El último mes de 2025 comenzó atravesado por una escalada de conflictos laborales en sectores clave de la industria nacional. Cierres repentinos, suspensiones, retiros forzados y despidos masivos se multiplican en textiles, metalurgia, automotrices y comercio mayorista. Empresarios y gremios coinciden en señalar la caída del consumo, el impacto de las importaciones y las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei como los factores principales de la crisis.

El arranque de diciembre expuso una realidad que los sindicatos venían advirtiendo durante todo el año: la industria argentina atraviesa uno de los momentos más duros de la última década. En apenas siete días, se registraron cierres de plantas, paralizaciones casi totales, cientos de despidos y el uso creciente del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite pagar indemnizaciones reducidas bajo el argumento de “fuerza mayor o falta de trabajo”.

Desde textiles y metalúrgicas hasta terminales automotrices y cadenas mayoristas, el mapa productivo acumula señales de deterioro profundo.

Textiles: fábricas que bajan la persiana y trabajadores en la calle

Hazan Silvia (Lanús): 50 empleos en riesgo y una conciliación que solo aporta tiempo

La tradicional textil Hazan Silvia, con décadas de actividad en Lanús, anunció su cierre definitivo dejando a 50 trabajadores al borde del despido. La empresa atribuyó la decisión a la competencia desigual con productos importados, especialmente de China, y a la caída en la demanda interna.

Gremios y organizaciones territoriales realizaron una protesta masiva y denunciaron que el dueño busca aplicar el artículo 247 para pagar indemnizaciones reducidas. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, frenando momentáneamente el cierre.

El secretario general de la AOT, Guillermo Aguilar, fue categórico: “No corresponde aplicar el artículo 247. Esto es destrucción industrial”.

Marechiare (Mar del Plata): otra histórica que se despide

La conservera Marechiare, emblemática en el sector pesquero, cerró definitivamente y dejó 40 trabajadores sin empleo. La caída de ventas y los costos crecientes empujaron a la firma al cierre. La mayoría de los afectados firmó acuerdos de desvinculación.

Metalurgia en emergencia: parálisis productiva y salarios impagos

Ascensores Cóndor (Ituzaingó): de 180 empleados a una planta casi vacía

La fábrica Ascensores Cóndor atraviesa una crisis sin precedentes: apenas quedan 40 operarios, muchos de ellos con cuatro meses de salarios impagos, y la producción está totalmente detenida por falta de insumos. Además, los trabajadores denunciaron que hay al menos 200 ascensores cobrados pero nunca entregados, un indicio de colapso empresarial.

Electropart (Córdoba): despidos sin indemnización plena

La metalúrgica Electropart despidió a ocho trabajadores —casi la mitad de su personal— aplicando el artículo 247. La UOM Córdoba denunció que la empresa busca anticiparse a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “Esto es lo que viene: echar trabajadores sin pagar lo que corresponde”, señalaron desde la seccional.

PLA by John Deere (Santa Fe): más recortes y preocupación en la región

La planta metalmecánica PLA by John Deere confirmó nuevos despidos en Las Rosas, profundizando la preocupación en el sector. La UOM regional sigue el caso y advierte que la situación podría agravarse en las próximas semanas.

Automotrices: ajustes drásticos en terminales clave

General Motors (Alvear): menos de la mitad del personal en dos años

La terminal de General Motors redujo drásticamente su planta: pasó de más de 1.000 trabajadores a unos 600. En noviembre se sumaron 90 retiros voluntarios y ya acumula más de 300 desvinculaciones desde 2024, además de suspensiones y reducción de turnos.

Peugeot (El Palomar): vacaciones adelantadas y producción frenada

En Peugeot, la decisión fue adelantar vacaciones y frenar la producción por más de un mes debido a la caída de ventas y exportaciones. El reinicio está previsto recién para enero. La medida ya genera un efecto arrastre en proveedores.

El efecto dominó del cierre de Whirlpool

El cierre de la planta de lavarropas de Whirlpool en Pilar provocó una reacción en cadena entre las pymes proveedoras del Parque Industrial. Empresas de insumos y logística se vieron obligadas a despedir personal y detener líneas de producción, evidenciando la fragilidad del entramado industrial.

Comercio mayorista: Caromar y un golpe brutal al empleo

La cadena Caromar, dedicada a productos de limpieza y descartables, cerró al menos cuatro de sus ocho sucursales dejando más de 200 trabajadores sin empleo en San Justo, Mar del Plata, Burzaco, José C. Paz y Rosario.

La empresa apeló al artículo 247 para pagar solo la mitad de las indemnizaciones, pero los gremios de Comercio y Camioneros rechazaron la medida por “improcedente e injustificada”, ya que la firma mantiene operaciones en otras localidades.

Un modelo económico que profundiza la recesión

La acumulación de despidos, cierres y paralizaciones refleja un patrón común: el impacto directo del ajuste fiscal, la apertura importadora, la caída del consumo y la contracción del mercado interno.

