La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones acusa a la conducción de la empresa estatal Correo Argentino de ejecutar despidos bajo argumentos disciplinarios y ratifica un cronograma de medidas que incluye una huelga nacional. Reclaman reincorporaciones inmediatas, mejoras salariales y la reapertura de paritarias.

El conflicto en el Correo Argentino ingresó en una fase de alta confrontación tras la denuncia de despidos masivos por parte de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT). La organización sindical afirmó que la empresa comenzó a enviar telegramas de cesantía en distintas dependencias del país bajo la figura de “injurias laborales graves”, una calificación que el gremio rechaza de plano y considera parte de una política de disciplinamiento interno.

Desde la conducción encabezada por Alberto Cejas sostienen que la decisión empresaria constituye un quiebre en la relación laboral, al punto de calificarla como una práctica inédita por su alcance y metodología. Según el sindicato, las desvinculaciones impactan en múltiples sucursales y ya provocan dificultades operativas que podrían resentir el funcionamiento del servicio postal en el corto plazo.

Lejos de atenuar la disputa, la respuesta gremial fue profundizar el plan de lucha votado en su Congreso Nacional realizado en Santa Fe. El esquema incluye estado de alerta permanente, trabajo a reglamento y una movilización conjunta con la CGT el 30 de abril, para luego avanzar con un paro total de actividades durante 48 horas los días 4 y 5 de mayo, sin concurrencia a los lugares de trabajo. La secuencia continuará con nuevas medidas que mantienen la presión sobre la operatoria diaria de la empresa.

El núcleo del reclamo remite a la situación salarial. FOECYT sostiene que los ingresos del sector han quedado relegados frente a la evolución del costo de vida, y denuncia que los trabajadores perciben remuneraciones que no alcanzan a cubrir necesidades básicas. En ese marco, exige el pago de un bono extraordinario de 840.000 pesos, a abonarse en cuotas, como mecanismo de compensación inmediata ante la pérdida de poder adquisitivo.

La organización también cuestiona la estrategia empresarial orientada —según su interpretación— a reducir costos laborales en nombre de la eficiencia. Desde el gremio advierten que el ajuste sobre la plantilla no solo deteriora las condiciones de empleo, sino que compromete la calidad del servicio público, en un momento en que la logística y la distribución adquieren un rol cada vez más relevante en la dinámica económica.

En este sentido, FOECYT reclama la reapertura urgente de las negociaciones paritarias, al considerar que cualquier definición unilateral por parte de la empresa resulta inaceptable. La dirigencia sindical sostiene que el diálogo formal es el único canal legítimo para encauzar la discusión salarial y evitar una mayor profundización del conflicto.

El trasfondo del episodio expone una presión estructural entre la necesidad de sostenibilidad financiera de la empresa estatal y las demandas de sus trabajadores en un presente de deterioro del ingreso real. La combinación de despidos, reclamos salariales y medidas de fuerza configura un escenario de alta complejidad, con impacto potencial tanto en la prestación del servicio como en el clima social del sector.

El cronograma educativo 2026 ya definió las fechas del receso invernal y San Juan integrará el primer grupo de jurisdicciones en iniciar el descanso. La medida responde a una planificación nacional que busca equilibrar el calendario académico y reactivar la actividad turística.

El calendario escolar 2026 ya tiene delineado uno de los momentos más esperados del ciclo lectivo: el receso de invierno. En el caso de San Juan, las vacaciones se desarrollarán entre el 6 y el 17 de julio, de acuerdo con la programación oficial, lo que posiciona a la provincia dentro del primer bloque de distritos en iniciar el período de pausa.

La definición no es aislada, sino que forma parte de una estrategia de alcance nacional que organiza el receso de manera escalonada en tres etapas. Este esquema responde a una doble finalidad: por un lado, garantizar una distribución más equilibrada del calendario educativo; por otro, contribuir a una mejor circulación del turismo interno durante la temporada invernal.

