La actividad metalúrgica cerró 2025 con los peores indicadores desde la pandemia, según alertó Martín Solazzo, titular de la UOM en San Juan. Con plantas trabajando por debajo del 50% de su capacidad, despidos en aumento y una reforma laboral en puerta, el sindicalismo advierte por un retroceso histórico en derechos y prepara medidas de fuerza.

La industria metalúrgica argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Así lo describió Martín Solazzo, representante los trabajadores metalúrgicos en la provincia, quien advirtió que el sector cerró 2025 con niveles de actividad similares a los registrados durante la pandemia, una señal contundente del deterioro productivo que atraviesa la industria nacional.

Según explicó el dirigente sindical a Mundo Laboral SJ, las empresas metalúrgicas trabajan hoy muy por debajo del 50% de su capacidad instalada, un umbral que históricamente marca escenarios de fuerte contracción. “Son valores que sólo habíamos visto en el momento más duro del COVID”, señaló, al tiempo que apuntó directamente contra la política económica del gobierno de Javier Milei.

Para Solazzo, el problema no es coyuntural sino estructural: la apertura irrestricta de importaciones, el freno a la obra pública y la ausencia de una política industrial activa conforman un combo que golpea de lleno a la producción nacional. “Desde el comienzo de este gobierno advertimos que la política económica no favorece al sector industrial. En la metalurgia somos atacados directamente”, sostuvo.

Empresas al límite y despidos en ascenso

El impacto de este modelo ya se traduce en pérdidas concretas de empleo. A nivel nacional, la UOM contabiliza casi 6.000 despidos en la industria metalúrgica, una cifra que enciende alarmas en todo el país. En San Juan, si bien la actividad minera funciona como un amortiguador parcial, la situación también comienza a deteriorarse.

“En los últimos tres meses de 2025 tuvimos cierres de talleres y bajas en algunas empresas”, explicó Solazzo. Desde la seccional, indicó, el sindicato intenta colaborar incluso en aspectos que exceden su rol tradicional, como gestiones laborales, licitaciones o articulaciones con el Estado, con un objetivo claro: evitar la pérdida de puestos de trabajo y que más familias queden en la calle.

La preocupación se profundiza ante un fenómeno que empieza a repetirse: empresas que abandonan la producción local para convertirse en simples importadoras. “No estamos exentos de que esto nos pase en San Juan. Hoy todavía no nos golpea de lleno, pero ya está ocurriendo en otros rubros”, advirtió.

El efecto importador y un ejemplo testigo

Solazzo puso como ejemplo el caso de una empresa radicada en Campana, vinculada al ensamblaje de motos KTM. “Antes importaban partes, ensamblaban acá y vendían al mercado interno. Hoy compran la moto totalmente armada. Dejaron 100 trabajadores en la calle”, relató. La ecuación, explicó, es clara: la rentabilidad empresarial mejora, pero a costa del empleo. “Ganan más plata, pero dejan 100 familias sin sustento. Eso es alarmante”, sostuvo. En ausencia de políticas de protección y desarrollo industrial, remarcó, la industria nacional no puede competir con economías como China o Europa, altamente subsidiadas y con escalas productivas muy superiores.

Reforma laboral: tensión, unidad sindical y advertencias

Simultáneamente al deterioro productivo, el sector sindical se prepara para otro frente de conflicto: el inminente debate de la reforma laboral en el Congreso. A menos de un mes de su tratamiento, el referente de la UOM en San juan advirtió que el escenario se vuelve cada vez más tenso.

“El problema es que se divide al movimiento obrero entre sectores duros, dialoguistas o negociables. Lo ideal sería discutir todos juntos y decidir en unidad”, señaló. Sin embargo, reconoció que los tiempos políticos obligan a actuar con rapidez.

El dirigente defendió el uso de herramientas históricas del sindicalismo —movilizaciones, paros y medidas de fuerza— y alertó sobre las consecuencias irreversibles que podría traer la aprobación de la ley. “Cuando una reforma de este tipo se inserta, después es prácticamente imposible sacarla”, afirmó. Como antecedente, citó el caso de Chile tras las reformas laborales de la dictadura de Pinochet: “Hasta el día de hoy no pudieron recuperar los derechos perdidos”.

“Modernización” o precarización

Solazzo fue especialmente crítico con el discurso oficial que presenta la reforma como una modernización del sistema laboral. “Es una gran mentira, un disfraz. Lo que se propone es precarización laboral, no va a beneficiar a ningún trabajador”, aseguró.

En ese contexto, cuestionó también el rol de algunos gobernadores y denunció presiones del Ejecutivo nacional para garantizar votos en el Congreso. “No entendemos qué hacen los gobernadores metidos en esta discusión. Es un debate laboral entre sindicatos, CGT y Gobierno”, afirmó, y advirtió que ninguna obra pública justifica perder fábricas y empleo local.

