El Gobierno convocó a los gremios docentes para el 30 de junio y confirmó que trabaja en un programa de retiros voluntarios que formará parte de una estrategia más amplia de modernización estatal. La iniciativa buscará reducir gradualmente el peso del empleo público sin afectar derechos previsionales ni cobertura de salud.

La gestión de Marcelo Orrego comienza a delinear dos decisiones centrales para la segunda mitad del año: la política salarial de los trabajadores estatales y una reforma administrativa orientada a redefinir la estructura del empleo público provincial.

En ese marco, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, confirmó que el Gobierno convocó a los gremios docentes para el próximo 30 de junio, encuentro en el que comenzará a discutirse la pauta salarial para el segundo semestre. La negociación se desarrollará en un contexto marcado por la desaceleración inflacionaria, pero también por la persistente pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos años.

El esquema de retiros voluntarios contemplará mecanismos de protección para quienes adhieran, incluyendo la continuidad de la obra social y la preservación de los aportes previsionales. El desafío para el Gobierno será compatibilizar la necesidad de ordenar las cuentas públicas y modernizar la administración con la demanda de estabilidad laboral de miles de trabajadores estatales.

Con la reapertura de la discusión salarial y el inminente anuncio de la desvinculación concertada, la gestión provincial pone en marcha una agenda que combina negociación gremial, reorganización administrativa y búsqueda de mayor eficiencia en el aparato estatal, uno de los ejes que pretende consolidar durante la segunda etapa de gobierno.

El deterioro del mercado laboral empuja a cada vez más trabajadores hacia las plataformas de transporte. Según entidades del sector, la cantidad de choferes activos se duplicó en los últimos tres años y ya alcanza a unas 600.000 personas. El fenómeno refleja el avance de formas de empleo sin estabilidad ni cobertura social.

La pérdida de puestos de trabajo y la desaceleración de la actividad económica están modificando el mapa laboral argentino. Mientras la desocupación alcanzó el 7,8% en el primer trimestre de 2026, las plataformas de transporte se consolidan como uno de los principales refugios para quienes quedan fuera del mercado formal.

Según datos de la Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA), la cantidad de choferes que trabajan mediante Uber, Didi, Cabify y otras aplicaciones pasó de unos 300.000 en 2023 a cerca de 600.000 en la actualidad. El número prácticamente se duplicó en un período marcado por el deterioro de los indicadores laborales y la caída del empleo registrado.

Desde la entidad sostienen que el perfil de los trabajadores cambió de manera significativa. Si en años anteriores predominaban quienes buscaban complementar ingresos o aprovechar la rentabilidad de la actividad, hoy se incorporan profesionales, jubilados, trabajadores despedidos y mujeres jefas de hogar que encuentran en las plataformas una alternativa inmediata para generar recursos.

La tendencia se observa con mayor intensidad en zonas golpeadas por la retracción industrial y comercial. El conurbano bonaerense concentra parte de ese proceso. En Pilar, por ejemplo, miles de desvinculaciones registradas en los últimos meses dentro del entramado fabril reflejan las dificultades que atraviesa la producción. La situación también impacta sobre actividades estratégicas como la metalurgia, el sector textil, la pesca y distintas ramas manufactureras.

Los datos regionales muestran la misma dirección. En Mar del Plata, la desocupación pasó del 6% al 9,3% en apenas un año, un incremento registrado incluso durante un período que incluyó la temporada turística estival, tradicionalmente favorable para la generación de empleo.

Sin embargo, el crecimiento de las aplicaciones no necesariamente se traduce en mejores condiciones económicas. De acuerdo con estimaciones del sector, alcanzar ingresos netos cercanos a los dos millones de pesos mensuales exige jornadas de entre 45 y 50 horas semanales, además de absorber costos cada vez más elevados de combustible, mantenimiento, seguros y depreciación de los vehículos.

La ecuación resulta aún más exigente para quienes no poseen automóvil propio. Actualmente miles de conductores alquilan unidades destinadas exclusivamente al trabajo en plataformas, con costos semanales que rondan entre 380.000 y 400.000 pesos, una cifra que reduce significativamente el ingreso final.

En este sentido, el crecimiento de esta modalidad reavivó el debate sobre la regulación del trabajo digital. Las organizaciones de conductores reclaman reconocimiento laboral, límites a las comisiones empresariales, transparencia en los algoritmos que asignan viajes y mecanismos de protección social. El planteo cobra relevancia en un mercado que ya reúne a cientos de miles de trabajadores y que continúa expandiéndose al ritmo de la fragilidad del empleo tradicional.

La expansión de las aplicaciones aparece así como una de las expresiones más visibles de la transformación que atraviesa el mercado laboral argentino: menos empleo formal, mayor informalidad y un aumento en el traslado de trabajadores hacia esquemas de ocupación flexibles, pero desprovistos de las garantías históricas del trabajo registrado.

La recomposición tarifaria continúa ampliando la brecha entre la evolución de los ingresos y el costo de los servicios esenciales. Durante junio, un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires necesitó $282.758 para cubrir los gastos de electricidad, gas, agua y transporte, un desembolso que se incrementó 10,1% respecto de mayo y 54% en comparación con igual mes del año pasado.

El dato más significativo surge de la evolución acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), la canasta de servicios públicos registró un aumento del 919% desde diciembre de 2023, muy por encima de la inflación acumulada estimada para el mismo período, cercana al 236%.

La aceleración de junio respondió tanto a nuevos ajustes tarifarios como al impacto del invierno sobre el consumo residencial. El gas encabezó los incrementos con una suba mensual del 23,4%, impulsada por actualizaciones en los cuadros tarifarios y una mayor demanda estacional. La electricidad siguió la misma tendencia y registró un aumento del 14,8%.

Sin embargo, el transporte continúa siendo el componente de mayor incidencia sobre el presupuesto familiar. El rubro concentra el 41% del gasto total de la canasta y exhibe el mayor incremento interanual, con una variación del 75%. De hecho, explica por sí solo la mitad del aumento registrado por el conjunto de los servicios durante los últimos doce meses.

La presión sobre los ingresos se vuelve cada vez más evidente. En junio, la canasta representó el 15% del salario promedio registrado, estimado en $1,9 millones. Un año atrás, ese mismo ingreso permitía adquirir ocho canastas completas; hoy alcanza para apenas 6,8, reflejando el deterioro relativo del poder de compra frente a los servicios regulados.

El informe también muestra que el proceso de reducción de subsidios avanza de manera desigual. Mientras el Estado incrementó en términos reales las transferencias destinadas al sistema energético, las compensaciones al transporte retrocedieron significativamente durante el último año. Como resultado, los usuarios absorben una porción creciente de los costos operativos, especialmente en movilidad urbana.

Aun cuando las tarifas del AMBA cubren en promedio el 58% del costo efectivo de los servicios, la tendencia apunta hacia una mayor participación de los hogares en el financiamiento del sistema. En ese contexto, la evolución de los servicios públicos se consolidó como uno de los principales factores de presión sobre el ingreso disponible de las familias, incluso en un escenario de desaceleración inflacionaria.