La crisis económica sigue afectando duramente a las familias argentinas. Según el último informe del Banco Central, la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales alcanzó niveles récord en junio, reflejando la creciente dificultad para cubrir gastos básicos.

El coeficiente de mora del crédito a las familias alcanzó el 5,2% en junio, lo que marca un nuevo récord y refleja la creciente dificultad para cubrir gastos básicos. En el caso de las tarjetas de crédito, el incumplimiento trepó del 3,8% en mayo al 4,4% en junio, el segundo nivel más alto desde que comenzó a medirse en 2010.

«Se trató del séptimo incremento consecutivo de la morosidad en este segmento», detalló el Banco Central, que atribuyó el fenómeno al deterioro de los ingresos. En junio de 2024, la mora en plásticos era de apenas 1,9%, menos de la mitad de la actual.

Los préstamos personales también mostraron un fuerte deterioro: pasaron de 5,6% en mayo a 6,4% en junio, el registro más elevado desde noviembre de 2021. El escenario se agrava por las elevadas tasas de interés que, según los bancos, oscilan entre el 70% y el 105% anual.

«El aumento del indicador resultó generalizado entre los grupos de entidades financieras», precisó el Banco Central, subrayando que no se trata de un problema de un banco en particular, sino de todo el sistema.

El informe también advirtió que «el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 2,9% en junio, 0,3 puntos por encima del registro de mayo». El impacto es aún más significativo si se tiene en cuenta que el uso de tarjetas de crédito sigue en alza.

De acuerdo con un estudio de Payway, en el segundo trimestre de 2025, los pagos con tarjeta representaron el 63,2% del total del volumen operado, 5,4 puntos más que en el mismo período de 2024. Es decir, las familias dependen cada vez más del crédito, aunque al mismo tiempo se ven forzadas a incumplir sus pagos.

La combinación de inflación, ingresos que no alcanzan y tasas por las nubes configura un panorama crítico para los hogares, que encuentran cada vez más difícil cumplir con sus compromisos financieros. «La morosidad en las familias alcanza niveles récord», sintetizó el Banco Central, dejando en claro la magnitud del problema.

La Dirección Nacional de Vialidad vivió en los últimos días uno de los momentos más trascendentes de su historia reciente. Tras un año completo de movilizaciones, gestiones y resistencia sindical, el Senado de la Nación dejó sin efecto el decreto 461/2025 que disponía la disolución del organismo. Para los trabajadores, fue el cierre de una etapa marcada por la incertidumbre y la angustia, pero también el inicio de nuevos retos.

José Pérez, secretario adjunto de Vialidad Nacional en San Juan, en diálogo mantenido con Mundo Laboral SJ, recordó con emoción la jornada en la que más de mil empleados, provenientes de distintos puntos del país, marcharon desde la Casa Central hasta el Congreso. “Fueron lágrimas de desahogo, de alegría. Después de tanto tiempo de lucha, los senadores estuvieron a la altura y se logró dar por tierra con este decreto que amenazaba nuestra existencia”, expresó.

El dirigente destacó que esta victoria se construyó con trabajo coordinado en distintos frentes: presentaciones judiciales, reuniones con comisiones de obras públicas, contacto directo con legisladores y una campaña de visibilización para que la ciudadanía entendiera el papel fundamental de Vialidad en el mantenimiento y desarrollo de las rutas nacionales. “Muchos desconocían qué hace Vialidad, cómo se administran los fondos y la calidad de los profesionales que la integran. Logramos instalarlo en la agenda pública”, subrayó.

Sin embargo, Pérez advirtió que la lucha no termina aquí. Entre las prioridades inmediatas está revertir el desfinanciamiento que sufre el organismo y garantizar que los recursos provenientes del impuesto al combustible se destinen efectivamente a la red vial. También, encarar una recomposición salarial: “Desde octubre de 2024 no tenemos aumentos ni paritarias. Necesitamos recuperar lo perdido y contar con los medios para cumplir nuestras tareas”.

Actualmente, Vialidad Nacional cuenta con 5.200 trabajadores en todo el país, de los cuales 200 se desempeñan en San Juan, atendiendo 1.200 de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales. A pesar de las licitaciones recientes que cubren 11.000 kilómetros, aún quedan 30.000 bajo responsabilidad directa del organismo. “Para el gobierno sobran trabajadores; nosotros creemos lo contrario. Nos faltan manos para cubrir todo lo que hay que hacer”, afirmó Pérez, cuestionando los informes oficiales que justificaban recortes y despidos.

El sindicalista, que también vivió la crisis de 2001 cuando Vialidad pasó a ser un ente residual, destacó la fortaleza colectiva y la unidad de los empleados en ambas instancias. “Esto no es fácil, pero cuando se lucha en conjunto y se tienen metas claras, las victorias llegan. Queremos que la gente transite por rutas seguras y de calidad, porque amamos esta institución y sabemos que es clave para el desarrollo del país”.

Con el decreto anulado y un respaldo legislativo contundente —60 votos en el Senado—, la Dirección Nacional de Vialidad inicia una nueva etapa. El desafío ahora será transformar esta victoria política en mejoras concretas: más presupuesto, mejores salarios, mayor dotación de personal y, sobre todo, una red vial nacional que responda a las necesidades de todos los argentinos.

La Justicia Federal falló a favor de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y frenó los pases a disponibilidad de casi 300 empleados. El fallo impone una multa diaria de $10.000.000 al gobierno de Javier Milei en caso de incumplimiento.

La decisión judicial se suma a una serie de reveses judiciales que la administración actual viene sufriendo en el ámbito laboral. La resolución del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo n°2 de San Martín ordena al gobierno de Milei a dar marcha atrás con la Resolución 1240, que pretendía dejar en situación de disponibilidad a 300 trabajadores del INTA.

El fallo establece que la medida cautelar no puede ser dejada sin efecto o ser objeto de reajuste y que su resistencia «justifica total o parcialmente su proceder» de acuerdo con el artículo 37 del CPCCN y 804 del CCyCN. Además, el Juzgado dispuso la remisión de copias de todo lo actuado a la Justicia Federal Penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia (art. 239 del Código Penal).

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró efusivamente la victoria judicial y destacó que «ATE frena los pases a disponibilidad» en el INTA. Aguiar también apuntó directamente al presidente Milei, preguntándole si «¿Van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?».

El conflicto se desató tras un intento del gobierno de pasar a disponibilidad a 286 trabajadores del INTA, a pesar de que la Justicia Federal había dictado una medida cautelar en contra y el Senado ya había rechazado el Decreto 462/25. Los gremios ATE y APINTA denunciaron que la medida ignoraba la división de poderes y la ley, y que además buscaba una «persecución sindical», ya que el listado incluía a delegados sindicales.