Movilización federal en puerta

Frente a este escenario, la UOM se alineará con las definiciones del secretariado nacional y de la CGT. Según adelantó Solazzo, se evalúan movilizaciones en todo el país el día que la reforma se trate en el Parlamento, con acciones federales en cada provincia.
“La disconformidad tiene que mostrarse en todo el país, no sólo en Buenos Aires. Cada trabajador tiene que salir a la calle para defender derechos que costaron años conseguir”, sostuvo.

La advertencia de la UOM sintetiza un clima que atraviesa a buena parte del entramado productivo y sindical argentino. Con una industria metalúrgica en retroceso, despidos en aumento, empresas al límite y una reforma laboral que amenaza con profundizar la precarización, el conflicto entre el Gobierno y el mundo del trabajo ingresa en una fase decisiva.

Lejos de tratarse de un debate técnico, lo que está en juego es el modelo de desarrollo, el rol de la industria nacional y el futuro de los derechos laborales. En ese cruce de tensiones, el sindicalismo se prepara para dar una batalla que considera crucial, consciente de que lo que se defina en las próximas semanas puede marcar el rumbo del trabajo en la Argentina por décadas.

A semanas del inicio del debate formal en el Congreso, el Gobierno decidió excluir a la CGT de cualquier instancia de negociación sobre la reforma laboral. El malestar oficial por gestos políticos recientes de la central sindical selló una ruptura que empuja el conflicto al terreno parlamentario y a la calle.

Cuando restan pocas semanas para que el Congreso comience a discutir formalmente la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, el Gobierno de Javier Milei tomó una definición política de alto impacto: cerrar por completo el diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los actores centrales del sistema laboral argentino.

En la Casa Rosada reconocen que la relación con la central obrera atraviesa su peor momento desde el inicio de la gestión libertaria. Funcionarios del oficialismo admiten que “ya no hay margen para negociar” con la CGT, a la que consideran hoy un actor abiertamente confrontativo y sin voluntad de acompañar el proyecto.

El punto de quiebre, según deslizan en Balcarce 50, fueron los gestos políticos recientes del sindicalismo, en particular el comunicado de la CGT contra el DNU 941/2025, que reformó la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y las declaraciones públicas de dirigentes históricamente considerados “dialoguistas”, que en las últimas horas cuestionaron con dureza el contenido de la reforma laboral.

Desde el oficialismo interpretan ese endurecimiento como una respuesta a presiones internas del propio entramado sindical, que forzó a referentes con vínculos aceitados con La Libertad de Avanza a abandonar cualquier postura conciliadora. El resultado fue una decisión tajante: la CGT quedó fuera del esquema de consultas.

El artículo sensible y el núcleo del conflicto

Uno de los puntos que más tensiona la relación es el artículo 161 del proyecto, que reduce del 6% al 5% la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales. Para la conducción gremial, la modificación implica un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral, uno de los pilares económicos y políticos del sindicalismo argentino.

Las propias estimaciones oficiales reconocen que la rebaja representaría una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, una cifra equivalente a aproximadamente el 0,1% del PBI. En la lectura sindical, se trata de un golpe estructural que excede lo fiscal y busca debilitar la capacidad de acción de los gremios.

En el Gobierno, en cambio, consideran que la reacción de la CGT confirma que la reforma avanza sobre privilegios históricos y no sobre derechos laborales básicos. Esa convicción refuerza la decisión de avanzar sin consenso con la central obrera.

Estrategia sindical: gobernadores, Congreso y calle

En la calle Azopardo son plenamente conscientes del escenario. Admiten que no esperan ningún gesto del Ejecutivo y que el canal de diálogo político está virtualmente clausurado. Frente a eso, la CGT redefinió su estrategia: replegarse sobre los gobernadores y buscar que los legisladores provinciales bloqueen o modifiquen el proyecto en el Congreso.

A esa vía institucional se suma la presión social. La conducción sindical apuesta a que la movilización en las calles y la instalación del debate en la opinión pública generen el costo político suficiente para frenar la reforma. En tal sentido, comenzó a sobrevolar una opción de máxima tensión: un paro nacional. Aunque en el oficialismo desestiman esa posibilidad, dentro de la CGT ya no la descartan.

Paro nacional, una carta latente

Cristian Jerónimo, secretario general, dejó abierta esa puerta en declaraciones radiales. Señaló que la central obrera ya desplegó una estrategia política y comunicacional para advertir sobre el alcance de la reforma laboral, combinando trabajo territorial y presencia en redes sociales.
Jerónimo sostuvo que se agotarán todas las instancias institucionales, pero fue explícito al marcar un límite: si no hay respuestas, el Consejo Directivo evaluará los próximos pasos. “No se descarta nada”, afirmó, en una frase que resume el clima de confrontación creciente.

La decisión del Gobierno de excluir a la CGT del diálogo por la reforma laboral marca un punto de inflexión en la relación entre el poder político y el sindicalismo. Lejos de buscar consensos, el oficialismo apuesta a imponer su proyecto con respaldo parlamentario y respaldo social propio, aun al costo de profundizar el conflicto.

