La CGT rechazó de manera categórica la resolución oficial que fijó el Salario Mínimo, Vital y Móvil en $328.400. Considera que el monto se ubica lejos de la Canasta Básica Total y profundiza la caída del poder adquisitivo. La central sindical había propuesto una actualización escalonada del 71,6% para iniciar un proceso de recomposición real.

La decisión del Gobierno de establecer por la vía del laudo el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) reabrió el conflicto en el Consejo del Salario. La cifra de $328.400 fue calificada por la Confederación General del Trabajo (CGT) como “insuficiente y desconectada de la realidad social”, en un contexto donde la canasta que define el umbral de pobreza asciende a $1.176.852.

El pronunciamiento sindical llegó tras un encuentro que volvió a exhibir la dificultad de alcanzar consensos tripartitos. Sin acuerdo entre representantes obreros y empresariales, el Ejecutivo avanzó con una definición unilateral que, según la central, “desatiende las necesidades básicas de millones de trabajadores”.

La propuesta sindical: recomponer un ingreso en retroceso

Durante la reunión, la delegación cegetista presentó un esquema de actualización acumulada del 71,6%, distribuida en aumentos mensuales del 11,4% entre diciembre y abril. El objetivo, explicaron, era comenzar a reparar la pérdida de poder adquisitivo registrada desde finales de 2023 y reposicionar el salario mínimo como un parámetro confiable para el resto de las escalas salariales.

La CGT sostiene que la Canasta Básica Total debe ser la referencia excluyente en la discusión, por tratarse del indicador que refleja el costo real de una vida digna. Bajo esa lógica, el monto fijado por el Gobierno no solo queda lejos del estándar mínimo, sino que además, remarcan, “consolida un deterioro salarial que no puede naturalizarse”.

Contexto económico y señales políticas

El reclamo sindical se inscribe en un escenario marcado por la persistencia de la inflación y la contracción del consumo interno. La brecha entre ingresos y precios continúa ampliándose, y el salario mínimo —que debería funcionar como un piso protector— perdió capacidad de ordenamiento dentro del mapa laboral.

Desde la central obrera advierten, además, que la definición por la vía del laudo envía una señal política de “desgaste del diálogo institucional” y debilita el rol del Consejo del Salario como ámbito de deliberación. Algunos dirigentes remarcaron que el Gobierno “busca cerrar la discusión antes de abrir una negociación genuina”.

La advertencia de la CGT: la recuperación no puede esperar

En su comunicado oficial, difundido el 3 de diciembre, el Consejo Directivo Nacional subrayó que continuará demandando un proceso de recomposición capaz de devolverle al SMVM un valor real y efectivo. “La lucha es para que el salario mínimo recupere definitivamente su función protectora”, expresó la conducción sindical.

La CGT evalúa que, sin una corrección de fondo, el salario mínimo seguirá perdiendo capacidad referencial y profundizando las desigualdades dentro del mercado laboral.

Con casi 60.000 despidos acumulados desde el inicio de la gestión Milei, el vencimiento de 70.000 contratos el 31 de diciembre encendió todas las alarmas en el sector público. ATE anunció un paro nacional y advierte que el Gobierno prepara un nuevo ajuste en la planta estatal para 2026.

Durante el primer año de gestión de Javier Milei, ya se registraron 59.924 desvinculaciones en organismos centralizados, descentralizados, empresas estatales y fuerzas de seguridad. El impacto es visible en la comparación anual: la planta estatal disminuyó en 25.417 trabajadores entre octubre de 2024 y octubre de 2025. Actualmente, según cifras del Indec, el empleo público nacional —incluidas sociedades del Estado— suma 285.570 empleados, lejos del pico superior a los 350.000 alcanzado en 2023.

En este contexto, la falta de definiciones sobre los 70.000 contratos que caducan a fin de año agudiza la preocupación.

Advertencia gremial y paro nacional

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno mantiene en suspenso la continuidad de decenas de miles de vínculos laborales y exigió su renovación inmediata. “Las amenazas están para el 31 de diciembre, cuando se vencen 70.000 contratos. ATE reclama la continuidad de todos esos puestos”, sostuvo el secretario general, Rodolfo Aguiar, quien además confirmó un paro nacional con movilizaciones para el 9 de diciembre.

El sindicato también expresó inquietud por la reforma laboral que el Ejecutivo planea impulsar en el Congreso y que, según anticipan, podría flexibilizar condiciones y facilitar futuras desvinculaciones.

Un ajuste que podría profundizarse en 2026

Dentro del Gobierno reconocen que la hoja de ruta oficial incluye avanzar con un nuevo recorte del Estado. El plan contempla una reducción adicional del 10% de la planta que superó el primer ajuste, lo que equivaldría a otros 29.000 trabajadores. Sin embargo, según estimaciones sindicales, el número podría ser mayor debido al nivel de precarización laboral vigente.

La estrategia proyectada combina la no renovación de contratos, esquemas de retiro voluntario, jubilaciones anticipadas y reorganización interna de áreas consideradas redundantes.

