El titular de la CGT Regional San Juan y secretario general de la UOCRA respaldó el inicio de las obras de 2.240 viviendas y sostuvo que la generación de empleo debe traducirse en oportunidades para los trabajadores locales. También reclamó una interna abierta en el peronismo, cuestionó la exclusión del movimiento obrero de las discusiones nacionales y alertó por la pérdida salarial y el deterioro de las obras sociales.

En una entrevista con Mundo Laboral San Juan, el dirigente vinculó el anuncio con las gestiones previas entre el Gobierno provincial, las representaciones empresarias y los actores sindicales. Según afirmó, el programa podría generar empleo para más de 2.500 personas y alcanzar a los 19 departamentos, aunque reconoció que todavía no conoce la distribución definitiva de los barrios.

Cabello consideró que la diversidad geográfica de los proyectos puede facilitar la contratación de mano de obra local. Mientras los trabajos viales requieren, en muchos casos, traslados fuera de la ciudad y especialidades específicas, la construcción de viviendas permitirá incorporar trabajadores en sus propios departamentos.

“Cuando se recupera una fuente de trabajo es muy importante para el sector de la construcción”, señaló. Para la UOCRA, el desafío inmediato consiste en convertir los anuncios y las adjudicaciones en puestos efectivos, con incorporaciones graduales que eviten generar expectativas por encima de la capacidad real de ejecución.

La CGT reclama participación en la reorganización del peronismo

El dirigente también cuestionó la exclusión del movimiento obrero de las conversaciones que buscan reorganizar al peronismo de cara a las elecciones de 2027. Reclamó que la CGT tenga participación en las decisiones nacionales y rechazó que un grupo reducido de dirigentes defina candidaturas y orientaciones políticas sin una discusión más amplia.

“La política tiene que entender que no puede seguir haciendo caso omiso a una representación como es la de la CGT”, afirmó. A su juicio, la representación sindical no puede quedar relegada cuando se discute el futuro de una fuerza política que históricamente tuvo vínculos estrechos con los trabajadores.

Cabello propuso que la selección de candidaturas se resuelva mediante una interna abierta, en lugar de acuerdos cerrados entre referentes. Sostuvo que las diferencias deben abordarse con reuniones directas y participación de las distintas expresiones partidarias y territoriales.

El titular de la central obrera sanjuanina también pidió evitar que las disputas de la dirigencia bonaerense se trasladen automáticamente a las provincias, donde —advirtió— existen dificultades económicas y políticas propias. Consideró que todavía hay tiempo para construir acuerdos antes de marzo del año próximo, aunque condicionó esa posibilidad a una convocatoria más amplia.

Su planteo combina una exigencia de representación política con una advertencia sobre el vínculo entre los partidos y sus bases sociales: para el dirigente sindical, el movimiento obrero debe intervenir en la discusión programática y no limitarse a acompañar decisiones tomadas por otros.

Salarios rezagados y preocupación por las obras sociales

Más allá de la interna partidaria, Cabello ubicó el deterioro de los ingresos entre las principales preocupaciones sindicales. Expresó que las paritarias no consiguen compensar plenamente el aumento del costo de vida y que muchos trabajadores llegan con dificultades a fin de mes, mientras se agravan los problemas de financiamiento de las obras sociales.

El representante gremial vinculó ambos factores con una pérdida de protección para los asalariados y sus familias. También cuestionó que las discusiones previsionales no se traduzcan, a su entender, en respuestas suficientes para los jubilados.

En su análisis, la reorganización política debe incorporar estas urgencias materiales. La recuperación de los ingresos, la atención sanitaria y la generación de empleo, planteó, son cuestiones que deberían ocupar un lugar central en cualquier propuesta que aspire a representar a los trabajadores.

Una mirada puesta en San Juan

Consultado sobre las repercusiones de la política internacional y el caso de Brasil mencionado durante la entrevista, Cabello evitó centrar su respuesta en la disputa entre dirigentes y sostuvo que su principal preocupación es la evolución económica argentina y provincial.

Señaló que el endeudamiento de los hogares y la problemática para cubrir los gastos cotidianos requieren respuestas concretas, por encima de las controversias políticas. “A mí me interesa la Argentina, cómo vamos a salir; me interesa San Juan, qué es de San Juan, qué es lo que vamos a hacer”, resumió.

El programa trazado por la conducción de la CGT local vincula estrechamente la generación de empleo en el sector constructivo con la inserción del gremialismo en el debate político actual. El alcance real del programa habitacional y la capacidad de recomponer ingresos serán indicadores centrales para medir si las expectativas de los trabajadores encuentran una respuesta concreta.

APJ Gas advirtió que la modificación del régimen dejará a millones de usuarios sin la bonificación que recibían por Zona Fría. Según el gremio, las subas comenzarán a reflejarse en las facturas de noviembre y podrían alcanzar entre el 20% y el 30% incluso en las regiones que conservarán una ayuda parcial.