En este primer tramo, San Juan compartirá fechas con provincias como Córdoba, Mendoza, San Luis y Santa Fe, conformando un conjunto de jurisdicciones que abrirán el cronograma de vacaciones en la primera quincena de julio. La elección de este período impacta no solo en la dinámica escolar, sino también en la planificación familiar y en la actividad económica vinculada al turismo regional.

El segundo grupo de provincias iniciará su receso entre el 13 y el 24 de julio, mientras que un tercer bloque —que incluye a Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— lo hará entre el 20 y el 31 del mismo mes. Esta distribución progresiva evita la concentración masiva de viajeros en un mismo período y permite una utilización más eficiente de la infraestructura turística a nivel nacional.

Desde el punto de vista pedagógico, la organización del calendario mantiene el equilibrio entre tiempos de cursado y períodos de descanso, un aspecto clave para sostener el ritmo académico sin sobrecargar a estudiantes y docentes. Al mismo tiempo, brinda previsibilidad a las instituciones educativas para estructurar sus actividades y evaluaciones en el tramo previo al receso.

El Poder Judicial de San Juan dio un paso decisivo en su proceso de modernización al anunciar la implementación de un sistema de notificaciones digitales destinado a ciudadanos que deban comparecer ante los tribunales. La iniciativa, impulsada de manera conjunta con el Gobierno provincial, introduce un cambio sustancial en la dinámica de comunicación judicial y abre la puerta a una transformación estructural en la gestión de los procesos.

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, confirmó que el proyecto comenzará con una fase piloto que permitirá evaluar su funcionamiento antes de su aplicación plena. El desarrollo de la herramienta es el resultado de un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Orden Público, la Jefatura de Policía, el Ministerio de Economía —a través de la Dirección Provincial de Informática— y el área de Gobierno Digital.

El impacto económico aparece como uno de los argumentos centrales de la iniciativa. Actualmente, el sistema judicial emite alrededor de 90 mil notificaciones anuales bajo formatos tradicionales, lo que implica un despliegue logístico significativo. Según estimaciones oficiales, este mecanismo demanda un gasto superior a los 1.500 millones de pesos por año, cifra que podría reducirse de manera considerable con la adopción de un esquema digital.

Más allá del ahorro, el cambio apunta a resolver ineficiencias propias del modelo vigente. En la actualidad, las notificaciones se canalizan a través de distintos circuitos según el fuero, lo que deriva en un funcionamiento fragmentado. En materia penal, por ejemplo, intervienen oficinas judiciales en coordinación con la Policía, mientras que en otros ámbitos pueden participar abogados u otros actores, generando heterogeneidad en los procedimientos.

La incorporación de una plataforma digital —que tendría como eje el sistema de Ciudadano Digital del Gobierno provincial— permitirá unificar criterios y simplificar los procesos. Este nuevo esquema no solo agilizaría los tiempos de comunicación, sino que también reduciría la dependencia de intermediarios y minimizaría las fallas asociadas a la notificación presencial, como la imposibilidad de ubicar al destinatario.

En esa línea, uno de los cambios más relevantes es la eventual desvinculación de la Policía de estas tareas, lo que implicaría una reasignación más eficiente de recursos humanos y operativos. La modificación no es menor: actualmente, una parte significativa de las notificaciones requiere intervención policial, lo que incrementa costos y dilata los plazos.

El proceso de implementación será gradual. En una primera etapa, el sistema digital convivirá con los mecanismos tradicionales, con el objetivo de garantizar la transición sin afectar la validez de los actos procesales. “La meta es avanzar hacia una digitalización plena, pero inicialmente se trabajará con ambos formatos”, explicó Olivares Yapur.

El titular de la Corte también destacó que ya se realizaron pruebas preliminares con resultados alentadores, lo que refuerza la viabilidad del proyecto. No obstante, la puesta en marcha definitiva requerirá la adecuación de marcos normativos que respalden jurídicamente el nuevo esquema.