Con una amplia mayoría, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó una declaración de rechazo a la eliminación del beneficio de Zona Fría en las tarifas de gas. Aunque la medida no tiene efecto vinculante sobre Nación, marca una posición política fuerte frente al proyecto de Presupuesto 2026, que busca derogar la ampliación del régimen.

Durante una sesión especial celebrada este miércoles 15 de octubre, la Legislatura de San Juan protagonizó una de las pocas escenas de unidad política en tiempos de polarización. Con 34 votos afirmativos y uno en contra, correspondiente al único legislador libertario, el cuerpo aprobó una Declaración de rechazo ante la posibilidad de que el Gobierno nacional elimine los beneficios tarifarios de Zona Fría, contemplados en la Ley N.º 27.637.

El pronunciamiento no tiene efectos legales sobre el Ejecutivo nacional ni implica una directriz hacia el Congreso, pero funciona como un gesto institucional contundente. La Cámara de Diputados provincial busca dejar constancia de la preocupación local por la eventual quita de un beneficio que alcanza a más de 120.000 usuarios sanjuaninos, que pagan entre 30 y 50% menos en su factura de gas gracias al esquema vigente.

La posición adoptada en la provincia llega en un momento clave: el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno de Javier Milei incluye un artículo que deroga la ampliación de la Zona Fría, incorporada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández. Si ese artículo prosperara, el beneficio se limitaría nuevamente a la Patagonia, La Puna y Malargüe, dejando afuera a provincias como San Juan, Mendoza, La Pampa, Tucumán y parte de Buenos Aires.

La Unión de Usuarios y Consumidores, a través de su titular Claudio Boada, advirtió que la eliminación de la ampliación carece de sustento económico, ya que el subsidio no depende del Tesoro nacional, sino de un aporte solidario de 6,8% que pagan todos los usuarios del país. “No afecta al déficit cero, que es el principal argumento del Gobierno. Lo financian los propios consumidores”, remarcó Boada, en alusión al plan de ajuste fiscal que sostiene la administración libertaria.

Las organizaciones de consumidores y distintos intendentes de las regiones afectadas advirtieron que la medida duplicaría las tarifas y restringiría el poder adquisitivo de comunidades enteras, generando un efecto regresivo en economías locales como las de Azul, Olavarría o Jáchal.

En San Juan, el rechazo legislativo implica ahora un mandato político a los diputados nacionales de los bloques Producción y Trabajo y Unión por la Patria, quienes deberán trasladar la postura provincial a la Cámara baja del Congreso. Allí se espera que la discusión se concentre en las comisiones de Presupuesto y Energía, donde los sectores opositores intentarán eliminar el artículo que deroga la ampliación.

Un reclamo simbólico que tensiona la relación Nación–Provincia

Aunque la declaración de la Legislatura no tiene efectos normativos, su peso político es evidente. Representa una posición unificada de casi todo el arco sanjuanino frente a una medida percibida como injusta y centralista. También anticipa una pulseada entre las provincias cordilleranas y el Gobierno nacional, en un contexto de fuertes ajustes sobre subsidios y transferencias.

De fondo, lo que está en discusión no es solo una tarifa, sino el modelo de federalismo fiscal que Milei pretende imponer. San Juan, al igual que otras jurisdicciones afectadas, defiende la idea de que el costo energético debe contemplar las condiciones climáticas y socioeconómicas de cada región.

En ese sentido, la sesión legislativa de este miércoles 15 de octubre fue más que un gesto administrativo: fue una señal política hacia Buenos Aires, una advertencia de que el ajuste no puede avanzar a costa del interior productivo.

Según el INDEC, en septiembre una familia tipo necesitó $1.176.852 para no ser considerada pobre, mientras el ingreso promedio fue de $919.560. El Gobierno celebra la mejora del salario real, pero la brecha entre el poder adquisitivo y el costo de vida continúa ampliándose. Alquileres, alimentos y energía impulsan los precios, en un contexto de caída del consumo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la canasta básica total —que determina el umbral de pobreza— alcanzó en septiembre los $1.176.852, lo que representa un incremento del 1,4 % respecto de agosto. En tanto, la canasta básica alimentaria, que define el límite de la indigencia, se ubicó en $527.736.

Aunque el organismo reportó una inflación general del 2,1 %, la desaceleración en los precios no se tradujo en un alivio perceptible para los hogares. Los aumentos del dólar, los alquileres y la energía siguen presionando el costo de vida, mientras que el ingreso promedio de la población ocupada se mantiene en $919.560, es decir, un 22 % por debajo del umbral de pobreza.