Gremios de todos los sectores advierten que la política económica del Gobierno nacional acelera el deterioro industrial, mientras que empresarios justifican las medidas por la falta de rentabilidad y la imposibilidad de competir en un mercado abierto.

La utilización creciente del artículo 247 aparece como un síntoma: las empresas buscan abaratar costos laborales en un contexto de emergencia.

La primera semana del mes deja una señal clara: si no hay un cambio de rumbo económico, la destrucción de empleo continuará. Con fábricas paralizadas, cadenas comerciales recortando estructuras y gremios en pie de conflicto, la Argentina enfrenta un cierre de año marcado por la incertidumbre y el riesgo de una crisis laboral más profunda.

Diciembre recién empieza, pero el clima ya está instalado: conflictividad creciente, industria golpeada y miles de trabajadores en una situación límite.

El Gobierno dio a conocer oficialmente el texto íntegro de la Ley de Modernización Laboral, el proyecto que busca reconfigurar el régimen laboral argentino después de casi medio siglo de vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Con 182 artículos distribuidos en 109 páginas, su alcance es vasto y abarca prácticamente todas las dimensiones del vínculo laboral: remuneraciones, descansos, organización del tiempo de trabajo, derechos sindicales, formalización de nuevas actividades y procedimientos judiciales. El Ejecutivo quiere aprobarla en las sesiones extraordinarias de enero.

Empresarios lo celebraron como el paso “imprescindible” para dinamizar el empleo privado. Desde la vereda opuesta, la CGT y las CTA lo calificaron como un intento de “retroceso de derechos” y anticipan un escenario de alta conflictividad si avanza sin modificaciones.

A continuación, los principales puntos del proyecto.

Vacaciones más flexibles y posibilidad de fraccionamiento

El texto mantiene los plazos mínimos establecidos por la legislación actual, pero habilita una administración más flexible del período de vacaciones. Se podrán extender por acuerdos individuales o colectivos y, en situaciones excepcionales, acumular para el año siguiente.

El empleador deberá comunicar la fecha con una antelación mínima de 45 días —salvo que un convenio diga lo contrario— y se prevé el fraccionamiento cuando existan necesidades productivas, familiares o sectoriales.

Banco de horas y nuevas formas de organizar la jornada

Uno de los ejes más sensibles es la habilitación del banco de horas. Los convenios colectivos podrán establecer mecanismos de compensación entre jornadas más extensas y otras reducidas, siempre garantizando el descanso mínimo de 12 horas entre turnos y el piso de 35 horas semanales de descanso.

También se permitirá calcular la carga laboral en promedio, algo que flexibiliza los picos productivos sin incurrir automáticamente en horas extras.

Indemnizaciones: del sistema tradicional al fondo de cese sectorial

La reforma propone que, mediante negociación colectiva, sectores enteros puedan abandonar el esquema de indemnización tal como se conoce hoy y reemplazarlo por fondos o seguros de cese laborales financiados por aportes patronales.

Este mecanismo —defendido por cámaras como la UIA y la CAME— busca reducir la imprevisibilidad para las empresas, especialmente PYMES.
Para despidos sin causa se mantiene un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración del último año, aunque con exclusiones precisas para evitar litigios: no se computarán premios, pagos extraordinarios ni sumas transitorias.

Servicios esenciales: funcionamiento mínimo más alto

El proyecto redefine los servicios esenciales y eleva drásticamente los niveles de actividad obligatoria durante una huelga:

75% para áreas críticas,

50% para salud, energía, telecomunicaciones, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital.

Sindicatos advierten que esto “vacía” de contenido el derecho constitucional a huelga.

Digitalización integral de la documentación laboral

Todos los recibos, certificados, planillas de asistencia y comunicaciones quedarán digitalizados con validez legal plena.
La norma busca eliminar controversias vinculadas a recibos en papel, pagos no registrados y pruebas controvertidas en juicios laborales.

Asimismo, define de manera más estricta qué conceptos integran la remuneración y cuáles son beneficios o reintegros no remunerativos.

Enfermedades, ausencias y certificados médicos digitales

Los certificados médicos serán totalmente digitales y validados por un sistema centralizado que permitirá verificar diagnósticos y justificar ausencias.
El proyecto acorta los plazos para considerar una situación como abandono de trabajo, regula las inasistencias prolongadas y establece que toda medida disciplinaria deberá ser notificada de manera fehaciente.

Reincorporación judicial y accidentes: nuevos criterios

Si un tribunal declara ilegítimo el despido, el trabajador podrá optar por volver a su puesto —con los salarios caídos— o recibir la indemnización correspondiente.
En casos de incapacidad definitiva, la empresa deberá reubicar al trabajador en tareas compatibles, salvo que resulte imposible por motivos no imputables al empleador.

