El Gobierno de San Juan abrirá el 2 de septiembre las ofertas para construir un puesto único de control sobre la Ruta Nacional 40. La obra permitirá eliminar el puesto de San Carlos y concentrar en una misma infraestructura las verificaciones de ambas provincias, con lectura de patentes y reconocimiento facial.

San Juan y Mendoza avanzan hacia una modificación sustancial del sistema de controles sobre la Ruta Nacional 40. El Ejecutivo sanjuanino abrirá el próximo 2 de septiembre los sobres de la licitación para construir un puesto unificado que reemplazará los controles consecutivos que actualmente deben atravesar quienes ingresan o salen de ambas provincias.

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, confirmó que el proyecto se encuentra en su etapa final y que, tras la apertura de las ofertas, comenzará el proceso de evaluación para seleccionar a la empresa que ejecutará los trabajos. La posterior adjudicación será el paso necesario para iniciar la obra.

La iniciativa surgió de un acuerdo firmado en 2024 por los gobernadores Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo y Claudio Poggi, orientado a fortalecer la coordinación en materia de seguridad entre San Juan, Mendoza y San Luis. Posteriormente, San Juan y Mendoza suscribieron un convenio específico que estableció cinco etapas para concretar el nuevo sistema. La licitación constituye la última instancia de ese proceso.

El proyecto contempla la eliminación del puesto de San Carlos y la modificación del control ubicado actualmente en territorio mendocino. Ambos serán reemplazados por una infraestructura común, equipada con cabinas para los ingresos y egresos y espacios destinados a las distintas verificaciones.

La distribución de responsabilidades también quedará definida. Mendoza controlará las salidas de San Juan, mientras que San Juan tendrá a su cargo los ingresos a la provincia. De esta manera, los conductores podrán completar las verificaciones de ambas jurisdicciones en una única detención.

El nuevo puesto permitirá centralizar controles sobre personas, vehículos, patentes, cargas y transporte. Además, incorporará lectores automáticos de matrículas y sistemas de reconocimiento facial, herramientas destinadas tanto a agilizar el tránsito como a reforzar la identificación de quienes circulan por uno de los principales corredores terrestres de Cuyo.

Delgado estimó que, si el proceso de licitación y adjudicación avanza de acuerdo con los plazos previstos, el control podría comenzar a operar antes de finalizar 2026. “Esperemos que antes del fin de año este control unificado ya sea una realidad”, señaló el funcionario.

La experiencia también podría extenderse al límite con San Luis. San Juan analiza avanzar hacia un mecanismo similar para concentrar los controles en un único punto, aunque todavía no existe un convenio específico entre ambas provincias. Esa alternativa deberá ser acordada por Orrego y Poggi una vez concluida la implementación del sistema con Mendoza.

La obra representa un cambio tanto operativo como tecnológico para uno de los corredores más importantes de la región. La eliminación de controles duplicados busca reducir demoras para transportistas y particulares, mientras la incorporación de herramientas digitales permitirá fortalecer las tareas de seguridad y fiscalización.

La apertura de sobres del 2 de septiembre marcará así el inicio de la etapa decisiva para convertir el acuerdo interprovincial en una infraestructura concreta sobre la Ruta 40.

Alberto Biglieri, designado interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica a fines de mayo, estaría próximo a abandonar el cargo para asumir en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Su eventual salida abriría una nueva etapa en la intervención del gremio, atravesada por cuestionamientos internos tras la firma de acuerdos paritarios.

El futuro de la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) podría cambiar en las próximas semanas. Alberto Biglieri, designado al frente del gremio a fines de mayo, estaría próximo a dejar el cargo para asumir en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en el marco de la renovación prevista para octubre.

La eventual salida se produce después de que el abogado recibiera un fuerte respaldo a su postulación durante el IV Congreso Nacional de Abogados por Argentina, realizado recientemente en Rosario bajo la consigna “Unir la abogacía para afianzar la Justicia”.

Durante el encuentro se destacó su trayectoria como consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y su experiencia como asesor del organismo nacional.

Biglieri llegó a la UOM por decisión de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, con un mandato inicial de 180 días. Su tarea incluía revisar las cuentas del sindicato y avanzar en el proceso de normalización dispuesto judicialmente.