El contraste se acentúa al observar los parámetros de clase media. Según el mismo informe, un hogar debe contar con $1.997.000 mensuales para ser considerado dentro de ese estrato, una diferencia de más de $800.000 respecto de la canasta básica total. En otras palabras, gran parte de la población trabajadora se encuentra atrapada en una franja intermedia: con empleo formal, pero sin capacidad de acceder al estándar de consumo de la clase media.

La situación se agrava en los sectores más vulnerables. Los comercios reportan una caída sostenida del consumo, las changas disminuyen y las jubilaciones —que promedian menos del 40 % del costo de la canasta básica total— pierden poder de compra mes a mes.

La aparente desaceleración inflacionaria no se traduce en bienestar: el descenso de precios está más asociado a una contracción del consumo que a una estabilidad estructural. Mientras el Gobierno destaca la recuperación del salario real en el empleo formal, la mayoría de los hogares continúa sin poder cubrir los gastos básicos. El país mantiene así una paradoja persistente: una inflación más baja, pero una pobreza más alta.

El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) encontró fuerte adhesión en el sector universitario. Los gremios académicos denuncian una pérdida del 40% del poder adquisitivo y la parálisis de las negociaciones salariales desde septiembre del año pasado. La falta de actualización del financiamiento universitario y el incumplimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) agravan un conflicto que amenaza con prolongarse.

La educación argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos tiempos. Este martes, escuelas y universidades de todo el país se paralizan en el marco de una huelga nacional docente que, más allá de las cifras y consignas, expresa un profundo malestar estructural. El detonante es la caída sostenida del salario real y la ausencia de respuestas del Gobierno nacional ante los reclamos docentes.

La medida de fuerza, impulsada por la CTERA, encontró eco inmediato en el frente universitario. En San Juan, el gremio ADICUS —que representa a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Juan— confirmó su adhesión total. Su secretario general, Jaime Barcelona, fue claro: “Hace más de un año que el Ministerio no convoca a paritarias. Las universidades están funcionando con presupuestos reconducidos y sueldos licuados por la inflación”.

El reclamo excede la cuestión salarial inmediata. Los sindicatos docentes universitarios advierten que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) permanece congelado y que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario está afectando no solo los salarios sino también las condiciones mínimas de funcionamiento. En algunos casos, las universidades enfrentan dificultades para sostener servicios básicos, mantenimiento edilicio o programas de extensión.

En lo económico, la pérdida de poder adquisitivo de los docentes ronda el 40% interanual, según estimaciones gremiales y estudios independientes. La inflación acumulada en el último año superó el 180%, mientras que los incrementos salariales apenas alcanzaron la mitad. “Estamos frente a un proceso de deterioro que no solo empobrece a los docentes, sino que desmantela la universidad pública como espacio de conocimiento y movilidad social”, sostuvo el dirigente de Adicus.

El conflicto también tiene una dimensión simbólica: la universidad pública, históricamente reconocida por su excelencia y gratuidad, se ve hoy tensionada por políticas de ajuste que contradicen la tradición de inversión en educación superior. La falta de convocatoria a diálogo por parte del Gobierno nacional acentúa la confrontación. La comunidad universitaria denuncia un retroceso en derechos adquiridos y un desinterés estatal que pone en riesgo la continuidad de proyectos científicos y académicos.

En San Juan, al igual que en otras provincias, se espera un alto acatamiento al paro. No habrá clases en las facultades, y las actividades de investigación y extensión también se verán suspendidas. Desde los gremios docentes destacan que el conflicto “no es solo salarial, sino de supervivencia del sistema universitario público”.

El paro nacional docente reabre un debate profundo sobre el lugar que ocupa la educación —y en particular la universidad pública— en la agenda de prioridades del Estado. Más allá de la coyuntura salarial, la discusión interpela el modelo de país: uno que concibe la educación como gasto o como inversión estratégica.

Si el Gobierno persiste en la inacción, el conflicto tenderá a prolongarse y radicalizarse. La docencia universitaria, que durante décadas fue símbolo de excelencia y compromiso público, enfrenta hoy la disyuntiva entre resistir o desintegrarse en la precariedad. La respuesta oficial a esta huelga marcará no solo el rumbo de la negociación paritaria, sino el futuro inmediato del sistema educativo argentino.