La Legislatura provincial declaró de interés educativo, científico, cultural y social la implementación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan. La primera cohorte comenzará en 2027 con 50 estudiantes y una inversión superior a los $2.250 millones.

La Cámara de Diputados de San Juan brindó un nuevo respaldo institucional a la creación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), al aprobar una declaración de interés educativo, científico, cultural y social durante la Séptima Sesión Ordinaria del cuerpo legislativo.

La iniciativa, promovida por el diputado Pedro Albagli, reconoce el alcance académico y social de una propuesta largamente esperada por la comunidad sanjuanina. La carrera funcionará en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, ubicada en el departamento Albardón, y permitirá que estudiantes de la provincia puedan acceder a la formación médica sin necesidad de trasladarse a otros centros universitarios del país.

Esta decisión se conoció pocos días después de que la UNSJ confirmara la obtención del financiamiento nacional necesario para poner en marcha la carrera, luego de que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) aprobara el proyecto académico.

De acuerdo con el cronograma oficial, las inscripciones se habilitarán en septiembre de este año, mientras que el curso de ingreso comenzará en octubre. El inicio de clases está previsto para el ciclo lectivo 2027, con una primera cohorte de 50 estudiantes, conforme a las condiciones establecidas en la acreditación.

La implementación demandará una inversión superior a los 2.250 millones de pesos, recursos que estarán destinados principalmente a la creación y financiamiento de los cargos docentes necesarios para garantizar el funcionamiento de la nueva carrera.

En este sentido, la universidad prevé ampliar la infraestructura de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud mediante la construcción de aulas híbridas y un nuevo bloque sanitario, con el propósito de acompañar el crecimiento de la oferta académica y fortalecer las condiciones de enseñanza.

El proyecto también genera expectativas por su impacto económico. El arribo de jóvenes universitarios foráneos dinamizará la economía local, estimulando el consumo y el requerimiento de vivienda, transporte y servicios.

Con esta declaración, la Legislatura sanjuuaninal consolidó el respaldo político e institucional a una iniciativa considerada histórica para la educación superior y para el fortalecimiento del sistema de salud, al ampliar la capacidad de formación de futuros médicos en la provincia.

La Corporación Vitivinícola Argentina cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para eliminar el organismo y modificar la Ley General de Vinos. Su presidente, Fabián Ruggeri, advirtió que la iniciativa podría alterar la identidad de los vinos argentinos, permitir mezclas con productos importados y debilitar la representación institucional de la actividad.

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) profundizó su rechazo al proyecto promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone la disolución de la entidad y modifica aspectos centrales de la Ley General de Vinos. Para el presidente de la institución, Fabián Ruggeri, la iniciativa representa una amenaza tanto para la organización del sector como para la identidad de uno de los productos emblemáticos del país.

El dirigente recordó que la disputa comenzó en mayo, cuando el Gobierno dictó la Resolución 55 con el objetivo de dejar sin efecto las funciones de la corporación. Frente a esa decisión, COVIAR presentó un amparo judicial y obtuvo una medida cautelar que suspendió los efectos de la resolución hasta que exista una definición sobre el fondo del conflicto.

Sin embargo, Ruggeri aseguró que ahora el Ejecutivo avanzó con un nuevo borrador de ley que insiste con la eliminación del organismo. Según explicó, el proyecto establece un plazo de apenas un mes para elaborar un informe final y proceder a la liquidación de sus actividades.

La mayor preocupación, señaló, no pasa únicamente por la desaparición de COVIAR, sino por las modificaciones que el texto introduce en la legislación vitivinícola. Entre los cambios mencionó la sustitución del concepto de «uva fresca» por el de «mosto de uva» en la definición legal del vino, una modificación que, a su entender, permitiría utilizar mostos concentrados o sulfitados e incluso materia prima proveniente de otras regiones.

También advirtió que la iniciativa abriría la posibilidad de comercializar vinos importados sin identificar claramente su origen y permitiría mezclarlos con vinos nacionales, una práctica que actualmente se encuentra prohibida.

Ruggeri cuestionó además la visión que, según afirmó, inspira el proyecto oficial. «El vino no es un commodity. Puede mezclarse trigo de distintos productores y seguirá siendo trigo, pero el vino tiene identidad, historia y características propias. Es cultura y tradición», sostuvo.
En ese sentido, defendió el papel que COVIAR desempeña desde su creación como organismo de articulación entre el sector público y privado, destacando que permitió impulsar políticas comunes y consolidar un plan de desarrollo de largo plazo para la vitivinicultura argentina.