Sin embargo, durante su breve gestión adoptó una decisión que excedió la revisión administrativa: la intervención participó en las negociaciones salariales y firmó acuerdos paritarios para las ramas metalmecánica y siderúrgica.

La determinación provocó resistencias dentro de la organización. Algunas regionales expresaron su rechazo y cuestionaron que una intervención judicial asumiera facultades vinculadas con la representación sindical, en una disputa que sumó tensión a un proceso ya atravesado por fuertes diferencias internas.

La eventual designación de Biglieri en el Consejo de la Magistratura también vuelve a poner en primer plano sus vínculos dentro del ámbito judicial porteño. El abogado mantiene una relación política con Daniel Angelici, dirigente con fuerte influencia en la Justicia de la Ciudad, quien impulsó su llegada al Consejo de la Magistratura porteño en 2019, en un acuerdo con Emiliano Yacobitti.

Ahora, la posible salida de Biglieri obligaría a definir un nuevo nombre para continuar al frente de la intervención de la UOM y resolver el rumbo de una administración que todavía tiene pendiente completar el proceso de normalización del principal gremio industrial del país.

El cambio, además, podría repercutir sobre las negociaciones salariales y sobre la relación entre la intervención judicial y las distintas regionales metalúrgicas, que ya manifestaron reparos frente a algunas decisiones adoptadas durante los primeros meses de gestión.

La definición del sucesor de Biglieri será, por lo tanto, una pieza relevante para determinar cómo continuará la intervención y qué grado de participación tendrá la Justicia en la reorganización de la UOM durante los próximos meses.

La Corte de Justicia de San Juan notificó formalmente al Consejo de la Magistratura la existencia de seis vacantes que deberán ser cubiertas mediante concursos públicos. La nómina comprende tres cargos de jueces y otros tres correspondientes al Ministerio Público Fiscal, con funciones distribuidas entre la Primera y Segunda Circunscripción Judicial.

El presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, confirmó la comunicación al organismo encargado de seleccionar a los futuros magistrados. A partir de ahora, el Consejo de la Magistratura deberá establecer el cronograma para poner en marcha los concursos y avanzar con la cobertura de los puestos.

Entre los cargos disponibles figuran dos juzgados de Familia correspondientes a la Primera Circunscripción y un tercer juzgado para la Segunda Circunscripción, con competencia sobre Jáchal e Iglesia. La ampliación apunta a reforzar uno de los fueros con mayor demanda dentro de la Justicia provincial.

Las otras tres vacantes corresponden al Ministerio Público Fiscal. Se trata de una Fiscalía Civil y Laboral de primera instancia, una Fiscalía de Cámara ante el Tribunal de Impugnación y una Asesoría Oficial de Menores e Incapaces destinada al norte sanjuanino.

El origen de las vacantes

No todas las plazas tienen el mismo origen. La Fiscalía Civil y Laboral quedó disponible tras la jubilación de Beatriz Gil, lo que generó la necesidad de iniciar el proceso para designar a su reemplazante.

La Fiscalía de Cámara ante el Tribunal de Impugnación responde a otra circunstancia. Se trata de un cargo previsto por la legislación que instauró el sistema acusatorio y que permanecía sin cobertura. Su incorporación al proceso de selección fue solicitada por el fiscal General de la provincia, Guillermo Baigorrí.

La función tiene relevancia dentro del esquema acusatorio, ya que esos fiscales intervienen en defensa de las acusaciones cuando las resoluciones son apeladas ante el Tribunal de Impugnación.

En cuanto a los nuevos juzgados de Familia, el juzgado de la Segunda Circunscripción y la Asesoría Oficial de Menores e Incapaces, fueron creados por la Cámara de Diputados a partir de un proyecto impulsado por la Corte de Justicia con respaldo del gobernador Marcelo Orrego.

El proyecto original también contemplaba la creación de un nuevo Juzgado de Paz para Caucete, pero esa incorporación fue postergada luego de un acuerdo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial.

La apertura de estas seis vacantes inicia ahora una nueva etapa administrativa: el Consejo de la Magistratura deberá organizar los concursos y evaluar a los postulantes. La cobertura de los cargos permitirá reforzar áreas con alta demanda y ampliar la capacidad de respuesta de la Justicia provincial, particularmente en materia de Familia y protección de menores.