Focos de conflicto y protestas en organismos clave

La preocupación no se limita al vencimiento contractual. La discusión laboral se tensó además por la reforma administrativa que el Gobierno inició en organismos descentralizados. En los últimos días, trabajadores del INTI realizaron una protesta en la avenida General Paz tras conocerse la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición. La manifestación derivó en incidentes con fuerzas de seguridad, un episodio que elevó el clima de confrontación.

Otros organismos también aparecen bajo análisis: Conicet, Indec, Anses, INTA, INTI, Enargas, Enacom, ENRE, la Oficina Anticorrupción, el Archivo General de la Nación y el ARCA, además de registros automotores y plantas de empresas estatales con potencial de privatización. El Gobierno evalúa eliminar estructuras consideradas duplicadas y avanzar hacia un rediseño integral del sector público.

Mientras el Ejecutivo sostiene que la reducción del Estado es una condición necesaria para equilibrar las cuentas públicas, los gremios alertan sobre el impacto social y el deterioro de áreas estratégicas. La combinación de vencimientos masivos, reformas estructurales y un mercado laboral debilitado configura un escenario de máxima preocupación para miles de familias.

Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, sostuvo que el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario y empuja a las universidades nacionales a un escenario crítico. Advirtió que, sin correcciones inmediatas, en 2026 “no habrá clases” y que el ajuste golpea con especial dureza a las instituciones del interior. “El proyecto oficial es volver a un modelo elitista donde solo acceden quienes pueden pagar”, afirmó.

En una entrevista con Radio La Torre, el secretario general de CONADU, Carlos De Feo,  estableció un diagnóstico severo sobre el estado del sistema universitario argentino. Aseguró que el presupuesto actual llegó a un nivel “límite” y que la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno nacional compromete el normal inicio del ciclo lectivo 2026.

“El Gobierno está incumpliendo la Constitución. El Ejecutivo no hace las leyes, las ejecuta”, remarcó De Feo, aludiendo a la norma que establece criterios de inversión sostenida para garantizar el funcionamiento del sistema. Según el dirigente, la reciente ley aprobada por el Congreso “no incrementa el presupuesto, apenas permite recuperar lo recortado en los últimos dos años”, ajustes que —subrayó— golpearon con especial dureza a las universidades del interior.

El presupuesto 2025, explicó, parte de una base distorsionada: “Los aumentos proyectados se calculan sobre un gasto ejecutado paupérrimo”. A ello se suma una estimación oficial de inflación del 10% para el próximo año, un número que incluso organismos estatales como el Banco Nación consideran irreal. “Si la inflación duplica esa proyección, como todo indica, el presupuesto del año próximo será incluso menor al de este año”, advirtió.

Docentes y no docentes en situación crítica

El deterioro salarial se convirtió en un factor adicional que amenaza la continuidad del sistema. “Hoy muchas trabajadoras y trabajadores universitarios necesitan un segundo empleo. Otros directamente abandonan la docencia porque no pueden sostenerse con estos sueldos”, señaló De Feo.

Según sus estimaciones, en los últimos dos años el sistema perdió alrededor de 10.000 docentes. Esa merma impacta en la calidad educativa y en el acceso: “Significa más de 100.000 estudiantes afectados. Para ellos, la universidad ya se cerró”, sentenció.

Universidades del interior: el eslabón más vulnerable

El mensaje del dirigente fue especialmente enfático respecto de las instituciones medianas y pequeñas, que considera en “serio riesgo operativo”. Entre las más afectadas mencionó a las universidades de La Rioja, Catamarca, Chilecito, Chamical y otras sedes territoriales con fuerte inserción comunitaria.

Mientras tanto, becas congeladas en $35.000 —“una cifra irrisoria, que alcanza para dos apuntes y un par de sándwiches”— profundizan las dificultades de miles de estudiantes que dependen del apoyo estatal para sostener sus estudios.

En este contexto, De Feo destacó el rol de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) como ejemplo del impacto social que tienen las instituciones del interior: “Muchas localidades existirían de otra forma sin la universidad. Para miles de jóvenes, es la única puerta al derecho a estudiar”.

El retorno a un modelo elitista

El dirigente sindical calificó la política oficial como un intento de reinstalar un modelo excluyente: “Están volviendo a la Argentina de 1910, cuando había cuatro universidades y estudiaban solo los ricos”. Para De Feo, el Gobierno concibe el financiamiento como un gasto prescindible, desinvierte en investigación, achica la presencia territorial y abre la puerta al arancelamiento.

“No buscan cobrar para sostener la universidad: buscan que quienes no puedan pagar, no accedan. Es una política de exclusión”, sostuvo.

Un 2026 en conflicto: “O la mantenemos abierta o la cerramos”

De Feo adelantó que en febrero los gremios definirán un plan de lucha y anticipó que es “casi inevitable” que el año académico comience con conflicto. Si bien descartó medidas durante diciembre para no perjudicar mesas de exámenes y procesos de graduación, fue categórico sobre el futuro inmediato:
“En 2026 no vamos a iniciar las clases si no se cumple la ley. No se puede sostener la universidad sobre la espalda de trabajadores que cobran monedas.”