La reducción de los beneficios de la Zona Fría encarecerá el servicio de gas para unos 3,3 millones de usuarios, según advirtió la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ Gas). La organización sindical, conducida por Rubén Ruiz, anticipó que el impacto comenzará a percibirse en las facturas de noviembre y cuestionó que el nuevo régimen limite las bonificaciones mientras mantiene el recargo destinado a financiar los subsidios.

El gremio atribuyó la modificación al Decreto 1266/2026 y a la Resolución 299/2026 de la Secretaría de Energía, normas que, según su interpretación, restringen el alcance del beneficio y dejan a numerosos usuarios fuera de la asistencia que recibían. La entidad calificó la medida como “un nuevo manotazo a nuestra economía”.

Entre las zonas alcanzadas por la reducción, APJ Gas enumeró distritos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, además de las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan. La asistencia se conservaría de manera parcial para la Patagonia, Malargüe y la Puna, aunque el sindicato advirtió que esos usuarios tampoco quedarían al margen de los aumentos.

El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales ingresó en una nueva fase de presión sindical con cuatro paros de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. En San Juan, las medidas afectarán el funcionamiento de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y podrían profundizarse si el Congreso no incorpora al Presupuesto los recursos que reclama la comunidad universitaria.

Daniel Durán, secretario geneal de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Juan – (APUNSJ) – sostuvo que la protesta responde al deterioro salarial de docentes y no docentes, las restricciones presupuestarias y la insuficiencia de las partidas destinadas al funcionamiento institucional y las becas estudiantiles.

El dirigente cuestionó, además, el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Según explicó, sus artículos 5 y 6 establecen mecanismos de actualización salarial tomando como referencia la evolución del índice de precios al consumidor desde diciembre de 2023.

Advirtió que la inobservancia de la ley, pese a los precedentes judiciales expuestos, agravó el desacuerdo presupuestario hasta convertirlo en una crisis institucional sistémica.

“Lo que está en conflicto acá es el propio sistema republicano de gobierno y la división de poderes”, planteó Durán durante una entrevista con Mundo Laboral San Juan. Para el titular de APUNSJ, el Ejecutivo no solo incumple una ley aprobada por el Congreso, sino que desoye decisiones de la Justicia.

Cuatro jornadas de huelga y servicios afectados

El cronograma anunciado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), a la que adhiere APUNSJ, contempla paros para este miércoles 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. La secuencia coincide con la discusión parlamentaria del Presupuesto nacional, cuyo tratamiento aparece como un punto determinante para definir los próximos pasos gremiales.

Las huelgas alcanzarán al conjunto de las tareas no docentes: desde la gestión administrativa especializada hasta los servicios generales. La interrupción podrá afectar la apertura de aulas, la limpieza, los trámites administrativos, los pagos a proveedores y otras prestaciones necesarias para el funcionamiento cotidiano de la UNSJ.

Durán también puso el foco en los recursos que, según el reclamo sindical, fueron recortados del financiamiento universitario. La organización exige que el Congreso incorpore $3 billones para gastos de funcionamiento. El dirigente advirtió que, con el proyecto presupuestario enviado por el Gobierno sin esas partidas, las universidades podrían sostener sus operaciones solamente hasta mayo del año próximo.

La advertencia tiene una consecuencia inmediata para la negociación: si el texto presupuestario no contempla los fondos reclamados, el conflicto no terminará con el último paro previsto. “Sin duda, el plan de lucha se va a profundizar”, anticipó Durán, quien señaló que se evalúan modalidades de protesta más contundentes.

Unidad universitaria frente al ajuste

El representante sindical cuestionó la orientación del Gobierno nacional y rechazó que el recorte pueda entenderse únicamente como una política de austeridad. A su juicio, las restricciones comprometen la continuidad del sistema universitario público, junto con las capacidades nacionales de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Frente a ese panorama, destacó la cohesión entre las organizaciones sindicales, docentes y estudiantiles. La adhesión sanjuanina a la quinta marcha federal universitaria del 15 de octubre, señaló, expresó la convergencia de esos espacios en defensa del financiamiento y de las condiciones de trabajo.

Durán vinculó el reclamo con la tradición de la universidad pública argentina, cuya transformación institucional quedó marcada por la Reforma Universitaria de 1918. Sostuvo que el sistema permitió a generaciones de estudiantes acceder a una profesión y mejorar sus condiciones de vida, una función que, enfatizó, no debería quedar subordinada a las restricciones presupuestarias.

La confrontación se aproxima a un punto de inflexión: ante la inminencia de nuevas medidas de fuerza sindicales, el Poder Legislativo tendrá la responsabilidad de determinar si la ley de Presupuesto asigna las partidas reclamadas por las instituciones educativas. De dicha resolución dependen directamente tanto la sustentabilidad de las prestaciones fundamentales de la comunidad académica sanjuanina, como la estructura salarial y presupuestaria del período venidero.