El Frente de Sindicatos Unidos aseguró que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería ubicarse cerca de los 2,9 millones de pesos para garantizar condiciones de vida acordes a lo establecido por la Constitución y la legislación laboral. El espacio sindical denunció una profunda pérdida del poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno y advirtió sobre el creciente deterioro social entre trabajadores públicos y privados.

El debate salarial volvió a ocupar el centro de la escena política y sindical luego de que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) difundiera un duro informe sobre el deterioro del poder adquisitivo en la Argentina y reclamara una actualización drástica del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Según el documento elaborado por el espacio gremial, un trabajador argentino necesitaría actualmente ingresos cercanos a los 2,9 millones de pesos mensuales para cubrir adecuadamente las necesidades básicas contempladas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. La cifra, que supera ampliamente el salario mínimo vigente, fue presentada como una muestra de la profundidad de la crisis social que atraviesan amplios sectores asalariados.

Desde el FreSU sostuvieron que el ingreso mínimo legal quedó completamente desfasado respecto del costo real de vida y denunciaron que hoy representa apenas una fracción de lo necesario para garantizar condiciones dignas de subsistencia. El espacio sindical calificó al salario mínimo actual como “el más bajo de la historia argentina” y vinculó esa situación con la política económica aplicada desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La presentación del informe no fue un gesto aislado. Formó parte de una estrategia más amplia del sindicalismo combativo para reposicionar la discusión salarial en medio de un escenario signado por paritarias condicionadas, caída del consumo y creciente pérdida de capacidad adquisitiva.

El FreSU, integrado por alrededor de 140 organizaciones sindicales de distintas corrientes gremiales, sostiene que la pérdida acumulada de ingresos desde diciembre de 2023 ya alcanzó niveles históricos. Según sus estimaciones, los trabajadores argentinos resignaron más de 62 billones de pesos durante el actual período de gobierno.

La organización desagregó además el impacto sobre distintos sectores laborales. En el ámbito privado, calcularon que cada asalariado perdió en promedio más de 2,3 millones de pesos acumulados, mientras que entre trabajadores estatales la caída superó los 12,7 millones por persona.

El estudio expone una radiografía particularmente severa sobre la situación social de los asalariados formales, un segmento que históricamente funcionó como núcleo de estabilidad económica dentro del mercado interno argentino y que hoy aparece crecientemente afectado por el deterioro de ingresos y el endeudamiento doméstico.

“El salario ya no alcanza para cubrir necesidades elementales y muchas familias deben endeudarse para sostener gastos cotidianos”, señalaron desde el frente sindical al justificar la magnitud del reclamo.

Para establecer cuál debería ser el verdadero Salario Mínimo, Vital y Móvil, el FreSU tomó como referencia las nueve necesidades fundamentales contempladas en la legislación laboral argentina y en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los componentes incluidos aparecen alimentación adecuada, vivienda digna, salud, educación, vestimenta, transporte, previsión social, recreación y vacaciones. Según el detalle difundido por la organización, sólo la cobertura alimentaria demandaría más de 648 mil pesos mensuales, mientras que el acceso a vivienda rondaría los 568 mil pesos.

A eso se suman gastos vinculados a salud, educación y movilidad, además de partidas destinadas al esparcimiento y al descanso anual, conceptos históricamente contemplados dentro de la definición jurídica de salario vital y móvil, aunque crecientemente inaccesibles para gran parte de los trabajadores.

El documento también buscó recuperar una discusión de fondo alrededor del sentido constitucional del salario. Para el FreSU, la política salarial actual desnaturaliza principios básicos establecidos tanto en la Constitución como en la Ley de Contrato de Trabajo, que definen al salario mínimo como una herramienta destinada a garantizar bienestar integral y no únicamente supervivencia básica.

La difusión del informe coincidió además con un momento de creciente reorganización dentro de sectores gremiales enfrentados al rumbo económico del Gobierno nacional. El pasado 1° de Mayo, el FreSU realizó su primer plenario nacional de delegados y delegadas, donde aprobó el programa “Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria”.

Allí confluyen organizaciones de fuerte peso dentro del sindicalismo argentino, entre ellas la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Trabajadores Aceiteros, además de numerosas estructuras sindicales regionales y sectoriales.

La aparición de este espacio refleja también un fenómeno más amplio dentro del universo gremial: el crecimiento de sectores que reclaman posturas más confrontativas frente al ajuste económico y cuestionan la moderación de parte de la dirigencia sindical tradicional.

Mientras el Gobierno insiste en que la desaceleración inflacionaria representa el principal indicador de estabilización económica, desde el sindicalismo combativo advierten que la caída de precios relativos no se traduce en recuperación del ingreso ni mejora concreta en las condiciones de vida.

