El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que impactará de lleno en los precios de la nafta y el gasoil a partir de este sábado 1° de noviembre. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 782/2025, fue firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo, y reconfigura el cronograma de incrementos pendientes para noviembre y diciembre.

En medio del congelamiento de precios que mantiene buena parte de la economía y en un contexto de caída sostenida en el consumo de combustibles, el Ejecutivo nacional avanzó con una nueva actualización de los tributos que gravan a la nafta y al gasoil. Según el decreto oficial, durante noviembre se aplicará una suba parcial en los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), mientras que el resto del aumento se trasladará al 1° de diciembre, completando así el esquema previsto en etapas.

Concretamente, la normativa establece que la nafta subirá $15,56 por litro por el impuesto a los combustibles y $0,95 por el tributo ambiental. En tanto, el gasoil aumentará $12,64 por litro, más un adicional de $6,84 para las zonas con tratamiento diferencial —como la Patagonia— y $1,44 por el gravamen al carbono. Estos nuevos montos se sumarán de manera directa al precio final en surtidor, independientemente de los ajustes que luego puedan aplicar las petroleras.

El impacto se sentirá de inmediato, ya que el incremento impositivo tiene traslado automático a los precios minoristas. Así, a partir del 1° de noviembre los automovilistas volverán a encontrar nuevos valores en las estaciones de servicio, en un escenario donde la inflación se mantiene en niveles elevados y el poder adquisitivo continúa deteriorándose.

El decreto justifica la medida en la necesidad de “actualizar progresivamente los montos de los impuestos postergados” y cumplir con la normativa vigente que obliga a su ajuste trimestral. No obstante, el Gobierno mantiene un delicado equilibrio entre la búsqueda de recomponer ingresos fiscales y la presión sobre la economía real, que atraviesa un estancamiento visible en múltiples sectores.

La caída del consumo, un termómetro de la recesión

El retroceso en la venta de combustibles es uno de los indicadores más claros del enfriamiento de la economía. De acuerdo con un informe de la consultora Politikon, las ventas al público de naftas y gasoil totalizaron 1.376.837 metros cúbicos en septiembre de 2025. Si bien mostraron un leve avance interanual de 4,8%, cayeron 3,1% respecto de agosto, acumulando tres meses consecutivos en baja.

El 57% del volumen vendido correspondió a naftas y el 43% a gasoil. Dentro del segmento de las naftas, la premium fue la que más creció —16,2% interanual—, mientras que la súper subió 4,1%. En el caso del gasoil, el premium mostró una mejora de 12,6%, pero el común retrocedió 4%. Esta tendencia evidencia un cambio en los patrones de consumo, donde los sectores de mayores ingresos mantienen la demanda, mientras que la clase media y trabajadora reduce el gasto o limita el uso del vehículo.

Impacto fiscal y social de la medida

Desde el punto de vista fiscal, la actualización de los impuestos a los combustibles representa una fuente de recaudación significativa para el Estado, que busca reducir el déficit primario. Sin embargo, el efecto social del aumento es inmediato y regresivo: no solo encarece el transporte y los costos logísticos, sino que también termina repercutiendo sobre los precios de bienes esenciales, en un contexto donde los salarios y jubilaciones continúan rezagados.

El nuevo incremento se da, además, en un momento en que el Gobierno intenta mostrar señales de disciplina fiscal ante los mercados, pero sin revertir aún los indicadores de actividad y consumo que confirman la recesión técnica. En los hechos, el ajuste de impuestos al combustible termina actuando como un aumento indirecto de tarifas y precios regulados, con un fuerte impacto en la vida cotidiana.

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA revela que casi la mitad de los argentinos recurre al crédito para adquirir alimentos y artículos esenciales. El estudio advierte una contracción generalizada del consumo, una creciente dependencia del financiamiento y un salto del 147% en la morosidad desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

En un marco signado por la pérdida sostenida del poder adquisitivo, el consumo cotidiano de los hogares argentinos se financia, cada vez más, a través del crédito. Según un reciente estudio del Centro RA (Estudios para la Recuperación Argentina), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el 45% de las compras en supermercados se realiza hoy con tarjetas de crédito, frente al 39% registrado en diciembre del año pasado.

El cambio en los hábitos de pago refleja con crudeza la magnitud de la crisis de ingresos: los hogares no solo consumen menos, sino que deben endeudarse para mantener niveles básicos de alimentación y consumo. Mientras tanto, el uso de tarjetas de débito cayó del 34% al 26%, el efectivo del 20% al 16%, y las billeteras virtuales —una alternativa de menor costo financiero— duplicaron su participación, pasando del 7% al 13%.

El fenómeno no ocurre en un vacío. El informe advierte que el deterioro de los ingresos y la suba de precios han impactado en todos los rubros del consumo masivo. Las ventas de los autoservicios mayoristas cayeron un 8,4% interanual en agosto, con una leve mejora mensual de apenas 1%. En los supermercados, el consumo creció 0,34% frente al mismo mes del año anterior, pero registró una baja intermensual del 0,23%, confirmando la tendencia de estancamiento.

Desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, las ventas mayoristas acumulan una contracción del 35%, mientras que el retroceso en supermercados ronda el 9%. En términos agregados, la UBA subraya que la retracción del consumo se profundiza particularmente entre los revendedores, un sector que suele anticipar los movimientos del mercado minorista.

El documento señala además que una proporción creciente de las familias destina sus ingresos al pago de servicios y deudas, postergando el consumo corriente. En muchos casos, los salarios apenas logran empatar la inflación, lo que empuja a los hogares a “rotar” su endeudamiento para mantener el consumo esencial.

