El Ejecutivo provincial presentó una nueva propuesta salarial, pero los gremios la consideraron insuficiente. La discusión pasó a cuarto intermedio mientras se aguarda una reformulación.

La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes volvió a transitar un punto de inflexión tras una nueva oferta oficial que no logró conformar a las representaciones sindicales. En la décima reunión paritaria, realizada en el Ministerio de Educación, las partes intercambiaron posiciones en un clima marcado por la urgencia de recomponer ingresos frente al deterioro del poder adquisitivo.

Del encuentro participaron funcionarios del Ejecutivo provincial junto a dirigentes de UDAP, UDA y AMET, quienes plantearon una agenda amplia que excede lo estrictamente salarial. La propuesta oficial, presentada este lunes, se estructuró en tramos y combinó sumas fijas, incrementos porcentuales y ajustes en distintos ítems del nomenclador docente.

Para abril, el Gobierno propuso el pago de un bono extraordinario de $120.000, de carácter no remunerativo y no bonificable, a liquidarse el 15 del mes y proporcional según la carga horaria. A esto se sumó un incremento de cinco puntos en los radios 4, 5, 6 y 7, junto con la incorporación del ítem Conectividad al recibo salarial.

El esquema continúa en mayo con un aumento del 2% en el valor índice, calculado sobre la base de marzo de 2026, y una suba de cuatro puntos en el código A01.

En junio, la oferta contempla un nuevo incremento del 3% —tomando como referencia mayo— y la aplicación de una cláusula de revisión, orientada a ajustar los haberes en función de la evolución económica.

Desde el el gobierno la propuesta en las limitaciones financieras actuales, señalando la caída en la recaudación provincial y la merma en los recursos coparticipables provenientes de Nación. Este cuadro condiciona, según explicaron, la capacidad de mejora en los salarios del sector público.

Sin embargo, los gremios docentes manifestaron su disconformidad con los términos planteados. Reclamaron que cualquier recomposición tenga carácter remunerativo y alcance a la totalidad de los cargos y horas cátedra, al considerar que los bonos no resuelven la pérdida sostenida del ingreso real. Además, insistieron en una serie de demandas pendientes: procesos de titularización, situación de docentes de CENS, pago completo de jornadas de paro, resolución de expedientes demorados y mejoras en el sistema de transporte mediante la SUBE docente.

Tras el intercambio, y ante la distancia entre las posiciones, el Gobierno solicitó un cuarto intermedio con el objetivo de revisar la propuesta y acercar alternativas superadoras. La negociación se reanudará el próximo miércoles 15 de abril, en una instancia que será determinante para el cierre o la profundización del conflicto.

Concluida la etapa de fundaciones, el proyecto de los nuevos Consultorios Externos del Hospital Rawson inicia el ensamblaje de su estructura metálica. Se trata de un hito técnico que permitirá acelerar la ejecución de una obra destinada a ampliar la capacidad de atención y optimizar los circuitos asistenciales.

La ampliación del Hospital Rawson ingresa en una instancia determinante. Tras completar los trabajos preliminares de suelo, bases y fundaciones, el proyecto avanza con el montaje de su armazón principal, un sistema metálico de gran escala que define la arquitectura del futuro edificio.

La intervención contempla tres sectores diferenciados: un bloque destinado a atención pediátrica, otro orientado a pacientes adultos y un volumen cilíndrico que albergará servicios complementarios, entre ellos un área de confitería. La ejecución ya registra avances en el sector pediátrico, donde se finalizó la base estructural y se inició la instalación de columnas tubulares de gran porte.

El despliegue logístico requerido es significativo. Las piezas, fabricadas fuera del predio, son trasladadas durante la madrugada para evitar interferencias en la circulación urbana. Una vez en el lugar, el montaje se realiza mediante grúas de alta capacidad, lo que permite garantizar precisión y seguridad en cada maniobra.