El planteo del FreSU vuelve a poner sobre la mesa una discusión central para la economía argentina: cuánto debe ganar un trabajador para vivir dignamente en un país donde los salarios corren permanentemente detrás del costo de vida. La distancia entre los ingresos reales y las necesidades básicas aparece hoy como uno de los principales focos de conflictividad social, en una etapa donde el equilibrio macroeconómico convive con un profundo deterioro del poder adquisitivo y un aumento progresivo del mercado interno.

La administración nacional dispuso una fuerte reasignación de partidas que impactó de lleno en la Autopista Ruta 40 Sur, uno de los proyectos viales más relevantes para la conexión entre San Juan y Mendoza. La quita de más de $2.000 millones vuelve a encender las alarmas sobre la continuidad de una obra atravesada por demoras, indefiniciones y objeciones al esquema de paralización de la infraestructura pública.

La decisión del Gobierno nacional de profundizar el ajuste sobre distintas áreas del Estado volvió a colocar a la obra pública en el centro de la discusión política y económica. Esta vez, el impacto alcanzó a la Ruta Nacional 40 Sur, particularmente al tramo Tres Esquinas, una intervención considerada estratégica para la conectividad cuyana y que desde hace meses arrastra un escenario de virtual estancamiento.

La medida quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada el 11 de mayo en el Boletín Oficial, donde se estableció una redistribución presupuestaria superior a los $2,4 billones. El recorte alcanzó a múltiples áreas sensibles, entre ellas infraestructura, salud y educación, en línea con la política de reducción del gasto impulsada por el Ejecutivo nacional.

El proyecto contaba originalmente con una asignación de $24.755 millones para el ejercicio 2026 y parte de ese financiamiento provenía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que respaldaba la ejecución de la obra. Sin embargo, pese a ese sostén financiero internacional, la Nación resolvió quitarle $2.025.729.177, una decisión que profundiza las dudas sobre los tiempos de avance y sobre la viabilidad real de continuar con los trabajos en el corto plazo.

El dato adquiere además un fuerte contenido político por la cercanía temporal entre el anuncio del recorte y las declaraciones oficiales formuladas días antes. Apenas doce jornadas previas a la publicación de la medida, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había expuesto ante la Cámara de Diputados un informe donde ratificaba distintos proyectos viales y describía perspectivas de continuidad para obras consideradas prioritarias, entre ellas el tramo de la Ruta 40 ahora afectado por la poda presupuestaria.

La contradicción entre el discurso oficial y las decisiones administrativas alimentó nuevas críticas de sectores políticos, empresariales y vinculados al transporte, que desde hace meses vienen advirtiendo sobre las consecuencias del freno en la infraestructura vial.

En San Juan, la Ruta 40 Sur representa mucho más que una conexión interprovincial. Se trata de un corredor determinante para el movimiento de la producción regional, el transporte de cargas y la integración logística con Mendoza. A ello se suma un aspecto especialmente sensible: la seguridad vial. Diversos sectores vienen alertando desde hace tiempo sobre el deterioro de varios tramos y la necesidad de modernizar una traza que registra un tránsito intenso y permanente.

La reducción de partidas vuelve a instalar interrogantes sobre el futuro inmediato del proyecto y refuerza la percepción de que gran parte de las obras nacionales quedaron subordinadas a la lógica de ajuste fiscal impulsada desde la Casa Rosada. Mientras tanto, la incertidumbre crece en torno a una infraestructura considerada esencial para el desarrollo productivo y la conectividad del oeste argentino.

El gobierno riojano volvió a escalar la histórica disputa limítrofe con San Juan y esta vez puso la mira sobre Lunahuasi, uno de los proyectos exploratorios más relevantes de la cordillera. La administración de Ricardo Quintela sostiene que parte del emprendimiento se desarrolla dentro de territorio riojano y anticipó nuevas acciones judiciales para exigir estudios ambientales, reconocimiento jurisdiccional y participación en futuras utilidades.

La tirantez política y territorial entre San Juan y La Rioja volvió a ingresar en una etapa de alta sensibilidad. El eje del nuevo conflicto es Lunahuasi, el proyecto minero de la canadiense NGEx Minerals —integrante del Grupo Lundin— que quedó bajo cuestionamiento luego de que funcionarios riojanos aseguraran que parte de sus actividades se desarrollan dentro de jurisdicción de esa provincia.

La controversia reabre una discusión histórica sobre los límites interprovinciales en la zona cordillerana y suma un nuevo episodio a los altercados derivados del crecimiento de la minería metalífera en el oeste argentino.

Desde la empresa señalaron que, hasta el momento, no fueron notificadas formalmente sobre ninguna presentación judicial orientada a frenar el emprendimiento. No obstante, reconocieron sorpresa por el anuncio público realizado desde La Rioja y remarcaron que mantienen una relación institucional “excelente” con las autoridades de esa provincia.