En palabras del informe: “Una proporción creciente de los hogares estaría recurriendo al endeudamiento para afrontar consumos básicos mensuales —como alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad—, lo que evidencia la rotación de una mayor parte de los ingresos al pago de servicios”.

Pero quizás el dato más alarmante es el del incremento de la morosidad en el crédito al consumo, que se disparó un 147% desde el inicio de la actual gestión presidencial, pasando del 2,5% al 6,2% del total en julio de 2025. El salto refleja el agotamiento financiero de los hogares: “No solo crece el uso del crédito para financiar el consumo, sino también las dificultades de las familias para afrontar los pagos correspondientes”, advierten los economistas de la UBA.

La fotografía económica que ofrece el estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA resume una paradoja inquietante: en una economía donde el consumo se contrae, el endeudamiento crece. El crédito, que en contextos de estabilidad funciona como una herramienta de planificación o acceso a bienes durables, se ha convertido en un recurso de emergencia para llenar la heladera.

El aumento de la morosidad y la caída sostenida del consumo son, en conjunto, el espejo de una crisis de ingresos que se profundiza mes a mes, mientras el margen de maniobra de las familias se achica peligrosamente. En la práctica, los argentinos están financiando su subsistencia a tasas de interés.

En un plenario con más de 60 gremios, la conducción de la CGT ratificó su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y avanzó hacia un acuerdo de unidad de cara a la elección de nuevas autoridades, prevista para el 5 de noviembre. El encuentro exhibió un inusual clima de consenso entre los principales sectores sindicales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) reunió este jueves a su mesa chica ampliada en la sede de la UOCRA, en un encuentro que duró más de tres horas y congregó a más de sesenta organizaciones. Fue una cita estratégica: allí confluyeron la preocupación por la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y los preparativos para el Congreso Nacional Ordinario del próximo 5 de noviembre, donde se renovará el Consejo Directivo de la central.

La reunión, encabezada por el anfitrión Gerardo Martínez (UOCRA) junto a los cosecretarios generales Héctor Daer (Sanidad) y Octavio Argüello (Camioneros), marcó un punto de inflexión en la dinámica interna de la central obrera. La ausencia de Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), referente del sector barrionuevista, no alteró el tono de unidad que caracterizó la jornada.

Entre los presentes se destacaron figuras de peso del movimiento obrero: Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio), Abel Furlán (UOM), Mario “Paco” Manrique (SMATA), Cristian Jerónimo (Vidrio), Vanesa Núñez (UTEDYC), Marina Jaureguiberry (SADOP) y Alejandro Gramajo (UTEP), entre otros. También participaron representantes de gremios estatales y del sector de la economía popular, lo que aportó amplitud al debate.

La vuelta de Manrique —quien había renunciado a la Secretaría Gremial en 2024— fue uno de los hechos más comentados. Su presencia, junto con la de Furlán, sumó una nota política: ambos reivindicaron la figura de Cristina Fernández de Kirchner, en contraste con discursos más críticos hacia el peronismo tras la derrota electoral. Sin embargo, y a diferencia de otras etapas, las diferencias no derivaron en fricciones. Según fuentes gremiales, el clima fue de autocrítica constructiva y coincidencia generalizada en preservar la cohesión del movimiento obrero.

“Tenemos que actuar con prudencia, pero también con determinación”, resumió un dirigente histórico al salir de la reunión. En ese espíritu, la CGT acordó mantener una línea de rechazo enfático a los borradores de reforma laboral que circulan en despachos oficiales y que, según los asistentes, “ponen en riesgo el modelo sindical argentino”. Entre los puntos más cuestionados figuran la posibilidad de negociar salarios por empresa, los llamados “salarios dinámicos” y la desregulación de las indemnizaciones.

El diagnóstico compartido es que el proyecto oficial “pretende desarticular la negociación colectiva y fragmentar a los trabajadores”, por lo que la respuesta de la central se definirá en clave “multiacción”: institucional, judicial y de movilización, replicando la estrategia que desplegó frente al DNU 70/23.

En cuanto a la elección del próximo 5 de noviembre, el plenario ratificó la voluntad de mantener el formato de conducción colegiada. Todo indica que el nuevo Consejo Directivo volverá a estructurarse en torno a un triunvirato, con respaldo transversal de los distintos bloques internos. El proceso de renovación incluirá la elección de 36 secretarías y 14 vocalías, entre ellas las de Relaciones Internacionales, Interior, Prensa y Comunicación, y se extenderá hasta el 11 de noviembre de 2029.

El Congreso se realizará en el estadio de Obras Sanitarias, sobre la avenida Del Libertador, y prevé además la presentación de las memorias y balances de los últimos cuatro ejercicios. Será también el escenario de un debate sobre la coyuntura política, social y económica del país, y el rol que deberá asumir el sindicalismo en los próximos años.

A una semana de su Congreso, la CGT se muestra con un frente interno inusualmente alineado y con un mensaje claro hacia el Gobierno: no habrá acompañamiento a ninguna reforma que implique retrocesos en derechos laborales o debilitamiento del poder sindical.

El desafío inmediato será sostener esa unidad en un contexto económico tenso y con un oficialismo decidido a avanzar sobre el marco regulatorio del trabajo. En ese tablero, la central obrera busca proyectarse no solo como actor de resistencia, sino también como referente político de equilibrio, capaz de articular una respuesta colectiva ante lo que considera un intento de “refundación” regresiva del sistema laboral argentino.