San Juan, entre las provincias involucradas

El titular de COVIAR destacó que San Juan es una de las provincias que más se benefició con los programas impulsados por la corporación. Como ejemplo mencionó el desarrollo alcanzado por la industria de la pasa de uva a través del programa PROVIAR, al tiempo que reconoció que muchas veces esos resultados no llegan a ser conocidos por todos los productores y bodegueros que realizan aportes al organismo.

Finalmente, Ruggeri sostuvo que la discusión trasciende la continuidad de la compañía y consideró que la iniciativa oficial implica un cuestionamiento a la institucionalidad construida durante años por la vitivinicultura argentina. Según afirmó, eliminar ese ámbito de representación significaría perder una herramienta clave para defender los intereses de una economía regional de fuerte impacto en provincias productoras como San Juan y Mendoza.

Organizaciones sociales, gremios y referentes de la economía popular marcharon por el microcentro sanjuanino para exigir la continuidad del programa Volver al Trabajo, cuya finalización está prevista para agosto. Los manifestantes advirtieron que la medida afectará a unas 20.000 personas en la provincia y a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.

San Juan fue una de las provincias que se incorporó a la jornada nacional de protesta impulsada por organizaciones sociales y trabajadores de la economía popular en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el programa Volver al Trabajo. La movilización recorrió el microcentro de la capital provincial, provocó demoras en la circulación vehicular y concluyó con la entrega de un petitorio en la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

De la convocatoria participaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), SATSAID y otras organizaciones sindicales y sociales que coincidieron en reclamar la restitución del beneficio económico y una revisión de la política oficial hacia la economía popular.

La protesta se produjo luego de que la Cámara Federal de San Martín dejara sin efecto una medida cautelar que ordenaba mantener el pago mensual del programa. Esa resolución despejó el camino para que el Poder Ejecutivo avance con la finalización del beneficio y la implementación de un nuevo esquema de asistencia.

«No reclamamos un subsidio, reclamamos trabajo»

Durante la manifestación, la referente del MTE Ivana Saavedra sostuvo que la decisión dejará sin ingresos a miles de trabajadores que desarrollan tareas comunitarias en barrios populares.
«Lo que estamos reclamando es un derecho que se nos quita desde agosto. Los 78.000 pesos permitían sostener espacios comunitarios, comedores, merenderos y ollas populares. Lo que buscamos es acceder a un trabajo digno; las capacitaciones ya las realizamos», expresó.
Según indicó, la eliminación del programa alcanzará a aproximadamente 20.000 personas en San Juan, muchas de las cuales complementaban esos recursos con actividades de la economía popular.

Saavedra explicó además que únicamente continuará vigente el programa Acompañamiento Social para los grupos comprendidos por la Resolución 90/2026, principalmente personas mayores de 50 años, mientras que el resto de los beneficiarios dejará de percibir la prestación a partir de agosto.

Un reclamo dirigido a la Nación

El petitorio fue recibido por autoridades de la Agencia Territorial local, aunque los propios manifestantes reconocieron que la decisión depende exclusivamente del Gobierno nacional.

El dirigente de la UTEP Fidel Maric señaló que el documento busca que el planteo llegue a las autoridades nacionales y permita revisar la medida.
«La delegación fue recibida con respeto, pero sabemos que la definición no está en la oficina local. El objetivo es que nuestro reclamo llegue a quienes tienen la responsabilidad de resolver la continuidad del programa», sostuvo.

Qué es Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo fue creado en 2024 tras la disolución de Potenciar Trabajo, con el propósito de favorecer la inserción laboral de trabajadores de la economía popular mediante capacitación, formación profesional, prácticas laborales y el fortalecimiento de emprendimientos productivos.

Como complemento de esas acciones, contemplaba una prestación mensual de 78.000 pesos, destinada a acompañar los procesos de incorporación al mercado laboral. Hasta su eliminación, alcanzaba a cerca de 900.000 beneficiarios en todo el país.

Una protesta con alcance nacional

La importante movilización desarrollada en San Juan formó parte de una jornada coordinada en distintas provincias, donde organizaciones sociales y gremiales cuestionaron el rediseño de las políticas de asistencia impulsado por la administración de Javier Milei.

Los convocantes sostienen que la eliminación de Volver al Trabajo reducirá los recursos disponibles para miles de familias vinculadas a la economía popular y afectará el funcionamiento de comedores, merenderos y otros espacios comunitarios. Frente a ese panorama, anticiparon que continuarán impulsando gestiones y nuevas acciones para reclamar la restitución del programa o la implementación de un mecanismo que garantice la continuidad del acompañamiento económico y la generación de empleo genuino.