Este proceso exige una articulación constante entre la empresa constructora, los equipos técnicos del hospital y los responsables de la supervisión, con el objetivo de sostener un ritmo de obra ordenado y cumplir con los estándares establecidos.

Un edificio pensado para la atención del futuro

El nuevo complejo se emplaza en una superficie de 6.445 metros cuadrados, delimitada por las calles General Paz, Santa Fe, Estados Unidos y la Avenida Rawson. La propuesta arquitectónica incorpora soluciones modernas, con estructuras livianas, cubiertas térmicas y materiales diseñados para optimizar la eficiencia energética.

En el exterior, se prevén terminaciones con tecnología Screenpanel y estética tipo acero corten, mientras que en los espacios interiores se instalarán paneles acústicos y carpinterías de aluminio con vidrios de seguridad. Las instalaciones sanitarias, eléctricas y de protección se ejecutan bajo normativas estrictas, en línea con los requerimientos de un centro de salud de alta complejidad.

El proyecto apunta a mejorar la atención ambulatoria, descongestionar áreas críticas y ofrecer entornos más accesibles tanto para pacientes como para el personal médico. La reorganización de los circuitos permitirá reducir tiempos de espera y elevar la calidad del servicio.

Daniel Durán, referente de APUNSJ, advierte sobre un deterioro sostenido en las universidades nacionales y cuestiona la negativa del Gobierno a aplicar la ley de financiamiento. Con resoluciones judiciales firmes, medidas de fuerza en marcha y una pérdida salarial pronunciada, el conflicto escala y abre interrogantes sobre el futuro del sistema.

La discusión por el financiamiento de las universidades nacionales atraviesa una etapa de definiciones, donde confluyen reclamos gremiales, decisiones políticas y pronunciamientos judiciales que elevan la disputa a un plano institucional de mayor alcance. Lejos de apaciguarse, la situación muestra signos de profundización y suma nuevos actores a una confrontación que ya impacta en el funcionamiento cotidiano del sistema.

Daniel Durán, dirigente de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de San Juan (APUNSJ), en diálogo con Mundo Laboral San Juan, fija un diagnóstico crítico que combina variables económicas, laborales y estructurales. Desde su perspectiva, el deterioro no es reciente ni circunstancial, sino el resultado de una secuencia de decisiones que han debilitado progresivamente a las universidades.

“Desde el inicio de la actual gestión, las instituciones educativas de nivel superior han venido sosteniendo un deterioro tanto en lo salarial como en lo institucional”, afirma. La descripción incluye la retracción de partidas destinadas a áreas sensibles como becas estudiantiles, investigación científica, mantenimiento edilicio y gastos operativos. Esta reducción de recursos, sostiene, repercute directamente en la calidad del servicio educativo y en la capacidad de sostener la actividad académica.

Uno de los aspectos que, según Durán, permite dimensionar la magnitud del problema es su visibilidad creciente. Los colegios preuniversitarios y los institutos asociados, que en las últimas semanas concentraron la atención pública, funcionan como una señal de alerta. “Lo que se observa en esos espacios es el reflejo de lo que ocurre en todo el sistema”, explica, al señalar que la problemática ya no puede ser contenida en ámbitos administrativos o técnicos.

El eje central de la disputa es la ley de financiamiento universitario, cuya aplicación continúa sin concretarse pese a haber sido ratificada por el Congreso. El dirigente subraya el carácter excepcional del proceso legislativo y judicial que acompañó a la norma. Según detalla, se trata de una ley que fue votada en reiteradas oportunidades, incluso luego del rechazo de un veto presidencial, con mayorías que superaron ampliamente los requisitos constitucionales.

A ello se suma la intervención del Poder Judicial, que en dos instancias ordenó su cumplimiento. El fallo de Cámara, en particular, introduce definiciones de fuerte contenido institucional: advierte sobre riesgos para el sistema republicano, descarta un impacto presupuestario significativo y exige la aplicación inmediata de la norma. “Es una resolución inusitadamente dura en sus términos”, señala Durán.