“Tenemos una excelente relación con las autoridades de La Rioja, por eso nos sorprende que hayan anunciado que van a hacer una presentación judicial”, indicaron fuentes vinculadas al proyecto.

En ese punto, dejaron trascender que aguardarán una eventual notificación oficial antes de avanzar con definiciones legales o administrativas, aunque ratificaron predisposición para continuar el diálogo político y técnico con la administración riojana.

Quien elevó el tono del reclamo fue el ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Pérez, que en declaraciones a Canal 13 San Juan aseguró que Lunahuasi se encuentra dentro de territorio riojano y confirmó que ya comenzaron las notificaciones formales.

“Estamos empezando a notificarlos igual que a Vicuña”, afirmó el funcionario, en referencia al antecedente judicial reciente que involucró a otro de los grandes proyectos mineros de la región.

Pérez sostuvo que el planteo riojano no se limita a una discusión cartográfica sino que involucra aspectos ambientales, jurisdiccionales y económicos. Según explicó, la principal preocupación gira alrededor de la ausencia de estudios de impacto ambiental presentados ante organismos de La Rioja para emprendimientos que —según su interpretación— generan efectos directos sobre territorio provincial.

“Es por el impacto ambiental en la zona limítrofe, no está presentado el impacto. Todas las mineras instaladas en San Juan están pisando el límite con La Rioja; en realidad están adentro del territorio nuestro”, expresó.

Las declaraciones reflejan además un cambio político profundo en la postura histórica riojana frente a la minería. Durante años, La Rioja mantuvo fuertes resistencias institucionales y sociales hacia el desarrollo de proyectos metalíferos a gran escala. Ahora, en cambio, la administración provincial busca consolidarse como actor dentro del mapa minero nacional y reclama participación sobre emprendimientos que considera vinculados a su territorio.

El ministro riojano incluso afirmó que muchas compañías extranjeras eligieron establecerse formalmente bajo jurisdicción sanjuanina debido a las restricciones políticas que durante años existieron en La Rioja respecto de la actividad extractiva.

“Como La Rioja siempre tuvo problemas con la actividad, las canadienses se instalaron en teoría en San Juan, pero están adentro del territorio riojano”, sostuvo.

En este aspecto, Pérez planteó avanzar hacia un esquema de administración compartida entre ambas provincias, tomando como referencia el modelo de cooperación que mantienen Salta y Catamarca en torno al desarrollo del litio.

“Estamos planteando un área común como tiene Salta y Catamarca. Vamos a tener que tener un área común de servicios, de minerales y de explotación”, explicó.

Pérez expresó también que Lunahuasi utiliza sectores asociados a ese glaciar y sostuvo que esa área corresponde territorialmente a La Rioja.

“Lunahuasi utiliza el glaciar El Potro. Y El Potro es de La Rioja. Si te ponés a hilar fino, el emprendimiento está en La Rioja”, afirmó.

La advertencia no quedó sólo en el plano discursivo. El funcionario adelantó que, si las empresas no presentan informes ambientales y no avanzan acuerdos jurisdiccionales, la provincia podría volver a recurrir a la Justicia para intentar frenar actividades.

La nueva ofensiva riojana aparece apenas semanas después del conflicto judicial vinculado al proyecto Vicuña. El pasado 16 de abril, la jueza riojana María Greta Decker ordenó la suspensión por 30 días de actividades relacionadas con ese emprendimiento hasta tanto se presentaran estudios ambientales ante autoridades provinciales de La Rioja.

La resolución generó fuerte repercusión en San Juan debido al peso estratégico que tienen las inversiones mineras en la economía provincial y al impacto que cualquier conflicto judicial puede producir sobre la llegada de capitales internacionales.

En sus declaraciones, Pérez también mencionó el proyecto Filo del Sol, aunque reconoció que en ese caso la localización aparece más claramente vinculada a territorio sanjuanino. Aun así, insistió en que existen infraestructuras y caminos utilizados por las compañías que atraviesan áreas riojanas.

“Filo del Sol está más claramente dentro de San Juan, pero los caminos utilizan caminos nuestros”, puntualizó.

El conflicto por Lunahuasi refleja mucho más que una discusión técnica sobre límites provinciales. Lo que comienza a emerger es una disputa política y económica por el control de recursos estratégicos en una región donde la minería se consolida como uno de los motores centrales de inversión y desarrollo. Mientras San Juan busca sostener su liderazgo como polo minero nacional, La Rioja intenta reposicionarse dentro del negocio extractivo y reclamar una participación que durante años quedó al margen de su agenda política. El desenlace de esta controversia podría sentar un precedente de fuerte impacto para futuros proyectos cordilleranos y para la relación entre provincias atravesadas por recursos compartidos.