Plataformas digitales: reconocimiento pleno de la relación laboral

Por primera vez, el proyecto incorpora una regulación específica para repartidores y trabajadores de aplicaciones.
El Gobierno propone considerarlos empleados formales, con aportes a la seguridad social, ART, salarios mínimos y derecho a negociación colectiva sectorial.
Las plataformas digitales rechazan la equiparación y señalan que “distorsiona el modelo de negocio”.

Actualización salarial extraordinaria

La iniciativa incorpora mecanismos de actualización salarial ligados a la negociación colectiva para evitar que los ingresos queden desfasados frente a contextos inflacionarios cambiantes.
También introduce modificaciones procedimentales en causas judiciales laborales y en regímenes especiales.

Un debate que promete ser el eje del verano político

El borrador fue recibido con entusiasmo por las principales cámaras empresarias, que lo consideran un paso hacia “la modernización del mercado laboral”.
La CGT, en cambio, denunció que se trata de un proyecto “precario y regresivo”, que busca reducir costos laborales mediante la flexibilización del empleo.

El Gobierno aspira a que el Congreso lo trate en sesiones extraordinarias de enero, lo que anticipa un escenario legislativo caliente y una fuerte disputa entre oficialismo, oposición y sindicalismo.

La “Ley de Modernización Laboral” se perfila como el proyecto más ambicioso de la gestión de Javier Milei. Su implementación reconfiguraría pilares centrales del derecho laboral argentino: desde la indemnización tradicional hasta la organización del trabajo en la era digital.
Resta saber si el Congreso avalará esta transformación estructural o si los cuestionamientos sindicales y la resistencia política impondrán límites a una reforma que promete marcar el rumbo del país en los próximos años.

En un plenario nacional, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió presentar un amparo judicial para exigir que el Gobierno cumpla íntegramente la Ley de Financiamiento Universitario. La conducción del gremio, encabezada por Walter Merkis, denunció un “incumplimiento sistemático” del Ejecutivo y alertó que, sin respuestas, podría verse comprometido el inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades públicas.

La tensión entre el sistema universitario y el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo. En un masivo plenario nacional de secretarios generales, FATUN definió los pasos a seguir frente a lo que considera un incumplimiento grave del Ejecutivo: la suspensión de hecho de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en dos oportunidades.

La organización nodocente ratificó el estado de “alerta y movilización” y sostuvo que el oficialismo, al no aplicar la norma, agrava la situación presupuestaria de las universidades y deteriora las condiciones laborales de casi 50.000 trabajadores del sector.

La vía judicial: un amparo contra la suspensión de la ley

La resolución del plenario incluye un elemento clave: FATUN acompañará y monitoreará la acción de amparo colectivo Expte. 16.348/2025, impulsada por el personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT), que pide declarar la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la Ley 27.795.

El objetivo del gremio es claro: que la Justicia fuerce al Poder Ejecutivo a poner en plena vigencia la ley que garantiza el financiamiento del sistema universitario y la recomposición salarial del personal nodocente.

Para FATUN, el decreto que frena la norma es “irregular”, vulnera la división de poderes y desconoce una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso.

Advertencia fuerte: riesgo para el ciclo lectivo 2026

En su documento final, el plenario fue contundente: si el Gobierno mantiene su postura y no habilita los fondos previstos, “peligra el comienzo del ciclo lectivo 2026 y el normal funcionamiento” de todas las universidades nacionales.

La falta de actualización presupuestaria ya afecta áreas críticas como mantenimiento, servicios esenciales, becas, funcionamiento administrativo, insumos tecnológicos y programas de extensión.

Reclamo político: presión al Congreso y al CIN

Además de la vía judicial, FATUN definió otras acciones políticas y gremiales:

1. Reclamo al Congreso

El gremio solicitará nuevamente que el Parlamento ratifique públicamente su defensa de la universidad pública y exija el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, tal como ya hizo al sancionarla dos veces este año.

2. Convocatoria a la Comisión Negociadora

El sindicato reclamará al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que convoque a la Comisión Negociadora de Nivel General. El objetivo: evaluar la situación crítica y consensuar estrategias para defender las necesidades presupuestarias del sistema.

3. Facultades para acciones directas

El plenario otorgó a la Mesa Ejecutiva de FATUN la potestad de adoptar todas las medidas de acción directa que considere necesarias, manteniendo activa la estructura del plan de lucha.

Un conflicto que se agrava

FATUN denunció que, pese a dos años de “firme voluntad negociadora”, el Gobierno no respondió a ninguna de las propuestas elevadas por el gremio. La situación —según la entidad— profundiza la pérdida salarial, afecta la sustentabilidad de las cajas previsionales y deteriora la salud laboral del personal.

La pulseada se inscribe en un conflicto mayor que atraviesa todo el sistema universitario: congelamiento presupuestario, paritarias cerradas, recortes en programas y la suspensión de la normativa que garantizaba un horizonte de financiamiento a mediano plazo.