La Subsecretaría de Trabajo de San Juan dictó la conciliación obligatoria tras la acción de la UTA y ordenó a los choferes levantar la medida de fuerza y retomar la prestación del transporte público de pasajeros. La audiencia entre el gremio, las empresas y las autoridades fue convocada para este jueves a las 11.30.

La resolución establece que las partes deben retrotraer el conflicto al estado anterior al inicio de la protesta, por lo que las empresas deberán restablecer las frecuencias mientras se desarrolla la instancia de negociación. La medida alcanza al transporte urbano e interurbano de la provincia.

Esta intervención laboral se produjo después de una jornada en la que el cese del servicio afectó a miles de usuarios que debían trasladarse hacia sus trabajos, escuelas y otros destinos. La protesta había sido iniciada por los conductores en reclamo del pago de diferencias salariales correspondientes a la nueva escala acordada.

Según se pudo conocer, la nueva audiencia quedó fijada para este jueves 8 de octubre a las 11.30. Allí deberán participar representantes de la UTA, las empresas prestatarias y la autoridad laboral provincial, con el objetivo de encontrar una salida al reclamo que derivó en la paralización del servicio.

La autoridad laboral también objetó la falta de una notificación formal y oportuna del paro. Previo al dictado de la conciliación obligatoria, el Ejecutivo provincial ya había advertido que la alteración de las frecuencias daría lugar a sanciones.

En este sentido, la UTA sostiene que el reclamo salarial venía siendo planteado desde hacía semanas y cuestiona que las empresas y las autoridades no hubieran convocado previamente una instancia de diálogo para resolver las diferencias pendientes.

La conciliación obligatoria modifica ahora el escenario inmediato del conflicto: el paro debe quedar suspendido y comienza un período de negociación formal. Durante ese proceso, las partes deberán cumplir las disposiciones fijadas por Trabajo y procurar un acuerdo sobre las sumas salariales reclamadas.

Después de hasta 25 años de espera, 69 familias de Chimbas recibieron las llaves de su vivienda. El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de las primeras casas del barrio Panaderos y Pasteleros, ubicado en calle Bonduel 860 Norte, un complejo que contempla un total de 101 unidades habitacionales.

El dato que marca la dimensión de la entrega surge de los informes sociales elaborados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV): numerosos postulantes vinculados al gremio de Panaderos y Pasteleros habían iniciado sus trámites entre 20 y 25 años atrás, sin acceder hasta ahora a una solución definitiva.

Durante el acto, Orrego remarcó que la provincia lleva adelante obras habitacionales en un contexto de menores recursos. “Llevamos dos años y medio de gestión, administrando un 40% menos de recursos que la gestión anterior, y aun así estamos haciendo realidad obras que parecían impensadas”, señaló el gobernador.

Las viviendas tienen una superficie promedio de 63,17 metros cuadrados y cuentan con dos dormitorios, baño, estar-comedor-cocina y espacio para lavarropas y pileta de lavar. Del total de 101 unidades, 95 corresponden al prototipo CM1-2021 y seis al CM1D-2021, destinadas a personas con discapacidad y adaptadas según sus necesidades de accesibilidad.

El complejo dispone además de redes de agua potable, gas natural y electricidad, alumbrado público, veredas, calles de calzada enripiada, pasantes vehiculares y puentes peatonales. El proyecto incorporó también un espacio verde con bancos y arbolado, junto con una barrera forestal sobre calle Bonduel.

Junto al gobernador participaron el ministro de Infraestructura, Fernando Perea; la directora del IPV, Elina Peralta; el presidente del Concejo Deliberante de Chimbas, Isidro Rivero; y los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime.

La entrega representa el primer tramo de un conjunto habitacional que todavía tiene 32 viviendas pendientes de adjudicación, con las que se completará el barrio destinado a familias que durante años permanecieron a la espera de una respuesta habitacional.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, cuestionó la retención de servicios de la UTA y afirmó que la Provincia no fue notificada previamente. Anticipó sanciones económicas a las empresas cuyos servicios hayan sido afectados y ordenó controlar la restitución de los recorridos habituales.

Las sanciones económicas desde la Secretaría de Transporte son para las empresas”, afirmó el funcionario, al precisar que la eventual penalización recaerá sobre las compañías responsables de la prestación.

Las inspecciones realizadas durante las primeras horas permitieron constatar, según informó Molina, que la mayoría de las unidades permaneció en los galpones, mientras que solo se registró la circulación ocasional de colectivos en algunas líneas. La interrupción afectó tanto recorridos urbanos como interurbanos y complicó el traslado de pasajeros hacia sus lugares de trabajo y establecimientos educativos.

El sindicato promovió la acción gremial debido al retraso en la liquidación del ajuste salarial reclamado por el personal. Ante lo que consideran un incumplimiento de los compromisos de pago por parte de las patronales, los conductores iniciaron un cese temporal de tareas hasta que se oficialice una solución.

La Provincia, sin embargo, separó el reclamo salarial de las obligaciones vinculadas con la prestación del transporte público. Molina sostuvo que el Gobierno auditará el cumplimiento de los recorridos y verificará la restitución progresiva de los diagramas habituales.

El funcionario también reconoció el malestar generado entre los usuarios por la interrupción del servicio. “La gente con toda razón está molesta, fue una medida intempestiva sin comunicación oficial”, precisó.