Del otro lado, la central obrera se reconfigura como actor opositor, apoyada en los gobernadores, el Congreso y la calle. En ese cruce de estrategias, la reforma laboral se perfila no solo como una discusión técnica, sino como una disputa de poder de fondo que definirá el nuevo equilibrio entre el Estado, el mercado y el movimiento obrero en la Argentina.

Los últimos datos del INDEC confirman una tendencia alarmante: crece el trabajo informal, retrocede el empleo registrado y se desploman los salarios reales. La precarización se consolida como un rasgo estructural del mercado laboral argentino y deja a millones de trabajadores fuera del sistema de protección social.

Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la informalidad laboral alcanzó niveles históricamente elevados. En el sector privado, el 43,8% de los asalariados trabaja sin registración, mientras que entre los trabajadores por cuenta propia la informalidad trepa al 64%, lo que deja a millones de personas sin aportes jubilatorios, cobertura de salud ni derechos laborales básicos.

En términos absolutos, más de nueve millones de trabajadores se encuentran hoy fuera del sistema formal, una cifra que revela la magnitud del problema y explica, en buena medida, el desfinanciamiento crónico del sistema previsional y de la seguridad social.

Sustitución del empleo formal por trabajo precario

Las cifras oficiales muestran que el crecimiento del empleo no responde a una expansión genuina de la actividad económica, sino a un proceso de sustitución del trabajo registrado por modalidades precarias. En comparación con el tercer trimestre de 2023, los asalariados registrados se redujeron en 222.000 personas, mientras que los trabajadores no registrados aumentaron en 231.000 y los cuentapropistas crecieron en alrededor de 400.000, en su mayoría también informales.

Sobre un total de 22.668.000 puestos de trabajo, el empleo asalariado registrado —público y privado— alcanza los 11.063.000, mientras que la suma de asalariados en negro y trabajadores por cuenta propia asciende a 11.605.000, superando por primera vez al empleo formal. El dato sintetiza con claridad el avance de la precarización laboral.

Desde la Secretaría de Trabajo reconocen que “la totalidad de las nuevas inserciones laborales se produce fuera del sistema de seguridad social”. Entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025, el empleo no registrado creció un 5,3%, mientras que el registrado cayó un 0,6%, profundizando un fenómeno de carácter estructural.

Los sectores más afectados

El impacto de esta dinámica no es homogéneo. Entre los asalariados privados registrados, las mayores pérdidas de puestos de trabajo se concentraron en la construcción (-88.000 empleos), seguida por la industria manufacturera (-46.000) y el transporte y almacenamiento (-38.000), sectores históricamente sensibles a los ciclos económicos y al nivel de actividad.

En cuanto al empleo no registrado, el ranking lo encabeza el personal del servicio doméstico, con 1.152.000 trabajadores en negro, seguido por el comercio mayorista y minorista (851.000), la agricultura y ganadería (632.000) y la construcción (574.000). En varios de estos rubros, los asalariados informales ya superan a los registrados, consolidando esquemas laborales de alta vulnerabilidad.

El trabajo por cuenta propia también se concentra en actividades de baja estabilidad: comercio (1.831.000 puestos), construcción (954.000) e industria manufacturera (792.000), reflejando la falta de alternativas de empleo formal.

Salarios en caída y brechas crecientes

El deterioro del empleo se combina con una fuerte caída del salario real, que afecta tanto a los trabajadores registrados —especialmente del sector público y de convenio— como a quienes se desempeñan en la informalidad. La pérdida de poder adquisitivo profundiza las desigualdades y limita la capacidad de consumo de los hogares.

El economista Martín Redrado advirtió que el mercado laboral que se perfila tiende a priorizar sectores como energía, agro, minería y tecnología, en detrimento de actividades intensivas en mano de obra como la construcción y la industria manufacturera, lo que agrava la exclusión laboral.

En perspectiva internacional, la situación argentina resulta aún más preocupante: estimaciones de la OCDE indican que alrededor del 42% de los ocupados trabaja fuera de la formalidad, una proporción elevada incluso en comparación con otros países de la región y muy por encima de los niveles compatibles con un sistema de protección social sólido.

El panorama que surge de los datos oficiales es contundente. El crecimiento del empleo informal y del trabajo por cuenta propia no responde a una mayor dinámica productiva, sino a la destrucción del empleo con derechos y a la ausencia de políticas públicas capaces de sostener el trabajo registrado.

En la era Milei, la precarización laboral se consolida como un rasgo estructural del mercado de trabajo argentino, dejando a millones de personas fuera del sistema de seguridad social, con salarios en caída y sin un horizonte claro de estabilidad. Un escenario que plantea desafíos profundos no sólo para el presente, sino también para el futuro del empleo, la seguridad social y la cohesión económica del país.