionales y tratados internacionales, mientras advierten sobre su impacto en el empleo, los salarios y la estructura productiva del país.

La disputa por el nuevo marco laboral ingresó en una etapa decisiva. Tras la aprobación parlamentaria de la reforma impulsada por el Gobierno nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió trasladar el conflicto al ámbito judicial con la presentación de un amparo que busca suspender la vigencia de varios artículos de la norma. La iniciativa sindical apunta a que la Justicia declare la inconstitucionalidad de aspectos centrales de la ley, que —según sostienen— afectan pilares fundamentales del derecho laboral argentino.

La movilización frente a los tribunales federales marcó el inicio de esta estrategia. El objetivo fue acompañar la presentación formal del recurso judicial y visibilizar el rechazo del movimiento obrero a una legislación que consideran perjudicial para los trabajadores.

“El lunes pasado marchamos a los tribunales para cumplir con lo que habíamos prometido: pedir que la Justicia analice la constitucionalidad de esta reforma”, explicó el dirigente del sector de estaciones de servicio Víctor Menéndez en diálogo con Mundo Laboral SJ. Según sostuvo, la ley aprobada en el Congreso contiene disposiciones que impactan directamente en el núcleo de la Ley de Contrato de Trabajo y en derechos adquiridos durante décadas de negociación colectiva.

Cuestionamientos a la aprobación parlamentaria

Desde el sindicalismo también cuestionan el proceso político que permitió sancionar la norma. Menéndez calificó el trámite legislativo como “bochornoso” y señaló que la iniciativa avanzó gracias a acuerdos entre el Gobierno nacional y algunos gobernadores, que habrían respaldado el proyecto en ambas cámaras del Congreso.

“El proyecto terminó aprobado con una mayoría que se fue construyendo a partir de compromisos políticos. Hubo artículos que generaron fuertes discusiones y aun así se impuso la voluntad oficial”, afirmó el dirigente.

Para los gremios, el contenido de la reforma refleja intereses empresariales más que una política destinada a mejorar la calidad del empleo. “Es una ley diseñada para aliviar costos a determinados sectores económicos. No está pensada para proteger a los trabajadores ni para generar empleo genuino”, sostuvo.

Un debate que trasciende lo local

El planteo sindical no se limita al ámbito constitucional argentino. Los gremios también advierten que algunos puntos de la reforma podrían entrar en conflicto con convenios internacionales suscriptos por el país, en particular aquellos vinculados a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Hay tratados internacionales firmados por Argentina que protegen derechos básicos del trabajador. Esta reforma pasa por encima de varios de esos principios”, señaló Menéndez, quien expresó su expectativa de que los tribunales analicen el tema con detenimiento.

Aun así, desde el movimiento obrero no descartan la posibilidad de discutir modificaciones a la legislación laboral en el futuro, aunque bajo condiciones diferentes. “No tenemos temor a debatir una modernización de las leyes laborales. Lo que planteamos es que esa discusión debe darse entre todas las partes: trabajadores, empresarios y Estado. No puede surgir de un texto redactado por estudios jurídicos ligados a grandes grupos económicos”, subrayó.

Paritarias en un escenario incierto

Mientras la reforma se judicializa, el frente sindical mantiene abierta otra agenda urgente: la negociación salarial. En el sector de estaciones de servicio, las cámaras empresarias y los representantes gremiales prevén retomar las conversaciones durante marzo para cerrar la paritaria correspondiente a 2025 y comenzar a delinear la del período 2026.

La discusión se dará en un contexto complejo, marcado por la evolución de la inflación y por la incertidumbre que atraviesa el mercado energético. Menéndez señaló que el precio del combustible y la situación internacional también influyen en la dinámica del sector.

“El combustible es un insumo clave para el funcionamiento de la economía. Transporte, taxis, remises y muchos trabajadores dependen directamente de él para sostener su actividad diaria”, explicó. En ese sentido, advirtió que cualquier alteración en los precios o en la cadena de abastecimiento repercute de manera directa en la actividad y en las negociaciones salariales.

Críticas al rumbo económico

Durante la entrevista, el dirigente sindical también se refirió al discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Su evaluación fue abiertamente crítica.

“Fue un discurso que dejó más preguntas que respuestas. No hubo anuncios concretos para la producción ni para el trabajo”, afirmó. Según su visión, la estrategia económica del Gobierno no contempla medidas que impulsen el desarrollo industrial o la generación de empleo.

Menéndez también advirtió sobre los efectos de la apertura comercial en algunos sectores productivos locales. “Hay industrias que no pueden competir con el ingreso de productos importados, especialmente provenientes de Asia. Si no se cuida la producción nacional, el impacto sobre el empleo puede ser muy fuerte”, señaló.

En ese sentido, el dirigente cuestionó las cifras oficiales que señalan mejoras en el salario real o en el nivel de actividad. “La realidad cotidiana muestra otra cosa: empresas que cierran, puestos de trabajo que se pierden y sectores productivos que atraviesan dificultades”, sostuvo.

La controversia en torno a la reforma laboral refleja una disputa más amplia sobre el modelo económico y social que atraviesa el país. Para el Gobierno, la nueva legislación representa una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo y reducir costos empresariales. Para buena parte del sindicalismo, en cambio, constituye un retroceso que debilita derechos consolidados y profundiza la desigualdad en las relaciones laborales.

La decisión de la CGT de recurrir a la Justicia abre un nuevo capítulo en ese conflicto. El desenlace dependerá ahora de los tribunales, que deberán evaluar si la reforma respeta los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

Mientras tanto, el debate continúa en múltiples frentes: en las calles, en las paritarias y en el propio sistema político. Allí se definirá no solo el destino de una ley, sino también el rumbo de las relaciones laborales en los próximos años.