El punto económico no es menor. El costo estimado de la ley —alrededor del 0,21% del Producto Bruto Interno— refuerza el argumento de que su implementación no compromete el equilibrio fiscal. Para el dirigente, esto deja en evidencia que la resistencia del Ejecutivo responde a una decisión política más que a una imposibilidad financiera.

En este sentido, el Gobierno evalúa recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, lo que prolongaría el proceso judicial. Mientras tanto, también impulsa un proyecto de modificación de la ley universitaria que, según advierten desde el sector gremial, podría alterar de manera sustancial el esquema vigente. “Si avanzara en esa dirección, lo que se consolidaría es un modelo de debilitamiento del sistema”, advierte Durán.

Las consecuencias de este cuadro se reflejan con nitidez en la situación salarial. La recomposición otorgada —en torno al 12,3%— resulta insuficiente frente a una pérdida acumulada que supera el 50%. Esta brecha impacta de manera directa en las condiciones de vida de los trabajadores universitarios.

El dato más significativo es el cambio en la composición social del sector. “En diciembre de 2023 no teníamos trabajadores por debajo de la línea de pobreza; hoy el 70% se encuentra en esa situación”, describe. La afirmación no solo ilustra la magnitud del deterioro, sino también la velocidad con la que se produjo.

A esto se suma la ausencia de instancias paritarias. Según denuncia, el Ejecutivo ha optado por fijar aumentos de manera unilateral, sin habilitar los mecanismos de negociación establecidos por la normativa vigente. Esta práctica, combinada con la evolución del costo de vida, acentúa la pérdida de ingresos y limita cualquier posibilidad de recuperación en el corto plazo.

Durán también cuestiona las mediciones oficiales de inflación, al considerar que no reflejan con precisión el impacto real sobre el poder adquisitivo. “No hace falta ser especialista; el sentido común indica lo que ocurre cuando uno va al supermercado, paga servicios o carga combustible”, señala, en referencia a la percepción cotidiana del encarecimiento.

Frente a este escenario, el movimiento sindical universitario ha desplegado un plan de acción que busca sostener el reclamo sin paralizar completamente el sistema. El sector docente avanzó con medidas de fuerza de mayor extensión, mientras que los no docentes optaron por paros escalonados. “Cada actor cumple un rol dentro de la estructura universitaria y eso se respeta al momento de definir las estrategias”, explica.

En este aspecto, los trabajadores no docentes llevarán adelante ceses totales de actividades los días 17 y 23 de abril. La decisión responde a la necesidad de visibilizar el conflicto sin afectar de manera prolongada los procesos administrativos que sostienen la actividad académica.

La participación estudiantil constituye otro de los rasgos distintivos de la actual coyuntura. Los alumnos no solo acompañan las medidas, sino que también se integran a la discusión. Para Durán, este involucramiento responde a una comprensión clara de lo que está en juego: “La posibilidad de acceder a mejores oportunidades y sostener una movilidad social ascendente”.

En los próximos días, el congreso de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) reunirá a representantes de todo el país para definir la estrategia a seguir. Allí se evaluará el escenario general y se delinearán las acciones en función de la respuesta oficial.

La disputa por el financiamiento universitario ha evolucionado hacia un punto donde convergen factores económicos, decisiones políticas y definiciones institucionales de alto impacto. La falta de aplicación de una ley respaldada por el Congreso y la Justicia introduce un elemento de incertidumbre que excede el ámbito educativo.

En este punto, la universidad pública enfrenta una instancia decisiva. La pérdida de poder adquisitivo, la reducción de recursos y la ausencia de acuerdos configuran un panorama que exige respuestas concretas. El desenlace de este proceso no solo determinará el funcionamiento inmediato del sistema, sino también su capacidad de sostener, en el tiempo, un modelo de educación superior inclusivo, de calidad y con proyección social.